La Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) advirtió sobre la urgencia de corregir los desequilibrios en los subsidios que actualmente otorgan los Poderes Ejecutivo y Legislativo a las distintas fuentes del sector energético del país.
“Brasil habla mucho de la transición energética, está en una posición diferenciada pero la máquina pública y las leyes construidas durante décadas todavía no juegan a favor de la transición energética”, manifestó Rodrigo Sauaia, presidente ejecutivo de ABSOLAR.
“Tenemos un volumen mucho mayor de incentivos destinados a fuentes emisoras de gases de efecto invernadero que a fuentes limpias y renovables. A tal punto que las subvenciones para fuentes fósiles son 5,6 veces mayores que para las renovables en todo el sector energético”, agregó durante un webinar organizado por el Ministerio de Minas y Energía (MME) de Brasil.
Según el Instituto Nacional de Estudios Socioeconómicos, entre 2018 y 2022 se asignaron:
R$ 80,9 mil millones en subsidios para el consumo y la producción de combustibles fósiles.
R$ 12 mil millones para pagar centrales termoeléctricas a diésel fósil.
R$ 1,13 mil millones para subsidiar termoeléctricas a carbón, pagados por los consumidores a través del CDE.
Sólo se asignaron R$ 15,5 mil millones en subsidios a las energías renovables en el mismo año.
“No existe ninguna disposición legal para suspender incentivos fósiles. Necesitamos establecer un límite, hablar de equilibrio y justicia. Por lo que necesitamos reconstruir un modelo, entendiendo cuál es el destino al que queremos llegar: una economía neutra en emisiones al 2050, que pasa por corregir una distorsión histórica presente en las tarifas de energía y electricidad”, continuó.
Sauaia llamó la atención sobre el incumplimiento de las leyes de generación centralizada (Ley N° 14.120/2021) y de generación distribuida (N° 14.300/2022), principalmente en lo que respecta a los plazos del Régimen Especial de Incentivos al Desarrollo de Infraestructura (REIDI), el retraso en el cálculo de costos y beneficios de GD, la necesidad de mayor supervisión y sanción para las distribuidoras que incumplan la ley y su reglamento.
“Ley de generación centralizada lamentablemente no está siendo cumplida, dado que preveía la inclusión de atributos ambientales en el sector eléctrico desde 2022, pero no se hizo y los empresarios no logran emitir una nueva subvención sin la tarifa de uso del sistema de transmisión (TUST), porque no tienen un atributo ambiental con un precio establecido, por lo que se debe negociar con claridad”, apuntó el presidente ejecutivo de ABSOLAR.
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“Mientras que la ley de generación distribuida ya tiene directrices para el cálculo de costos y beneficios, lo que fue una gran conquista de la sociedad y el sector eléctrico. Pero esa ley también es incumplida, ya que los incentivos previstos para el REIDI aún no fueron implementados”, subrayó..
Es decir que el retraso ya hay alrededor de dos años de retraso en el cálculo de costos y beneficios de la generación distribuida para reducir las facturas de electricidad de los consumidores.
Cálculo que ya está en manos de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), lo que representa un “paso adelante” para el sector fotovoltaico, pero el mismo debió estar listo antes del último trimestre del año pasado, por lo que también está tarde dicha entidad.
“Si tomamos una metodología de cálculo, apenas con números oficiales del gobierno e instituciones públicas, los beneficios y costos de la GD, con Tasa de Descuento 2023-2030 aportan alrededor de R$ 403,9 MWh en el segmento de la generación distribuida. Es otra cara de la moneda que queda fuera del subsidio y debe incluirse en la subvención”, aportó Sauaia.
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