A tres meses de finalizar el Gobierno de Sebastián Piñera, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Ley para incentivar la utilización del almacenamiento de energía a través de baterías, y fomentar además la electromovilidad.

La iniciativa ingresó a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y Diputadas; deberá también discutirse en la Comisión de Hacienda.

El Gobierno tiene la intención que el proyecto se apruebe velozmente, antes que finalice su gestión, ya que fue declarada con el “Mensaje 363-369”, que “hace presente la urgencia Discusión inmediata”.

Para Teresita Vial, Directora de la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL), la iniciativa es interesante, pero requerirá complementos técnicos y remunerativos.

En diálogo con Energía Estratégica, la especialista explica que el proyecto introduce cambios sobre la Ley General de Servicios Eléctricos.

“La ley, en el Título II BIS que regula la Coordinación y operación del Sistema, Eléctrico Nacional, indica quiénes pueden participar del mercado de transferencias de energía y potencia, y hasta ahora no estaban incluidos los sistemas de almacenamiento. Entonces lo que se hace ahora es incluirlo en estos artículos”, señala.

La analista observa que, con este proyecto, se propone la posibilidad que se remunere la inyección de energía eléctrica y aporte de potencia de las baterías a nivel de la transmisión, y que, del mismo modo, se incorpore esa misma posibilidad a nivel de la distribución como PMGD, es decir, proyectos descentralizados de hasta 9 MW.

“Esto significa que uno va a poder instalar una batería sola, sin necesidad de que exista un proyecto solar o eólico al que se acople. Es decir, iguala a la batería sola con cualquier otro medio de generación”, precisa la Directora de ACESOL.

El proyecto, además, se refiere al almacenamiento a nivel Net Billing (conexiones para autogeneración de hasta 300 kW). “Tal como está indicado en el proyecto, se podría poner una batería en una casa, almacenar energía y luego inyectarla a la red durante las horas de no uso de la misma, pero no se indican detalles tales como, de donde se podrá obtener la energía para cargar esa batería”, advierte Vial.

“Asimismo, se indica la posibilidad de que un vehículo eléctrico inyecte la energía almacenada a las redes de distribución, y en consecuencia se sumaría un nuevo actor a la generación distribuida. Esto último, a priori, nos genera cierta preocupación de cómo convivirán todos esos actores sin una regulación adecuada, que vendría a ser ley de medios energéticos distribuidos, cuya tramitación aún no se inicia”, comenta Vial.

Pero todo esto, ¿en que condiciones se aplicará? Vial responde: “El mercado de transferencia de potencia y energía de las baterías se remunerará de la misma forma que al resto de los participantes de dichos mercados, a costo marginal en el caso de la energía y al precio nudo de la potencia en caso de aporte de esta, pero que los detalles de como se regularán dichos inyecciones o aportes, y en que condiciones se remunerarán, serán determinados en un reglamento. Además también se tendrán que precisar los detalles técnicos, de seguridad, conexión, coordinación y operación de estas también a través de un reglamento y posiblemente también una norma técnica”.

“Si bien el proyecto constituye un avance en la implementación de los sistemas de almacenamiento, por ahora, y hasta que no se dicte el reglamento es un proyecto que no tiene mucha utilidad práctica, porque todo va a depender de cómo se bajen los requisitos y condiciones de implentación y operación”, resume la experta.

Y advierte que por más que el proyecto se apruebe rápidamente, los aspectos técnicos podrían demorar un buen tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que habrá recambio de funcionarios dentro de la CNE con la llegada del nuevo Gobierno a partir del 11 de marzo del 2022, fecha en la cual deberá asumir inmediatamente el nuevo Presidente electo de la segunda vuelta, que se celebrará el próximo domingo 19 de diciembre.