En julio de este año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó el decreto número 0852 por el cual se modifica el Decreto 1076 de 2015, en relación con las competencias para otorgar la licencia ambiental a los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes y otras determinaciones.
Con esta medida, el gobierno ha decidido centralizar el análisis de los proyectos de generación eléctrica de 50 a 100 MW, transfiriendo esta responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ubicada en Bogotá.
En discrepancia con esta decisión del Gobierno, Iván Martínez Ibarra, presidente de EGAL, firma dedicada a la investigación y la ejecución de proyectos energéticos a gran escala presentó una demanda ante el Consejo de Estado, la cual ha sido admitida y está en curso.
En diálogo con Energía Estratégica, el demandante explica los motivos por los cuales la compañía tomó acción legal para darle nulidad a la normativa bajo el convencimiento de que este cambio podría ir en detrimento de la ejecución de proyectos de energía no convencional.
“El Decreto ha generado un amplio debate en los sectores energéticos y ambientales del país. Desde EGAL, hemos manifestado una firme oposición a esta medida, ya que consideramos que conlleva 5 consecuencias negativas que deben ser evaluadas a fondo”, señala.
Según Martínez Ibarra, las implicancias del decreto son las siguientes:
1: Debilitamiento de la autonomía regional: Las CAR han sido, históricamente, instituciones clave en la gestión ambiental de sus respectivas regiones, gracias a su profundo conocimiento de las particularidades locales, tanto en términos ecológicos como sociales. Al trasladar esta competencia a la ANLA, se les priva a las regiones de una herramienta vital para gestionar su propio desarrollo, lo que va en contravía de los objetivos de descentralización que el país ha venido promoviendo desde hace décadas.
2: Menor eficiencia en la gestión ambiental: Aunque la ANLA es una entidad reconocida por su capacidad técnica, la centralización de las competencias puede resultar en la creación de cuellos de botella y en una sobrecarga de solicitudes que afecte la eficiencia de los procesos. Las CAR, al estar más cerca de los territorios y de los actores involucrados, podrían gestionar estos procesos de manera más ágil y efectiva, respondiendo con mayor celeridad a las necesidades de los proyectos. La acumulación de trámites en una única entidad central podría, por el contrario, ralentizar la aprobación de licencias, generando retrasos que impactan negativamente en el desarrollo de los proyectos energéticos.
3: Desconocimiento de las realidades locales: Las CAR han demostrado, a lo largo de los años, un profundo entendimiento de las realidades sociales, culturales y ambientales de sus regiones. Este conocimiento es fundamental para la correcta evaluación de los impactos ambientales y para la mediación de posibles conflictos sociales que puedan surgir durante la ejecución de los proyectos. La centralización de esta función en Bogotá podría llevar a decisiones que no consideren adecuadamente estas particularidades, lo que podría desencadenar en una mayor resistencia por parte de las comunidades locales y en dificultades significativas durante la implementación de los proyectos.
4: Reducción de oportunidades laborales locales: los expertos, que han desarrollado sus capacidades en contextos específicos, podrían ver disminuidas sus oportunidades de empleo y desarrollo profesional si las decisiones clave se trasladan a Bogotá. Esto no solo afecta a los individuos, sino que también debilita las capacidades locales, limitando el crecimiento de un capital humano especializado que es esencial para el desarrollo sostenible de las regiones.
5: Mayor centralismo sin garantías de eficiencia: no existen argumentos objetivos para comprobar que este cambio en la gestión traerá mayor rapidez en los trámites. Por el contrario, la evidencia sugiere que la centralización no garantiza la eficiencia.
De acuerdo a Ibarra, un claro ejemplo de esto es el caso de la línea de evacuación «Colectora» en La Guajira, un proyecto gestionado por la ANLA que ha enfrentado retrasos significativos durante años debido a inconvenientes ambientales y sociales, todos liderados desde el gobierno central. Este caso ilustra cómo la centralización no solo no resuelve los problemas, sino que en algunos casos los agrava, afectando el progreso de proyectos estratégicos para el país.
Por todo lo expuesto, el especialista cree que la demanda podría revertir la medida porque se basa en principios constitucionales fuertes, como la autonomía regional, y en la falta de justificación objetiva para la centralización.
Además, advierte que si se demuestra que el decreto afecta negativamente a las regiones sin una necesidad imperiosa, es probable que el Consejo de Estado falle a favor de anularlo.
“El gobierno parece creer, erróneamente, que este control centralizado permitirá un desarrollo más eficiente del sector. Sin embargo, discrepamos profundamente de esta visión, ya que consideramos que la participación activa de las regiones es fundamental para el avance del sector eléctrico”, explica.
Y agrega: “La realidad es que, bajo las leyes actuales, si las comunidades locales no están de acuerdo con un proyecto, este tiene pocas probabilidades de prosperar. Ignorar las particularidades y las necesidades de las regiones puede generar más obstáculos que beneficios. Creemos firmemente que un enfoque descentralizado, que empodere a las regiones y considere sus opiniones, es clave para el éxito de los proyectos energéticos en Colombia”.
A modo de conclusión, el consultor alerta que el decreto lejos de aportar soluciones, podría generar ineficiencias, aumentar los conflictos sociales y debilitar las capacidades de las regiones para gestionar su propio desarrollo de manera sostenible.
Insiste en que esta medida carece de justificación objetiva en cuanto a la mejora de los tiempos de trámite y pone en riesgo el equilibrio regional y el progreso sostenible de Colombia.
“Desde EGAL, abogamos por un modelo de gestión que fortalezca las capacidades locales y respete la autonomía regional, principios esenciales para el desarrollo equitativo y sostenible del país”, destaca.
Y concluye: “El núcleo del negocio de EGAL es el desarrollo de nuevos proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Cualquier obstáculo que impida que este desarrollo se lleve a cabo de manera fluida es algo que buscamos evitar, como es el caso del decreto 852. Esta es la razón por la cual estamos actuando en este asunto”.
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