La Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) ha planteado inquietudes sobre el futuro del sector renovable en Puerto Rico, advirtiendo que las demoras en la ejecución de proyectos fotovoltaicos (PV) y sistemas de almacenamiento de energía (BESS) podrían requerir ajustes en las metas de incorporación de renovables a corto plazo, establecidas en la Ley 17 y el Plan Integrado de Recursos.
«La administración saliente ha apoyado el desarrollo de energías renovables, pero nos quedamos cortos de poder completar varios proyectos antes del 2024», manifiesta Julián Herencia, director ejecutivo de la APER.
Entre las iniciativas pendientes destacan los procesos de Solicitudes de Propuestas (RFP) para proyectos de energía renovable y almacenamiento. Aunque el tranche 1 adjudicó 603,7 MW de capacidad solar y 435 MW de almacenamiento equivalente de cuatro horas de duración, los resultados de las etapas posteriores han sido menos alentadores. En el tranche 2, apenas 60 MW de PV y 60 MW de BESS avanzaron a instancias finales, mientras que el tranche 3 fue cancelado. Recientemente, se lanzó el tranche 4, aunque APER anticipa una participación limitada debido a «contradicciones en los requisitos y costos asociados».
Herencia detalla que, si bien el tranche 4 ofrece nuevas oportunidades a desarrolladores, su diseño, con exigencias más estrictas y precios tope, genera incertidumbre. «El mercado ha cambiado en cuanto a costos y precios, pero estas nuevas exigencias, combinadas con la falta de claridad del coordinador independiente, limitarán la participación», asegura.
La necesidad de un cambio estructural en los tranches
Un punto crítico señalado por APER es la eficiencia del coordinador independiente de los tranches de RFP, actualmente Accion Group, en los procesos RFP. Según Herencia, «el coordinador independiente ha sido un desastre», sugiriendo que la administración futura debería priorizar la selección de una entidad con mayor capacidad técnica para manejar procesos de esta magnitud.
La asociación también destaca que el tranche 1, manejado directamente por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), fue el que más capacidad adjudicó, a pesar de ciertos problemas iniciales. «Es crucial contar con un coordinador independiente competente, que haya demostrado capacidad en mercados similares, para asegurar el éxito de los próximos tranches», enfatiza el director ejecutivo de APER.
Diálogo con la administración entrante
Con la transición de gobierno, APER ha solicitado reuniones con la nueva gobernadora y su equipo energético ya que se avizora que podría haber cambios en la Ley 17 y consecuentemente en la actualización del Plan Integrado de Recursos. Según anticipó el director ejecutivo de la asociación de productores, propondrán una serie de ajustes a la política energética, sin comprometer el objetivo final de alcanzar un 100% de energía renovable para 2050. «Estamos convencidos de que hay consenso sobre esta meta en Puerto Rico, tanto entre los ciudadanos como en el sector empresarial», indica Herencia.
No obstante, la meta intermedia del 40% de energías renovables, prevista para 2025, parece inalcanzable según las proyecciones actuales. «Es importante que la gobernadora comprenda que hemos perdido demasiado tiempo, y que el replanteamiento de estas metas es inevitable», agrega. Para Herencia, es clave comunicar la importancia de incluir un componente baseload en la matriz energética para acompañar esa transición energética esperada. Ahora bien, entendiendo el enfoque de la administración de gobierno entrante identifican que probablemente la tecnología que se buscará como base será el gas natural por sobre bioenergías.
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