En respuesta a las repercusiones mediáticas sobre la privatización de represas hidroeléctricas en la región del Comahue, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, utilizó su cuenta oficial en la red social X para despejar dudas y aclarar los alcances de la normativa en cuestión. “Los bienes son de dominio público”, adviritió a través de un posteo.
Rodríguez Chirillo destacó que las represas hidroeléctricas, incluyendo las presas, turbinas y demás infraestructuras que componen estos complejos, son propiedad del Estado. “Por tener tal condición, son intransferibles en su titularidad al sector privado”, subrayó. El funcionario aclaró, además, que lo que se concesiona es el uso de estos bienes, bajo la condición de que los concesionarios los mantengan adecuadamente durante el período establecido en el contrato.
“Algunos medios publicaron información imprecisa en conceptos básicos sobre la concesión de generación hidroeléctrica y una eventual privatización del recurso”, comentó Rodríguez Chirillo.
El secretario de Energía remarcó que el agua es un recurso propiedad de las provincias, como establece el Código Civil y la Constitución Nacional. “El Estado otorga una concesión para generar electricidad, pero nunca hay privatización del recurso”, afirmó.
El funcionario también detalló el proceso para la nueva concesión, seguirá el modelo implementado exitosamente en 1993. Según explicó, el Estado creará cuatro nuevas unidades de negocio bajo la forma de sociedades anónimas, a las que se les otorgará la concesión para generar electricidad. Los bienes de dominio público serán aportados en uso a estas sociedades, pero en ningún caso se transferirá la propiedad de los activos.
Rodríguez Chirillo añadió que la selección de los inversores para la adquisición de la mayoría accionaria se llevará a cabo mediante una licitación pública nacional e internacional. “Estas transferencias de acciones al privado nunca lo convierten en propietario de los bienes de dominio público ni del recurso que utiliza”, reiteró el secretario, dejando en claro que la propiedad de las represas y del agua seguirá bajo control del Estado.
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