Guatemala atraviesa un momento en el que debe tomar acciones decisivas para modernizar y expandir la infraestructura de transmisión y generación del país. De acuerdo con el presidente del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE), Paulo Parra, “es esencial implementar de forma ágil nueva infraestructura eléctrica en toda la cadena de Guatemala”.
Según un estudio de Deloitte requerido por el CIE, Guatemala necesitará cubrir 18.3 TWh al año 2043 bajo un escenario de crecimiento medio del 3.5% anual. Esto implica un incremento del 37% en comparación con el consumo actual. Para lograrlo, se requerirán inversiones de alrededor de 7,249 MMUSD en las próximas dos décadas. La mayor parte de estas inversiones, 5,800 MMUSD , se deberían destinar a la generación eléctrica, mientras que 1,449 MMUSD se tendrían que orientar a la transmisión.
Durante su participación en el evento SER de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), Paulo Parra destacó que Guatemala presenta condiciones macroeconómicas, estabilidad de su marco regulatorio y tasa de cambio favorables para atraer estas inversiones.
“Lo bueno de toda esta capacidad es que sí hay mucho interés en invertir en Guatemala”, sostuvo, agregando que la estructura del mercado energético permite que estas inversiones se realicen sin recurrir a fondos públicos. Ahora bien, alcanzar este desarrollo requerirá del acompañamiento del Gobierno, especialmente para garantizar la certeza jurídica y la estabilidad de las inversiones.
Revertir la situación energética actual con nuevas inversiones
Durante el primer semestre de 2024, Guatemala enfrentó una situación crítica que motivó la declaración de estado de emergencia energética. Este escenario evidenció las limitaciones de la infraestructura de generación y transmisión eléctrica del país, poniendo de manifiesto la urgente necesidad de nuevas inversiones.
Aunque Guatemala fue en su momento un importante exportador de energía, la realidad actual es diferente. Al cierre de 2023, las importaciones superaron en un 70% a las exportaciones, representando el 12.5% de la demanda total del país. Esto se debe a un crecimiento casi nulo en la capacidad instalada de generación durante los últimos 10 años, y un crecimiento anual del 1.2% en infraestructura de transmisión entre 2016 y 2023, mientras que la demanda creció a un ritmo del 4% anual.
La falta de oferta ha ejercido presión en los precios del mercado spot, con un incremento del 67% en el precio promedio entre 2019 y 2023. Aunque las tarifas para usuarios regulados se han mantenido estables, el alza en los costos de producción afecta la competitividad del sector industrial y la capacidad adquisitiva de los consumidores. Esta situación pone de relieve la necesidad de promover nuevos proyectos para revertir la situación y asegurar un suministro estable y asequible a largo plazo.
“El 2024 creo que ha sido un año de convencimiento, un año de muchos análisis y también un año de planeación, sería genial que a partir de 2025 todo ese análisis, convencimiento y planeación se empiece a transformar en inversiones eléctricas”, consideró el presidente del CIE.
Prioridades para la sostenibilidad del sector
Paulo Parra subrayó la importancia de proteger la capacidad instalada actual y de asegurar la máxima disponibilidad de las plantas operativas. “Guatemala no se puede dar el lujo de perder capacidad instalada”, advirtió, en medio de su ponencia en el evento de AGER. A la par, es fundamental resolver la conflictividad social que ha detenido la finalización principalmente de proyectos de transmisión pero también de generación. “No necesariamente es problemática de si se hace la licitación, sino también de como país y Nación acompañamos la ejecución de esos proyectos”, señaló Parra al respecto.
Como próximo paso, el desarrollo de infraestructura de transmisión es clave para conectar las zonas de alta demanda con las que tiene alto potencial de generación. Asimismo, el referente del CIE observó que se requiere acelerar los procesos de licitación, como la PEG 5, y mejorar los incentivos para asegurar la capacidad despachable y la estabilidad del sistema.
Parra también instó a apoyar iniciativas de financiamiento para ampliar la cobertura eléctrica y facilitar la ejecución de proyectos de transmisión por iniciativa privada y a partir de las licitaciones PET, destacando en la actualidad la gran oportunidad de aprovechar el papel del INDE y el crédito de 120 millones del BID para disminuir las brechas de acceso al servicio eléctrico.
Finalmente, el presidente del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE) llamó a simplificar los trámites administrativos para la obtención de permisos y licencias, un aspecto que, según Parra, retrasa más los proyectos que la propia ejecución de obras.
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