El Interventor del  ENARGAS,  Federico Bernal,  presentó una denuncia penal  contra el ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y otros ex funcionarios del sector, por “presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria”, detectada  a raíz de las auditorías  encaradas por el organismo.

Tal manipulación habría redundado “en ingresos en exceso (para las empresas)  para el quinquenio 2017-2021 por al menos 1.343 millones de dólares)”, detalla la denuncia.

A través de un comunicado el funcionario explicó la denuncia  “en el marco de las obligaciones dispuestas por el decreto 278/20 (de intervención) y la Ley (de emergencia) 27.541,  en las revisiones “llevadas adelante en casos como Transportadora de Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana”.

El Ente Regulador comunicó haber hallado “nuevas anomalías que trasuntan en ilícitos penales”  en el marco de las auditorías y revisiones mencionadas  que, “como funcionario público, se encuentra obligado a denunciar”.

“Derivadas de tales auditorías, y además de una serie de irregularidades y vicios administrativos  que llevaron al ENARGAS a recomendar (hace varias semanas) al Poder Ejecutivo Nacional declarar nulas las resoluciones de la Revisión Tarifaria Integral  (RTI) para ambas licenciatarias, se verifican ahora  comportamientos y conductas que a primera vista encuentran encuadre en el Código Penal la Nación”, señala el comunicado .

Dichos comportamientos y conductas , describe la denuncia presentada,  resultan “en al menos  los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta,  debiendo responder en calidad de co-autores (art. 45 Código Penal)”.

El texto difundido señala que “la denuncia se dirige también contra todas aquellas personas que eventualmente se identifiquen como penalmente responsables de los hechos que se pesquisarán”.

En consecuencia, Bernal denuncia penalmente a Aranguren,  Daniel Alberto Perrone, ex Subinterventor y posterior Director de ENARGAS;  Andrés Chambouleyron, ex Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del ex MINEM , David Tezanos, ex Interventor del  ENARGAS; y a Andrés Ferraris, ex Director Nacional de Política Tarifaria y luego Director Nacional de Economía de los Hidrocarburos en el ex MINEM.

También, denuncia a Juan Manuel Carassale, ex Jefe de Gabinete del MINEM; y a  Graciela Bevacqua, ex Directora Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) según Decreto 181/2015.

A modo de síntesis la denuncia de sustenta en una “presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria, la cual tiene enorme relevancia en el cálculo tarifario, dado que incide en la tarifa desde dos puntos de vista, a saber:  Rentabilidad y Amortizaciones”. ”Lógicamente, ello impacta en la tarifa de los usuarios y las usuarias” se puntualizó.

“La maniobra que se denuncia es que se habría manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la Base Tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes, muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente, a fin de asegurarles a dichas empresas un ingreso indebido solventado por los usuarios y las usuarias al pagar periódicamente las facturas de gas”, describe el comunicado.

El proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos que culminó en el 2017 con la elección de una combinación de índices de precios que redundaron en un factor de actualización sobre la base tarifaria de “33” (de punta a punta, desde enero de 1993 a diciembre del 2016), tuvo un efecto sobre las tarifas del servicio que se refleja en los mayores montos en concepto de rentabilidad y amortizaciones que les aportaron a las licenciatarias del servicio de gas por redes ingresos en exceso para el quinquenio 2017-2021 por al menos 21.255 millones de pesos constantes de diciembre de 2016 (equivalente a  1.343 millones de dólares)”, detalla la denuncia.

Y agrega que ese monto resulta  “si se los compara con una propuesta alternativa analizada por los mismos funcionarios involucrados, consistente en una combinación de índices nacionales que llevaban a una actualización sobre la base tarifaria de “24” veces, que –casual y sospechosamente- coincide con el resultado de aplicar la previsión original del marco regulatorio de los años ’90, esto es mantener las tarifas en dólares”.

El Enargas señala ahora que “este sobredimensionamiento está siendo soportado injustificadamente por los casi nueve millones (9.000.000) de usuarios y usuarias del servicio público. Estas conductas efectuadas con la finalidad de llevar artificialmente el factor de actualización a 33, significó un incremento del  3.300 %  para este componente tarifario”.

“Esta manipulación que se denuncia, no solo tuvo ese efecto gravísimo en la economía de los argentinos y los argentinas en calidad de usuarios y usuarias de este servicio público, sino que además se debió presuntamente, según las pruebas que se han obtenido, a incorporar dentro de su cálculo presuntas indemnizaciones por perjuicios ante el CIADI (organismo internacional dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones), por denuncias que ni siquiera se habían hecho a pesar del paso de los años y que, en caso de hacerse, tienen un resultado incierto (pueden perder como ganar)”, refiere la denuncia.

“Al incluirse los montos por eventuales reclamos ante el CIADI, se garantizaba al 100% de los accionistas de las empresas de gas el recupero, vía tarifa -a costa de los usuarios y usuarias-,de algo que ni siquiera había sido presentado ante ese tribunal, por montos hipotéticos, y que, a todo evento, no correspondía en atención a lo que determinaban las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral”, remarca la denuncia.