En un contexto donde las renovables ganan terreno en el mix energético de Latinoamérica, la necesidad de contar con un sistema eficiente de almacenamiento de energía se vuelve cada vez más apremiante.
Algunos países de la región ya dieron pasos adelante sobre las normativas legales y técnicas para la implementación de los sistemas de baterías (BESS) en diversos segmentos del sector energético, como por ejemplo Chile con el reglamento de transferencias de potencia (publicado en junio de este año) e incluso la concesión de terrenos fiscales para proyectos stand-alone.
Mientras que otros pusieron incluyeron las regulaciones para el almacenamiento en su agenda del cierre del 2024 o comienzos del 2025, como por ejemplo el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) de Brasil con foco puesto en los requisitos de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), procesos de integración y las reglas de planificación, programación, operación en tiempo real y post-operación.
Por ello, Alessandra Amaral, directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT), enfatizó la importancia de establecer regulaciones similares en la región que faciliten el uso y la integración de las baterías.
“Es probable que con el tiempo tengamos reemplazo de las fuentes firmes con almacenamiento más barato y con otras características. Por lo que sería oportuno tener regulaciones que fueran las más adecuadas y padronizadas en la región”, sugirió en conversación con Energía Estratégica, haciendo referencia a la evolución tecnológica y económica que puede transformar el panorama energético.
“Se ve un intercambio entre los reguladores de Iberoamérica con el deseo de tener una regulación homogénea y uniforme para propiciar el intercambio, porque el mercado es abierto y para que los suministros de los países sean similares”, subrayó.
Es decir que Amaral hizo un llamado a los gobiernos, reguladores y players de la región para que trabajen en conjunto en la creación de un marco normativo más coherente, que podría potenciar la inversión en tecnologías; porque de lo contrario podría limitar el potencial de crecimiento de los sistemas de almacenamiento, que son cruciales para garantizar una transición energética exitosa.
Incluso, la propia Asociación proyectó inversiones de USD 431.000 millones para la transición energética en Latinoamérica al 2040 (escenario optimista), que deberán ser desarrolladas exclusivamente por los operadores del sistema de distribución y que responden a vectores de electrificación de nuevos usos, electromovilidad, conexión de generación distribuida renovable, digitalización y automatización, infraestructura AMI, calidad de servicio, actualización de la red, almacenamiento en baterías, normalización/pérdidas y universalización de la energía.
Sin embargo, la implementación de un marco regulatorio uniforme no está exenta de desafíos. Hecho que no fue pasado por alto por la directora ejecutiva de ADELAT, quien señaló que “resulta algo difícil de lograr por las características particulares de cada país y por la conformación de la matriz energética».
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