La reintroducción de aranceles generalizados por parte de Estados Unidos marca un viraje explícito en su política económica exterior. Bajo la presidencia de Donald Trump, y en un gesto cargado de simbolismo político —formalizado durante el denominado Liberation Day— se anunció que todas las importaciones deberán pagar un mínimo del 10% de aranceles a partir del 9 de abril. Esta decisión, de naturaleza global, afecta de lleno a países emergentes como Argentina, India, Brasil y Tailandia, pero también a los socios tradicionales como la Unión Europea.

La economía y los mercados financieros de Argentina experimentaron movimientos significativos con caída de acciones y aumento del riesgo país. Las acciones argentinas en Wall Street registraron descensos de hasta un 11%, mientras que el riesgo país se elevó a 878 puntos básicos, reflejando la creciente preocupación de los inversores.

Para la Argentina, el impacto inmediato es doble: económico y estratégico. Hasta ahora, los productos argentinos enfrentaban en promedio un arancel de apenas 1,2% en su ingreso a Estados Unidos, lo cual representaba una ventaja competitiva relativa, sobre todo en sectores sensibles como agroindustria, química, textiles y metales. Con la nueva política, ese diferencial se esfuma.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) advierte que la aplicación uniforme de este piso arancelario tendrá efectos particularmente adversos para exportadores argentinos en rubros como textiles (Argentina paga 20,9% a EE.UU. y recibía 6,1%), cuero y calzado (19,8% vs. 7,1%), o productos industriales, donde la asimetría arancelaria había sido históricamente favorable a la Argentina. Esta reconfiguración no sólo pone en jaque ventajas específicas, sino que también altera los términos de las negociaciones en curso.

El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, había iniciado un diálogo con Washington para avanzar en un esquema de desgravación arancelaria selectiva, sin avanzar hacia un tratado de libre comercio integral. Esta lógica de “acuerdo de complementación económica” buscaba pactos parciales y sectoriales, preservando márgenes de maniobra nacional y atendiendo a los límites normativos del Mercosur. La ofensiva arancelaria de Trump, sin embargo, altera los términos de ese diálogo. Lejos de dinamitarlo, podría abrir una nueva ventana de oportunidad: ante la generalización del castigo arancelario, Argentina podría negociar desde una posición de excepción, apelando al vínculo político entre Milei y Trump y al discurso de “alineamiento natural” que el actual gobierno argentino ha desplegado como eje estratégico.

Pero el verdadero alcance de esta política se medirá más allá del plano bilateral. Lo que está en juego es una potencial dislocación de las cadenas globales de valor. En los hechos, la imposición arancelaria podría provocar un redireccionamiento de flujos comerciales, estrategias de triangulación vía países con acceso preferencial al mercado estadounidense (como México), y un reacomodamiento de inversiones transnacionales. China, por ejemplo, podría buscar instalar capacidad productiva en terceros países para evitar los aranceles, lo que abriría oportunidades indirectas para regiones periféricas. Sin embargo, todo dependerá de la duración y credibilidad de esta nueva política comercial: si se percibe como un giro estructural, el mundo se reorganizará; si se lee como una táctica electoral, los efectos serán más acotados.

No debe subestimarse tampoco el riesgo sistémico financiero. La historia reciente ofrece lecciones claras. En 2018, el endurecimiento arancelario de Trump provocó una respuesta defensiva de China, que incluyó la devaluación del yuan, afectando el flujo de capitales hacia economías emergentes y precipitando crisis cambiarias, entre ellas, la que afectó a la Argentina bajo la presidencia de Mauricio Macri. Si una nueva guerra comercial escalara —especialmente si China responde con contramedidas o movimientos en su política monetaria— los mercados podrían reaccionar con volatilidad. De hecho, el precio del petróleo Brent cayó más de 6% tras el anuncio, y el índice DXY del dólar estadounidense mostró una contracción inusual, signos de que los operadores financieros temen una escalada proteccionista con consecuencias globales.

En este contexto, la balanza comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos —que fue superavitaria en 2024 por primera vez en años, debido más a la recesión interna que al dinamismo exportador— podría volver rápidamente al terreno negativo. La fragilidad de ese superávit quedó expuesta: se sustentó en una fuerte contracción de importaciones (US$ 6.193 millones) más que en una expansión de exportaciones (US$ 6.395 millones), en un año donde el consumo y la inversión estuvieron deprimidos. AmCham anticipa que este equilibrio será transitorio, y que con la reactivación económica regresarán los déficits estructurales.

Frente a este panorama, Argentina se encuentra ante un doble desafío. Por un lado, necesita preservar su acceso al mercado estadounidense, fundamental para una economía que busca insertarse en cadenas globales con valor agregado. Por otro, debe protegerse frente a la volatilidad externa que podría derivarse de una escalada comercial global. La clave radicará en una diplomacia económica activa, una lectura estratégica de las nuevas reglas de juego, y una política comercial capaz de identificar sectores sensibles y negociar con pragmatismo. La era de la globalización abierta quedó atrás. En la actual fase de competencia regulada, la ventaja será de quienes negocien con inteligencia, no de quienes reclamen equidad desde la periferia.