El gobierno de Javier Milei anunciará en los próximos días un recambio de autoridades en una compañía estatal del sector energético con la intención de avanzar con la agenda de privatizaciones de empresas públicas contempladas en la Ley de Bases. La empresa en cuestión es Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), que opera las tres centrales nucleares que existen en el país.

En esa clave, Santiago Caputo, principal asesor y hombre de máxima confianza del Presidente, tomará el control del área nuclear a través de la designación de Alberto Lamagna como nuevo presidente de NA-SA en reemplazo del titular actual, Luis Fasanella, que llegó al cargo de la mano del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. Así lo indicaron fuentes oficiales a EconoJournal.

El desembarco de Lamagna es promovido por Diego Chaher, el ex interventor de la Agencia Télam que está al frente de una Unidad Ejecutora de Empresas, que responde políticamente al poderoso asesor presidencial.

Alberto Lamagna, un funcionario versátil que pasó por buena parte del espectro político, asumiría la conducción de NA-SA.

Acomodaticio

El recorrido político de Lamagna describe un perfil acomodaticio. Durante el kirchnerismo fue designado como gerente de Desarrollo Tecnológico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a partir de su alineamiento con Daniel Scioli. A raíz de eso, tuvo un paso por la Fundar Dar, que impulsaba el armado del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 se acercó al PRO por medio del peronismo federal y llegó a la vicepresidencia de CNEA en 2016.

Con el victoria de Alberto Fernández en 2019, volvió a saltar al Justicialismo y siguió en el cargo el organismo atómico hasta 2021. Y ahora logró cautivar Chaher con la tesis de acelerar la privatización de NA-SA en el segundo semestre del año, un objetivo a priori inviable a no ser que se pretenda rematar los activos y destruir valor dentro del sector nuclear. Lamagna tiene la ilusión de ser confirmado este viernes como nuevo titular de NA-SA, pero los tiempos legales no lo permitirían.

En el plano profesional, Lamagna es un doctor en física que se especializó en materiales fotovoltaicos, celdas solares para satélites, superconductividad y procesos de fabricación de micro y nanodispositivos. También lideró hasta el año pasado un equipo de trabajo de enriquecimiento de uranio por láser dentro del organismo nuclear.

La presidencia de NA-SA es actualmente ocupada por Luis Fasanella, un profesional que llegó al cargo con el respaldo del vicejefe de Gabinete, José Rolandi. No está claro cuál será el futuro profesional y político del titular de Nucleoeléctrica. «Aún no está todo definido. Pasado el fin de semana se terminarán de definir los cambios en el sector nuclear«, indicaron en un despacho oficial.

Santiago Caputo junto con el presidente Milei y el embajador en EE.UU., Gerardo Werthein.

Mapa de poder

La toma de control del área nuclear por parte de dos de las principales personas de confianza del presidente Milei comenzó formalmente el viernes pasado con la transferencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)a la órbita de la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos. A través del decreto 644 publicado en el Boletín Oficial, Francos le quitó el control del máximo organismo nuclear a la Secretaría de Energía que dirige Eduardo Rodríguez Chirillo. Por el momento no habría cambios en la conducción de la CNEA, actualmente presidida por Germán Guido Lavalle.

La silenciosa reubicación de la CNEA generó sorpresa en el organismo, al punto tal que estaba pautada una reunión de trabajo con la Secretaría de Energía para ese mismo viernes que finalmente no ocurrió. “Acá nos desayunamos todos (el cambio) al mediodía del viernes”, graficó una fuente dentro del organismo. También supone una señal de debilidad para Rodríguez Chirillo, cuyo enfrentamiento con el ministro de Economía, Luis Caputo, anotó otro capítulo con la insólita denuncia por corrupción formulada por un asesor del secretario contra el vicepresidente de Cammesa.

Privatización parcial

El artículo 8 de la Ley Bases declara “sujeta a privatización” a Nucleoeléctrica Argentina. En rigor, se trata de una privatización parcial, puesto que solo se permite una propiedad participada de la compañía a través de una colocación de acciones para ese fin. Además, el Estado nacional mantendrá el control o la participacion mayoritaria en el capital social.

También se requerirá ineludiblemente el voto afirmativo del Estado si se quiere ampliar la capacidad de una central existente y/o la construcción de una nueva, si se quiere cerrar una central («salida definitiva o temporal» por «motivos no técnicos»), y/o para incorporar accionistas en la Sociedad que le otorguen el control de la empresa.

De todas formas, una privatización parcial de la empresa encontraría algunos temas por resolver. Fuentes conocedoras del sector apuntan que el ingreso de un accionista privado podría requerir una revisión de la Ley N° 25.018 de Gestión de los Residuos Radiactivos. Por otro lado, Luis Caputo dejó a NA-SA fuera del esquema de regularización de la deuda acumulada por el Estado con las generadoras eléctricas y productoras de gas natural. La compañía estatal no recibirá bonos en dólares AE38 a cambio de la deuda por la energía generada en el primer trimestre del año y aguarda por una definición del Ministerio de Economía en torno a una solución alternativa.

Nucleoeléctrica tiene programado detener Atucha I en octubre para comenzar con el proyecto de extensión de vida de la central nuclear, que acaba de cumplir 50 años de operación. La empresa ya licitó tres tramos del fideicomiso NASA IV para la prolongación de vida de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II). El fondeo total asciende a US$ 180 millones. La extensión de vida tiene un costo inicial estimado de US$ 450 millones y la construcción del ASECG II tiene un costo estimado de US$ 137 millones. La empresa esta buscando financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para estos proyectos, según fuentes al tanto de las conversaciones.

, Nicolás Deza

El presidente Javier Milei viajará en agosto a Neuquén para visitar por primera vez Vaca Muerta, la gran apuesta que tiene la industria energética a nivel país. El mandatario visitará junto al CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, el área Loma Campana, el bloque insignia que posee la petrolera bajo control estatal en Vaca Muerta. Se trata de uno de los principales campos de shale oil del país.  Además, en su visita estará junto a la primera línea de la industria hidrocarburífera.

Será la primera vez que el Presidente visite Neuquén. Lo acompañará el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, y también los representantes de diferentes empresas con actividad en la formación como Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group; Hugo Eurnekían, presidente de CGC; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; y referentes de Vista Energy, Shell, Chevron, ExxonMobil, Total Energies.

Visita a Neuquén

De cara a la visita de Milei a Neuquén, se encuentra en estudio la posibilidad de que se presenten formalmente proyectos de infraestructura en materia de transporte de petróleo.

Esto es así porque la petrolera bajo control estatal está evaluando distintas alternativas para incrementar la capacidad de transporte. Una de ellas es el proyecto Vaca Muerta Sur, una iniciativa que quiere impulsar YPF con el objetivo de ampliar la red de evacuación de petróleo hacia el Atlántico, sumado a otros proyectos colaborativos que tiene en agenda la compañía con el resto de la industria.

, Loana Tejero

Luego de siete meses, el ex gerente financiero (CFO) de YPF, Alejandro Lew, renunció como director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), puesto que ocupaba desde el 12 de diciembre del año pasado. Lew era el segundo vicepresidente del banco y había llegado al directorio con el nuevo gobierno de Javier Milei y acompañando a Santiago Bausili, presidente de la entidad.

La renuncia se concretó a través del decreto 657 publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el mismo decreto el gobierno designó como reemplazante a Baltasar Romero Krause.

Fuentes cercanas al BCRA indicaron a EconoJournal que la salida de Lew “fue por motivos personales” y que “el objetivo de su incorporación fue tratar algunos temas puntuales con él, que ya fueron atendidos”.

Lew asumió como CFO (Chief Financial Officer (CFO) de YPF en junio de 2020. Uno de los principales temas que tuvo que atravesar fue la negociación por la reestructuración de la deuda de YPF con grandes fondos como Fidelity, Ashmore y BlackRock. En esta negociación, uno de sus principales objetivos fue que el Banco Central autorice el pago en dólares para que la petrolera evite el default.

Pero la salida de Lew de YPF el año pasado quedó marcada por acusaciones políticas. Cerca de Sergio Massa lo hacen responsable de la mala praxis oficial que derivó en la crisis de abastecimiento de combustibles en el país -pero sobre todo en el AMBA- a 20 días del balotaje.

El miércoles 29 de noviembre el directorio de YPF finalmente terminó desplazando a Lew como CFO de la compañía. Su salida fue con el visto bueno de Horacio Marín, quien ya había sido elegido por Milei para hacerse cargo como presidente y CEO de YPF y quería designar a gente de su confianza.

, Roberto Bellato

WEG, la compañía de capitales brasileros especializada en motores eléctricos, inauguró nuevas oficinas comerciales en Buenos Aires. En dialogo con EconoJournal, el presidente ejecutivo de Weg, Daniel Jardim, explicó que “la inauguración de estas nuevas oficinas surge porque queremos estar cerca de nuevos clientes. Las grandes inversiones pasan por acá y nosotros queremos mostrar las posibilidades y soluciones que tenemos para las empresas para lograr la eficiencia energética”.

A partir de la década del ’80 la empresa decidió ampliar su producción con el desarrollo de componentes electro-electrónicos, productos para automatización industrial, transformadores de fuerza y distribución, pinturas líquidas y en polvo, así como barnices electroaislantes. En la actualidad, el objetivo que se han fijado desde la firma consiste en desarrollar tecnologías y soluciones que contribuyan a un mundo más eficiente y sostenible y facilitar el proceso de descarbonización de las compañías del sector energético a través de sus motores.

Respecto a las oportunidades que visualizan desde Weg en la Argentina, Jardim sostuvo que fue el primer país que eligieron para expandirse más allá de Brasil. “Sabemos que la Argentina tiene sus vaivenes económicos y que en este momento está en un periodo de transición con las decisiones que está tomando el nuevo gobierno, pero sabemos que hay oportunidades acá. Hay litio, gas, petróleo y desde Weg tenemos todas las soluciones para acompañar a la industria«, aseguró.

El objetivo de Weg está puesto en la transición energética y en hallar soluciones para lograr la eficiencia y reducir las emisiones. En este sentido, la movilidad eléctrica es uno de los ejes en los que ha puesto foco la compañía, por eso desarrolló la tecnología Powertrain -compuesta por motores y variadores de frecuencia para los sistemas de tracción y auxiliares, que también cuenta con función de regeneración de batería-para aplicar el buses y camionetas urbanas, con la meta de reducir las emisiones.

En línea, el Jardim detalló: “Nos estamos preparando para absorber la demanda que va a venir por las inversiones que van a surgir. Poseemos más de 50 fábricas en el mundo, y en la Argentina tenemos tres. Nuestra maquinaria puede ayudar con todos los recursos naturales que posee la Argentina para contribuir a la eficiencia energética y a la reducción de emisiones de CO2”.

Por su parte, Daniel  Marteleto Godinho, director de sustentabilidad y relaciones institucionales de la compañía, aseveró que “Weg conoce distintas realidades de diferentes países y por más que cambien las reglas de juego nuestro compromiso está en seguir creciendo. Queremos trabajar junto a nuestros clientes y siempre apoyar a los gobiernos con lo que necesiten de nosotros”.

Elder Stringari, director internacional de Weg, indicó que “tenemos grandes tendencias que vienen con la transición. La eficiencia energética, las energías renovables, la movilidad eléctrica y la Argentina está dentro de eso. Este proceso va a suceder, puede ser más o menos rápido. Pero me parece que la Ley Bases va a acelerar este proceso. Conocemos los desafíos y queremos seguir adelante”.

Proyecciones y soluciones de Weg

Marteleto Godinho afirmó que la movilidad eléctrica es una realidad en el mundo, en los países desarrollados. En Europa, Estados Unidos y China ya se visualiza.  No obstante, opinó que “para países como los nuestros entendemos que el primer foco debe estar en el transporte público urbano. En Chile y Colombia ya hay buses eléctricos. En Brasil vamos a saltar de 500 buses eléctricos a 5000 en un plazo de uno y dos años. Ya hay financiamiento. Lo de los buses eléctricos no es un problema económico porque se pagan a lo largo de su vida útil”

En relación a este tema, el director de sustentabilidad y relaciones institucionales, explicó que la movilidad eléctrica trae muchas ventajas, que contribuye al medioambiente y que es la mejor solución para los países. “Weg ya está en la Argentina con soluciones de infraestructura de recarga para los vehículos pesados, livianos y buses«, adelantó.

También, Marteleto Godinho exhibió que las soluciones digitales servirán para acelerar la productividad de las energías limpias. Además, que en la compañía se encuentran utilizando sus propios instrumentos para la reducción de las emisiones y que están ofreciendo las mismas soluciones al mercado, con el objetivo de ser el socio de los clientes para la descarbonización.

Frente a este escenario, Jardim precisó que “más del 50% de la facturación de la empresa viene de productos de los últimos cinco años. Tecnologías producidas y pensadas bajo esta lógica. Nosotros estamos mirando hacia adelante, hacia la eficiencia”.

Aun así, Stringari advirtió que para poder aplicar estas tecnologías “es necesario el financiamiento y normalmente el financiamiento público. En el contexto de la Argentina de hoy es más difícil«.

Eficiencia energética y sinergia entre Brasil y la Argentina

En relación a una posible articulación entre Brasil y la Argentina para encarar el proceso de transición y lograr la eficiencia de cara a los próximos años, Marteleto Godinho consideró que “para que haya más inversiones entre los países vecinos la clave es que haya convergencia regulatoria. Que los países adopten las mismas reglas, en caso de ser posible. Son economías complementarias que siempre han crecido en conjunto. Nosotros entendemos que hay una gran oportunidad en cuanto a la eficiencia energética”.

También, el director de Sustentabilidad marcó que Brasil ya trabaja en un nivel de eficiencia energética para motores eléctricos que posee un índice IE3, mientras que la Argentina adopta el nivel 1 (IE1). El país vecino obliga a que todos tengan motores más eficientes ya que plantean que con ellos se consume menos energía y se generan menos emisiones.

“Si la Argentina sigue las mismas reglas va a ahorrar energía y mejorará sus emisiones. Los países podrían converger y tener más relaciones bilaterales porque estarían en el mismo nivel en cuanto a la eficiencia energética. Tanto Brasil como Argentina tienen todas las condiciones de energía limpia. Pueden ser líderes en esta agenda en el mundo. Y nosotros podemos contribuir. Es la forma más fácil y barata para hacer la transición energética”, puntualizó Marteleto Godinho.

Jardim sumó que Weg está preparada para atender a los dos países con todas las soluciones para poder llevar a cabo esa integración. Esto es así porque dentro de sus unidades de negocio, la firma también cuenta con sistemas integrados de automatización, electrificación, protección, almacenamiento de energía y movilidad eléctrica con ingeniería, fabricación de equipos, soluciones, software y conectividad para diversos segmentos.

La compañía

La firma cuenta con diversas unidades de negocios. Uno de ellos está vinculado al desarrollo de motores eléctricos industriales y reductores, eléctricos comerciales y appliance. También, productos y sistemas electro electrónicos de baja y media tensión y soluciones de automatización para diversos segmentos. A su vez, para el sector energético, la compañía también ofrece soluciones para subestaciones, transformadores de potencia y distribución, transformadores de tipo seco y reactores de potencia y la fabricación de turbogeneradores, hidrogeneradores, aerogeneradores, alternadores y turbinas de vapor e hidráulicas.

En el 2000, la empresa adquirió la planta fabril de motores eléctricos en Córdoba capital. Cinco años más tarde, comenzó con su línea de montaje de tableros eléctricos en San Francisco, también en Córdoba. En 2013, construyó una planta de 4500m2 para su línea de montaje de tableros eléctricos y al año siguiente amplió la unidad de Córdoba, mediante una inversión de seis millones de dólares, para la fabricación de motores universales para lavarropas.

, Loana Tejero

Hoy en día, la energía fotovoltaica se encuentra cerca de los 1.500 megawatts (Mw) de potencia instalada en la Argentina. Si bien se trata de una cifra importante, no alcanza a representar un 50% de la capacidad eólica, que ronda los 3.700 Mw.

Martín Dapelo, consultor en energías renovables y eficiencia energética, analiza la actualidad de esta tecnología y señala algunos de los obstáculos que observa para su crecimiento, comenzando por la faceta normativa. “Dentro de los grandes parques tenemos dos barreras principales. La primera de ellas pasa por la no continuidad de la Ley 27.191 y el desarrollo de parques con programas como el Plan RenovAr”, expone.

A su entender, esto implica que el Estado no va a licitar la construcción de ningún nuevo complejo, sino que lo único que queda disponible es el desarrollo de parques del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER). “En ese sentido, si bien siempre hay interés de las empresas por participar, el cuello de botella que encontramos es la falta de ampliación de las redes de alta tensión”, apunta.

Cabe recordar que, según estimaciones del sector, el país necesitaría contar con 40.000 kilómetros (km) adicionales en líneas eléctricas de esa clase, lo que podría acarrear una inversión cercana a los 40.000 millones de dólares.

Proyectos de participación público-privado

El especialista señala que por estos días el Gobierno está trabajando en lo que es el lanzamiento de proyectos de participación público-privado, con el objetivo de que sean los generadores los que se hagan cargo de la construcción de las ampliaciones de alta tensión. “Eso trae aparejado otro problema para las empresas, que habitualmente lidian con la dificultad para conseguir financiamiento para construir un proyecto fotovoltaico. Estamos hablando de inversiones con un valor muy elevado, por lo que se incrementa la complejidad de los proyectos”, argumenta.

Los últimos cambios de autoridades en el país, afirma, han generado cierta inestabilidad regulatoria para este tipo de iniciativas. “Pensemos que la Ley 27.191 funcionó muy bien, pero no se va a extender: caduca el 25 de diciembre de 2025. Y este tipo de proyectos necesita de un marco regulatorio a largo plazo, que en teoría debería ser el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)”, expresa.

Generación distribuida

Por el lado de la generación distribuida, Dapelo asegura que actualmente la quita de subsidios a las tarifas mejora los plazos de repago para este tipo de instalaciones. Hoy este repago, detalla, es de entre ocho y 11 años, mientras que el año pasado estaba por encima de los 15 años. “También debe resaltarse la liberación de importaciones, que -si bien no es completa- hizo que bajaran bastante los precios de los componentes para las instalaciones”, sostiene.

Otro aspecto alentador es que están apareciendo posibilidades de financiación para los usuarios, con algunos bancos en la Argentina que ofrecen tasas razonables. “Desde ese lado, la generación distribuida empieza a tomar un poco más de ritmo”, manifiesta.

Lo cierto, comenta, es que la Argentina ya cuenta con unos 3.000 usuarios de autoconsumo activos, repartidos en 17 provincias. “Todavía es un mercado incipiente, pero con un gran potencial en el corto y mediano plazo a partir de la generación distribuida comunitaria. Este tipo de consumo en su conjunto, al igual que las instalaciones particulares, en el futuro será importante para impulsar el uso de energía fotovoltaica en las ciudades”, proyecta.

, Julián García

El Decreto 652/24 publicado este lunes en el Boletín Oficial, a través del cual el gobierno reglamentó cómo se liquidará el Impuesto a las Ganancias a partir de la promulgación de la Ley Bases, dejó un saldo de ganadores y perdedores dentro del universo sindical de la industria petrolera. Si bien la letra chica puso afuera del alcance del nuevo régimen tributario a buena parte de los trabajadores petroleros, tal como adelantó EconoJournal hace dos semanas, miles de operarios vinculados a la industria hidrocarburífera —como el personal administrativo nucleados en gremios Jerárquicos y operarios de refinerías y centros industriales— empezarán a recibir percepciones en sus salarios, por lo que su sueldo neto de bolsillo caerá en más de un 15 o 20 por ciento. El recorte salarial impactará de especial manera en afiliados a gremios como Camioneros y Construcción (UOCRA) que conviven en los yacimientos con petroleros privados, que perdieron la exención que los beneficiaba desde hace 20 años por imperio de la Ley 26.176, que fue derogada por la Ley Bases.

Una lectura del escenario que surge de los efectos que provocará el Decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encuentra, de un lado, a Marcelo Rucci, líder del sindicato de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que logró que la mayoría de sus afiliados conserve la excepción a Ganancias, o a Jorge ‘Loma’ Ávila, su par de Chubut. Y del otro a pesos pesados del sindicalismo nacional como Pablo Moyano, secretario del sindicato de Camioneros, y Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, que deberán afrontar la reacción puertas adentro de sus afiliados que en la Cuenca Neuquina volverán a percibir el régimen. Habrá que esperar a conocer en los próximos días cuál es la reacción política que tomarán los líderes sindicales cuando empiecen los recibos de sueldos con las nuevas percepciones.

Mientras que Rucci puede argumentar que la mayoría de sus representados continuará exentos de Ganancias, Moyano y Gerardo Martínez deberán evaluar qué plan de acción toma. Arévalo, del gremios de Jerárquicos de Neuquén, perjudicado.

La versión original del decreto, que había sido previamente acordada con YPF y otras operadoras, era más amplia e incluía a trabajadores de Camioneros, UOCRA, UOM y refinerías, enrolados en la Federación Argentina de Petróleo y Gas. Sin embargo, la semana pasada, el Gobierno nacional pulió el texto del decreto publicado hoy y únicamente mantuvo la exención de Ganancias para el «personal boca de pozo» de los sindicatos de petroleros privados.

Aún así, los gremios de petroleros de base también sufrirán un recorte menor a partir del mes que viene, porque la norma dejó dentro del cálculo de Ganancias a las horas extras y aguinaldo, entre otros adicionales. Es decir, que desde agosto podrán percibir retenciones en estos beneficios y otros que se garantizaban en la Ley de Impuesto a las Ganancias de 2019.

Desde UOCRA aseguraron a este medio que analizan la presentación de una medida cautelar o un amparo para evitar que los trabajadores de Cuenca Neuquina queden alcanzados. Por otro lado, los gremios de Petroleros Jerárquicos pedirían a las operadoras que se hagan cargo de las retenciones hechas a los administrativos, en tanto que Camioneros solicitará que se considere a los choferes de Vaca Muerta.

Petroleros privados

La reglamentación de hoy puede leerse como una señal de alivio para Marcelo Rucci, líder del sindicato petrolero más fuerte del país. Como había anticipado EconoJournal, el sindicalista había negociado con funcionarios nacionales un artículo que dejaba fuera del alcance de Ganancias a sus afiliados.

El acuerdo se dio tras conocerse que la Ley Bases eliminaba la Ley 26.176 que excluía a los empleados de la industria hidrocarburífera del pago del tributo, por lo que unos 30.000 trabajadores de yacimientos tendría que volver a tributar Ganancias. Para evitar eso, Rucci negoció en la letra chica de la reglamentación del decreto que se ampliara la excepción, algo que se plasmó en la publicación de hoy a través del artículo 7, que establece que se entiende por personal de pozo a quienes se desempeñen en la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña, en tareas de boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento, reparación, intervención, producción, servicios de operaciones especiales y servicios de ecología y medioambiente en los pozos petrolíferos o gasíferos.

También incluye a quienes se desempeñan en “operación y mantenimiento de instalaciones que sean necesarias para la producción de hidrocarburos y labores que fueran necesarias para la exploración y producción de hidrocarburos”.

Perdedores

Por el contrario, el Decreto deja dentro de la percepción de la Cuarta Categoría al personal Jerárquico de la industria petrolera (supervisores y personal gerencial), así como también a trabajadores de refinerías como Ensenada, Dock Sud, Campana, Luján de Cuyo, Bahía Blanca y Plaza Huincul. En conversación con este medio, Manuel Arévalo, secretario general del sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, afirmó que “vamos a arreglar que las empresas se hagan cargo de cubrir el impacto del cambio de Ganancias sobre los empleados administrativos”. Se estima que un 60% de los trabajadores nucleados por los gremios Jerárquicos deberán empezar a pagar el impuesto.

Arévalo aseguró que “hoy estamos hablando de salvar lo que se pueda y plantearle a las empresas que es muy buena su rentabilidad como para que no se hagan cargo de los demás”.

En relación a un posible conflicto desde su gremio, consideró que “no es momento de peleas». «Lo que salió es lo que se había arreglado con Nación y había que tener mucho cuidado porque el Gobierno estaba decidido a hacer con todos tabula rasa”.

UOCRA y Camioneros, alcanzados

Entre los alcanzados por el nuevo régimen también se verán perjudicados los afiliados a UOCRA que trabajan en yacimientos. Víctor Carcar, secretario general de UOCRA Neuquén, indicó que en la Cuenca Neuquina serán al menos 2.000 los afectado, aunque fuentes privados indicaron que podrían cerca muchos más.

“A nosotros nos abarca un sector de trabajadores de yacimientos, principalmente oficiales especializados, soldadores, cañistas e instrumentistas. No es un problema grave porque serán unos 2.000 los de sueldos altos y tenemos 22.000 afiliados”, sostuvo.

Carcar afirmó que a nivel nacional piensan en implementar algún tipo de medida judicial para evitar el alcance de Ganancias a los trabajadores de yacimientos y de refinerías nucleados en UOCRA. En la misma línea, Camioneros buscará negociar a nivel nacional que se considere a su personal en Vaca Muerta como “boca de pozo”: “Los camioneros también trabajamos en boca de pozo, estamos a 10 metros, por eso nos corresponde también  la excepción”, aseguró Gustavo Sol, secretario general de Camioneros en Río Negro.

En este caso, el gremio agrupa a unos 3.000 choferes que trabajan en Vaca Muerta y que a partir del mes que viene sufrirán un recorte de su salario neto. Según estimaron, la norma les significará la pérdida de todas las horas extras trabajadas.

“Los choferes tienen jornadas laborales de 12 horas, a las que se le suman 4 horas de viaje. Si no llegamos a buen puerto, reduciremos los turnos a 8 horas y las petroleras deberán cubrir el resto con más personal. Es un costo que deberán asumir”, advirtió Sol.

El referente rionegrino de Camioneros agregó que esperan una respuesta positiva en los próximos días, en caso contrario, realizarán asambleas en los yacimientos para determinar qué medida tomarán.

, Laura Hevia

La actividad petrolera en Vaca Muerta podría experimentar un notable incremento a partir del año que viene cuando se cristalice la ampliación de la infraestructura de transporte y ampliación de hidrocarburos, el principal cuello de botella que enfrenta hoy la industria para incrementar la producción de petróleo no convencional en la cuenca Neuquina. Se estima que una vez que Oldelval empiece a completar las distintas etapas de expansión de su red de transporte hacia el Atlántico por medio del proyecto Duplicar Plus —que se encuentra lanzado y debería estar listo en la segunda mitad de 2025—, el desafío que enfrentarán las empresas productoras se centrará en la escasez de equipos de perforación disponibles en Neuquén.

Según un informe realizado a principios de julio por la consultora Tecnopatagonia, que lidera Mariano de la Riestra, la proyección para 2025 indica que podrían sumarse hasta seis equipos de perforación a Vaca Muerta, por lo que la cifra de unidades de drilling activas en Vaca Muerta podría trepar hasta los 41 a lo largo del año que viene. Entre las petroleras que ya iniciaron gestiones para sumar nuevas torres de perforación se encuentran Vista, Tecpetrol e YPF, entre otras.

Fuente: Tecnopatagonia

Cuello de botella

A pesar de los significativos avances tecnológicos en la perforación de pozos, que permitieron ganar en rapidez y eficiencia, la capacidad limitada de los equipos actuales (23 en las áreas convencionales y 35 en las no convencionales) restringe el potencial productivo.

De la Riestra, director de Tecnopatagonia, dialogó con EconoJournal y explicó que la cantidad de nuevos equipos que efectivamente se incorporará en 2025 está supeditada a cuánto se pueda incrementar la producción. “Como mínimo, creemos que se sumarán cuatro equipos, pero en el fondo es una carrera de ida, en donde la media es seis y, eventualmente, podría sumarse un séptimo equipo. ¿Por qué es una carrera de ida? Porque quizá en 2025 arranquemos con cuatro, pero al final del año terminaremos con seis o siete”, explicó el especialista.

De los datos incluidos en el reporte se desprende que la cantidad de equipos operativos en Vaca Muerta oscila entre los 58 y 64 rigs desde junio de 2023.

“Las empresas que están perforando han logrado una eficiencia en sus campos. Ahora bien, el desafío es el de incorporar equipos. Y cuando esto suceda el resto de los factores que inciden en la producción también van a mejorar”, destacó de la Riestra.

La importancia de la estabilidad

“Es un gráfico totalmente estable con una gran cantidad de actividad que se distingue en una línea horizontal. Es decir que la misma cantidad de equipos hizo crecer los pozos de manera horizontal, por eso hay más etapas de fractura por pozo, porque la misma cantidad de equipos construyen pozos más largos”, explicó De la Riestra. Y añadió: «Subió la performance de las perforaciones y se extendieron las ramas horizontales. Pero para que eso sucediera tuvieron que subir los sets de fractura. Y entonces como consecuencia, la logística y el despacho de arena acompañaron”.

Para este año, se espera que se concreten unas 18.000 etapas de fractura totales en Vaca Muerta, una meta ambiciosa aunque alcanzable: en los primeros seis meses del año, la actividad ya acumuló un total de 9229 punciones.

Fuente: Tecnopatagonia

“La llegada de los nuevos equipos de perforación, muchos de los cuales ya fueron encargados, bajarán la antigüedad promedio del parque de rigs. Creemos que la incorporación de los nuevos equipos de perforación va a tardar entre seis y ocho meses. Eso obliga, empuja y genera un impacto positivo en todo el sistema. Todos los frentes direccionales se van a tener que mover”, sostuvo de la Riestra.

En 2023, la antigüedad promedio de los equipos de perforación era mayor a 18 años. Con el arribo de nuevos equipos, se prevé que ese registro sea menor a 12 años.

“Es clave entender que crecer beneficia a todos. Y que la palabra correcta no es competencia sino cooperación. Todos deben hacer lo posible para crear un ecosistema de calidad que va a mejorar al resto”, concluyó el directivo.

, Mauricio Luna

La disputa por ver en qué provincia se construirá la planta de licuefacción de gas para exportar barcos de GNL (Gas Natural Licuado) con producción no convencional de Vaca Muerta tuvo en las últimas horas un capítulo más. El presidente Javier Milei afirmó que el megaproyecto de YPF y la malaya Petronas se realizará en la provincia de Río Negro y no en Buenos Aires porque “tiene el lastre de tener a Kicillof, que es un expropiador serial” y agregó que “si hubiese querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”. «Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera», respondió el gobernador bonaerense Axel Kicillof en su cuenta de X.

La disputa entre Buenos Aires y Río Negro para quedarse con el megaproyecto de GNL, que en una primera etapa prevé un desembolso de US$ 10.000 millones, pero que puede escalar a US$ 50.000 millones con todas las fases completas, tiene de fondo la adhesión o no al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el Congreso dentro de la Ley Bases. “Es obvio que esa inversión se va a ir a otro lado, ¿vos vas a invertir donde está Kicillof?, ni de casualidad”, continuó Milei en una entrevista que le concedió el viernes al canal online Neura Media.

Kicillof le respondió al presidente el sábado desde su cuenta de X: «La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante tanto para nuestra provincia como para el país. Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el presidente y que ya nos hicieron entrar en conflicto con nuestros socios comerciales más estratégicos como China, Brasil, España, Colombia y Francia», aseguró el mandatario provincial.

Con o sin RIGI

El gobernador bonaerense anticipó que Buenos Aires no se va a adherir al RIGI, pero presentará un proyecto de Ley para otorgarle incentivos impositivos y municipales a las plantas de GNL que se instalen en Bahía Blanca, que ya cuenta con infraestructura instalada. “¿Para qué quiere hacer un RIGI distinto? Para hacerlo con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina?”, declaró Milei.

Mientras que el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck ya consiguió que la Legislatura provincial apruebe el proyecto de adhesión al régimen. Río Negro sería la primera provincia que adhiera formalmente al RIGI, pese a que el gobierno nacional todavía no lo reglamentó en el Boletín Oficial.

La disputa tomó otra dimensión cuando el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo en una entrevista radial en mayo que “Sin el RIGI no hay construcción de la planta de LNG en la Argentina”. “Es un proyecto de alrededor de 50.000 millones de dólares. Para lograr que se pueda desarrollar, hay que lograr que sea rentable a bajo precio, seguridad jurídica y todo lo que tiene el RIGI”, había expresado Marín.

Terrenos

La incógnita de dónde se hará la planta de licuefacción está desde los inicios de la idea del megaproyecto. En septiembre de 2022, cuando YPF y Petronas presentaron el megaproyecto en el Centro Cultural Kirchner con la presencia del entonces presidente Alberto Fernández, el extitular de YPF, Pablo González, y el CEO de Petronas, Tengku Muhammad Taufik, la primera alternativa era Bahía Blanca, pero fuentes en off de la compañía argentina no descartaban en ese entonces otras posibilidades, como por ejemplo Río Negro.

En las últimas horas, fuentes de la provincia de Buenos Aires en diálogo con EconoJournal subrayaron que desde hace más de un año funcionarios de Axel Kicillof están en conversaciones con ejecutivos y técnicos de YPF y Petronas y analizando un terreno de alrededor de 1.400 hectáreas en el puerto de Bahía Blanca.

Pero desde que el gobierno nacional impulsó el RIGI para intentar concretar inversiones superiores a los US$ 200 millones creció la posibilidad de que finalmente este proyecto se realice en el puerto rionegrino de Punta Colorada, alrededor de 550 kilómetros más al sur de Bahía Blanca.

Grupo selecto

YPF y Petronas planean una inversión de US$ 10.000 millones de dólares para la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL. Pero el proyecto en 10 años puede escalar para exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL con una inversión de hasta US$ 50.000 millones.

Este megaproyecto podría permitir ingresar a la Argentina al selecto grupo países exportadores de GNL. En la actualidad, se importa en el pico de consumo de invierno alrededor de 35 barcos de GNL por año. Cuando la planta de GNL alcance su capacidad máxima, el país tendrá capacidad para exportar más de 460 barcos anuales. El GNL podría implicar exportaciones por más de US$ 20.000 millones anuales. De concretarse estos números, el GNL podría ser uno de los principales generadores de divisas para el país.

, Roberto Bellato

El gobierno de Javier Milei decidió que a partir del 5 de agosto todos los usuarios de gas natural y electricidad a los que se les otorgó el subsidio de oficio sin que lo pidieran perderán ese beneficio si no se inscriben voluntariamente en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Si en los próximos días no se da marcha atrás con esa decisión, se estima que 1,7 millones de hogares muy vulnerables podrían empezar a pagar las tarifas al mismo valor que los sectores de altos ingresos.

El plazo figura en el artículo 8 de la resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía, ´fechada el pasado 4 de junio. La norma establece que todos los usuarios que fueron catalogados como Nivel 2 por la Disposición 3/2022 y la resolución 631/2022 sin haberse inscripto en el RASE tienen 60 días corridos para anotarse de modo voluntario. “Cumplido ese plazo, quedarán sin efecto las incorporaciones dispuestas por las normas mencionadas y el beneficio caducará respecto de los usuarios que no hubieren completado la presentación individual”, remarca el texto.

Lo riesgoso en términos políticos para el gobierno es que esta decisión, que tendrá un fuerte impacto social, no está acompañada prácticamente por ninguna campaña de comunicación nacional destinada a que esos usuarios se inscriban cuanto antes en el RASE. Solo algunas provincias empezaron a advertirle a los usuarios sobre el riesgo que corren. En este contexto, es probable que en los próximos días se extienda esa fecha límite. Fuentes oficiales aseguraron a EconoJournal que se está evaluando esa opción.

El gobierno bonaerense envío un mensaje a los usuarios de luz y gas solicitando que se anoten en el RASE.

¿Quiénes son los afectados?

Cuando el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha la segmentación tarifaria informó que todos aquellos usuarios que no se anotaran en el RASE iban a perder el subsidio. Si bien en ese momento una fuerte campaña de difusión para solicitar que todos los que calificaran para el subsidio se inscriban, rápidamente quedó en evidencia que los que no se anotaban no eran solo los sectores de ingresos altos que no calificaban para el beneficio sino los de ingresos muy bajos que por desconocimiento o falta de herramientas tampoco lo estaban haciendo. 

En ese momento se evaluaron distintas alternativas para incluirlos y finalmente se llegó a la conclusión que lo mejor era catalogar de oficio como N2 a todos los que venían recibiendo la tarifa social de electricidad y gas natural y no se habían anotado al RASE. Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético del gobierno anterior, señaló a EconoJournal que cerca del 15% de los beneficiarios de las distintas tarifas sociales, ya sean nacionales o provinciales, no se habían inscripto al RASE en ese momento, y se decidió sumarlos. El registro es dinámico. Todos los meses se chequea qué medidores están en el registro de las distintas tarifas sociales y se les ordena a las distribuidoras facturarles a esos usuarios como N2, aunque no estén en el RASE.  

En diálogo con EconoJournal, Garibotti detalló cómo fue ese proceso que llevó a la incorporación al régimen de subsidios de cientos de miles de usuarios de bajos recursos que no se habían anotado al RASE y que hubieran empezado a abonar tarifa plena si el Estado Nacional no intervenía de alguna forma. Las dificultades que enfrentaron en ese momento sirven para anticiparse a lo que puede pasar si finalmente el 5 de agosto el gobierno deja sin subsidio a esos hogares.  

–¿Cuántos usuarios pueden perder el subsidio si el gobierno de Milei le quita ese beneficio a los que no se anotaron en el RASE, pero el gobierno anterior igual les asignó la categoría N2?

–La primera versión que dio el gobierno actual fue que eran 1,2 millones de usuarios y más tarde hablaron de 1,7 millones. No sé cuál es el número exacto porque aumentó mucho la pobreza. Por lo tanto, aumentaron los beneficiarios de la tarifa social y aumentaron también los beneficiarios de la tarifa social de las provincias.  

–¿Todos los usuarios que reciben tarifa social perciben automáticamente el subsidio que otorga nación por ser N2?

–Sí, por aplicación de la disposición 3/2022, todos los meses desde septiembre del 2022 los beneficiarios de la tarifa social reciben también el subsidio de N2. El decreto 332/2022 dice en su artículo 7 que los beneficiarios de programas sociales nacionales, como Asignación Universal por Hijo, Progresar, Potenciar Trabajo y otros similares, podrán ser incluidos en el padrón de beneficiarios de la Subsecretaría de Planeamiento Energético en el Nivel 2, correspondiente a menores ingresos. En el gobierno dicen ahora que recién se dan cuenta de que los beneficiarios de la tarifa social reciben el subsidio como N2, pero todos los casos están contemplados en una serie de normas publicadas en el Boletín Oficial, y en los cruces que ellos mismos hacen de forma mensual desde diciembre.

Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético.

–¿Cómo hicieron para incluir dentro de la categoría N2 a los beneficiarios de todos esos planes si no se habían anotado en el RASE?

–Cuando nosotros quisimos aplicar el artículo 7 nos surgió el siguiente problema: sabíamos que teníamos beneficiarios de la AUH que no se habían anotado en el RASE y que realmente necesitaban el subsidio, pero el problema para incorporarlos era que no sabíamos dónde vivían, ni su medidor. No puedo incorporar a alguien solo por tener AUH porque a la distribuidora lo que le tengo que decir es que a X medidor le facture como usuario Nivel 2, pero no sé dónde vive el beneficiario de la AUH. Ahora bien, nosotros sabíamos que muchos beneficiarios de la AUH y otros planes similares tenían tarifa social y esa tarifa social tiene sus propios medios de control. Entonces decidimos considerar N2 a todos los beneficiarios de las distintas tarifas sociales.

–¿Por qué?

–Porque las condiciones que fijan las provincias para incorporar usuarios en la tarifa social son más exigentes que la condición que habíamos fijado nosotros para considerarlos N2 y otorgarles el subsidio nacional.

–¿La tarifa social la otorgan las provincias?

–La tarifa social eléctrica se otorgaba a nivel nacional hasta el Pacto Fiscal de 2018 y a partir de ese Pacto Fiscal la empezaron a otorgar las provincias y en el caso de las distribuidoras reguladas a través del ENRE el beneficio lo otorga el Estado Nacional. En el gas, en cambio, la tarifa social es nacional.

–¿Lo que ustedes supusieron entonces es que los beneficiarios de la tarifa social eran usuarios vulnerables que en muchos casos podían estar cobrando la AUH y entonces los consideraron N2? ¿A todos los beneficiarios de la tarifa social o solo a algunos?

–Lo que hicimos fue publicar la resolución 631/2022 diciendo que la tarifa social es similar a los otros planes que figuran en el decreto de la segmentación. Ahí figura la justificación de por qué se toma la tarifa social. Además, la disposición 3/2022 establece que en el corte mensual se revisen e incorporen a los beneficiarios de la tarifa social aún si no se inscribieron en el RASE. No es que nosotros lo hicimos una vez y el gobierno recién ahora lo va a revisar. Todos los meses se actualizan los registros de tarifa social de Enargas, ENRE y de las provincias.

 –¿A todos los que cobraban tarifa social y no se habían inscripto en el RASE los incorporaron ustedes de oficio?

–No se incorporó a nadie al RASE de ese modo. Lo que se hizo fue extender el beneficio N2 a los usuarios con tarifa social. Todos los meses las distribuidoras nos enviaban su padrón de usuarios, entonces la Secretaría se encargaba de matchear ese listado con los que se anotaron en el RASE y se les informaba a las distribuidoras a qué usuarios les tenían que cobrar como N2. A las personas que tenían tarifa social y no se habían inscripto en el RASE también les asignamos la categoría N2 de la segmentación, pero nunca entraron al RASE que es un registro de beneficiarios del subsidio. No se puede sumar al RASE a una persona que no se anotó. 

–¿Todos los que integran el RASE son los que se inscribieron voluntariamente?

–Sí.

–¿Y cómo hacían con los beneficiarios de la tarifa social que ya se habían anotado en el RASE?

–Muchas provincias nos pedían los datos de las personas que se anotaron en el RASE para poder fijarse si ya eran beneficiarios de la tarifa social. Nosotros nos negamos a pasarles esa información porque eran datos privados de la gente que se había anotado en el RASE. Entonces lo que hicimos fue pedirles el padrón de beneficiarios de la tarifa social y marcarles qué medidores figuraban en el RASE. Por descarte, los usuarios que no se habían inscripto al RASE tenían asignada la categoría N2 por la otra disposición.

-¿Y cuántos de los beneficiarios de la tarifa social no estaban en el RASE?

-Eran cerca del 15%.

-La inmensa mayoría había ido a anotarse al RASE.

-Sí, la gran mayoría se había anotado. En el impenetrable chaqueño, por ejemplo, no se habían anotado, pero no había oficina de Anses, es un lugar con menor conectividad y no habíamos realizado un operativo específico ahí para intentar sumarlos.

–¿Todo el intercambio con las provincias se dio para definir solo el subsidio nacional a la electricidad?

–Sí, en el caso del gas la tarifa social es nacional y teníamos esos datos.

–¿Cuántos eran los que recibían el subsidio de N2 durante su gobierno pese a no estar en el RASE?

–No sé el número exacto porque muchos estaban incluidos por estar en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Son 6467 barrios populares. La mayoría de la gente que no estaba anotada en el RASE eran de los barrios Renabap.

–¿No todos los que estaban en los barrios Renabap tenían tarifa social?

–No necesariamente porque ni siquiera tenían medidores. Muchos tienen medidores colectivos.

–¿Entonces cuando las provincias les pasaban el listado de medidores con tarifa social, ustedes les indicaban que les cobren como N2 y si los medidores de barrios Renabap no estaban en el registro de la tarifa social también ordenaban que se los considere como N2?

–Sí, a los barrios Renabap se los consideraba N2.

–El gobierno ahora informó que todos aquellos usuarios que recibieron el subsidio N2, pero no se anotaron al RASE deben hacerlo porque sino van a perder el beneficio. Ahora bien, ¿si lo pierden lo podrían recuperar apenas se anoten en el RASE?

–Actualmente, sí, deberían poder anotarse en el RASE como puede hacerlo cualquier otra persona que califique para el beneficio. Vale aclarar que, desde diciembre pasado, la Secretaría de Energía viene anunciando una “canasta básica energética” que reemplazaría el sistema actual. Un decreto de fines de mayo indica que esto podría suceder el 30 de noviembre de este año o el 1 de junio del próximo año. Hasta ahora, no se sabe cómo sería. Mientras tanto, el registro sigue vigente.

–En su momento ustedes hicieron lo posible para que todos los que calificaban para el subsidio pudieran anotarse en el RASE, el plazo para hacerlo fue mayor que el otorgado ahora, y aún así cerca del 15% de los beneficiarios de la tarifa social nunca lo hicieron, ¿cree que ahora puede llegar a ser diferente?

–Hicimos lo posible y entiendo que este gobierno, desde diciembre, también. Creo que es muy posible que aumenten los inscriptos por el aumento en los niveles de pobreza y la baja certidumbre sobre el precio de todos los servicios. También leí que el gobierno tiene un plan para llamar individualmente a todos los usuarios para que se anoten. Es decir, que el mismo gobierno reconoce que los beneficiarios de la tarifa Social califican para la segmentación y deberían mantener el subsidio. Por lo que entiendo que antes de cortarlo tomarán medidas para achicar ese porcentaje.

, Fernando Krakowiak

Oiltanking Ebytem – la compañía operadora de la terminal de exportación de Puerto Rosales, en Bahía Blanca- designó a Guillermo Blanco como nuevo vicepresidente.

Blanco sucederá a Rolando Balsamello, quien continuará sus labores en la empresa como Senior Advisor para el proyecto de ampliación de la terminal de Puerto Rosales. 

Trayectoria 

Blanco cuenta con una vasta experiencia en la industria. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó de Ingeniero Naval con Diploma de Honor. Además, posee una maestría en Administración Estratégica, de la Universidad de Belgrano. A su vez, recientemente ocupó el cargo de vicepresidente para América Central en OTAmérica.

Desde la compañía destacaron: «Estamos seguros de que, bajo el liderazgo de Guillermo Blanco, OTE Argentina continuará fortaleciendo su posición en el mercado y alcanzando nuevos logros». 

También, agradecieron la labor de Balsamello: «Su gran dedicación y su trabajo incansable han sido fundamentales para nuestra empresa». 

Ampliación de la terminal 

Desde la compañía se encuentran trabajando en la fase 1 del proyecto de ampliación de la terminal de Puerto Rosales, que tiene como objetivo incrementar la capacidad de transporte para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta. Estiman que la expansión estará lista para octubre y noviembre de este año. La iniciativa contempla una inversión de 500 millones de dólares.

, Redaccion EconoJournal

Un nuevo consorcio petrolero liderado por la operadora Quintana Energy y TSB presentó la propuesta económica más competitiva para adquirir el yacimiento Estación Fernández Oro (EFO), un reservorio de tight gas que a mediados de la década pasada fue uno de los grandes campos gasíferos de YPF. Al igual que las operaciones que involucran a Pecom y a Petróleos Sudamericanos en Chubut, Neuquén y Río Negro, que fueron publicadas esta semana por EconoJournal, la transacción que involucra a EFO se encuadra bajo el paraguas del Proyecto Andes, la iniciativa que la petrolera que preside Horacio Marín puso en marcha para desprenderse de 55 campos maduros en todo el país.

Quintana Energy es una petrolera independiente con más de 30 años de presencia en Santa Cruz que en 2021 fue adquirida por un grupo de ingenieros en petróleo del ITBA con vasta trayectoria en la industria hidrocarburífera liderado por Carlos Gilardone. La compañía participó en 2022 de un proceso de salida de un campo convencional de YPF cuando adquirió el yacimiento San Sebastian en Chile, ubicado en la Isla de Tierra del Fuego cerca de Punta Arenas. El otro miembro del consorcio es TSB, una de las principales empresas de servicios petroleros de la cuenca Neuquina, propiedad del empresario Claudio Urcera.

La Estación Fernández Oro se encuentra en zona de chacras, al sur de la Ruta 22.

EFO, un bloque que está emplazado en el ejido municipal de Allen, una localidad frutícula lindera a la provincia de Neuquén, produce hoy unos 900.000 metros cúbicos diarios (m3/d) de gas y 230 metros cúbicos (m3/d) de petróleo, según datos de mayo de la Secretaría de Energía.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Quintana Energy y TSB se sustenta en una sinergia natural entre ambas organizaciones. Gilardone es un técnico con conocimiento del subsuelo y junto con Carlos Canel, otro ingeniero histórico de la industria de Oil&Gas, fundó FDC, probablemente la principal consultora argentina en materia de estudios y proyectos de ingeniería de producción, reservorios y geología de yacimientos petroleros. FDC, a su vez, asesora a varias de las principales empresas productoras de hidrocarburos del país. Por caso, en 2012 colaboró con la YPF que presidía Miguel Galuccio en la negociación para que Dow y Chevron ingresen a las áreas El Orejano y Loma Campana, los dos primeros desarrollos de la petrolera en Vaca Muerta.

Quintana Energy es una petrolera independiente con actividad en Santa Cruz y en el sur de Chile.

Urcera, por su caso, es un empresario de bajísimo perfil público que lidera un grupo que ofrece distintos servicios dentro de la industria petrolera. Su buque insignia es TSB, una empresa que a fines de los ’90 empezó a ofrecer servicios de Oil&Gas y ahora apuesta a ser un jugador relevante en el mapa de las grandes empresas productoras de hidrocarburos del país.

Renegociación

Fuentes privadas indicaron a EconoJournal que representantes de la nueva UTE visitaron en los últimos días las instalaciones de EFO para verificar el estado de las instalaciones. El cierre de la operación, sin embargo, podría demorarse porque el traspaso incluye como condición sine qua non que la gobernación de Río Negro, que encabeza Alberto Weretilneck, autorice la extensión de la concesión de explotación de Fernández Oro por otros 10 años, dado que el contrato vigente expira en 2026.

La secretaria de Energía provincial, Andrea Confini, impulsó un proyecto de Ley para ordenar la renegociación de las concesiones petroleras que vencen en los próximos años, por lo que la UTE Quintana-TSB deberá transitar ese proceso antes de concretar el pago a YPF por la cesión del yacimiento rionegrino.

Mendoza

A su vez, el consorcio presentó también la oferta más competitiva para quedarse con el clúster Mendoza Sur, que agrupa a seis áreas hidrocarburíferas en esa provincia entre las que se destaca El Portón, un campo maduro que en el pasado aportó una importante producción de gas para YPF, pero que para extender su vida útil requiere de un fuerte replanteo operativo para reducir los costos de extracción, dado que en los últimos años YPF perdió dinero por la falta de eficiencia en esos bloques.

Al igual que en Río Negro, la UTE deberá negociar la extensión de las concesiones por otros 10 años con la gobernación que lidera Alfredo Cornejo antes de cerrar la operación con YPF.

, Redaccion EconoJournal

La revelación del intento del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, de reflotar la Gerencia de contratos de Cammesa, la empresa que se encarga del despacho de energía eléctrica en todo el país, gatilló de forma inesperada una denuncia pública de corrupción contra funcionarios del área energética que fueron designados por el gobierno de Javier Milei. Lo extraño es que quien formuló esas acusaciones contra directivos de la empresa administradora del despacho eléctrico es Fernando Luis Olaizola, quien en los últimos meses se desempeñó como asesor del secretario Rodríguez Chirillo y denunció «el desvío de miles de millones de dólares desde Cammesa durante las últimas dos décadas», incluyendo en esas acusaciones al actual vicepresidente de la compañía, Mario Cairella, un directivo que llegó en mayo de este año de la mano de José Luis Espert, socio político del presidente Milei y contó con el beneplácito del ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, e incluso de la propia Karina Milei.

Este medio informó esta semana que Rodríguez Chirillo está intentando recrear la Gerencia de contratos de Cammesa, luego de haberla desarmado al forzar el despido de su gerente, Luciano Condó, a fines de febrero. El gerente general de Cammesa, Jorge Garavaglia, que responde políticamente a Rodríguez Chirillo incluyó el nombramiento de Andrea Polizzotto, una ex funcionaria del gobierno anterior de paso fugaz por la Dirección de Energías Renovables, en la convocatoria a una reunión de Directorio a fines de junio, según una nota interna a la que EconoJournal tuvo acceso, aunque la reunión finalmente no se concretó.

Lo curioso ocurrió después. En un hecho que linda con lo insólito, Olaizola respondió en la sección de comentarios abiertos que incluye EconoJournal una dura denuncia sobre desmanejos en Cammesa. El texto está firmado con su nombre y dice lo siguiente: «Cómo les cuesta a algunos «soltar la teta»… se sabe que en los últimos 20 años (desde 2003) tanto en la «Gerencia de Contratos» como la «Gerencia de Combustibles» de Cammesa se «perdieron en el camino» algunos miles de millones de dólares que fueron a las manos porosas de algunos funcionarios y sus amigos«, denunció Olaizola.

«Chirillo sólo les está «cortando el business» y obvio todos los viejos enquistados saltan como leche hervida, sobre todo Ruichoto (sic) que redactó este artículo (NdR: en referencia a Jorge Ruisoto, director de Auditorías de Cammesa) y se lo pasó al VP Cairella que vino a defender la suya, todos funcionarios millonarios que siguen operando en la prensa para seguir robando.! Pronto desfilarán por Comodoro Py.! Viva la libertad!», concluyó su denuncia.

Protagonista en el swap de gas

Consultado telefónicamente por EconoJournal, Olaizola no sólo confirmó la autoría del mensaje, sino que fue mucho más duro en sus expresiones. Negó tener vínculo con la Secretaría de Energía, aunque fue quien encausó la negociación con Brasil durante el primer semestre del año para garantizar el abastecimiento de gas del norte argentino a partir de un acuerdo tripartito con Bolivia y Brasil. «No estoy trabajando en la secretaría hace años», dijo Olaizola, que fue jefe de gabinete de asesores de Sergio Lanziani, el primer secretario de Energía de la gestión de Alberto Fernández, de paso deslucidísimo por el gobierno.

Fuentes de la Secretaría de Energía desmintieron a Olaizola al afirmar que se presenta en distintos ámbitos como asesor de Rodríguez Chirillo, a punto tal que fue él quien intermedió en forma personal con directivos de Petrobras, la empresa estatal brasileña, para que Enarsa, la empresa estatal de energía, pueda destrabar la firma de un swap (intercambio) de gas natural para este invierno.

Olaizola incluso formó parte de la comitiva liderada por Juan Carlos Doncel Jones, presidente de Enarsa, que viajó a Río de Janeiro el 17 de abril para firmar un memorando de entendimiento con la brasileña Petrobras. Su presencia quedó registrada en la minuta posterior a la reunión con Petrobras, sino también está retratada en una fotografía que Enarsa difundió a la prensa después del encuentro en Río de Janeiro. De hecho, la imagen de Olaizola junto a directivos de Enarsa figura en la página web de Enarsa.

Olaizola, el primero desde la izquierda, durante la firma de un acuerdo con Petrobras el 18 de abril, hace apenas tres meses.

Denuncia

En la conversación telefónica con EconoJournal, Olaizola reforzó su denuncia. «Hay gente que resiste el cambio de volver a la función original de Cammesa de los ’90 porque tienen intereses personales, lo sé», acusó. «De Cammesa desaparecieron el equivalente a barcos completos, sé cómo se movía el gasoil, fuel oil, como terminaba en el campo. Hablamos de miles de millones de dólares en 20 años. Por eso vive fundida Cammesa», disparó.

«Vengo desde los 90s, conozco la historia muy bien. Me les paro a cualquiera de esos, conozco las fortunas que tienen todos, sé lo que reciben por todo, por cada barco y demás, estuve adentro, tuve acceso a la información y pude comparar», añadió.

, Nicolás Deza

La evolución de las tarifas del servicio de gas por redes se caracterizó en las últimas décadas por períodos, generalmente extensos en el tiempo, de suspensión del régimen establecido por la normativa y de los mecanismos de ajustes periódicos previstos; seguidos por lapsos en los que se impulsaron procesos de actualización del valor de las tarifas.

En otras palabras, se registraron períodos con tarifas congeladas y con ajustes discrecionales que las mantuvieron retrasadas en términos reales, a los que le siguieron etapas en las que se implementaron actualizaciones de las tarifas a efectos de aproximarlas a niveles compatibles con sus costos reales del servicio.

El motivo que explica el comportamiento antes descripto es la inclinación compulsiva de la mayoría de los Gobiernos de subordinar al régimen tarifario al cumplimiento de objetivos subalternos de orden político y de asistencia social.

En efecto, la concepción dominante de que las tarifas son un instrumento para redistribuir ingresos, promover la equidad y desarrollar una política social, explican la manipulación ejercida históricamente por diversos gobiernos sobre las estructuras de tarifas través de congelamientos, ajustes arbitrarios y discrecionales sobre alguno/s de sus componentes, la creación de nuevas tarifas subsidiadas para destinatarios específicos y la emisión de cuadros tarifarios para un mismo servicio (ej. Residencial), pero con aperturas sobre la base de la diferenciación de los usuarios y de los porcentajes de subsidio asignados a los mismos (segmentación).

Consecuencias

Un aspecto que permite dimensionar las consecuencias del comportamiento descripto, sin considerar no por menos importante los perjuicios provocados por el mantenimiento en el tiempo de tarifas atrasadas en términos reales sobre la calidad y el acceso al servicio, es examinar el número de cuadros tarifarios del servicio de gas vigentes en la actualidad.

Así, computando tanto los cuadros tarifarios “plenos” como los denominados “Diferenciales” (con tarifas subsidiadas) de las 9 (Nueve) empresas Distribuidoras de gas del país, el total asciende a la increíble cifra de 179 (ciento setenta y mueve) cuadros tarifarios.

Las causas que explican esta exorbitante cifra son, por un lado, la implementación de la segmentación de los usuarios residenciales en base a los ingresos percibidos, patrimonios y por condición socioeconómica (N1, N2 y N3) y, por el otro, la ampliación a otras zonas geográficas del régimen original de subsidios a los consumos residenciales de las Provincias Patagónicas, Malargüe y La Puna, luego denominado erróneamente como de “Zona Fría”, con descuentos del 50% y 70% sobre la tarifa plena.

Ello obligó a la emisión y aprobación de un número muy significativo de cuadros tarifarios adicionales correspondientes a los usuarios residenciales y a las Entidades de Bien Público. De esa forma, se emitieron tarifas para usuarios residenciales N1, N2 y N3 las cuales a su vez se desdoblaron en dos cuadros tarifarios, cada uno de ellos con descuentos del 50% y 70% sobre tarifa plena respectivamente por el régimen de Zona Fría; a las que se sumaron tarifas con subsidio para las Entidades de Bien Público.

El escenario descripto no resiste evaluación técnica alguna, ya que para un servicio específico (residencial) que requeriría de una sola tarifa que lo remunere, se abrieron una multiplicidad de tarifas basadas en:  a) criterios de  diferenciación de los usuarios por su ingresos y condición socioeconómica (segmentación N1, N2 y N3), b) la localización geográfica del usuario en áreas geográficas definidas como “zonas frías” (si bien se incluyen áreas templadas cálidas y templadas frías) y, c) la condición de Entidad de Bien Público en Zona Fría con tarifa subsidiada.

A ello se suma para agravar la situación, que las tarifas de los segmentos residenciales, exceptuando las del N1 (Mayores Ingresos), no ofrecen señales ni incentivos para un uso racional del servicio e implican una administración engorrosa y una complejidad que dificulta la comprensión para el usuario final.

Simplicidad y consistencia

Ahora bien, a fin de contar con alguna referencia que sustente lo hasta aquí expuesto resulta útil fijar algunos lineamientos que nos permitan estimar cuál sería un número razonable de cuadros tarifarios para todas las categorías -con o sin subsidio- en el estado actual de las cosas.

Para ello se brindan a continuación una serie de condiciones que deberían cumplirse para proyectar de manera simple la cantidad “razonable” de cuadros tarifarios para todos los servicios que se requerirían para las 9 (nueve) Distribuidoras del país.

Dichas condiciones serían: 

• Eliminación del esquema de segmentación de los usuarios entre: N1 (Mayores Ingresos, N2 (Menores Ingresos) y N3 (Ingresos Medios) – Decreto 332/22;

• Eliminación de los topes de consumos (Resolución SE N° 686/22);

• Revertir la ampliación del subsidio bajo el Régimen de Zona Fría (Ley 27.637) y reimplantar el Régimen de subsidios vigente previamente para las Provincias Patagónicas, Malargüe y La Puna (Ley 25.565).

Así, cumplidas las condiciones mencionadas, el número de cuadros tarifarios ascendería para las nueve Distribuidoras de gas a solo 48 (Cuarenta y Ocho), esto es; 131 (Ciento Treinta y Uno) menos que los actualmente vigentes.

A modo de aclaración, la valoración del número extravagante de tarifas vigentes no representa una mera apreciación descriptiva sino que simboliza, como ya fue referido al inicio del presente artículo, la deficiente gestión desarrollada durante décadas en términos de política tarifaria, no respetándose lo previsto en la normativa ni cumpliendo las reglas establecidas, y consolidando por años un escenario caracterizado por la discrecionalidad y la imprevisibilidad.

Siempre la experiencia acumulada nos brinda enseñanzas para no repetir los errores cometidos, por lo que en la próxima Revisión Tarifaria en la que se definirán las nuevas tarifas para el siguiente quinquenio se deberá sacar provecho de esa experiencia apuntando a la obtención de una estructura tarifaria simple y técnicamente consistente, asumiendo el compromiso de cumplimiento de las reglas de actualización tarifaria durante el quinquenio.

, Néstor Touzet