Desde el inicio de la nueva gestión gubernamental en diciembre de 2023, la política tarifaria aplicada a los usuarios residenciales de gas natural y energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrieron ajustes significativos. Lejos de tratarse de ajustes meramente técnicos, las medidas adoptadas representan un viraje de carácter estructural, con consecuencias económicas, sociales y políticas que merecen ser examinadas en profundidad.

En el Informe Indicadores de Coyuntura de abril y que edita FIEL, Santiago Urbiztondo1 analiza la singularidad de los nuevos cuadros tarifarios que puede sintetizarse en tres dimensiones clave: la magnitud de los aumentos, la inconsistencia en el diseño de los cargos y la persistencia de un esquema de subsidios fiscales sólo parcialmente reformulado. Esta tríada de factores no sólo define el impacto inmediato en los hogares consumidores, sino que pone en evidencia los dilemas de fondo que enfrenta la política energética en Argentina: la sostenibilidad financiera de los prestadores, la equidad en el acceso a los servicios públicos y la viabilidad fiscal del Estado.

Efectos correctivos y regresivos

Para Urbiztondo, el rasgo más notorio de la política tarifaria desde diciembre de 2023 ha sido, sin dudas, el nivel de los aumentos aplicados. El gobierno ha procedido a una eliminación casi total de los rezagos tarifarios reales que afectaban a las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad. En la práctica, esto ha implicado incrementos que, en algunos casos, cuadruplicaron los valores anteriores, con especial intensidad en los componentes fijos de las facturas.

Este sinceramiento tarifario ha sido presentado como una medida necesaria para devolverle racionalidad al sistema y reestablecer condiciones de inversión y operación en el sector energético. Sin embargo, sus efectos han sido heterogéneos: mientras los balances de las empresas comenzaron a mostrar signos de recuperación, los hogares de ingresos medios y bajos han visto deteriorarse su capacidad de pago, especialmente en un contexto inflacionario y recesivo.

Tarifas mensuales de usuarios residenciales

(antes de impuestos, para consumos promedio dentro de cada categoría y grupo de ingreso, en $/mes) Nov-2023 – Jun-2024 – Abr-2025

  • * El promedio es ponderado por el número de usuarios residenciales dentro de cada categoría (sin distinguir entre grupos de ingreso). ** Se mantiene la apertura de las 9 categorías tarifarias vigentes en Nov-23 para mayor claridad en la comparación. FUENTE: FIEL.

Un diseño técnico de gramática defectuosa

Más allá del aumento en sí, el nuevo esquema tarifario se caracteriza por lo que algunos especialistas han denominado una “gramática defectuosa”. Esta expresión no es metafórica: se refiere al diseño intrincado, poco transparente y carente de lógica distributiva que organiza la estructura tarifaria.

En efecto, la diferenciación entre cargos fijos y cargos variables mantiene una dispersión significativa que, en muchos casos, no guarda relación alguna con el nivel de consumo real del usuario ni con su capacidad económica. Así, usuarios con patrones de consumo similares pueden enfrentar tarifas notablemente distintas por razones que no responden a criterios objetivos ni visibles. A su vez, la categorización por ingresos —implementada como parte del régimen de segmentación— no logra articularse adecuadamente con los parámetros técnicos de facturación.

Por ejemplo, un usuario de ingresos medios-bajos que habita un departamento mal aislado térmicamente puede recibir un cargo fijo similar al de un hogar de ingresos altos, simplemente por registrar un pico de consumo estacional. Esta inadecuada correspondencia entre las categorías socioeconómicas y los umbrales técnicos de consumo erosiona la legitimidad del sistema, y desincentiva conductas eficientes desde el punto de vista energético.

Variación nominal de las tarifas mensuales

(por categoría y grupo de ingreso, en $/mes, Nov-2023 – Jun-2024 – Abr-2025)

Subsidios fiscales: entre la corrección y la continuidad

El tercer pilar de esta reconfiguración tarifaria reside en el tratamiento de los subsidios fiscales, que durante años han sostenido el precio final que pagan los usuarios. La nueva administración se propuso corregir este esquema, apuntando a una mayor focalización en los sectores vulnerables y a una progresiva desarticulación del subsidio universal.

Sin embargo, la corrección fue, hasta ahora, sólo parcial. La tarifa social continúa vigente, aunque su alcance y sus criterios de asignación han sido objeto de revisión. Las transferencias fiscales se han reducido en términos reales, pero no han sido eliminadas. El resultado es un esquema híbrido, donde conviven viejas prácticas de subsidio generalizado con intentos de focalización insuficientemente coordinados.

Esto genera una tensión estructural: por un lado, se reduce el esfuerzo fiscal del Estado; por otro, se incrementa la carga sobre los usuarios sin garantizar que los más vulnerables queden efectivamente protegidos. En términos distributivos, esta ambigüedad puede resultar más regresiva que el antiguo sistema, al transferir el ajuste al usuario sin haber consolidado una red de contención adecuada.

Edenor: Tarifa media

(US$/KWh mensuales), Usuarios Grupo N1, 2019-2025

Una transición tarifaria sin política integral

La combinación de aumentos abruptos, diseño técnico defectuoso y subsidios inconsistentes refleja una ausencia de política energética integral, donde la urgencia fiscal parece haber primado sobre la planificación. El nuevo cuadro tarifario, en lugar de construir previsibilidad, introduce incertidumbre: los usuarios desconocen la lógica que define los importes que deben abonar, las empresas no tienen garantías sobre la estabilidad del esquema y el Estado continúa asumiendo un rol ambiguo, entre regulador, financiador y ejecutor de subsidios.

La falta de un enfoque coherente, transparente y progresivo no sólo obstaculiza la recuperación del sistema energético, sino que debilita la confianza social en el proceso de ajuste. En lugar de corregir distorsiones con racionalidad técnica y justicia social, el nuevo esquema parece haber reemplazado un régimen ineficiente por uno incierto, y un subsidio opaco por una facturación inescrutable.

El dilema tarifario como síntoma estructural

La experiencia de reconfiguración tarifaria en el AMBA, iniciada a fines de 2023, deja en evidencia un dilema estructural que atraviesa a la política económica argentina desde hace décadas: ¿es posible avanzar hacia tarifas económicamente sostenibles sin agravar las desigualdades sociales ni vulnerar derechos básicos? ¿Puede lograrse una transición ordenada sin una arquitectura técnica, legal y comunicacional que le dé legitimidad al proceso?

A la espera de una política tarifaria verdaderamente integral, el panorama actual se define por sus ambigüedades: el sinceramiento de tarifas sin red distributiva sólida; la segmentación por ingresos sin coherencia técnica; la reducción del subsidio sin racionalización completa del sistema. En esta encrucijada, las inconsistencias, disparidades y desafíos que presenta este nuevo régimen tarifario, más que una transición hacia la eficiencia, lo que se ha abierto es un debate pendiente sobre la justicia energética en tiempos de ajuste.

  1. Santiago Urbiztondo es Licenciado en Economía, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina, 1987; Doctor of Philosophy (Ph.D.), en Economía, University of Illinois, 1991. Es Economista Jefe, FIEL; Profesor Titular de Economía y Regulación de los Servicios Públicos, UNLP; Profesor de Estrategia, Competencia y Regulación, Maestría en Economía Aplicada, UTDT ↩︎