En México, las autoridades federales siguen insistiendo con que la incorporación de energía eólica y solar complica la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Por ello, mantendrían las restricciones a estas centrales de generación impulsadas, en su gran mayoría, por la iniciativa privada. 

En la actualidad, tanto inversionistas locales como extranjeros se ven afectados por esta medida. Ahora bien, especialistas advierten que también México recibirá impactos negativos severos en el sector energético y ambiental. 

“Las enmiendas a la Ley General de Cambio Climático (LGCC) amplían el alcance de la Ley, ajustan e incluyen nuevas definiciones, al tiempo que adecuan y modifican facultades del gobierno nacional. La reforma establece el principio de progresividad (artículo 26) y respeto a los Derechos Humanos, igualdad de género y equidad intergeneracional con el objetivo de armonizar los preceptos del Acuerdo de París con el marco legal nacional”, introdujo Erick Hernández Gallego, accionista en Greenberg Traurig. 

“Sin embargo, con las nuevas políticas de restricción de energías renovables y con los proyectos de infraestructura del gobierno que generan impactos ambientales relevantes sin medidas de mitigación, los especialistas consideran que México no cumplirá con sus compromisos bajo las NDC”, agregó Erick Hernández durante un webinar de la firma a la que pertenece.

En el evento denominado «Impacto postelectoral en asuntos energéticos y ambientales de Estados Unidos y México», se advirtieron siete aspectos que complicaron el escenario actual: 

  • Disposiciones y regulaciones para restringir o reducir las energías renovables
  • Restricciones a la importación y exportación de hidrocarburos y productos de hidrocarburos
  • Cancelación de licitaciones públicas para invertir en proyectos de energía e hidrocarburos
  • Desaparición de los reguladores energéticos
  • Mayores poderes a Pemex y CFE frente al resto de actores privados para inhibir el libre comercio
  • Cancelación de programas ambientales por las políticas de austeridad de este nuevo gobierno
  • La priorización de los proyectos de infraestructura del gobierno que sí toman en cuenta el cumplimiento de las obligaciones ambientales

A partir de estos es que continúan surgiendo conflictos entre Estados Unidos y México. Uno de ellos fue expresado hace no más de un mes mediante una carta de reclamación de Estados Unidos a México para respetar compromisos con los inversionistas en el sector energético, carta que se suma a otras ya enviadas por los gobiernos de China y Canadá, durante el año pasado. 

¿Qué posibles soluciones hay? Siguiendo lo planteado por Greenberg Traurig, México aún necesitará analizar la política energética que tomará Biden para saber qué rumbo tomar y no complicar las relaciones con uno de los mercados más influyentes de su economía. 

“AMLO sigue intentando cambiar regulaciones y leyes pero debe tener mucho cuidado ya que México tiene obligaciones bajo el T-MEC, el Acuerdo de París y otros tratados internacionales, por los cuales se proyectan inversiones de empresas estadounidenses en México”. 

“Los inversores esperan que el nuevo gobierno de Biden ayude a presionar al gobierno mexicano para que cumpla con sus obligaciones ambientales y energéticas bajo el T-MEC y también una vez que EE. UU. se reinserte en el Acuerdo de París, presionar a los países latinoamericanos para que cumplan con sus obligaciones de reducción de GEI”, indicó  Erik Hernández. 

De acuerdo su análisis, “el T-MEC puede proporcionar una defensa”. Y, en el caso de que los reclamos no fueran posibles bajo el T-MEC, el referente de Greenberg Traurig señalo que sí podrían ser presentados bajo el ISDS del TLCAN antes de su eliminación.

“El T-MEC contiene una disposición de ISDS menos proyectiva para inversores de energía de EE. UU. en México en comparación con el TLCAN. Los inversionistas estadounidenses en el sector de petróleo y gas de México con contratos ganados por la CNH pueden encontrar que, fundamentalmente, aún pueden confiar en el ISDS tradicional para proteger sus inversiones. Los inversionistas estadounidenses en el sector solar y eólico, en cambio, pueden considerar avanzar con sus reclamos bajo otros tratados de inversión con México, o bajo el TLCAN mientras aún haya tiempo”, concluyó Hernández.