Avanza la decisión de Gustavo Petro de asumir el control de las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia. En otros términos, y entre otras cosas, regular tarifas por medio de subsidios públicos.
“Hasta el momento no hay claridad de cómo se va a hacer esta intervención. Se habla del control de precios pero aún no se sabe bien cómo se instrumentará”, confía a Energía Estratégica Miguel Hernández Borrero, presidente de la Asociación Colombiana de Energía Solar (ACOSOL).
El dirigente advierte que, dependiendo de cómo se ejecute esta intervención, la misma podría ser muy nociva para el mercado del autoconsumo de energía renovable.
Explica: “Si las tarifas pasan a ser muy bajas, potenciales autogeneradores interesados van a reconsiderar si invertirán en este tipo de proyectos porque al ser la energía muy barata no será atractivo el retorno de la inversión”.
De acuerdo al referente de ACOSOL, actualmente un equipo de autogeneración se amortiza en cuatro años, a lo que si se le suman los beneficios tributarios el tiempo se reduce a un poco menos de tres años.
¿Cómo quedarían esos plazos si la tarifa eléctrica baja drásticamente por la aplicación de subsidios estatales? “Hay una incertidumbre muy grande que suma un problema más a la situación actual de costos más altos por inflación. No se sabe absolutamente nada; se sabe que se tomará el control en ciertos aspectos pero no cuáles: cómo se va a realizar, si es que el control de precios se segmentará a estratos bajos o a todos los usuarios”, remata Hernández Borrero.
Y solicita: “Desde ACOSOL pedimos que vinculen a entidades como la nuestra, que representamos a los usuarios generadores y está enfocada a toda la cadena de valor, para que escuchen nuestra posición”.
Cobro al transporte de energías reactivas
En otro frente, la entidad de energía solar de Colombia alarma el avance de la posibilidad de que los operadores de red cobren un impuesto extraordinario relacionado al transporte de energías reactivas, el cual sería habilitado por la Resolución CREG 701, que salió a consulta el 10 de enero pasado, hasta el 24 de ese mes. Ahora la CREG analiza su implementación.
“Si el proyecto se aplicara tal como está planteado, pues ya todos los operadores de red se acogerían a esa norma y, tanto los que hoy tienen exentos como los que decidieron no aplicarla, todos podrán ejecutar esta norma y eso será muy perjudicial”, advierte Hernández Borrero.
El presidente de ACOSOL asegura que “esto afectaría a todos los usuarios generadores a pequeña escala, principalmente residencial y comercial, donde si llega a salir en firme, van a pagar más en su factura de energía que antes de ser autogeneradores: Va a ser un claro desincentivo a la actividad”.
“Es una norma que prácticamente legaliza que todos los autogeneradores a pequeña escala queden dentro de la Resolución 015 y esto los afecta porque se le cobra la energía reactiva y esto desalienta totalmente la actividad”, explica.
De acuerdo a un relevamiento de ACOSOL, el 70% de todos los proyectos instalados a nivel país son menores a 100 kW.
Esto se explica porque “no se incentiva la inversión a proyectos mayores a 100 kW porque el costo que tiene que pagar el usuario por el intercambio de energía –kWh generados por los consumidos- es alto, una diferencia de casi el doble de lo que paga uno respecto al otro. Eso desincentiva a la empresa que quiere montar grandes proyectos”.
Efecto reactivo
En un caso concreto, Hernández Borrero detalla que un usuario que pagaba 600 mil pesos por su tarifa eléctrica, pasó a pagar 50 mil pesos por el ahorro que le generaron los equipos solares; pero con el nuevo impuesto de reactivas ahora paga 1,2 millones.
“Es decir, que pasó a pagar el doble que de antes de convertirse en autogenerador”, lamenta el especialista y remata: “Esto es algo que nos preocupa”.
La propuesta de ACOSOL
