La orden es clara: acelerar hasta recuperar el tiempo perdido.
Tras el contundente respaldo en las urnas, el Gobierno finalmente activó la privatización de la mayor parte de la generación eléctrica en Argentina, en lo que representa un claro volantazo respecto de las políticas energéticas promovidas por el kirchnerismo durante más de una década.
La decisión del oficialismo, indicaron a iProfesional fuentes vinculadas al Ministerio de Energía, se enmarca en un plan de acción diseñado hace un año y medio por Juan José Aranguren -avalado por Mauricio Macri-, que recién puede concretarse tras la victoria electoral.
“Asistimos a un ordenamiento que debió hacerse desde el primer día de gobierno, si bien es impulsado ahora por una cuestión de solidez política“, señaló a este medio un funcionario del área energética.
“Apuntamos a optimizar un escenario disperso y a desarticular los resabios de la corrupción de la gestión anterior. Enarsa ha sido un claro ejemplo de esto último”, completó.
A ojos de la plana mayor de Cambiemos, la participación del Estado en el sistema de generación de energía no hace otra cosa que ponerle un freno a la evolución de un sector clave para la hoja de ruta del macrismo.
Exceso de estructura operativa, carencia de fondos para financiar obras de porte que mejoren el rendimiento y la escasa capacidad técnica para atender un sistema que ha ido quedando obsoleto son algunos de los ítems que justifican la decisión tomada por el oficialismo.
“La apuesta es lograr un salto de calidad que el Estado, por sí solo, se ve imposibilitado de dar”, señalaron a iProfesional desde el entorno de Aranguren.
La fuente, que pidió reserva de identidad, hizo referencia al excesivo tamaño heredado de la gestión K y a su notable ineficiencia.
“Además de mejorar la calidad de generación -a partir del ingreso de privados- apuntaremos a consolidar una gestión que se caracterice por la transparencia“, indicó.
En concreto, el Gobierno dispuso, a través del decreto 882, la fusión entre Enarsa y Ebisa (Emprendimientos Energéticos Binacionales SA), que dará origen a otra compañía: Integración Energética Argentina.
Entre sus múltiples funciones, tendrá a su cargo la comercialización que generen las represas binacionales Yacyretá y Salto Grande.
Al mismo tiempo, el plan gubernamental contempla poner en venta la participación del Estado en las siguientes sociedades y emprendimientos:
- Central Puerto (Buenos Aires)
- Central Dique (Ensenada)
- Central Güemes (Salta)
- Centrales térmicas patagónicas (Chubut)
- Transportadora de gas Transpa (Chubut y Santa Cruz)
- Procesadora de uranio Dioxitek (Formosa)
- Termoeléctrica Manuel Belgrano (Campana).
- Termoeléctrica San Martín (Timbúes, Santa Fe).
- Termoeléctrica Vuelta de Obligado (Timbúes, Santa Fe).
- Termoeléctrica Guillermo Brown (Bahía Blanca).
También el plan oficial apunta a desprenderse del 50% del paquete accionario de Citelec, firma controlante (con el 52%) de la transportadora Transener.
A partir de la venta de estos activos y participaciones accionarias, el Gobierno busca recaudar unos u$s1.000 millones, que serán destinados a una serie de proyectos que permanecerán bajo la órbita estatal.
¿Cuáles son? Básicamente la lista incluye:
– La concreción de las últimas tareas en la central Río Turbio
– La construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA)
– La ampliación de otros tres gasoductos licitados recientemente
Además, parte de ese monto se destinará a un proyecto energético que desvela a Aranguren: el desarrollo de las centrales hidroeléctricas santacruceñas heredadas del kirchnerismo.
En relación con estos emprendimientos, el oficialismo se permitió una movida que, en lo simbólico, da cuenta de todo el esfuerzo que viene haciendo para diferenciarse del gobierno de Cristina Kirchner.
Concretamente, el macrismo dispuso que las centrales Néstor Kirchner y Jorge Cepernic vuelvan a llamarse Condor Cliff y La Barrancosa, respectivamente.
“Se vuelve al nombre original porque los proyectos no tienen que estar ligados a la política, y menos todavía cargar con apellidos que aún tienen que dar explicaciones a la Justicia“, aseguró a iProfesional una fuente del Ministerio de Energía.
“Con Enarsa ocurre algo similar: funcionó como una usina de corrupción, montada sobre la base de concentrar el manejo de varios negocios clave. Creemos que ninguno de los emprendimientos tiene que soportar estos antecedentes”, añadió.
Inversores en el radar
Además de los activos que saldrán a la venta, la medida oficial establece la posibilidad de que los acreedores de CAMMESA participen en el proceso de transferencia abierto, en virtud del monto adeudado.
¿Qué es Cammesa? es la firma que se encarga de comprarle la energía a quienes la generan (centrales) para luego vendérsela a las empresas que la distribuyen (Edenor, Edesur, entre otras).
El 80% está en manos de agentes del mercado mayorista de electricidad, mientras que el 20% restante pertenece a la órbita estatal. Su situación se fue tornando muy crítica, al punto que hoy día adeuda más de $12.000 millones.
“Cambiar activos por deuda es una opción a la que se recurrió en otras épocas. Se implementarán cambios para resolver su delicada situación financiera. Luego está prevista una reestructuración y achique del gasto“, confiaron desde el entorno de Aranguren.
“De haberse podido implementar en el inicio de nuestra gestión, hoy estaríamos hablando de otro presente energético en el país”, afirmó.
En la hoja de ruta del Gobierno, el paso siguiente es abrir el juego a la entrada de empresas privadas que tengan conocimiento del sector y cuenten con el capital necesario para aumentar la producción, sobre todo en lo que hace a la opción térmica.
En la danza de candidatos, Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo aparecen entre los nombres que mejor le sientan al oficialismo a la hora de evaluar quiénes serían los indicados para hacerse del control de las centrales.
“Quienes vienen protagonizando la levantada del negocio energético son los que más posibilidades van a tener en esta nueva etapa“, adelantó a iProfesional Emilio Apud, ex secretario de Energía y actual director de YPF.
En otro orden, aseguró que el Gobierno “va rumbo a una desregulación en la generación que mejorará el rendimiento de las redes y asegurará una inyección de capital sostenida, a partir del ingreso de los privados”.
“Estamos mirando el escenario de cerca”, reconocieron fuentes de Pampa Energía al ser consultadas por iProfesional sobre una eventual incursión en los nuevos negocios que se abrirán luego de la decisión oficial de desprenderse de su portfolio de activos eléctricos.
Desde el entorno de Alejandro Mcfarlane, el ex Edelap hoy al frente de Camuzzi Gas Inversora, dieron un mensaje similar.
“Evaluaremos las diferentes posibilidades. Estaremos atentos, si bien no teníamos pensado ningún plan. Veremos que surge”, expresó una voz consultada.
Otras tres firmas –Grupo Albanesi, MSU Energy y Genneia– se alistaron al pelotón de compañías que podrían entrar a la compulsa por las centrales.
Cambio de paradigma
Más allá de la posibilidad de recaudar u$s1.000 millones con la venta de activos, en el Gobierno argumentan que la reforma en marcha tiene una clara consigna: “Ir reduciendo la salida de dinero del Tesoro nacional que se destina a solventar el funcionamiento energético”.
“Todo esto achicará el sostén financiero de varias centrales. También permitirá juntar fondos para concluir gasoductos e hidroeléctricas, como las de Santa Cruz”, sintetizó Apud.
El director de YPF compartió con iProfesional una frase que anticipa el escenario que viene: “El Estado no tiene que seguir comercializando la energía. Hay que dinamizar la producción“.
La decisión de crear la empresa “Energética Argentina” para controlar lo generado en los proyectos binacionales responde también a lo complicado que resultaría transferir esos activos.
“Una venta implicaría sentarse a negociar con el gobierno de Paraguay por Yacyretá y con sus pares de Uruguay por SaltoGrande. Sería un proceso por demás de complejo y muy extenso. De ahí la decisión de mantener esas participaciones bajo la órbita del Estado”, indicó una fuente oficial.
Por lo pronto, el decreto 882 es interpretado en el sector como la confirmación de un modelo orientado a sepultar consignas que el kirchnerismo se ocupó de estableces durante más de 10 años.
En este sentido, Ignacio Sabbatella, investigador del Conicet y especialista en políticas energéticas, expresó que el macrismo apuesta a “revalidar el modelo privatista de los ´90, con fuerte fragmentación del sector eléctrico para una posterior venta total de las compañías”.
Bajo su óptica, “la reforma que impulsa Aranguren significa dejar de lado el objetivo de soberanía energética que fijó el kirchnerismo incluso por ley”.
“Se impulsa una suerte de retorno a los ´90 por la vía de la desregulación. Creo que transitar esta camino puede generar inconvenientes ya conocidos en transporte y distribución”, destacó.
Alejado de visiones críticas y con el resultado caliente de las urnas, el Gobierno pone primera y apunta a otro cambio estructural, que repercutirá de lleno en unos de los sectores que más “mutó” de perfil desde la llegada del macrismo al poder.
Este desplazamiento del Estado ya ha despertado el interés varios empresarios, que ven a la generación de energía como un negocio clave para un país cuyo gobierno apunta a crecer de manera sostenida.
