La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se encuentra trabajando, de manera coordinada con el Ministerio de Minas y Energía (MINEM) y la Unidad de Planeación Minero – Energética (UPME) en la reglamentación de las comunidades energéticas en Colombia.

En efecto, días atrás, la CREG en su sesión No. 1322 del 13 de junio de 2024, aprobó someter a consulta pública el proyecto de resolución 701 051 “Por la cual se armoniza la regulación para la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional y se dictan otras disposiciones”.

La consolidación de las comunidades energéticas genera mucha expectativa en el sector energético colombiano al ser una apuesta fundamental en el panorama de la transición energética en Colombia. Por ello, las autoridades regulatorias están trabajando en que este proyecto de resolución entre en vigencia en el menor tiempo posible.

En este marco, Felipe Camargo, CEO de GreenYellow en Colombia, multinacional dedicada a la eficiencia energética y energía fotovoltaica con fuerte presencia en el país, analizó el proyecto de resolución y alertó en la necesidad de mayores garantías que den certeza jurídica a los inversores.

“Como ciudadano colombiano me parece una gran idea, pero desde el punto de vista de inversionista internacional es un esquema que en este momento no es viable. Si quieres montar un proyecto bancable necesitas tener seguridad en los pagos. Actualmente, tal y como está estructurado el concepto de comunidades energéticas, el inversionista tendría que asumir el recobro de los PPAS a través de cada usuario”, explica.

Y agrega: “Al no contar con un ente que funcione como intermediario (ya sea gobierno, operador de red o autoridad local) y garantice los pagos derivados del uso de esa energía, llevar un portafolio a un banco donde para la instalación de 1 MW o 2 MW tienes 245 off takers no resulta rentable”. 

De acuerdo a Camargo, se trata de una iniciativa que podría funcionar muy bien si se gestiona la garantía del ingreso del sistema por un largo periodo de tiempo desde lo público.

En otras palabras, para que la inversión privada y la banca se interesen en desarrollar proyectos bajo este régimen, se requiere que haya una garantía que reúna el riesgo de cobro de todos los usuarios y le de tranquilidad al inversionista porque estos son activos que tienen 30 años de vida útil. 

Más cambios regulatorios

Bajo esta premisa, el ejecutivo advierte que las mejoras desde el punto de vista regulatorio deben venir encaminadas hacia la unificación, convirtiendo al sistema en lo más simple y previsible posible para un inversionista. 

“El proceso de desarrollo de un proyecto solar tiene diferentes etapas y diferentes stakeholders que actúan de forma independiente y no coordinada. Por lo tanto, muchas veces los tiempos no encajan entre un ente y otro porque no están articulados”, alerta.

Y enfatiza: “La regulación debería enfocarse ahora mismo en la articulación entre la cadena de valor y los stakeholders. En Colombia las empresas demoran entre 1 y 8 años en desarrollar un proyecto de 10 MW. Esa falta de previsibilidad es una barrera para los inversionistas, con una mayor articulación entre los stakeholders podríamos acotar ese lapso de tiempo a 1 o 3 años”.

Además, el experto propone no generar poderes extensivos en toda la cadena de valor, que cada entidad ya sea UPME, CREG, autoridades ambientales, operadores de red, proveedores de tecnología e inversionistas tengan sus respectivas responsabilidades. 

“Todos tenemos algo que aportar y todos deberíamos tener responsabilidades con un tiempo límite y un alcance definido para ejecutar su acción. Así podríamos controlar toda la cadena de valor y dar mayor previsibilidad a nuestras inversiones”, concluye.

 

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