Cuatro años atrás, Colombia experimentaba un crecimiento acelerado de inversiones en proyectos renovables que parecía no tener fin y posicionaba al país como uno de los más avanzados de América Latina en diversificar su matriz.

Si bien las principales generadoras del país como EPM, Enel, Celsia e Isagen nunca han dejado de construir nuevos proyectos ante la fuerte demanda de energía, especialistas advierten un estancamiento en el avance de nuevas centrales limpias y demoras en la entrada en operación de desarrollos que ya están en periodo de pruebas.

Esto es altamente perjudicial para Colombia teniendo en cuenta que fenómenos climáticos adversos como “El Niño” obligan a reducir su dependencia hidroeléctrica para garantizar el suministro eléctrico nacional.

En este contexto, Miguel Lotero, ex viceministro de Energía de Colombia y experto en la formulación de políticas públicas para el sector minero energético, reconoce esa desaceleración del auge renovable y explica sus motivos en diálogo con Energía Estratégica. No obstante, es optimista y afirma que el interés de los inversionistas aún persiste.

Muchos expertos alertan por un parate en el boom de las renovables en Colombia. ¿Qué motivó ese estancamiento?

Hay varias razones. Desde el 2014 (con la promulgación de ley de renovables) hasta el 2018, la tasa de crecimiento de las energías renovables fue exponencial: pasamos de 0 de capacidad instalada en renovables a 1200 MW con las dos subastas al final del gobierno pasado. La tasa de crecimiento era muy impresionante y fácil de ver pero como era de esperar, ese crecimiento se fue estabilizando.

Además, hemos tenido una época difícil en el sentido de tasa de cambio y tasa de interés. El peso colombiano se debilitó respecto al dólar en los años de pandemia, lo cual complicó las inversiones renovables.

También, hubo una posición deliberada del gobierno actual de no acompañar a los proyectos.  El sector de energía en Colombia es muy poco sensible al gasto público: no necesita fondos del gobierno para desarrollar proyectos. En contraposición, el Estado sí debe dar seguridad en la regulación y acompañamiento al sector privado en el desarrollo, sobre todo, en los temas de permisología y en lo vinculado al acompañamiento en comunidades. Se produjo un desescalamiento importante frente a lo que pretendía el gobierno anterior y eso el sector lo ha sentido. 

Coyunturalmente, hubo una concentración muy alta del sector energético en Colombia en los últimos 6 y 8 meses de afrontar la situación de sequía y el fenómeno de El Niño y eso fue fundamental. Todo el sector estaba con la tensión puesta en eso.

Sumado a esto, ha habido bandazos regulatorios en los cuales se ha desfigurado la institucionalidad del sector. Hoy en día tenemos un solo comisionado simple del cuerpo regulatorio que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el resto de los 6 comisionados independientes no han sido nombrados en propiedad. Eso es un problema institucional bastante fuerte para el sector porque la comisión no está produciendo la regulación según las reacciones del mercado.

Debido a esa falta de funcionamiento de la CREG, el gobierno ejecutivo ha tomado algunas funciones que generaron inestabilidad en el corto plazo de lo que sucede en el sector. 

No obstante, a juzgar por las solicitudes de derecho de conexión de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), uno ve que los inversionistas no han dejado de tener interés por las renovables. Ejemplo de ello, es la capacidad de conexión a la red que se pide.

 El año pasado se asignaron alrededor de 7 GW en conexiones y esa generación era parte de un gran universo de las 57 GW adicionales que estaban en solicitud. Si tienes 57 GW en pipeline de los cuales asignas 7 GW y tu capacidad instalada total a nivel país es de entre 18/20 GW: estos números son un buen termómetro. A su vez, se espera a mitad de año con la UPME, que se puedan asignar alrededor de entre 6 y 9 GW otra vez.

Entonces, si bien señale las razones de desaceleramiento, uno mira que el interés de los inversionistas no ha bajado.

¿Por qué motivos cree que demoran tanto en entrar en operación los 1029 MW que tiene Colombia en periodo de pruebas?

Muchos de esos proyectos son desarrollados por una empresa y ejecutados por otra. Eso puede generar asimetrías de información que haya que cubrir en temas ambientales.

También en Colombia hay un tema de capacidad institucional de las entidades regionales y nacionales que están a cargo del permitting. Las regionales no tienen las capacidades técnicas para analizar ciertas cosas y hay retrasos porque los procesos no están bien habilitados. 

En el caso de las entidades nacionales como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), hay una saturación de la capacidad operativa que puede significar cuellos de botella. Adicionalmente, los proyectos que requieren consulta previa, necesitan un acompañamiento gigante del gobierno el cual se ha visto desescalado por la administración actual.

Si esta situación perdura, creemos que tres años es muy poco tiempo para que entren los casi 4 GW de proyectos asignados por la Subasta de Cargo de Confiabilidad. Las garantías ayudan a filtrar la seriedad del desarrollo y la financiación pero es complejo porque son difíciles de conseguir para algunos desarrolladores.

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