Como ya había anticipado este medio, de acuerdo última actualización de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) publicada el primero septiembre en base a los datos de XM, actualmente existen en Colombia 1263,06 MW de proyectos renovables en operación comercial y 586,28 en periodo de pruebas, sumando una cartera de 1849,34 MW en total.
Esa ola de inversiones refleja el interés del sector por diversificar la matriz en Colombia. No obstante, si el país quiere cumplir con los compromisos asumidos de avanzar en una transición energética justa, este no solo debe abordar los desafíos técnicos y económicos, sino también considerar los aspectos sociales, laborales y ambientales, asegurando que el proceso sea inclusivo y equitativo para todos.
En Colombia, agilizar el proceso de consultas previas es uno de los principales retos que deben superar los actores públicos y privados a la hora de montar proyectos renovables, sobre todo en zonas estratégicas como La Guajira, donde habitan comunidades indígenas.
En efecto, expertos en financiación de proyectos energéticos confiaron a Energía Estratégica que muchos proyectos que iban a situarse en La Guajira tuvieron que migrar hacia otras regiones del país por demoras en la obtención de permisos ambientales.
Según sus testimonios, los inversionistas en La Guajira tomaron tres actitudes: algunos paralizaron sus inversiones a la espera de señales de evolución del mercado; otros con un nivel de inversión más avanzado y garantías comprometidas continuaron insistiendo con los trámites para la entrada en operación de sus proyectos y otros comenzaron a vender sus activos y relocalizaron sus inversiones en otros sitios.
De hecho, especialistas de entidades financieras de peso en Colombia revelaron que inversionistas con proyectos de alrededor de 85 a 100 MW comenzaron a buscar financiación enfocados en otras regiones del país tales como Huila, Orinoquía o Llanos Orientales y zonas cercanas a Barranquilla y Cartagena en la Costa Caribe.
“Aunque los inversionistas reconocen el valor de los activos en La Guajira, prefieren migrar a otras zonas del país donde no haya conflictos con las comunidades indígenas. Eso es triste porque La Guajira es donde están las mejores condiciones tanto eólicas como solares. Si bien ha habido avances y muchos proyectos han entrado en operación otros han quedado en el camino”, afirmaron.
Ante esta situación, los consultores llamaron a superar estos desafíos para facilitar el financiamiento y la ejecución de proyectos renovables en dicha zona.
“Es indispensable agilizar la permisología y tramitología para la obtención de licencias ambientales. Para ello, se necesita una estrategia diferente en la aproximación a las comunidades. En estos proyectos cada compañía va por su lado haciendo las sesiones de consultas previas y la aproximación debería ser más institucional e integral. El acompañamiento debe ser articulado entre actores públicos y privados”, sugirieron.
Además, propusieron robustecer mecanismos que den tranquilidad a la banca como el lanzamiento de garantías para respaldar los PPAS.
“Por el riesgo que hay en este tipo de proyectos algunos bancos solamente financian durante etapa de operación y no se exponen a riesgo de construcción. Además por las altas tasas de interés tampoco le hace sentido al inversionista acceder al financiamiento porque afectaba al retorno del proyecto”, explicaron.
Y concluyeron: “Sumado a esto, hay muchas empresas comercializadoras que no tienen tan buen perfil de crédito y no pueden acceder a PPAS. Una buena estructura a través de mecanismos de cobertura o de respaldo de contratos PPAs podría ayudar a facilitar la financiación a desarrolladores de proyectos”.
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