Semanas atrás, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento Energético de Puerto Rico (SESA) publicó un informe en el que advirtió un golpe a la energía solar en la isla si se da lugar a la propuesta de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (JSF) que insta a eliminar o devaluar su política de medición neta antes de 2030.
En medio de ese proceso de disputa en favor de la transición energética hacia fuentes renovables, el director de políticas públicas de SESA, Javier Rua Jovet, brindó una entrevista exclusiva para Energía Estratégica en el que analizó los retos para el sector fotovoltaico y aportó sus perspectivas para el último tramo del 2024.
¿Qué barreras encuentran hoy en día para la medición neta?
Puerto Rico cuenta con medición neta en sistemas solares hasta 5 MW y esta política está protegida por la Ley 10-2024 hasta 2031. Pero la Junta de Supervisión y Administración Financiera intenta anular esta legislación, planteando alegaciones demagógicas para limitar el Poder Legislativo del país para establecer las políticas públicas que implantan las agencias gubernamentales de la isla, pero desde SESA combatimos y combatiremos esa propuesta de la JSF.
Otro reto mayor para continuar el buen ritmo de instalaciones que llevamos (sobre 3000 sistemas solares con almacenamiento mensuales) es que LUMA (operador de la red de transmisión y distribución) invierta sustancialmente en la maltrecha red de distribución para crear una red eléctrica de futuro, diseñada para 100% renovables como disponen las leyes locales, particularmente la Ley 17-2019.
Existen cerca de USD 20.000.000.000 provenientes de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) para esos fines y es crucial que una porción importante de estos se inviertan rápida e intencionalmente en la red de distribución.
¿En qué estado está la medida que promueve la Junta de Supervisión y Administración Financiera?
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, todavía no contestó esa demanda y nuestro llamado es que lo haga pronto y luche contra esta injusta y dañina acción de la JSF. El pueblo entero y todos los partidos y tendencias políticas del país estarán del lado del gobierno en esta lucha.
En cuanto a conversaciones con la JSF evidentemente no han sido productivas hasta ahora. Mientras que por el lado de las conversaciones con el actual gobierno, las autoridades siempre mantuvieron su defensa y favor por la energía renovable y las políticas que la promueven. Por ello confío que el Gobierno presentará sus contraargumentos en la Corte en las próximas semanas contra la demanda de la JSF.
La solución más fácil es que JSF simplemente retire pronto esa demanda, o que el tribunal desestime el caso en protección de la Ley 10-2024 y las facultades legislativas de Puerto Rico, tan pronto el gobierno conteste.
¿Qué implica para el sector renovable del país el retraso del Plan Integrado de Recursos (PIR)?
El pasado Plan, que tuvo un buen proceso administrativo multiparticipativo, concluyó claramente que conforme a la ley local (Ley 17-2019), la generación eléctrica de Puerto Rico tenía que alcanzar 40% renovables para el 2025, lo que implicaba 3750 MW de nueva energía renovable construida y que presumen, por ejemplo, gran despliegue de fincas fotovoltaicas, lo cual no ha ocurrido todavía por diversas razones.
El único crecimiento renovable de importancia en la isla ha sido en sistemas solares distribuidos en medición neta (alrededor de 850 MW), por lo que estamos muy lejos de las metas renovables de la Ley 17 y el PIR.
También existen fuerzas que preferirían debilitar la Ley 17-2019 y las conclusiones del pasado Plan Integrado de Recursos. Y eso también hay que combatirlo y resistirlo para que Puerto Rico logre ser 100% renovable en o antes del 2050, como otras jurisdicciones líderes en el mundo.
¿Cómo esperan que avancen ambos temas de aquí a lo que resta del año?
En conclusión, en cuanto a medición neta, vemos la continuación de la lucha del pueblo de Puerto Rico en frentes judiciales y políticos en defensa de la misma contra el ataque de la JSF. Incluso publicamos estudios sobre sus beneficios económicos para la red central, como ayuda a evitar apagones nacionales, cómo crea beneficios socioeconómicos para todos y cómo afectar la medición neta tendría impactos nefastos al país, particularmente en nuestros sectores de ingresos medios y bajos.
Mientras que por el lado del Plan Integrado de Recursos, estaremos pendientes de los calendarios administrativos del Negociado de Energía (NEPR – regulador independiente) y cuando ese proceso inicie, intervendremos en defensa de la política pública pro renovables.
También mantenemos un espíritu colaborativo con LUMA, entre ellos para que los sistemas solares con almacenamiento ayuden aún más a la red, incluyendo pero no limitándonos a mejoramiento de voltajes y plantas virtuales de baterías agregadas y coordinadas (virtual power plants – VPP) para evitar apagones nocturnos a toda la sociedad.
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