Ana Aneise, economista especializada en energía y cambio climático e integrante de Fundar, analizó las oportunidades de desarrollo y de diversificación de la matriz energética que tiene la Argentina y advirtió cuáles serán los desafíos que deberá atravesar el sector en los próximos años. En diálogo con EconoJournal, Aneise advirtió sobre el rol que podrá jugar Vaca Muerta para impulsar la transición energética en el país y sostuvo que la contribución más evidente será con el gas natural, mediante la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) a nivel global. La especialista en energía y cambio climático aseveró que “si bien es probable que estos usos no se alineen con una trayectoria de emisiones compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C, sí implican una reducción de emisiones en comparación con el escenario contrafáctico”. También marcó la necesidad de contar con una Ley de Eficiencia Energética en el país: «La eficiencia energética es la fuente más barata de todas porque es energía que se ahorra, y en ese sentido creo que es un gran impulsor del desarrollo económico».

Ana Aneise, economista especializada en energía y cambio climático e integrante de Fundar

—¿Cuáles cree que son los principales desafíos para la diversificación de la matriz energética en la Argentina?

–La principal vía para diversificar la matriz energética argentina hoy es la incorporación de generación renovable. A más largo plazo se pueden pensar en otras tecnologías. Y los principales desafíos son aquellos vinculados a la incorporación de este tipo de energía. En primer lugar, los cuellos de botella en el transporte de alta tensión, por la saturación. En segundo lugar, lograr acceder a financiamiento para esos proyectos, algo que en un país con la inestabilidad de la Argentina no es trivial, pero que además está siendo un desafío para el conjunto de países en vías de desarrollo. En tercer lugar, tener algún tipo de predictibilidad en el marco regulatorio.

La Ley 27.191 de Promoción de Energía Renovable se vence este año, por eso es importante pensar cuáles son las metas de largo plazo que van a ordenar el despliegue de renovables de aquí en adelante y cómo se va a articular ese proceso con la necesidad de generación flexible, o con las posibilidades de incrementar el gerenciamiento de la demanda. Estas son preguntas que requieren una visión del conjunto del sistema y cuya formulación debería estar liderada por el Poder Ejecutivo Nacional.  No obstante, estas limitaciones, hoy la generación distribuida es una vía para sortear las dificultades que se plantean en el sistema interconectado, y es un ámbito además plausible de ser impulsado por las provincias, lo que lo hace hoy una vía interesante para avanzar en la incorporación de renovables. 

—¿Qué rol puede jugar el desarrollo de Vaca Muerta para impulsar la transición energética en el país y también a nivel global?

–A nivel global, la contribución más evidente es la del gas natural, tanto en el mercado regional como, especialmente, a través de su exportación como GNL hacia mercados internacionales. En estos casos, puede reemplazar GNL proveniente de proveedores más distantes —con mayores emisiones asociadas al transporte— o carbón para generación eléctrica. Si bien es probable que estos usos no se alineen con una trayectoria de emisiones compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C, sí implican una reducción de emisiones en comparación con el escenario contrafáctico.

A nivel local, el gas viene desplazando la generación eléctrica a partir de combustibles líquidos, lo que no sólo reduce las importaciones de energía, sino que también disminuye las emisiones, representando así un avance parcial en la descarbonización. De cara al futuro. El rol de Vaca Muerta adquiere una dimensión más indirecta y económica, vinculada a la capacidad de generar divisas, contribuir a la estabilización macroeconómica y así habilitar el acceso a financiamiento.

Eficiencia energética

Aneise hizo referencia a las medidas de eficiencia energética que se podrían implementar para reducir el consumo sin afectar el desarrollo y crecimiento del país. Sobre este punto hizo foco en los principales obstáculos que suelen aparecen a la hora de implementar estas medidas como el recupero de las inversiones y el acceso a financiamiento.

—¿Qué políticas de eficiencia energética podrían ayudar a reducir el consumo?

–La eficiencia energética es la fuente más barata de todas porque es energía que se ahorra, y en ese sentido creo que es un gran impulsor del desarrollo económico. No existe una única solución ni siquiera dentro de un mismo sector; las políticas y medidas son diversas. Por ejemplo, en el sector de la construcción, más de la mitad de las oportunidades de reducción del consumo provienen de mejoras en la climatización, seguidas por el aumento en la eficiencia de los electrodomésticos. En la industria, si bien la atención suele centrarse en sectores altamente intensivos en energía, como el hierro y el acero, existen enormes oportunidades de eficiencia en una amplia variedad de actividades más fragmentadas.

Los principales obstáculos para avanzar en esta dirección suelen estar relacionados con el horizonte de recupero de las inversiones, determinado por el costo de la energía, y con el acceso a financiamiento a tasas competitivas. Pero, en la Argentina cabe mencionar la ausencia de políticas públicas en este ámbito. Somos de los pocos países de la región que no tiene una Ley de Eficiencia Energética que plantee metas claras y una hoja de ruta para avanzar. Como resultado, muchos esfuerzos quedan en manos de las provincias, lo que, si bien puede generar avances, también contribuye a una gran heterogeneidad y a la falta de previsibilidad en la implementación de mejoras a nivel nacional.

Sistema eléctrico e incorporación de renovables

–¿Cómo considera que el país puede solucionar el cuello de botella que representa la infraestructura para integrar e incrementar el porcentaje de renovables en el sistema eléctrico?

–Este problema tiene raíces estructurales en el diseño regulatorio del sistema: el transportista de alta tensión, cuya remuneración está regulada por el ENRE, solo tiene obligación de operar y mantener las redes existentes, pero no de ampliarlas. En el esquema original, inspirado en un enfoque market driven, la expansión debía surgir de un acuerdo entre la oferta y la demanda, algo que en la Argentina suele fracasar por las condiciones macroeconómicas adversas y la falta de señales claras para coordinar esas inversiones.

Una alternativa que estuvo sobre la mesa es financiar la obra del AMBA I mediante un cargo fijo en las facturas de electricidad, con el sistema de estampillado, pero esta opción quedó congelada. Y pareciera ser que el contexto de aparente estabilización económica renueva en el gobierno la esperanza de que inversores privados puedan acceder a financiamiento internacional y hacer las obras. Si bien sería deseable que ese fuera el caso, siempre y cuando las tasas fueran asequibles, el nivel de postergación en obras tan importantes para la seguridad y eficiencia del sistema dan para pensar que es preferible una solución transitoria, que no quede supeditada a la estabilización macroeconómica. Sería pertinente evaluar una reforma regulatoria, y en términos generales garantizar tarifas acordes al segmento del transporte.

El desarrollo de la Argentina post Vaca Muerta

Si bien la Argentina tiene aún un horizonte muy amplio por explorar y grandes oportunidades de desarrollo y de exportación de la mano de Vaca Muerta gracias a su enorme potencial hidrocarburífero, Aneise reflexionó sobre las cuestiones fundamentales a tener en cuenta para pensar en la Argentina del futuro, más allá de la riqueza de la formación que será aprovechada en la ventana de oportunidad que ofrece la transición energética.

—¿Qué criterios se deberían tener en cuenta a la hora de pensar en la Argentina post-Vaca Muerta?

–Ante todo, con los criterios que sean, lo importante es pensarlo. La atención está demasiado puesta en cómo maximizar la extracción de esos recursos en la ventana temporal que habilite la transición energética, lo cual es razonable, pero muy poco en cómo esa renta debería aportar a objetivos de desarrollo, más allá de la estabilización macroeconómica. En lo inmediato, que los recursos fiscales, tanto nacionales como provinciales, contribuyan, al menos parcialmente, a financiar bienes y servicios que aporten a sostener el bienestar económico cuando el recurso no esté: obras de infraestructura, inversión en educación, salud, ciencia y tecnología, entre tantas otras. Parece tal vez lejano pensar en un Fondo Soberano a nivel nacional, como el que tiene Neuquén por la cantidad de deudas previas que tiene la Argentina, pero al menos parte de la discusión debería ir hacia allí.

Luego, es necesario también pensar en cómo se inscribe la explotación de Vaca Muerta en los compromisos climáticos de la Argentina, no sólo en términos de su rol para la matriz energética local sino sobre todo las emisiones del upstream. En tercer lugar, es necesario una correcta calibración de las inversiones capital intensivas considerando la naturaleza limitada de la ventana de oportunidad temporal para la explotación de los recursos hidrocarburíferos. Ahora con la llegada de Trump a la Casa Blanca pareciera que los tiempos de la transición se ralentizan nuevamente, pero esa velocidad es dinámica y está en transformación por eventos impredecibles como el COVID-19 o la guerra en Ucrania. Entonces, hay un desafío concreto para las decisiones de inversión con largos horizontes temporales o el diseño de la política pública, algo que vale no solo para Vaca Muerta sino también para la exploración off-shore en el Mar Argentino. Las empresas están acostumbradas a este tipo de evaluaciones en función de ciertos riesgos, pero es una discusión mucho más ausente al interior del Estado.

—¿Cómo está impactando el cambio climático en la generación y el consumo de energía en la Argentina?

–El impacto más evidente sobre la generación es la mayor variabilidad en la disponibilidad de recursos hídricos, fundamentales para la generación hidroeléctrica. Las sequías, más frecuentes e intensas en algunas regiones, reducen los caudales de los ríos y limitan la producción hidroeléctrica, aumentando la necesidad de recurrir a fuentes térmicas, que suelen ser más costosas y emisoras de Gases de Efecto Invernadero (GEI). A esto se suma como agravante que existe una enorme incertidumbre en las proyecciones climáticas, especialmente respecto a las precipitaciones. También, en el caso de la generación termoeléctrica otro factor relevante es la menor eficiencia de las centrales en días de calor extremo. Esto tiene que ver con que los sistemas de refrigeración dependen de fuentes de agua que pueden estar más calientes o con menor disponibilidad, reduciendo la capacidad operativa de las plantas y afectando su rendimiento.

En lo que respecta a la demanda, el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de olas de calor impulsan el consumo eléctrico, especialmente por el uso creciente de aire acondicionado. Esto no solo genera picos de demanda que pueden sobrecargar la infraestructura de distribución, sino que también plantea el desafío de reforzar el sistema para abastecer estos picos, lo que resulta costoso y requiere inversiones en almacenamiento o generación flexible para garantizar la estabilidad de la red. Una alternativa es implementar esquemas de gerenciamiento de la demanda, donde los consumidores reciban señales de precio que reflejen los costos diferenciales del sistema en esos momentos. Sin embargo, esto también requiere una inversión en medidores inteligentes, una tecnología que aún está lejos de ser ampliamente adoptada en la Argentina.

Cambio climático y la postura del gobierno de Javier Milei

—¿Qué cuestiones considera que se deben tener en cuenta para que uno de los ejes clave en la planificación de políticas públicas sea la cuestión ambiental?

–Dada la importancia de los combustibles fósiles en el funcionamiento de las sociedades modernas, la transición hacia una economía baja en carbono requiere un cambio profundo, en donde algunos sectores deben expandirse rápidamente para aumentar su producción y participación en el mercado, mientras que otros deben transformarse radicalmente o achicarse hasta desaparecer. Estos procesos se dan de manera simultánea y, en ocasiones, contradictoria, con marchas y contramarchas, lo cual abre un período de “transición intermedia”. Este período engendra riesgos e incertidumbres porque la coordinación entre los actores internacionales es imperfecta porque la velocidad de la transición y las tecnologías que se impondrán son inciertas, y porque la magnitud de los impactos de los eventos climáticos resulta en ocasiones impredecible.

Para la Argentina, es importante no confundir la responsabilidad histórica en relación al cambio climático, que es cierto que es limitada, con la falta de necesidad de abordar la agenda y tener una estrategia. Si bien no tenemos incidencia directa sobre el rumbo y velocidad de la transición, todo está crecientemente atravesado por el cambio climático y no podemos ignorarlo. Desde el impacto que tiene sobre el sector agropecuario y nuestras exportaciones y recaudación, los daños que generan las inundaciones e incendios, y el impacto en la salud de la proliferación de vectores de enfermedades y olas de calor, hasta entender cómo la demanda internacional de hidrocarburos y minerales estará atravesada por la velocidad y formato que vaya adoptando la transición. Además, al compararnos con la región, nuestra matriz eléctrica es significativamente más sucia: la matriz eléctrica de Brasil, por ejemplo, tiene una participación de 90% de energías limpias, en Paraguay del 100%, en Uruguay del 89%, incluso en Chile del 60%, y en Argentina, dicha cifra fue de apenas un 40,4% en 2023.

El negacionismo climático de Milei solo obtura y atrasa discusiones necesarias respecto a cómo insertarnos en esta transformación global de un modo que impulse nuestro crecimiento y desarrollo. Por eso, es necesario más que nunca que otros actores, como gobiernos provinciales, cámaras empresarias, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, tomen la discusión y avancen la agenda en la medida de sus posibilidades.

—Muchos países han implementado políticas e invertido recursos para impulsar la transición energética. ¿Cómo cree que la Argentina debería encarar este proceso?

— La Argentina es un país con recursos fiscales escasos, acceso limitado a los mercados de capitales, cuantiosos recursos hidrocarburíferos y que no pauta el ritmo de la transición, sino que la toma como dato. Eso ya introduce bastantes consideraciones o particularidades al abordaje que pueda tener la política pública con respecto al tema. Existe espacio para maximizar oportunidades y minimizar riesgos asociados a la descarbonización global, y el contexto actual obliga a rediscutir ciertas cuestiones que deberían ser obvias. En primer lugar, es importante que la Argentina forme parte de este proceso, a su ritmo y según sus circunstancias, pero que no lo ignore. Para ello, es clave que no se retire del Acuerdo de París. Más allá de que para ello debería pasar por el Congreso, el mero hecho de estar considerándolo es perjudicial en términos reputacionales, además de en términos de acceso a financiamiento y a mercados de exportación. Sumado a esto, nuestro país necesita contar con una estrategia clara de mitigación a 2035, que defina la contribución específica de cada sector al cumplimiento de la meta de reducción de emisiones.

En segundo lugar, debe establecerse un lineamiento claro para aquellos temas que resulten críticos, como por ejemplo la explotación de los recursos hidrocarburíferos, no solo de Vaca Muerta sino del resto de las cuencas productivas actualmente y otras potenciales, como las offshore. Es importante tener presente el riesgo de activos varados, sopesar qué inversiones debe y cuáles no debe hacer el propio Estado (en cualquiera de sus niveles), establecer normativa clara respecto a la medición y mitigación de las emisiones asociadas a la actividad, entre muchos otros aspectos.

En tercer lugar, deberá acelerarse la descarbonización de la matriz eléctrica local. Para ello, será necesario abordar cuestiones que han tenido un desarrollo inconsistente en las últimas décadas, como la ampliación de la capacidad de transporte eléctrico y las medidas de eficiencia energética, así como otras que emergen cada vez con más fuerza como el almacenamiento energético, el gerenciamiento de la demanda con redes inteligentes, y el avance de la generación distribuida. También hay una discusión sobre incentivos, que el propio gobierno había traído en su momento, sobre la posibilidad de diseñar un mercado de carbono en la Argentina. Hoy estamos lejos, pero cabría pensar que es una herramienta útil a ese fin.

Oportunidades

Además de las grandes oportunidades que se le presentan a la Argentina respecto a Vaca Muerta, el país cuenta con un alto potencial en lo que a energías limpias se refiere. Por esta razón, y teniendo en cuenta el escenario global, en los próximos años podría convertirse en un país exportador de energía tanto con el GNL, el hidrógeno verde y los minerales críticos.

—¿Qué oportunidades tiene la Argentina de exportar energía limpia a nivel regional? ¿Y a nivel global?

–Efectivamente hay posibilidad de ampliar y diversificar nuestra matriz productiva y exportadora a partir de los cambios en los mercados que genera la transición a la sostenibilidad. Desde exportar GNL y proveer los minerales para las tecnologías limpias, hasta insertarnos en segmentos de mayor valor agregado como los SMR o el hidrógeno verde y su cadena de valor. No obstante, estos cambios no serán automáticos. Mientras algunas oportunidades serán tal vez más impulsadas por la propia acción del mercado, otras precisarán de diversas escalas de intervención estatal, desde garantizar determinadas condiciones de entorno hasta la apuesta directa a ciertos sectores considerados estratégicos. La competencia es y será cada vez más dura, y los países en vías de desarrollo no tienen fácil ni allanado el camino a capitalizar los beneficios de la transición. Pero sí existen ciertos motivos para ser optimistas respecto a que es posible como por ejemplo el creciente interés por recursos estratégicos de los países en desarrollo les ofrecen nuevos mecanismos productivos y diplomáticos para apalancar su proceso de desarrollo; además de que la creciente legitimidad que tienen los instrumentos de política industrial en las instituciones de la gobernanza económica internacional —como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— abren nuevos espacios de intervención y política que antes estaban más vedados.

En la Argentina hay muchas avenidas posibles para avanzar. Ninguna de ellas es sencilla ni automática, pero es importante primero reconocer la importancia de esta transformación global y entender que insertarnos en ella excede las convicciones ideológicas, sino que se reduce a una cuestión económica y de desarrollo. En Fundar venimos publicando numerosos documentos sobre la cadena de valor de la minería del litio, electromovilidad, biotecnología, complejidad económica verde, energías limpias, todos ellos con diagnósticos y propuestas para avanzar en este sentido.

—¿Qué papel podría llegar a ocupar el hidrógeno?

–La realidad es que existe una incertidumbre importante respecto a la relevancia que va a tener el hidrógeno en la matriz energética global y la velocidad de su desarrollo. Sin embargo, la potencial magnitud de su demanda y las excelentes condiciones que tiene la Argentina para su producción, además de su capacidad para transformar el tejido industrial de nuestro país, hacen que valga la pena tener una estrategia para aprovechar esa posible ventana de oportunidad. Junto con Elisabeth Möhle desde Fundar venimos trabajando en cómo debería ser una ley de promoción, en el marco de las discusiones que se venían dando en el Congreso de la Nación hasta el año pasado. Hay un desafío concreto de lograr un marco normativo que brinde previsibilidad, atraiga las inversiones necesarias para su crecimiento y a la vez fomente el desarrollo de la cadena de valor. En ese sentido, las decisiones que se tomen respecto a los tipos de hidrógeno que serán objeto de promoción (verde y/o azul), los montos mínimos de inversión del régimen, los plazos, los beneficios y los requerimientos de contenido local, entre otros, serán críticos.

 

, Loana Tejero