La energía en 2024 refleja desafíos heredados y falta de planificación estratégica bajo el gobierno Milei. Sin plan director, el sector enfrenta incertidumbre en inversiones, transición energética y abastecimiento interno seguro

El panorama energético al finalizar 2024 presenta interrogantes futuros relacionados con la crítica situación del sector – en gran parte heredada- y su probable evolución en el próximo trienio. El discurso y las decisiones adoptadas hasta el presente por el gobierno generan incertidumbres.

Está diagnosticado que el sistema necesita la expansión de su infraestructura física; ello requiere fuertes inversiones en toda la cadena de valor desde la producción de petróleo y gas y energía eléctrica en todas sus formas, hasta las redes de transmisión y distribución de los servicios públicos. Los precios deberían ser fijados en mercados competitivos permanentemente auditados por “Defensa de la Competencia” y otros organismos de control; y esta situación no se cumple en Argentina actual ni existen informes oficiales sobre este tema.

Los Entes Reguladores son fundamentales para la fijación de las tarifas justas y razonables de los servicios públicos que incluyen el transporte; la distribución por redes y la comercialización de gas natural y de energía eléctrica. Un tema que no puede ser dejado de lado es la necesidad de los subsidios energéticos en cantidad necesaria para garantizar a aquellas personas con dificultades el consumo de energía que garantice su inclusión social. Y el Estado debería prever por vía presupuestaria al financiamiento de las partidas correspondientes para tal fin.

Sin embargo, al finalizar 2024 el gobierno no ha logrado todavía dar los lineamientos del Plan de Inversiones públicas y privadas que va a impulsar para asegurar el abastecimiento del mercado interno en forma segura en los próximos 5 años. Tampoco definió los precios y tarifas con los cuales los mercados serán efectivamente abastecidos. Es también una incógnita que el Estado omite develar el monto de subsidios necesarios para ayudar a la pobreza y a la pobreza externa a acceder al consumo de energía; y al financiamiento de los mismos. Esto es inadmisible si tenemos en cuenta que la inflación se ha reducido – con enormes sacrificios- y el tipo de cambio está en condición estable.
Lo hecho en el año muestra que el Gobierno comenzó sin un programa energético explícito. El Presidente de la Nación se definió a sí mismo como un “negacionista del cambio climático”. No es el único político argentino ni el único presidente del mundo que lo ha hecho. La experiencia en este siglo muestra que el negacionismo incluye a políticos mundiales relevantes, presidentes de países importantes y sobre todo a gran parte del empresariado mundial ligado a las industrias productoras de hidrocarburos, y el carbón; y muchas veces también a sus fieles empleados.
Es muy grave que Argentina no haya participado de la COP 29 en Azerbaiyán; y ello, además de inexplicable, introduce dudas fundadas sobre las formas en que Argentina cumplirá en el futuro con los compromisos asumidos por el país en la cumbre de Paris en 2015 referidos a la Transición Energética para controlar el cambio climático en el presente siglo. El no cumplimiento de las obligaciones asumidas llevan asociadas las posibles represalias políticas o económicas que el incumplimiento podría acarrear para nuestro país en formas de sobrecostos, cierre de mercados para nuestras exportaciones sobre todo en el continente europeo.

El Gobierno en su primer año no ha hecho ningún anuncio que indique que el Estado tenga la idea de elaborar un “Plan Estratégico Director para la Energía de mediano y largo plazo” del cual la Argentina carece desde hace más de 20 años y que es imprescindible para proyectar las inversiones tanto públicas como privadas y desarrollar los proyectos de las nuevas obras a encarar en forma prioritaria para asegurar el abastecimiento pleno y seguro de nuestra “demanda energética” que hoy no es ni pleno ni seguro.
Es claro que sin contar con un Plan Director nacional consensuado y aprobado que explicite los objetivos nacionales estratégicos de mediano y largo plazo no habrá ni inversiones públicas ni privadas en el futuro. Es imposible por ejemplo contestar en diciembre de 2024 si Argentina construirá algún día, y en alguna parte alguna nueva central nuclear; o alguna nueva central hidroeléctrica de escala mundial como lo ha hecho en el pasado; así como tampoco es posible contestar si se ampliará o no el Sistema de Transmisión Eléctrica de Alta Tensión en 500 KV que tiene un déficit crónico de inversión diagnosticado que debería ser resuelto.

Lo anterior debe ser entendido como un listado no exhaustivo de cuestiones estratégicas que el gobierno no encaró ni anunció en su primer año de gobierno; un período en que se produjeron cambios de conducción importantes en la Secretaría de Energía y también en los Entes Reguladores sin que se hayan aplicado todavía reorganizaciones eficientes, que oportunamente habían sido anunciadas, como la unificación de los Entes Reguladores de gas y la electricidad en un solo Ente.

Un tema relevante, que motivó el 23 de septiembre el desprolijo anuncio por parte del Jefe de Gabinete de Ministros de cortes de electricidad en el AMBA. El funcionario dio por hecho que en el verano se producirían cortes de energía en los días de máximas temperaturas. Inexplicablemente el ministro coordinador hizo suyos los conceptos de un informe técnico de Cammesa que consignaba que el sistema eléctrico nacional tendría una demanda en el verano del orden de 31500 MW en los días más tórridos; y que esa demanda no podría ser satisfecha por el sistema en las condiciones actuales del parque de generación eléctrica. El IAE Mosconi viene estudiando este tema desde hace varios años y lo ha denunciado antes de ahora alertando a los gobiernos de turno de ese problema en ciernes. Pero lo cierto es que los anuncios oficiales fueron desprolijos y poco didácticos, el Secretario de Energía puso un poco de orden y racionalidad circunscribiendo los eventuales cortes a los días de máximo calor; y anunciando, correctamente cortes rotativos sobre la Industria en caso de ser ello necesario; evitando con ello el pánico social.
Los anuncios fueron imprecisos, y el gobierno no fue al fondo del problema para explicar las soluciones técnicas de fondo que deben ser implementadas para resolver el inconveniente en forma definitiva. En opinión del IAE Mosconi resolver ese problema requerirá la instalación de no menos de 2500 Mw de potencia en el AMBA e inversiones en la ampliación de la Red de 500 KV que vinculan el AMBA con el resto del sistema interconectado nacional. Se trata de inversiones importantes postergadas y su concreción requiere años y decisiones de financiamiento que todavía no están siquiera estudiadas.

Es necesario puntualizar que el cambio del primer Secretario de Energía del gobierno que se produjo con el anuncio oficial de los cortes, no se tradujo, lamentablemente, en una mejor explicación oficial sobre la solución definitiva del importante problema planteado, ni sobre la inversión necesaria; ni tampoco sobre el plazo que demandaría la puesta en marcha de las obras para resolver el problema en forma definitiva.

Hago contar por último que 2024 transcurrió sin que el gobierno nacional pudiera definir la situación del vencimiento de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas firmados por 30 años a partir de 1993 por el gobierno del Presidente Menem. Esos contratos vencieron en 2023 y corresponde adoptar una política pública consensuada sobre este importantísimo tema que permanece en un limbo sin definiciones por parte del actual gobierno. Esas indefiniciones son las mismas que tuvo el gobierno del Alberto Fernández.
El IAE MOSCONI se pronunció en reiteradas oportunidades sobre la inconveniencia de continuar con el sistema de concesiones en las grandes centrales hidroeléctricas del Comahue.
El Instituto promueve, en cambio, la firma de Contratos de Operación y Mantenimiento con empresas privadas por 10 años con posibilidad de renovación mediante licitaciones públicas. Al mismo tiempo el IAE MOSCONI promueve que para las centrales que hayan cumplido con su vida útil, su propietario – el Estado nacional- encare las inversiones de extensión de la vida útil de las mismas con créditos de los Bancos de Inversión de los que Argentina es socia como el BID y el Banco Mundial continuando con la muy exitosa política de la ex empresa Hidronor SA en la construcción de las más importantes centrales hidroeléctricas argentinas.

Por otra parte el sector de los hidrocarburos – el otro gran sector que de la Energía- ha mostrado en el año en curso un mayor dinamismo que el sector eléctrico en cuanto a posibles inversiones. Ese dinamismo se ha basado básicamente en una gran actividad del sector privado basado en la aprobación de la Ley de Bases. La fuerte actividad se centraliza en el yacimiento de Vaca Muerta y particularmente en los grandes proyectos gasíferos de exportación de gas natural licuado. El proyecto más importante ha sido el de YPF con la empresa malaya Petronas en la primera parte del año un gran impacto político con la expectativa de una inversión comprendida entre 30.000 y 50000 millones de dólares y una exportación de gas natural nunca vista ni imaginada en la historia energética argentina.

Sin embargo dicho Proyecto no demostró hasta ahora su viabilidad integral; no fue presentado a la sociedad, ni a la política en Argentina y en definitiva todo indica que requiere un mayor esfuerzo y compromiso del Estado en lograr la maduración de este y otros proyectos similares demostrando la factibilidad técnica, económico, financiera y tarifaria.

Es importante mencionar dos aspectos que merecen ser destacados que introducen un cambio en el funcionamiento del sector energético. El primero de ellos es que parece existir una política no oficial que el Gobierno tolera impulsada por los inversores argentinos y extranjeros de privilegiar una excesiva primarización de nuestra economía energética. Existe un enorme interés por producir petróleo y gas de Vaca Muerta para exportarlo -sin aun conocer la viabilidad de acceder a los mercados mundiales con precios competitivos- ; esa política se genera en un país como Argentina en donde hoy no existen todavía mercados energéticos argentinos competitivos para la comercialización de dichos productos.

*Presidente del Instituto Argentino
de la Energía Gral. Mosconi