La Superintendencia de Electricidad (SIE) aprobó la Audiencia Pública del Reglamento de aplicación para la Prestación de los Servicios Auxiliares de Regulación de Frecuencia. Esta iniciativa expresada en la resolución SIE-091-2024 podrá marcar un hito en la regulación del sistema eléctrico de la República Dominicana, por lo que desde el sector privado siguen de cerca su avance y están atentos al anuncio de la fecha límite para realizar aportaciones.

Augusto Bello, gerente general de A&A Business Intelligence Group (AABI Group), señaló que esta regulación es clave para la integración de energías renovables en el sistema. En conversación con Energía Estratégica, Bello explicó que la resolución surge en respuesta al Decreto 523-23, emitido por el presidente Luis Abinader, que exige la modificación de los artículos vinculados a mejorar los servicios y facilitar una mayor penetración de energías renovables.

“La Superintendencia estuvo trabajando con técnicos internos, asesores externos y agentes del sector para socializar este reglamento, lo que consideramos como un muy buen primer paso para corregir distorsiones actuales y permitir una mayor integración de renovables a través del uso de baterías para la regulación de frecuencia”, señaló el ejecutivo de AABI Group.

Aunque la regulación introduce cambios que, a primera vista, parecen menores, Augusto Bello, quien fue director de Compras, Energía y Regulación de EDEEste, subraya que estos tendrán un impacto profundo en el mercado. El cambio más notable -observó- es la obligatoriedad de la regulación primaria de frecuencia para todos los agentes del sistema, contemplando un periodo de transición.

La implementación de baterías, ya sean de corriente continua (DC) o alterna (AC), será compensada con incentivos establecidos para la regulación de frecuencia. “Este aspecto es crucial, ya que promueve el uso masivo de baterías en el sistema para prestar servicios esenciales”, añadió.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del concepto de lucro cesante que, desde la óptica de Bello, en el pasado generaba distorsiones en la remuneración por regulación de frecuencia. “La nueva compensación está basada únicamente en el incentivo para sistemas de almacenamiento multiplicado por un margen asignado a cada generador. Antes, la diferencia entre el costo marginal y el costo variable creaba inequidades, permitiendo que generadores con costos variables más bajos recibieran mayor remuneración”, explicó.

Empresas como AES, ITABO, Dominican Power Partners (DPP) y Seaboard están avanzando en la incorporación de sistemas de almacenamiento en baterías. Bajo el esquema anterior, esas baterías eran compensadas en función del costo variable de la planta. Ahora bien, el gerente general de AABI Group cuestionó: “Yo siempre advertí que remunerar las baterías de esta forma era un error, porque beneficiaba más a las plantas con costos variables más bajos. Esta distorsión ahora se corrige con el nuevo reglamento”, afirmó Bello.

Si bien el avance en servicios auxiliares abre nuevas oportunidades de negocio en el mercado dominicano, desde el sector advierten que el sistema necesita más que solo regulación de frecuencia. “El sistema requiere ampliar los servicios suplementarios. Una misma batería de dos horas, como se establece en la resolución, puede utilizarse no solo para regular frecuencia, sino también para regular tensión, hacer arbitraje e incluso para arranque negro. Lamentablemente, aunque se aprobó esta resolución, el arranque negro seguirá dependiendo de las centrales hidroeléctricas, lo que limita el potencial de las baterías”, comentó Augusto Bello.

Disconformidad en algunos sectores

No todos los actores del sector están conformes con la nueva regulación, especialmente las empresas con generadoras hidroeléctricas que, al no tener costo variable o tener costo variable cero, antes recibían una remuneración basada en el costo marginal más un margen y con la nueva normativa dejarán de percibir estos montos. De igual forma, las empresas que ya tienen baterías instaladas también dejarán de recibir el lucro cesante, lo que podría generar quejas.

“En cuanto a las hidroeléctricas, creo que deberían recibir un trato diferente, ya que seguirán siendo responsables del arranque negro”, consideró Augusto Bello, gerente general de A&A Business Intelligence Group (AABI Group). 

Lo que sigue

Con la aprobación de la audiencia pública, el siguiente paso será la realización de la vista pública. Y, aunque aún hay que esperar la definición de una fecha por parte de la Superintendencia de Electricidad (SIE), las expectativas son de que se lleve a cabo este año. Todos los agentes del sector podrán presentar sus comentarios por escrito antes de ese evento.

Después de la vista pública, la SIE evaluará las aportaciones junto con su equipo y consultores, para luego emitir la versión final de la resolución. Una vez emitida, las empresas tendrán 30 días para recurrirla si no están de acuerdo. Si nadie la impugna, se convertirá en definitiva.

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