En relación con el Proyecto de Ley del nuevo subsidio eléctrico presentado el 26 de agosto del presente año por el Gobierno, la Asociación de Generadoras de Chile, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G.), la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL A.G.) y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM A.G.), emitieron una declaración pública en la que declaran lo siguiente:

Compartimos la preocupación por encontrar mecanismos de ayuda para las familias más vulnerables de nuestro país para enfrentar el alza de las tarifas eléctricas, pero creemos que éstos deberían ser coherentes con otras políticas públicas de subsidio y con una visión estable y de largo plazo para el correcto desarrollo de la industria eléctrica, particularmente en el escenario actual de transición energética y compromisos de carbono neutralidad adquiridos por Chile.
El congelamiento de precios de la energía fue una decisión política del Estado por las circunstancias extraordinarias originadas en 2019. Entre 2019 y 2024, período en el que también subió el valor de otros bienes básicos, se dictaron tres leyes que estabilizaron únicamente las tarifas eléctricas, las que no fueron solicitadas por la industria de generación ni consultadas a las personas. 
A cinco años de la primera intervención de los precios de la energía, tres leyes de estabilización dictadas y a solo cuatro meses de la última ley que establecía el subsidio para las familias más vulnerables, este 26 de agosto el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que pretende modificar las condiciones de dicho subsidio.
La propuesta presentada adolece de graves deficiencias y perjudica sustancialmente, al menos, los siguientes principios base sobre los que se desarrolla todo sector productivo que aporta al crecimiento de la economía y la generación de empleos del país:
Predictibilidad Jurídica: alterando de manera continua e intempestiva las condiciones regulatorias sobre las que la industria de generación ha desarrollado y colaborado con la política del Estado de Chile sobre transición energética y descarbonización.
Confianza Legítima en la Autoridad Política: definiendo nuevas cargas públicas sin fundamentar sus medidas ni explicar los efectos sobre las personas y las empresas: consumo, niveles de precios, inflación y condiciones de inversión.
Reparto Proporcional de las Cargas Públicas: estableciendo cargas tributarias de manera ad-hoc a sectores económicos determinados, sin considerar financiamiento alguno que provenga de un ejercicio de administración financiera eficiente y focalizada por parte del Gobierno.
La industria de Generación Eléctrica ha sido un aliado permanente de Chile en la transición energética y la descarbonización, lo que se ve reflejado en: aporte de más de USD 30 mil millones en inversión directa en regiones; diversificación de la matriz energética; incremento del número de productores de energía eléctrica a más de 700; aumento de la penetración de energía renovable, con valores superiores al 65%, una progresiva reducción en las emisiones de carbono del sector eléctrico. Todo esto ha llevado a Chile a ser permanentemente reconocido en diversos rankings y foros a nivel mundial.
Confiamos en que la discusión permita encontrar respuestas necesarias, viables y expeditas para focalizar la entrega de un beneficio con cargo a fondos públicos y, a la vez, respetar las señales regulatorias para que todos los actores del sector energético podamos avanzar en los desafíos que son clave para el sector, como las condiciones de suministro, almacenamiento y transmisión eléctrica, que son determinantes para inyectar energía de precios competitivos en el sistema.

 

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