Según el Observatorio de Tarifas y subsidios IIEP perteneciente a la UBA_CONICET, en su informe de abril de 2025, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin subsidios, debió destinar $142.548 para cubrir sus necesidades de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte. Esta cifra representa una reducción del 2,8% respecto de marzo, pero implica un aumento interanual del 42%. La disminución mensual se explica, fundamentalmente, por la baja estacional del consumo eléctrico y el impacto limitado de los aumentos tarifarios.

La estructura del gasto revela que el transporte representa la mayor proporción: $60.891 por hogar. Le siguen el agua con $28.987, la electricidad con $28.691 y el gas natural con $24.015. En conjunto, los usuarios del AMBA cubren en promedio el 60% del costo real de los servicios, mientras que el Estado afronta el 40% restante.

A nivel interanual, los aumentos más significativos se observaron en el transporte (49%) y en la electricidad (46%), seguidos por el agua (41%) y el gas natural (27%). No obstante, la tarifa de gas acumuló desde diciembre de 2023 un alza del 746%, superando ampliamente al resto de los servicios. En términos globales, la canasta de servicios públicos en el AMBA se incrementó 414% desde diciembre de 2023, frente a un 144% del nivel general de precios.

Este nuevo equilibrio tarifario se enmarca en un proceso de reconfiguración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Unos 2,1 millones de hogares dejaron de pertenecer al segmento N2 de bajos ingresos, siendo reclasificados principalmente como N1 (altos ingresos). Este cambio alteró la cobertura promedio del costo de los servicios, al reducir el universo subsidiado y aumentar la proporción cubierta por el usuario.

La factura media de electricidad, por ejemplo, tiene una cobertura del 100% en los hogares N1, del 46% en los N3 (ingresos medios) y del 30% en los N2. En gas natural, la cobertura es del 88% para N1, 29% para N3 y 23% para N2. A pesar de los aumentos, ambas facturas –de electricidad y gas– continúan en términos reales por debajo de los niveles de 2019.

El peso de la canasta sobre el salario promedio estimado (RIPTE) se ubica en el 10,3%. Para los hogares N1, los servicios energéticos (gas y electricidad) representan el 4,7% del salario promedio, mientras que para N2 y N3 el peso es del 3,1% y 3,5% respectivamente. Si se considera el ingreso mínimo del segmento, los servicios energéticos implican el 1,6% en N1, 7% en N2 y 4,3% en N3.

Cobertura de costos de los servicios públicos desagregada

En lo relativo a los subsidios, el gasto acumulado al 17 de abril de 2025 mostró una reducción nominal del 53% respecto del mismo periodo del año anterior, lo que implica una caída real del 69%. Esta contracción responde a menores transferencias a CAMMESA (-58% nominal, -71% real), ENARSA (-95% nominal, -97% real) y al Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte (-24% nominal, -54% real). En contraste, el Plan Gas.Ar tuvo un incremento del 171% nominal (67% real), reflejando el cambio estructural en la matriz energética por sustitución de importaciones.

En términos globales, los subsidios energéticos representaron el 52% del total de subsidios acumulados y experimentaron una merma real del 78%. Por su parte, los subsidios al transporte representaron el 48% y cayeron 42% en términos reales. De este modo, los subsidios a energía y transporte pasaron a representar solo el 3,4% del gasto primario de la administración nacional acumulado a marzo, la mitad que en igual período de 2024. El 9,4% del superávit fiscal primario del período se explica por la caída de estos subsidios.

La deuda flotante acumulada por el Estado Nacional, originada en la diferencia entre gastos devengados y pagos efectivos, ascendió a $114.106 millones en 2024, concentrándose en el Fondo Fiduciario del Transporte, que aportó el 80% del total. En cambio, CAMMESA y ENARSA no contribuyeron a esta deuda en el mismo período.

En cuanto al transporte público, en mayo se espera un nuevo aumento en las tarifas del AMBA, conforme al mecanismo de indexación que añade 2% al IPC mensual. La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia registrarán un ahorro conjunto superior a $17.000 millones por la reducción de subsidios.

En el interior del país, tras la eliminación del Fondo de Compensación, las tarifas de colectivos superan los $1.000 en numerosas ciudades. El promedio ponderado es de $1.100, frente a un boleto mínimo de $371 en el AMBA. En consecuencia, el transporte del interior se torna proporcionalmente más oneroso en relación al salario mínimo, comparado con otras ciudades latinoamericanas como Santiago o San Pablo.

La interoperabilidad de medios de pago en el sistema SUBE, dispuesta por el DNU 698/2024, está cambiando el modo de financiar el transporte. La reducción de la comisión al 4,5% y la incorporación de nuevos adquirentes generaron competencia en las comisiones, beneficiando a los usuarios del Subte. La participación de pagos con tarjetas en este medio alcanzó un 20% en días hábiles de diciembre.

Finalmente, el costo técnico del servicio automotor del AMBA calculado por el IIEP asciende a $1.480 por pasajero, mientras que el costo reconocido por el Estado Nacional es de $1.019. Esta diferencia revela un desajuste metodológico más que una convergencia real de precios.