El Poder Ejecutivo de San Luis envió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, la cual establece el régimen de fomento a la generación distribuida renovable integrada a la red eléctrica pública. 

La Secretaría de Estado Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia fue la entidad encargada de elaborar la iniciativa y remitirla a la Legislatura, a fin de que los usuarios puntanos puedan ser autogeneradores a partir de fuentes renovables y transitar el camino hacia un nuevo paradigma global de crecimiento sostenible. 

“Es muy necesario brindar esa alternativa y es fundamental por el simple objetivo de colaborar con la matriz energética provincial, tener más energías renovables y contribuir con la protección del ambiente”, sostuvo Nicolás Ramos, director de Gestión Ambiental de Recursos Energéticos, en conversación con Energía Estratégica.

Si bien no tenemos un número exacto, estimamos que algún porcentaje de todos los usuarios se podrá adherir y optar por esta tecnología rápidamente, ya que si bien hay que hacer una inversión en la instalación de paneles solares y conexión, hay industrias, pymes y negocios que están interesados en aplicar esa alternativa apenas salga”, agregó.

Además, desde la Secretaría de Estado Ambiente y Desarrollo Sustentable acompañarán la adhesión a la ley de generación distribuida junto a otras iniciativas complementarias que aporten facilidades para los ciudadanos de la provincia y permitan mayor organización del sector energético.

“La idea es hacer un número de matrículas para que cada puntano pueda acceder al listado de instaladores de energías renovables que prefieran generar. También trabajamos con un registro de generadores que estarán adheridos a la ley y algunas cuestiones vinculadas al financiamiento o la manera que se puedan solventar los costos de las inversiones iniciales”, indicó Ramos. 

Y cabe recordar que San Luis ya había adherido a la Ley Nacional Nº 26.190, que declara de interés nacional la generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables con destino a la prestación del servicio público; sumado a que cuenta con un Plan Estratégico de Energía 2012/2025, que fija como objetivo garantizar la disponibilidad energética presente y futura de la provincia bajo un criterio de productividad aceptable para todos los actores sociales, “procurando el uso eficiente, el fortalecimiento de la infraestructura provincial y diversificando la matriz energética en pos del desarrollo sustentable y la autarquía provincial”.

Por tal motivo es que el director de Gestión Ambiental de Recursos Energéticos reconoció buenas expectativas: “Es un proyecto de ley que tiene buena vista de la Legislatura provincial y, por ende, creo que no habrá ningún problema ya que es un beneficio que impacta directamente o indirectamente a todas las personas de San Luis”.  

De este modo, San Luis busca convertirse en la decimoséptima jurisdicción en adherir a la normativa nacional desde su publicación en Boletín Oficial hace ya casi siete años (27/12/2017), que ya lleva 1941 usuarios – generadores que suman 43,59 MW de potencia instalada. 

Aunque, la adhesión será sin los beneficios que estuvieron vigentes en los comienzo, dado que el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 que lanzó el presidente de Argentina, Javier Milei, dejó sin efecto a 21 artículos de la Ley N° 27424, por lo que desactivó el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) y otros instrumentos e incentivos fiscales para aquellos usuarios que optaran por esta alternativa renovable. 

Así está la generación distribuida en otras jurisdicciones del país:

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