La semana pasada, México aprobó la reforma del artículo 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de áreas y empresas estratégicas. En el sector energético, esto implica que CFE y Pemex vuelven a ser concebidas como empresas públicas y tendrán prioridad en el mercado. 

Aquello ha despertado voces en contra, no sólo en la sesión de votación de la Cámara de Senadores y en Diputados con mociones de pedido de suspensión, sino también en el sector privado que verá reducida su participación en el mercado frente a las empresas de un Estado que será juez y parte si además se dan a lugar la desaparición de los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).    

“Con esta nueva reforma energética, sumado al tema de los fideicomisos y los reguladores que se están eliminando, no nos queda muy claro cómo van a quedar los trámites en el sector energético, quién va finalmente a poder gestionar nuestras solicitudes y cuáles van a ser las ventanillas disponibles para poder hacerlo”, planteó Ángel Mejía Santiago, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica A.C. (AMIF), observando que se debería trabajar por mayor fluidez para lograr trámites expeditos. 

Ante este escenario complejo, la iniciativa privada está atenta al avance de la implementación de nuevas medidas porque esta podría contribuir al despliegue de nueva capacidad renovable variable, como aquellas que se darían tras la reciente aprobación de las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACGs) para la integración de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, y otras por venir. 

“Creemos que estos esfuerzos van a ser en beneficio de poder incrementar la participación de tecnologías como la solar o eólica, pues las soluciones de almacenamiento sobre todo van a darle confiabilidad a la red aquí en México y van a ayudar de alguna manera la penetración de renovables”, señaló Ángel Mejía Santiago.   

Al ser las DACGs, como su nombre lo indica, de carácter general, de acuerdo con el referente empresario se tendrán que hacer varias aclaraciones y también varios manuales para poder autorizar la interconexión de este tipo de soluciones.  

Hasta tanto ello suceda, para dar lugar a nuevas inversiones con energía solar y baterías tanto en gran escala como en generación distribuida, la iniciativa privada ya explora modelos de negocio posibles y estrategias como peak shaving que generen retornos interesantes para los usuarios.  

“Creemos que pueden abrirse nuevas oportunidades de negocio aquí en México que los asociados de AMIF tienen que aprovechar al integrar tecnologías de almacenamiento de energía en baterías con sistemas de paneles solares”, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica A.C. (AMIF). 

Y explicó: “Siempre queda un limbo en clientes entre 500 kW y 5 MW, que creemos que con este tema de almacenamiento y si se dan los mecanismos suficientes para que las aprobaciones de los proyectos sean lo más fácil posible en temas de burocracia, abrirá una muy buena oportunidad para todas estas empresas”. 

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