Andrés Manuel López Obrador, mandatario federal de México, sigue con la idea de llevar a cabo una reforma constitucional en materia energética y durante el tercer informe del gobierno afirmó que durante septiembre enviará la iniciativa al Congreso de la Unión.
“Este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional, que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular”, fueron sus palabras.
“La transformación está en marcha. Y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno”, ratificó en esta ocasión.
Y continuó: “Pero lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas”.
Sin embargo, desde el sector de las renovables ven difícil que esta iniciativa continúe su camino en el Poder Legislativo.
“Es muy probable que este sea un ardid propagandístico más que un intento de reforma porque no tiene los votos suficientes en el Senado ni en la Cámara de Diputados para lograr una reforma constitucional, manifestó Víctor Ramírez, vocero en Plataforma México Clima y Energía y consultor independiente del sector energético, en una entrevista con Energía Estratégica.
Con ello hizo alusión que para que se dé una modificación a la Constitución, se requiere que estén a favor dos terceras partes de la Cámara Baja como de la Cámara Alta – diputados y senadores – y posteriormente que la aprueben la mitad más uno de los congresos locales.
“El problema de esta reforma que plantea desde el gobierno, básicamente es darle un poder o regresarle un poder monopólico a la Comisión Federal de Electricidad y va en contra de prácticamente todos los acuerdos internacionales que México tiene firmado en materia de comercio y de inversiones”, explicó el especialista.
“Habría un problema de incompatibilidad que, además, le traería muchos conflictos a México en temas de controversias internacionales y el país saldría perdiendo, por ello y porque es la reforma perfecta para ahuyentar lo que aún queda de inversión extranjera. Significa ralentizar la economía e incluso a nivel nacional”, agregó.
Ramírez hizo hincapié en que “el presidente necesita bandera y enemigos para intentar luchar en la opinión pública y en el debate electoral que el mal manejo de la pandemia lo ha hecho perder puntos”. “Y eso es parte de tomar ese nacionalismo que lo llevó a ser parte de buena parte de la opinión positiva nacional”.
Es preciso recordar que esta no es la primera vez que el presidente mexicano se muestra a favor de modificar la carta magna del país y darle un mayor poder a la empresa productiva del estado como lo es CFE.
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E incluso en su campaña electoral para el presente sexenio en reiteradas ocasiones mencionó que revisaría la reforma energética realizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013.
