La posible modificación del marco legal del sector eléctrico de Panamá está en la mira de stakeholders del mercado. Se trata de la Ley 6 que establece el régimen al que se sujetan las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad.
Desde la Secretaría Nacional de Energía (SNE), liderada por Juan M. Urriola, ya anunciaron revisiones. No obstante, su tratamiento en la Asamblea Nacional podría demorarse unos meses más, porque la crisis que atraviesa la Caja de Seguro Social (CSS) estaría acaparando la agenda política y legislativa de Panamá.
Guadalupe González, exdirectora de Electricidad de la SNE, considera que la decisión de postergar la introducción de la nueva normativa es sabia, aunque sí advierte como necesario que se dé a conocer la propuesta a la brevedad, para eliminar interrogantes que empiezan a repercutir en la certidumbre del mercado.
“Como exdirectora estoy muy a favor de que se produzcan estos cambios a la ley justamente porque se requieren en el marco de la transición energética. Han pasado veintisiete años desde que se hizo esa ley en Panamá, así que es importante que se dé una actualización para mantenernos acorde a estos tiempos, pero necesitamos ver los detalles”
Uno de los temas que genera mayor incertidumbre es que aún no se conoce si el cambio en la Ley 6 implicará una reforma estructural o ajustes específicos que permitan potenciar el sector eléctrico.
A falta de una propuesta clara, algunos temas han sido adelantados por el actual titular de la Secretaría de Energía en foros del sector llevados a cabo el pasado mes. A partir de allí, tres puntos parecieran ser los prioritarios para abordar en una actualización de la Ley 6: la calidad del servicio, la concentración del mercado y la independencia del Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA).
La exdirectora de Electricidad de la SNE destacó que estos tres puntos ya estaban siendo trabajados durante su gestión y mencionó algunas coincidencias y divergencias con cada uno.
“El tema de calidad a mí, en lo personal, me parece que requiere algunos ajustes, pero realmente eso va mucho más al tema normativo y regulatorio”, señaló, sugiriendo que el enfoque legal podría no ser necesario para resolverlo. Sin embargo, también consideró que el tema de la concentración del mercado y la figura independiente del CND podrían justificar una reforma más amplia, dependiendo de cómo decida proceder la Secretaría de Energía.
La independencia del CND: ¿ventaja o reto?
Una de las posibles modificaciones más debatidas es la separación del Centro Nacional de Despacho (CND) de ETESA. Esta decisión, según González, podría tener tanto pros como contras, dependiendo de su implementación. “Ventaja de eso, pues definitivamente esperemos que haya más facilidad o agilidad administrativa”, comentó, haciendo referencia a la mayor carga de trabajo que implicará la transición energética para el CND.
Sin embargo, advirtió que se trata de un tema que requiere un análisis profundo. “Todavía ese tema hay que analizarlo, habría que evaluar los costos-beneficios, ya sea de mantenerlo dentro pero dándole otra figura o mantenerlo fuera con alguna otra figura”, explicó, enfatizando la importancia de esperar la propuesta oficial para poder hacer una evaluación más certera.
Resta saber además si la SNE optará por convocar a una instancia de consulta pública para recibir aportes a su iniciativa legislativa o si decide emitir y presentar su propuesta directamente a la Asamblea Nacional para que se haga la discusión en un primer debate o si se creará una subcomisión para abordarla en lo particular.
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