Desde ayer y hasta el 3 de septiembre próximo, la ciudadanía colombiana podrá hacer observaciones, comentarios y propuestas sobre dos nuevas resoluciones que la cartera que dirige Diego Mesa puso a consulta pública para la expropiación de terrenos que permitan la construcción de tres mini centrales hidroeléctricas menores a 20 MW cada una.

Por un lado, el proyecto de Resolución “por la cual se declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico PCH Chorreritas”.

Por otro, la iniciativa que «declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico El Retiro I y II”.

El primer emprendimiento, de 19,9 MW, está siendo promovido por la firma Ingenierías Aliadas S.A.S. El predio donde se ubicará el proyecto comprende un área total de 23 hectáreas.

El proyecto se contruirá en el municipio de San Andrés de Cerquita, en la región del norte antioqueño, a una distancia de 135km de la capital del departamento Medellín, aprovechando las aguas del río San Andrés.

En lo que respecta a las otras dos pequeñas centrales hidroeléctricas, El Retiro I, de 19,9 MW, y El Retiro II, de 19,95 MW, las iniciativas son llevadas a cabo por Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P.

Los proyectos se ubicarán sobre un predio de 141.90 hectáreas del departamento Norte de Santander, en los municipios de Arboledas y Salazar de Las Palmas y aprovechará las aguas del Río Zulia en la parte baja de su cuenca media.

De fondo, las resoluciones sometidas a consulta pública proponen declarar “de utilidad pública e interés social” a las tres mini centrales.

Esto permitirá a las firmas promotoras comprar “todos los predios comprendidos en el proyecto, por un término que no superará dos (2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, reformas, reconstrucciones o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles con posterioridad a la fecha de la presente declaratoria”, indica el artículo 2 de las respectivas resoluciones.

De no llegar a un acuerdo de compra, el Artículo 3, Parágrafo 1, da la posibilidad a las compañías a solicitar la expropiación de los terrenos para que puedan construirse las hidroeléctricas menores a 20 MW.