De acuerdo al último reporte de la CRE, Jalisco continúa como la entidad federativa con mayor capacidad instalada en lo que refiere a generación distribuida con 455.82 MW en 67,194 contratos.

A pesar de este destacado desempeño, Jalisco también encabeza las estadísticas en problemas de seguridad en instalaciones, lo cual genera desconfianza y desincentiva la actividad.

Para atacar este problema, desde hace más de un año,  la Agencia de Energía del estado de Jalisco  está trabajando en una legislación que establezca estándares y normativas locales para la seguridad de las instalaciones de generación distribuida.

En este marco, el encargado del despacho de la Dirección General en Agencia de Energía del Estado de Jalisco, Víctor Cervantes, detalla a Energía Estratégica los motivos y objetivos detrás de este ambicioso proyecto.

“La propuesta de reglamento surge como respuesta a las inquietudes expresadas por instaladores de SFV sobre irregularidades que ponen en peligro la seguridad de las personas, bienes materiales y la continuidad operativa”, explica. 

Y agrega: ”La falta de una regulación federal efectiva ha contribuido al aumento de la oferta de mano de obra no calificada y la comercialización de equipos que no cumplen con las normativas básicas”.

En este sentido, Cervantes destaca que la principal restricción que enfrentan radica en la falta de competencias para regular desde el ámbito estatal y municipal en asuntos relacionados con el sector eléctrico. 

En respuesta, han elaborado un anteproyecto de reglamento centrado en la seguridad de las instalaciones, con especial énfasis en la estructura, para mitigar los riesgos asociados a la baja calidad de las mismas.

Este se han llevado a cabo en colaboración con asociaciones y representantes de la industria fotovoltaica, como la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX), el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ), y el Consejo Nacional de Profesionales de Energía Fotovoltaica (CPEF), entre otros.

Los objetivos principales de la propuesta son diversos y abarcan desde garantizar la conformidad con las leyes federales y estatales, hasta procurar la ampliación de la vida útil de los sistemas fotovoltaicos. 

También se busca asegurar la operación continua, eficiente y segura de los SFV, promoviendo el crecimiento en la generación de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes.

Para cumplir con dichos propósitos, la normativa exige corresponsabilidad del que instala el sistema con los resultados que se entregan para evitar siniestros en proyectos. Se prevé que haya un dictamen favorable por parte de bomberos y Protección Civil en materia de seguridad, antes de instalar el sistema.

También, la regulación requerirá de licencias, permisos y certificaciones para las instalaciones sujetos a inspecciones periódicas de peritos fotovoltaico 

En cuanto al estado actual de la iniciativa, Cervantes informa que el Proyecto ya está terminado y ha sido enviado a la Dirección General de Mejora Regulatoria para la emisión del Dictamen de Impacto Regulatorio, recibido oficialmente a finales de diciembre de 2023.

En búsqueda de su aprobación, el experto confirma que se han mantenido discusiones con autoridades estatales y municipales, involucrando a la Dirección General de Mejora Regulatoria, la Secretaría de Desarrollo Económico y el IMEPLAN. 

“Aunque el proceso de aprobación dependerá de los cabildos de cada municipio, el respaldo de expertos y el Dictamen de Impacto Regulatorio ya completado allanan el camino hacia el éxito”, reconoce.

Por último, Cervantes concluye: “Esperemos que se apruebe lo antes posible y una vez oficial, se busca llevar este reglamento a todo el país, aspirando a construir una industria de generación distribuida liderada por profesionales comprometidos con la calidad y la seguridad”.

 

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