A mediados de junio, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que el proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), de 2.400 MW, empezará a funcionar a partir del año 2022, descartando esperanzas de que sus turbinas comenzaran a moverse el año que viene.
Ayer, la mega obra volvió a ser noticia pero esta vez porque EPM, con respaldo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, iniciará un juicio al consorcio diseñador Generación Ituango (compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor CCCI (integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor Ingetec-Sedic por la catástrofe que ocacionó péerdidas por 9,9 billones de pesos (unos 2.600 millones de dólares).
Se acusa a que los consorcios conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir correctamente con el “Hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación”.
“Las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo, que a la postre, condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación (GAD) y que obligó a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de la caverna de transformadores”, informó EPM en un parte de prensa.
En el comunicado, explican que “antes de acudir al juez y elevar la demanda por $9,9 billones contra los Consorcios, EPM debe agotar el requisito de la conciliación con los involucrados. Este proceso tardará tres meses y su duración máxima será hasta el 10 de noviembre”.
“Dado el caso que fracase la conciliación, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cabeza del Consejo de Estado, será quien dirima la controversia económica entre EPM y los Consorcios. En caso de que no se logre la conciliación, esta sería la demanda más alta interpuesta por una entidad de derecho público en contra de un contratista en Colombia”, advierten.
Con el fin de que esta conciliación se surta en condiciones adecuadas, EPM solicitó la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado. Un procurador delegado será el encargado de coordinar la conciliación entre las partes en controversia dentro de los tres meses siguientes a la radicación.
“La contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, considerado la infraestructura energética más importante realizada en Colombia durante las últimas tres décadas, genera la obligación en cabeza de los contratistas de responder ante la sociedad y, a su vez, para EPM de poner en conocimiento estos hechos ante las autoridades competentes y cumplir al país con las obligaciones de energía en firme a través de su portafolio de generación de energía eléctrica”, expresa la compañía de Medellín.
