La Secretaría de Energía publicó esta semana en el Boletín Oficial la Resolución 150 por la cual deroga la Resolución 2022 de 2005, que le otorgaba a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) la posibilidad de actuar como intermediario en los contratos del sector eléctrico y para la adquisición de gas y combustibles que necesitan las plantas de generación. También dejará de gestionar en los intercambios binacionales de electricidad.
De acuerdo con la Resolución 150, durante los años 2004 y 2005 la Secretaría de Energía había dictado resoluciones que permitieron a CAMMESA actuar como mandataria del Estado Nacional, asumiendo tareas para las cuales no fuera originariamente constituida.
Agrega la Resolución 150 que la Resolución 2022 fue dictada en el contexto de la Ley N° 25.561 y normas complementarias, e implicó impartir instrucciones de carácter transitorio a CAMMESA, afectando así fondos propios del Mercado Eléctrico Mayorista (el “MEM”) y fondos aportados por el Fondo Unificado para el sostenimiento del Fondo de Estabilización.
Según la Resolución 150, la derogación de la Resolución 2022 responde a la necesidad de ajustar el marco normativo del sector eléctrico. En este contexto, la Secretaría de Energía busca coordinar y clarificar la actuación de entidades estatales y empresas del sector energético, y delimitar la actividad e injerencia del Estado Nacional y/o CAMMESA, según el caso.
Energía enmarcó la nueva resolución haciendo hincapié en el decreto 55/2023 que declaró la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, y de transporte y distribución de gas natural que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. También en el DNU 70/2023.
Entre los considerandos de la Resolución se explica que los distintos roles “implican un involucramiento excesivo del Estado Nacional y/o Cammesa en la operatividad y en el funcionamiento del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)”.
Y destaca que como parte de las medidas a adoptar es necesario encauzar gradualmente al sector eléctrico nacional hacia mecanismos de eficiencia en el costo de generación y su remuneración asociada, promoviendo un régimen de mayor libertad y competencia en el MEM, en consonancia con la actual política energética a los fines de reducir la intervención del Estado Nacional”.
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