La Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (ACENOR) criticó el proyecto de ley de transición energética que el Poder Ejecutivo de Chile elevó al Congreso, ya que considera que podría perjudicar a los usuarios finales del sistema al contemplar nuevos cargos a pagar  por los mismos. 

“Estando de acuerdo las necesidades de la transición energética que implican para el país, vemos que, al menos hay cuatro grandes grupos de temas que significan una nueva piedra en la mochila en la cuenta final cliente, tales como ingresos tarifarios, licitaciones de almacenamiento, nueva transmisión y presupuesto del Coordinador Eléctrico Nacional”, sostuvo Javier Bustos, director ejecutivo de ACENOR.

“Y en el proyecto no vemos medidas que apunten a ser más eficientes estos costos ni una forma de balancear, de manera justa, los costos de esta transición energética y que no todo caiga en el cliente”, planteó durante una sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado de Chile. 

Puntualmente, la entidad remarcó que, tal como está redactado el proyecto, y tomando los datos de enero 2022 a febrero 2022, aumentaría las tarifas energéticas en aproximadamente $11 por kWh. 

¿Por qué? El impacto por la reasignación de los ingresos tarifarios podría ser de $3,3 a $4 por kWh si los problemas de congestión aumentan y se mantienen valores de combustibles elevados. Mientras que por el lado del cargo para llevar a cabo las licitaciones de almacenamiento con proyectos a mediano y largo plazo, el monto oscilaría entre $3,8 a $4,5 por kWh.

A lo que se debe sumar la planificación de las obras de transmisión (tanto planificadas como urgentes) y la revisión del valor de inversión adjudicado en obras de ampliación. Por lo que tales proyectos de transporte eléctrico sumarían «al menos» $2,6 kWh hacia el 2028. 

“En tanto que las nuevas funciones del CEN hará que disponga de recursos permanentes para realizar y coordinar investigación, desarrollo e innovación en materia de energía, lo que es valorable. Pero hay que recordar que el presupuesto del Coordinador es 100% financiado por los clientes en el cargo por servicio público”, señaló Bustos.

“Hoy en día, el cargo por servicio público está en $0,7 kWh, pero estimamos que, de acuerdo a los requerimientos que pidió el coordinador y mayores recursos, llegaremos al $1 por kWh”, detalló. 

Y continuó: “El proyecto de ley agrega cargos y aumenta otros existentes para los clientes, mientras que la experiencia internacional para la transición energética determina que los costos se comparten y esa es la única manera de tener una transición justa (…) Y hasta será más caro electrificar consumos a futuro”. 

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