Sergio del Campo, presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), advirtió sobre el momento delicado que enfrenta el sector, en medio de todas las discusiones en torno al proyecto de ley que, entre otros puntos, propone que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) financien los subsidios a las cuentas eléctricas.
“Sin duda, el sector eléctrico está atravesando hoy una de las crisis más importantes de su historia, lo cual es una paradoja, considerando la buena noticia de una alta velocidad de penetración de las energías renovables y el aumento considerable de la competencia en nuestra matriz eléctrica. Y de esto nos debemos hacer cargo”, sostuvo durante la cena anual de ACERA.
Entre los los principales puntos a los que hizo alusión a la falta de inversión en transmisión, la diferencia entre precio de inyección y de retiro que inviabilizan los contratos de suministro y el aumento paulatino de los vertimientos de energías renovables, que ya superan los niveles del 2023.
“A septiembre de este año hemos desaprovechado más de 3,3 TWh de energía limpia y eficiente que no llegó a los consumidores del país. Esta energía podría haber abastecido a cerca de 1,8 millones de familias de nuestro país. Esta verdadera catástrofe, imperceptible, pero no por ello menos grave, nos debe movilizar con sentido de urgencia a todos los agentes del sector. El regulador para estimular la materialización de obras de transmisión de forma más oportuna. El Coordinador, para incluir en sus procesos nuevas tecnologías que permitan optimizar la operación del sistema”, manifestó.
“Por otro lado, la falta de flexibilidad del parque generador y el aumento del costo de los combustibles está generando un incremento en los costos sistémicos. Es necesario avanzar en un mercado de SSCC más competitivo y eficiente, que permita incentivar a nuevos prestadores a participar en él”, añadió.
Además, en el plano de la actual discusión de alza de tarifas y subsidios, fue firme en señalar que ACERA comparte la preocupación por encontrar mecanismos de ayuda para las familias más vulnerables del país para enfrentar el alza de tarifas eléctricas originada por el congelamiento de tarifas realizado en las Leyes PEC 1 y 2.
No obstante, remarcó la importancia de buscar soluciones que no destruyan la confianza de los inversionistas y de la banca internacional en el compromiso de Chile con las energías renovables.
“Soluciones que no vayan en esta línea, como es lo que está ocurriendo con el Proyecto de Ley de Subsidios, son políticas que han demostrado su efecto contraproducente en numerosas ocasiones y diversos países en el pasado reciente, que podrían causar daños muy profundos, los cuales tarde o temprano llegan al cliente final, a través de mayores precios de energía para el país”, subrayó.
Cambios en el SEA
El sector energético sigue siendo un pilar fundamental para la economía chilena, con 170 proyectos energéticos en evaluación ambiental que suman una inversión de USD 38.000 millones, aunque a veces resulte “excesiva” la burocracia y los retrasos en la obtención de permisos.
Por lo que desde el gremio instaron al gobierno a agilizar los trámites de evaluación ambiental y promover reformas que integren los permisos sectoriales mixtos en un solo proceso, como por ejemplo mediante un sistema sistema alternativo de evaluación ambiental para aquellos proyectos cuyo objetivo sea la generación de energías renovables y los sistemas de transmisión que viabilizan la inyección de estas energías limpias.
“Entendemos que nuestro rol sí es ineludible, cuando las dificultades atraviesan todo el sector eléctrico y, para colaborar en su solución, requerimos interactuar con las autoridades de gobierno como también con el parlamento. Hemos sido protagonistas de la transformación de nuestro sector y queremos seguir siéndolo en base a una discusión diversa, desde las distintas vocaciones que coexisten en nuestra asociación, técnicamente fundada, sobre la base de criterios de libre competencia y certeza jurídica”, insistió.
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