El martes de la semana pasada, ingresó a la Contraloría general de la República el Reglamento de Transferencias de Potencia entre empresas generadoras, donde se incorporaron algunas modificaciones.

En diálogo con Energía Estratégica, Teresita Vial, directora de la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL), analiza: “esta modificación al reglamento de trasferencia de potencia actualiza definiciones, normas y procedimientos con respecto a las trasferencias de potencias entre generadores y sus respectivos pagos, entre otras cosas”.

“Se trata principalmente de una actualización de la norma incluyendo nuevos actores como arrendatarios, usufructuarios o quienes operen a cualquier títulos medios de generación, ya que el antiguo reglamento consideraba solo a los propietarios”, resume la especialista.

Asimismo, agrega, “se incluyen nuevas definiciones tales como las centrales renovables con capacidad de almacenamiento y regulación y el anunciado estado de reserva estratégica”.

Vial explica que, en esta última adición, el Estado de Reserva Estratégica (ERE) establece que las centrales generadoras a carbón que notifiquen el retiro de sus instalaciones, en virtud del artículo 72-18 de la LGSE, podrán acogerse a este ERE por un máximo de 5 años.

En virtud de ello, se les reconocerá un 60% del pago por potencia, por el hecho de mantenerse operativas para ser usadas en caso de déficits de generación o inseguridad del sistema, en un plazo de 60 días contados desde la notificación del Coordinador.

Se trata del ya anunciado incentivo del Gobierno nacional a las empresas propietarias de estas centrales como resarcimiento por el Plan de Descarbonización de la Matriz Eléctrica, donde todas estas plantas deberán retirarse paulatinamente a más tardar el año 2040.

De las 28 termoeléctricas a carbón que funcionan en Chile, por aproximadamente 5.500 MW, 25 contarían con este beneficio. De estas, 8 ya tienen su cronograma de salida de operaciones, cuyo horizonte es el año 2024. Las 17 plantas restantes aún no se han manifestado.

Si Contraloría de la República le da el visto bueno al Reglamento de Transferencias de Potencia, éste finalmente entraría en vigencia. De lo contrario, volvería al Ministerio de Energía para ser reformulado y repetirse el mismo proceso.

Sin embargo, paralelamente avanza en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley más ambicioso que el Plan de Descarbonización, el cual propone cerrar estas plantas antes del 2026, adelantando 15 años el programa de gobierno.

No obstante, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, advirtió la presencia de cinco inconvenientes sobre proyecto de Ley.

Por un lado, indicó la pérdida de puestos de empleo: unos 13 mil que operan en las termoeléctricas a carbón. Por otro lado, un debilitamiento de la oferta eléctrica que podría redundar en falta de racionamiento eléctrico.

Además, el funcionario señaló que se podría generar una suba en las tarifas eléctricas, en torno al 50%. Como cuarto punto, marcó el riesgo de demandas contra el Estado por incumplimiento de contrato con las empresas; y, asociadamente, cierto carácter expropiatorio que no está dispuesto a abordar la actual gestión.

Como contrapunto a la postura de Jobet, la experta en ecología y energías renovables, Sara Larraín, respondió al ministro de Energía en una columna de opinión expresada en el sitio web Chile Sustentable (ver nota).

Allí Larraín matiza con Jobet y ofrece argumentos que señalan que las tarifas eléctricas no subirán de cerrarse las centrales a carbón y que la confiabilidad de la oferta eléctrica continuará siendo robusta, teniendo en cuenta que la demanda de potencia de Chile ronda los 11.000 MW y la matriz eléctrica cuenta con 25.000 MW.