Martín Brandi, CEO de PCR, fue uno de los grandes protagonistas que tuvo el mega evento FES Argentina, organizado por Future Energy Summit (FES) el pasado 11 de marzo en el Hotel Emperador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Brandi disertó sobre los principales retos y oportunidades que atraviesa el sector de las renovables del país, donde insistió en la necesidad de regularizar los pagos a las generadoras y transmisoras y en contar con una política de estado que permita nuevos horizontes de inversión. 

“La cadena de pagos es un problema preocupante. Las renovables contamos con el Fondo para el Desarrollo de las Energías Renovables (FODER) y eso hace que cobremos, pero no es sostenible un mercado donde esté rota la cadena de pagos”, apuntó. 

“Es inviable que haya inversiones en un sector donde no hay una cadena de pagos. Es una prioridad absoluta y el próximo ciclo de inversiones que se genere, requerirá financiamiento del exterior si queremos que sea de gran envergadura”, agregó el CEO de la compañía que cuenta con 530 MW eólicos en operación comercial. 

Cabe recordar que, hasta principios de marzo, se debía aproximadamente el 25% de los pagos de enero y la totalidad de febrero y marzo (correspondiente a las actividades de noviembre – diciembre 2023 y enero 2024), producto de la deuda de muchas distribuidoras con Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA y que el Tesoro Nacional no le giró a la propia CAMMESA el diferencial entre el costo de la energía y el precio sancionado que abonan los usuarios finales. 

Es decir que CAMMESA se quedó sin sus dos fuentes de ingresos, pero con varios pendientes de pago. A tal punto que el monto a cancelar con las empresas generadoras de electricidad supera el billón de pesos según informaron fuentes cercanas a Energía Estratégica.

Bajo ese panorama, el CEO de PCR planteó la importancia de mantener lo hecho de forma positiva hasta el momento para que se dé un nuevo ciclo de inversiones, como por ejemplo el Programa RenovAr que atrajo precios energéticos competitivos y la Ley N° 27191, “que al ser una política de estado permitió que haya USD 10.000 millones de inversión en el sector renovable”. 

“Sea cual sea la tecnología que busquemos apuntalar o el marco regulatorio a encontrar, las señales de precios siempre serán beneficiosas, pero es importante que sea a través de una política de estado que traiga confianza y permita horizontes de inversión”, manifestó Brandi durante FES Argentina.

“Cuanto antes estén aclaradas las reglas de juego, quién será el comprador, la duración y que son una política de estado, antes iniciará el proceso para financiar y avanzar con nuevos proyectos. No será instantáneo, pero es fundamental que en poco tiempo se enmiende la macroeconomía o se vislumbren números fiscales adecuados y reservas en el Banco Central, cómo también se sepa cómo será la transición”, insistió. 

Nuevas herramientas del gobierno

El Poder Ejecutivo de Argentina pretende aplicar un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a través del nuevo proyecto de “Ley Ómnibus” o de una iniciativa legislativa presentada por un diputado oficialista, donde el valor mínimo de inversión en activos computables sea de USD 200.000.000 (el gobierno no podrá bajarlo de USD 50.000.000), y un máximo de USD 900.000.000.

El objetivo sería generar “condiciones de previsibilidad y estabilidad” y condiciones competitivas en Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas “sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”. 

Martín Brandi no fue ajeno a esa situación y si bien consideró que el RIGI es “interesante”, opinó que debería ser más ambicioso y ampliable a toda la economía nacional en lugar de sólo limitarse a grandes proyectos. 

“Por ejemplo en generación distribuida puede haber proyectos chicos muy interesantes, eficientes y competitivos si hay señales de precio pero así como está la iniciativa no tendrían la posibilidad. De todas maneras, entiendo que el norte de la administración es que ese régimen pueda ampliarse a toda las actividades de toda la economía”, destacó. 

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