En el marco de la discusión general del proyecto de ley boletín Nº17.064-8 que amplía la cobertura del subsidio eléctrico, durante la mañana de este miércoles, el presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Sergio del Campo, presentó en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, un análisis detallado de los efectos que esta propuesta tendría en el mercado eléctrico, marcando la postura del gremio frente a varios puntos del proyecto impulsado por el Ejecutivo.
En primer lugar, el presidente destacó que la estimación de recaudación por concepto de IVA está subdimensionada en los cálculos del Ejecutivo. Según un estudio encargado por ACERA, los recursos potenciales derivados del aumento de recaudación de IVA por alza de tarifas eléctricas, que podrían destinarse al subsidio, serían considerablemente mayores. El Gobierno proyecta una recaudación anual de 80 millones de dólares, sin embargo, la metodología empleada no contempla el impacto que el subsidio tendría en el presupuesto de los hogares beneficiados. De acuerdo a los cálculos del estudio encargado a la consultora Vinken, asociada al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la recaudación real podría llegar hasta los 133 millones de dólares anuales, es decir, 53 millones adicionales, lo que plantea un escenario que permitiría aumentar la participación de los recursos fiscales para el financiamiento de los subsidios.
Asimismo, el presidente de ACERA advirtió que la implementación de la medida “Precio Preferente Pyme” generará perjuicios sobre los generadores con contratos de suministros de clientes regulados, quienes verán reducidos hasta 500 GWh/año de la energía que suministran. Esto pondría en riesgo el funcionamiento de las licitaciones del mercado regulado, ya que la expropiación de demanda propuesta, provocará un desbalance que impactará la estabilidad regulatoria y la certeza jurídica, pilares fundamentales para el desarrollo del sector eléctrico en Chile. Del Campo destacó que la percepción de riesgo aumentaría considerablemente, afectando la confianza de los inversionistas y, en consecuencia, incrementando los costos futuros de la energía.
Adicionalmente, el presidente del gremio se refirió a los impactos previstos para la medida “Cargo FET” a ser descontado de la compensación de precio estabilizado PMGD. “Resulta desproporcionado establecer un cargo del 35% de los ingresos a un segmento que representa menos del 9% de la capacidad instalada y apenas el 7,7% de la energía. En este sentido, las empresas PMGD están desempeñando un rol clave en la desconcentración del mercado energético, actuando como una plataforma inicial para inversionistas que luego avanzan hacia proyectos de mayor escala. La disminución de la competencia derivada de esta mayor incertidumbre representaría un retroceso significativo en los avances alcanzados en la última década”.
Finalmente, Sergio del Campo planteó reparos de carácter constitucional, argumentando que algunas de las medidas incluidas en el proyecto podrían ser vistas como expropiatorias, violando principios básicos de proporcionalidad e igualdad ante la ley. Este tipo de intervenciones, según explicó, no solo generan incertidumbre en el sector, sino que también ponen en riesgo inversiones actuales y futuras, afectando el desarrollo de la industria eléctrica.
ACERA reafirma su posición de que el subsidio debe ser financiado con recursos fiscales, y no con aportes del sector eléctrico, el cual ya ha enfrentado grandes desafíos por las políticas tarifarias de los últimos años. La congelación de tarifas entre 2019 y 2024 por parte del Estado es el origen del alza de precios que este subsidio pretende mitigar, pero las soluciones propuestas generan más problemas que beneficios a largo plazo. En este sentido, Del Campo abogó por la implementación de herramientas regulatorias más sostenibles que permitan una reducción efectiva de tarifas sin comprometer la estabilidad del sistema como por ejemplo fomentar la generación distribuida.
El proyecto de ley, en su forma actual, introduce riesgos regulatorios que ponen en jaque la viabilidad de las inversiones en el sector energético. Si no se ajustan estas medidas, las consecuencias serán evidentes: una menor competencia en el mercado y un aumento inevitable en los costos de la energía para todos los chilenos.
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