A través de una circular (descargar) la cartera de Energía, conducida por Diego Mesa, se oficializó una nueva prórroga del plazo para la firma de contratos y entrega de las garantías de compradores y vendedores asignados en la subasta de energías renovables del año pasado.
De ese modo, fue reemplazada la fecha límite para la rúbrica de estos acuerdos (que se había fijado para el día de hoy) al 18 de marzo próximo.
La decisión es bien recibida por el sector de los comercializadores, ya que algunos de ellos se mostraban reacios a firmar estos compromisos por no estar de acuerdo con los precios.
Desde el Gobierno amenazaron que, de no firmar, se aplicarían sanciones, y es allí que se empezaron a tensar los ánimos. Ahora, esta nueva prórroga, concede más tiempo para llegar a un acuerdo.
La discusión
A priori, los comercializadores se manifiestan en desacuerdo con la obligatoriedad de la contratación de la subasta a través del mecanismo complementario.
Una fuente ligada a los comercializadores regulados recuerda a Energía Estratégica que 2.551,27 MWh/día (el 46,22% de la demanda objetivo) fueron adjudicados en el primer término de la subasta, a un precio promedio de 135,85 pesos por kWh.
Pero en el mecanismo complementario obligatorio se seleccionaron los 2.044,4 MWh/día restantes (37,04% de la demanda objetivo), a un valor medio de 180,72 pesos por kWh.
El valor les parece caro, quizá no en los primeros años, pero si en los subsiguientes ya que estos acuerdos son por 15 años. Además, muchos de ellos comparan esta convocatoria con la del 2019, donde fueron seleccionados 10.186 MWh-día (la mayor parte de ellos en el primer término) a 95 pesos por kWh promedio.
Ante esa situación, el Gobierno de Colombia exhorta a los comercializadores a firmar sus nuevos contratos. De lo contrario, promete sanciones.
Fuentes del mercado regulado señalan que no es conveniente no firmar, ya que la diferencia económica que les significa afrontar este tipo de contratos la gastarían si entran en litigios con el Gobierno.
Sin embargo, las tensiones vienen más bien de los comercializadores del mercado no regulado.
Sandra Fonseca, presidente de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), cuenta a Energía Estratégica que “se está forzando una asignación de energía por encima de los precios del mercado”.
La dirigente dice desconocer el número de comercializadores que no quieren firmar contratos, por tratarse de una decisión individual que no es informada a la Asociación, pero sí ratifica hay “un gran disconformismo” y que algunos de ellos planean ir a la justicia en contra de la esta obligatoriedad de la firma de estos contratos.
Según informó el Ministerio de Minas y Energías, al martes de esta semana ya se habían firmado los 49 contratos que componen la subasta inicial, pero en el mecanismo complementario faltaban por celebrarse 74 de los 276 totales.
