La subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansky, confirmó que el gobierno todavía continúa trabajando en la actualización de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del H2, a fin de publicarla en el transcurso de las siguientes semanas.
“La intención es poder tener lista y compartir la actualización durante noviembre”, aseguró durante una sesión de la Comisión de Energía y Combustibles de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
“El documento es un enorme punto de partida que fue considerado, tenía por detrás algunos supuestos en la potencialidad de las metas, pero es algo que se trabaja y se socializará para debatir. Por lo que esperamos que sea el próximo mes”, subrayó.
Los dichos de la funcionaria le dan continuidad a lo expresado meses atrás por el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, quién también ratificó que el Poder Ejecutivo prevé una nueva ley de hidrógeno vinculada a normas técnicas, esquemas de certificación y blending; aunque dicha normativa todavía no fue enviada al Congreso a pesar que estaba previsto que su ingreso fuera en septiembre.
Pero a partir de la actualización de esta gestión, se busca la hoja de ruta de H2 de Argentina facilite la realización de operaciones bilaterales que permitan el matching de la demanda con la oferta en la compraventa de GNL e hidrógeno renovable mediante la celebración de contratos de largo plazo, además de canalizar financiamiento en inversiones en la materia y que la Unión Europea pueda comprometer fondos.
Y cabe recordar que la actual Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno fue lanzada por la gestión gubernamental anterior, de modo que proyectó la instalación 30 GW de capacidad de electrólisis y 55 GW de renovables en el país, a la par de una producción doméstica total de, al menos, 5.000.000 toneladas anuales de H2 hacia el 2050, de los cuales hasta el 20% se destinará al mercado local y el 80% para exportación.
“Hemos analizado 17 normativas técnicas de seguridad asociadas con las distintas etapas, como producción, almacenamiento, transporte, industrialización, entre otras. Entonces es imprescindible que exista una ley, veamos qué debe contener la misma, pero debe haber una autoridad de aplicación que defina y avance en la normativa técnica”, complementó Beljansky.
“Es necesario que exista regulación que defina claramente quién es la autoridad de aplicación, que podría ser la Secretaría de Energía. Pero la normativa técnica tiene más que ver con blending con gas natural, almacenamiento de la molécula, tener servidumbre de electroductos en el off-grid de proyectos de generación renovable”, insistió.
Opiniones cruzadas sobre el RIGI
El Régimen de Incentivos a la Grandes Inversiones (RIGI) ha generado miradas contrapuestas en el sector del H2V desde su tratamiento en el Poder Legislativo y posterior aprobación, fundamentalmente por los montos de inversión, plazos de adhesión, el incentivo al desarrollo local e internacional y la adaptación de los grandes proyectos que se requerirían para producir hidrógeno verde.
La subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Nación no fue ajena a dicho debate y aseveró que “existe 100% de congruencia entre los proyectos de H2 bajo en emisiones y el RIGI”, a pesar que la discusión principal se da por las dudas de si ventana temporal de adhesión resulta suficiente o no para el desarrollo de ese tipo de centrales.
“De gran parte de la inversión de proyectos de H2, aproximadamente el 65-75% es energía renovable y líneas de transmisión. Entonces, es un puntapié y el RIGI hace una burbuja a la inversión en Argentina. Cuando el hidrógeno se abarate, el punto de partida es tener energía renovable barata y para ello se requiere un país con la macroeconomía ordenada. El recurso eólico está, pero necesitamos tener una situación jurídica y macroeconómica que sea estable para que el financiamiento no sea tan caro”, apuntó.
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