Teniendo en cuenta que la matriz energética en Ecuador es fundamentalmente hidroeléctrica, la crisis hídrica que afronta el país debido a los efectos del fenómeno de El Niño hace que se incremente el interés por invertir en proyectos de energías renovables para hacer frente a la demanda energética del país.

En efecto, como ya había anticipado este medio, el Gobierno de Ecuador presentó su mapa solar (ver video), un estudio sobre el potencial del país para la energía fotovoltaica, con la identificación de las ubicaciones para siete proyectos fotovoltaicos con una potencia en conjunto de cerca de 1.500 megavatios.

Tres de estos proyectos se realizarán en Pichincha (248 MW), dos en Imbabura (630 mw), uno en Cotopaxi (536 MW) y el más pequeño en Chimborazo (167 MW).

En este contexto, Rodrigo Quezada, especialista del sector y fundador de ARQO Projects Partners Advisory es optimista y confía a Energía Estratégica que esas plantas podrían construirse en el corto plazo, siempre y cuando se avance en un marco regulatorio transparente con reglas claras que otorgue certidumbre a la inversores.

“Para este año el gobierno definió 7 proyectos solares de 1500 MW que serían factibles de realizarse con inversión privada. Se estima que mejorando la regulación estos podrían desarrollarse en 3 años”, afirma.

La expectativa es que los gobiernos locales se involucren y que permitan llevar adelante estos proyectos a través de concesiones público privadas. Si se dan las directrices correctas, estas concesiones le abrirán el juego a la inversión privada y dinamizarían el sector”, agrega. 

De esta forma, Quezada sugiere crear microrredes autosostenibles a nivel territorial, es decir, núcleos o clústeres de energía para abastecer las diferentes zonas conformadas por pequeños inversionistas locales.

 Además, propone impulsar Acuerdos de Compra Venta de Energía (PPA) entre estas cooperativas y clientes privados y estatales para promover modelos de desarrollo de proyectos comunitarios y cooperativos.

A su vez, afirma que es necesario crear un reglamento de generación distribuida para generar mayor certidumbre e incentivar la actividad. 

“La regulación secundaria a nivel reglamentaria es lo que falta. Hay muchas empresas privadas que ya empiezan a realizar proyectos de hasta 2 MW para abastecer sus necesidades. Hay mucho por crecer, necesitamos promover este segmento”, insiste.

Por otro lado, destaca la urgencia de trabajar en materia de hidrógeno verde donde el país está muy retrasado respecto a sus pares latinoamericanos como Chile y Colombia. 

 “Recién se ha planteado una hoja de ruta de hidrógeno verde, y la creación de la regulación está en sus etapas iniciales. Se necesita mayor apertura a la inversión privada y que haya asignaciones de proyectos para que no se desperdicien las oportunidades que tiene el Ecuador”, concluye.

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