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Los gobernadores de las provincias patagónicas dieron este jueves una fuerte muestra de unidad en temas de la agenda regional de cara a la relación con el Gobierno nacional durante una cumbre realizada en la ciudad neuquina de Villa la Angostura, en la que manifestaron su intención de tallar en las decisiones que se tomen sobre los hidrocarburos, incrementar los retornos por coparticipación y profundizar durante los próximos cuatro años el trabajo coordinado.

La primera decisión adoptada en este encuentro, del que participaron los mandatarios Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), mientras que Claudio Vidal (Santa Cruz) se excusó por “temas de agenda”, fue convocar a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).

sa organización, que fue convocada para el miércoles próximo a las 15 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), esta integrada por las provincias patagónicas más Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa.

“Nos hemos puesto de acuerdo rápidamente”, manifestó el anfitrión, el neuquino Rolando Figueroa, al dar comienzo a la conferencia de prensa que siguió al encuentro privado entre los gobernadores.

En materia de hidrocarburos dijo que “estamos produciendo más del 90% de lo que se produce en todo el país, con lo cual hemos decidido, con la base de un trabajo que venimos realizando con los demás gobernadores, convocar urgentemente a la Ofephi”, para que en el marco del debate que hoy tiene lugar en el Congreso de la Nación “las decisiones que se tomen estén convalidadas por esta organización”.

Esta voluntad de trabajo mancomunado, más allá de las pertenencias partidarias, que había tenido una muestra a principios de enero cuando a través de un comunicado conjunto reclamaron al Gobierno nacional modificaciones en la parte del proyecto de Ley Ómnibus que atañe a la actividad pesquera, fue expresada a lo largo de la conferencia por los gobernadores participantes.

“Nosotros representamos más de la mitad de los dólares que se generan por exportaciones y no puede ser que haya un Gobierno que avance de manera inconsulta en temas que impactan directamente en las economías regionales, en la calidad de vida de cada uno de los patagónicos”, afirmó el gobernador de Chubut.

El joven mandatario provincial electo por el PRO señaló la importancia de “ordenar el debate” que tiene lugar en el Parlamento nacional en este “momento bisagra”, para garantizar “la defensa del federalismo”.

En este sentido, Torres dijo que se decidió “hacer partícipes a los presidentes de los distintos bloques, tanto en Diputados como en el Senado, para que la discusión sea seria, responsable, pero sobre todo federal”.

Por su parte el gobernador de Río Negro puso el acento en la importancia que debería tener la región en el mapa nacional en función de las riquezas que genera.

“Producimos más del 90% del gas y el petróleo del país, producimos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcional al país, tenemos en todas nuestras provincias los mejores centros turísticos, que generan no solo turismo interno, sino turismo internacional, también que generan divisas, y también tenemos fuertes recursos minerales y ni hablar de todo lo que significa la pesca para nuestro país”, subrayó.

En cuanto a la relación con la Nación, Weretilneck sostuvo que “nos hemos comprometido todos los gobernadores” a tener en los próximos cuatro años “un periodo de máximo trabajo coordinado entre todas las provincias y que la región tenga el protagonismo que se merece”.

El rionegrino resaltó la fuerza de la unidad regional ya que el diálogo con el Gobierno del presidente Javier Milei “es variable”, según las procedencias políticas de cada uno, y cuestionó que “falta claridad sobre qué herramientas de negociación” actuales: “No se observa de qué manera generar un vínculo”.

La defensa del federalismo desde una óptica patagónica también estuvo en el foco del gobernador pampeano, para quien “no puede haber un país rico con provincias pobres”.

“En este tema de luchar por una Argentina cada vez más federal, defender nuestros recursos naturales, defender el federalismo, está también lo que es el federalismo fiscal: la distribución de los recursos que tiene la República Argentina”, destacó Ziliotto y llamó a “discutir con el Gobierno nacional y con todas las provincias cómo vamos a distribuir los recursos de toda la República Argentina”.

“Tenemos distintas procedencias partidarias, sectoriales, a veces tenemos distintas diferencias ideológicas, pero la defensa de la Patagonia es el hilo transversal que siempre nos va a encontrar juntos”, resaltó el gobernador peronista.

En la misma línea el mandatario de Tierra del Fuego pidió al Congreso “que no se avance en nada sin el trabajo con las provincias”.

“Así como hace días atrás defendimos fuertemente entre todos el mensaje de protección de nuestros recursos naturales de la pesca, hoy lo hacemos con los hidrocarburos de la misma manera, con la misma fuerza”, sostuvo Melella.

Luego de la conferencia de prensa realizada en el predio de El Messidor, la residencia oficial de verano del gobierno de Neuquén a orillas del lago Nahuel Huapi, los gobernadores continuaron debatiendo un documento final, que se elevará al Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior.

Entre los temas pendientes, Torres comentó un “principio de acuerdo” sobre el gasoducto patagónico “para elevar una propuesta” que incluiría también la realización de tres plantas de compresión de gas para poder extender la red en Chubut, Río Negro y Neuquén.

Los gobernadores acordaron, además, una nueva reunión que se realizará en dos semanas en Chubut.

Fuente: Neuquén al Instante

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La firma suiza Sirius Aviation presentó el avión Sirius Jet de 600 km/h. Se trata del primer avión del mundo de despegue y aterrizaje vertical propulsado por hidrógeno. Está destinado para la aviación privada con espacio para hasta cinco personas. Según Sirius, podrá combinar la aerodinámica de un avión con la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente.

La empresa ofrecerá dos modelos: uno tendrá capacidad para hasta tres pasajeros. Las especificaciones incluyen: el alcance de vuelo llega a 1.850 kilómetros; la velocidad de crucero a 600 kilómetros por hora; nivel de ruido de 60 dB, equivalente al de un lavavajillas y capacidad de altitud de 9.144 metros. El otro tiene capacidad para 5 pasajeros con un alcance de vuelo de 1046 km; Velocidad de crucero: 600 km/h; nivel de ruido de 60 dB y capacidad de altitud de 9.144 metros.

El concepto del avión no es nuevo, pero destaca el uso de la pila de combustible a hidrógeno. Es altamente eficiente y sin emisiones al utilizar hidrógeno líquido para generar electricidad que impulsa los 28 ventiladores con conductos colocados a lo largo de las alas y los canards para impulsar. El reabastecimiento de combustible cuesta unos 500 dólares por un tanque lleno.

Se eligió el hidrógeno líquido como método de almacenamiento de combustible, dada su mayor densidad energética que el hidrógeno comprimido. Esto amplía la capacidad de vuelo a pesar de los mayores costes de licuefacción. Cuando están en funcionamiento, sus motores eléctricos emiten solo vapor de agua. 

El avión se presentará el 17 de enero de 2024 en Suiza, donde hará la primera demostración en vivo de su sistema de ventilador con conductos de hidrógeno. Fue fabricado en colaboración con Designworks de BMW y Sauber Group. Según el cronograma de desarrollo, se esperan los primeros vuelos de prueba en 2025. Las operaciones comerciales podrían comenzar entre 2028 y 2030.

Las rutas iniciales para estos vuelos están previstos en Europa y Estados Unidos. Sirius Aviation también tiene planes de crecimiento global para su Jet en Asia y Medio Oriente. Si tiene éxito, el avión podría sentar las bases para aviones más grandes de pasajeros propulsados ​​por hidrógeno en la próxima década. 

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Lithium Argentina anunció los resultados operativos preliminares de 2023 del proyecto Caucharí-Olaroz, en la puna jujeña. La mina superó la previsión y produjo aproximadamente 6.000 toneladas de carbonato de litio.

En la actualidad, la planta que posee la compañía está produciendo aproximadamente al 50% de su capacidad, según informaron. Además, la planta de cloruro de potasio (KCL) también se encuentra operativa y está en proceso de aumentar su volumen de producción y calidad de producto.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de producción de Caucharí-Olaroz hasta la fecha y continuamos avanzando en el aumento tanto del volumen de producción como de la calidad del producto”, comentó John Kanellitsas, presidente ejecutivo, presidente y director ejecutivo interino.

Kanellitsas agregó que “el equipo en Argentina ha adquirido una experiencia valiosa y ha logrado consistentemente hitos importantes a medida que el Proyecto pasó de la construcción a las operaciones. Esperamos con ansias el año 2024 centrándonos en alcanzar la capacidad nominal y sentar las bases para nuestra próxima fase de crecimiento”.

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El ex secretario de Estado de EEUU, John Kerry, dejará a principios de este año el cargo como enviado especial de Cambio Climático del Gobierno del presidente Joe Biden para sumarse a la campaña de reelección del demócrata, informaron este sábado medios nacionales.

El exsenador, de 80 años, informó a su personal sobre la decisión de retirarse después de habérselo comunicado al presidente Biden, detalló la prensa estadounidense.

El político ha sido el encargado de Biden de restaurar el compromiso de EEUU en las negociaciones climáticas internacionales después de que el expresidente Donald Trump retirara al país del acuerdo de París.

COP28

En la Cumbre del Clima COP28, realizada a finales de 2023 en Dubái, Kerry impulsó la negociación de un acuerdo internacional para comenzar a abandonar los combustibles fósiles.

Kerry, que lleva tres años en el cargo, fue candidato presidencial de su partido en 2004, perdiendo ante el republicano George W. Bush (2001-2009).

CNN reportó que según sus fuentes, Kerry acudirá al Foro Económico Mundial, que comienza este lunes en Davos (Suiza), y se espera que asista a la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra a mediados de febrero.

Biden buscará este año la reelección, muy probable frente al expresidente Trump (2017-2021), el favorito en las encuestas de las elecciones primarias republicanas que comienzan este lunes con los ‘caucus’ o asambleas en Iowa.

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La petrolera Repsol fue demandada en un tribunal de Países Bajos por unos 1.000 millones de dólares (912 millones de euros) debido al derrame de crudo de 2022 en la refinería de La Pampilla, en el norte de Lima, según informaron este viernes medios locales y confirmó la compañía.

“Hemos tomado conocimiento que Refinería La Pampilla ha sido demandada ante una corte de Holanda en representación de un grupo de presuntos afectados por el derrame. A la fecha, nos encontramos revisando los alcances del reclamo”, detalló un comunicado de Repsol, que no confirmó el monto de la demanda.

Según el diario El Comercio, la demanda fue interpuesta por la firma internacional de abogados Pogust Goodhead por la pérdida de miles de puestos de trabajo.

A juicio de Repsol, esta demanda “no tiene fundamento”, si bien detalló que la refinería La Pampilla “es respetuosa del derecho que tienen las personas de acudir al sistema de justicia cuando lo consideren necesario”.

“Sin embargo, de acuerdo con experiencias similares, consideramos que este caso debe ser abordado en el Perú”, agregó la empresa.

Más de 34.000 afectados firmantes

El Comercio, que dialogó con los demandantes, informó que la demanda colectiva reúne más de 34.000 firmas de afectados.

Siempre según los demandantes, “lo que se busca es una compensación económica por los daños generados tras el derrame de unos 12.000 barriles de petróleo el 15 de enero del 2022, que implicó la paralización de la pesca artesanal y el cierre de playas vigente hasta hoy”.

El rotativo detalló que ahora la corte debe “realizar una primera audiencia en junio para determinar si la demanda procede en su jurisdicción”.

Trabajos de Repsol

Por su parte, Repsol recordó en su comunicado que, hasta la fecha, “la compañía ha destinado más de 1.000 millones de soles para las tareas de limpieza, remediación y compensaciones”.

“El 98% de los afectados identificados por el Gobierno Peruano ha cobrado sus compensaciones totales”, agregó.

“Asimismo, de acuerdo con todas las mediciones de laboratorios acreditados y los resultados publicados en los reportes de las autoridades ambientales del Perú, el agua en el mar y las playas afectadas cumplen desde hace tiempo con los más altos estándares de calidad ambiental, tanto nacionales como internacionales”, apostilló.

Al respecto, consideró que las playas que fueron afectadas “son aptas para el regreso de las actividades turísticas y pesqueras en la zona”.

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Días atrás la empresa Ternium, perteneciente al grupo Techint, informó sobre la continuidad de los trabajos en un predio de la localidad bonaerense de Olavarría donde se emplazará un parque eólico. Con una inversión de 160 millones de dólares, el proyecto se enmarca dentro de un plan de descarbonización anunciado en 2021 y se espera que esté terminado para el último trimestre de este año.

El ingeniero Gabriel Blanco se refirió a la obra sobre la Ruta 226 y planteó un debate más amplio. Apuntó a la dependencia tecnológica y marcó la necesidad de una “política energética coherente”.

En el cierre del 2023 se completó el hormigonado de la fundación del primero de los 22 aerogeneradores. “En paralelo ya se está trabajando en el proceso de hormigonado de otras tres bases y se continúa la apertura de caminos. Hasta el momento se crearon 21 km de caminos de acceso e internos del predio, con tareas de desbroce, desmonte y armado de terraplén” precisaron desde la firma.

El parque eólico, que estará ubicado en la Ruta 226 camino a Bolívar, tendrá una potencia instalada de 99 MW y permitirá reemplazar aproximadamente el 90% de la energía que Ternium adquiere en el sistema interconectado nacional.

“En la actualidad, el porcentaje alcanzado ronda el 15%, por lo cual aún queda un tramo importante que completar para cumplir con la Ley. A la fecha hay alrededor de 60 parques eólicos instalados en Argentina” precisó Gabriel Blanco, reconocido docente e investigador especializado en energías renovables y cambio climático.

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Un operario de 30 años resultó con quemaduras en el 70% de su cuerpo por una explosión y un incendio en uno de los piletones de desechos de combustible de una planta de la empresa petrolera Tecpetrol, en el paraje Campo Durán, del norte salteño, por lo que el hecho es investigado por el fiscal Penal Armando Cazón.

La explosión fue violentísima e hizo temblar las viviendas de los alrededores de la planta petrolera de Tecpetrol. Las causas del siniestro no fueron aún esclarecidas, pero las comunidades exigen precisiones y seguridad, advirtieron.

La compañía UTE Aguaragüe precisó que el único herido es Fernando Gabriel Rojas, de la contratista UTE Produser-Servimax, operador de la planta de Campo Durán, quien resultó herido y derivado de inmediato a una clínica en Tartagal, para luego ser trasladado e ingresado en el Instituto Cenesa, en Salta capital.

El operador está “estable y en observación”, indicó la empresa y agregó que se encuentra “asistiendo de manera constante y acompañando la evolución de su estado de salud”.

La compañía UTE Aguaragüe precisó que el jueves, alrededor de las 22, se produjo un incendio en la pileta API de la Planta de Tratamiento de Campo Durán, uno de los yacimientos que opera en Salta.

Además, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta informaron que el hecho ocurrió en la empresa Tecpetrol, ubicada en el paraje Campo Durán, a 400 kilómetros al norte de la capital salteña.

El fiscal penal de Salvador Mazza en feria, Jorge Armando Cazón, informó que tomó intervención al tomar conocimiento de una explosión y un incendio en Tecpetrol y que impartió las directivas de rigor, entre ellas, el pedido de los informes correspondientes a la empresa petrolera, además de los protocolos aplicados, en el marco de la investigación iniciada para esclarecer lo sucedido.

Además del operario que sufrió graves lesiones por este hecho, la comunidad del lugar manifestó su preocupación luego de la explosión, indicaron desde el MPF.

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Por Gastón M. Luppi para DIB

El precio de los combustibles en las estaciones de servicio se disparó en el último mes. El gobierno anterior se despidió con un incremento del 30%, este gobierno llegó con otro aumento del 37% y 2024 trajo el 3 de enero una nueva suba del 27%. Esos saltos se sumaron a los que hubo en el tramo final del proceso electoral: un 10% tras la primera vuelta y un 15% después de la segunda. Por estos días, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires ronda los 699 pesos, contra los 158,80 de enero de 2023.

Cuadras de cola para cargar combustible fueron una manera de intentar apaciguar el impacto directo en los bolsillos, al menos una vez. Sin embargo, la suba en los surtidores da de lleno en toda la economía. El aumento “fue abrupto”, pero “toda la industria lo estaba esperando”, le explica Hernán Landgrebe, secretario de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), a la agencia DIB.

“Toda la industria estaba esperando estos aumentos porque llevábamos años de precios regulados. Esta recomposición le da un poco de aire a nuestro negocio, que estaba muy complicado”, sintetiza Landgrebe, que advierte que además de los aumentos todavía resta resolver el atraso impositivo de los combustibles. “Estamos hablando de un 18 o 20% de impuestos. No sabemos cuándo los querrá actualizar el Gobierno; imaginamos que pronto, teniendo en cuenta la necesidad de recaudar”.

En la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper de YPF está hoy a 699 pesos el litro y el dólar cerró el viernes su cotización en el Banco Nación a 795,5-835,5 pesos. Referencia repetida en los medios, se dice, el litro de nafta debería costar un dólar. Pero, ¿es así?

Hernán Landgrebe, secretario de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra). – Web –

“Históricamente fue así, pero esa comparación quedó un poco obsoleta”, opina Landgrebe. “Esa referencia es de cuando no existían los bio [biocombustibles]. Los bio le generan un costo más al combustible; el bio es más caro que el fósil y eso hace que se encarezca el precio. Por eso la referencia de un dólar por litro quedó obsoleta, debería salir más”.

Comportamientos

Con los aumentos ya consumados, las estaciones de servicio cerraron diciembre “un 10% abajo” en ventas la comparación año contra año. “Y en lo que va de enero estamos un poco más abajo, entre un 12 o 13% en los primeros diez días del mes”.

Sin embargo, desde el sector confían en que se actualizarán los salarios y que la demanda se va a recomponer. “Siempre pasa, fue así en los años anteriores, cuando el precio estuvo atrasado y se actualizó. Cuando aumentan los precios, en un mes normal, la primera semana baja, pero después se acomoda. Acá está tardando un poco más en acomodarse, el escenario es totalmente distinto, pero confiamos en que cuando se actualicen los salarios se va a recomponer la demanda. Con una demanda normal y precios actualizados, nuestro negocio vuelve a tomar color; estábamos agonizando, estábamos en un momento muy complicado”. Y a modo de síntesis: “Ahora que en abril viene la cosecha, creemos que con estos valores no debería haber ningún problema de abastecimiento. Nosotros con estos precios y abastecimiento estaríamos bien. Sí necesitamos la demanda”.

En cuanto al comportamiento de los usuarios, hay “migración” de los productos premium a los súper. “Es lo normal, todavía no lo tenemos medido pero hay una migración y se nota”. Sin embargo, Landgrebe también confía en que quienes ahora dejan de cargar los combustibles más caros, pasado un tiempo, volverán. “El argentino es alguien que cuida mucho el auto, está muy pendiente, somos uno de los países con mayor penetración de productos premium en el mercado. Cuando puede, el argentino vuelve al premium”.

– Xinhua / Martín Zabala –

Desactualizados

Las estaciones de servicio marginan sobre el precio de venta de las petroleras. “Cada petrolera les da a sus operadores un porcentaje del precio de venta; si ese precio de venta no se actualiza, mi margen queda chato, estancado. Pero la inflación para el resto de las cosas continúa. Por ejemplo, en la última paritaria acompañamos la inflación y nuestros precios no estaban actualizados. Y lo mismo nos pasa con los costos, como mantenimiento o insumos; muchos de nuestros insumos son importados. Con esta devaluación, era imposible que nuestro negocio se sostuviera si no se actualizaba”.

Cada petrolera tiene su estrategia de precios y su estrategia de márgenes hacia los operadores. Y en momentos de “precios pisados”, “las petroleras tomaron algunas medidas como para darles una mano a los operadores. Por ejemplo, brindaron ayudas como para hacerles frente a los sueldos, o mejoraron la comisión en ciertos productos, o no cobraron determinadas comisiones que se cobran relacionas con el marketing y la publicidad”.

Ahora se transita un nuevo escenario, sin controles y con precios que acompañarán a la inflación y a los valores internacionales. “No creo que sea una complicación”, opina Landgrebe en el diálogo con DIB. “Me parece que este ordenamiento le va a venir bien a toda la industria. Por ejemplo, es importante para tentar a las inversiones. Vaca Muerta es un recurso muy bueno que tenemos ahí y hay que aprovecharlo. O sea, no hay mucho tiempo más para el fósil, pero sí la suficiente cantidad de años como para poder aprovechar Vaca Muerta. Y una manera de tentar a los inversores es tener los precios ordenados”.

Desfasajes

El minuto a minuto del precio de los combustibles y automovilistas prestando mayor atención a las pizarras llevó a identificar desfasaje entre estaciones de servicio de ciudades vecinas, o hasta en una misma ciudad.

– Xinhua / Martín Zabala –

Con respecto a las diferencias entre localidades vecinas, Landgrebe mencionó la aplicación de tasas municipales que encarecen el valor de venta al público. “Desde Fecra hemos hecho presentaciones en la Justicia. Un caso es el municipio de Pinamar, que cobra un 3% por encima del precio y eso no lo paga el operador, lo paga el consumidor”. Pero también tiene su perjuicio para el estacionero porque “redirige la demanda”. “Un intendente pone tasa, otro no, ¿dónde va a cargar la gente”, explica.

Y sobre la diferencia de precios en una misma marca en una misma ciudad, Landgrebe dejó claro: “Los precios son libres, el precio de venta al público está desregulado. Las estaciones de servicio tienen un precio sugerido que cada operador poder respetar como no. Es una decisión de cada estación de servicio, pero me parece que hoy no hay margen para poner un precio por encima del sugerido, se queda muy arriba”. ¿Y para abajo? “Hay algunos que lo hacen, resignan margen para ganar volumen. Pero termina siendo imperceptible para el consumidor y costoso para el operador”.

¿El flete?

La nafta súper de YPF está a 699 pesos en la Ciudad de Buenos Aires, a 775 pesos en La Plata, a 818 pesos en Trenque Lauquen y a 831 pesos en Necochea, por ejemplo. En Rosario y en Córdoba capital, 806 pesos, pero en Mendoza se paga 755 pesos, según la aplicación “Dónde cargAR”.

“El precio más barato de Argentina es en la Ciudad de Buenos Aires, pero eso es una estrategia de precios. Es cierto, el flete es una variable que hace al precio, pero no es tanto. Es más una estrategia de precios que comanda YPF, la dueña del mercado, y todos la siguen”. Y al igual que en el caso de las tasas municipales, esta estrategia a veces redirige la demanda, y va un ejemplo: “Aquella persona que vive en Lomas de Zamora y trabaja en CABA, ¿dónde carga?”. Es un pro y una contra: “Nosotros marginamos sobre el precio de venta, entonces cuanto más alto es el precio de venta, mayor es nuestro margen. Pero si esa estrategia de precios redirige la demanda, hay mayor margen pero menor volumen”. 

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La Secretaría de Minería y Energía de Salta, mediante Resolución 10/23 aprobó el Informe de Impacto Ambiental autorizando la construcción de una planta fotovoltaica que generará 6 MW y abastecerá parte de las necesidades energéticas en Mina Lindero, operada por la empresa Mansfield Minera S.A.

Este proyecto busca reducir la dependencia de la generación diésel y promueve la transición hacia fuentes de energía más limpias en los procesos industriales. Es importante destacar que la puna salteña cuenta con condiciones óptimas de radiación solar y permiten incorporar este tipo de tecnología de generación en los proyectos.

En el estudio, para su aprobación y conforme a las competencias del organismo, se realizó una evaluación que estuvo a cargo de profesionales de las áreas de Gestión y Policía Minera y de Fiscalización Ambiental Energética.

Esta iniciativa se enmarca en el eje Nº 9 de Energías Renovables del Plan Provincial para el Desarrollo Minero Sustentable 2030 y permite afianzar la política de promoción de energías limpias que impulsa el Gobierno para la actividad minera, sumándose a otros, como el planta fotovoltaica de 120 KW del Proyecto Mariana, que se construye en el Salar de Llullaillaco.

El proyecto Lindero entró en la etapa de producción en octubre de 2020. Hoy la empresa genera actualmente 600 empleos y es pionera en políticas ambientales y de género con impacto positivo en las comunidades, principalmente en Tolar Grande.

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El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, analizó hoy que “es urgente frenar” la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

En declaraciones formuladas a Radio Provincia, el dirigente se refirió a los incrementos en las tarifas de gas e indicó que “es un montón, pero es algo confuso”.

“Hasta ahora, lo que pasó en la audiencia pública -convocada por Enargas que tuvo lugar este lunes- es que las distribuidoras y transportistas pidieron aumentos según cada una entre 300 y 700%. Eso va a tener un alto impacto en la gente si el Gobierno nacional lo otorga”, observó el funcionario.

Consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo nacional recorte el Régimen de Zona Fría (RZF) para el pago del servicio de gas, manifestó: “Hasta ahora dicen que van a eliminar todos los fidecomisos, lo cual alcanza a casi 80 municipios de la Provincia que a partir de la Ley 27.637 tenían un 50% de descuento en la tarifa” y por lo tanto “desapreciaría ese beneficio como tal”.

En relación con la reunión que mantuvo con las pymes regionales que elaboran el biocombustible y la preocupación del sector frente a las modificaciones que introduce la Ley “Bases…”, afirmó: “Los afectaría en todo, ayer plantearon con razón que de aprobarse la ley, directamente tienen que cerrar las puertas”, por lo que estimó que “es urgente frenar el delirio de esta ley ómnibus y el DNU 70/2023”.

Por otro lado, Ghioni recordó que desde la provincia de Buenos Aires no definen tarifas de gas y con respecto a la electricidad “definimos la parte de la distribución, lo que es transporte y generación es nacional”.

Finalmente, agregó: “Hay que ver qué pasa con la distribución porque todavía hay un sector grande de la población que está subsidiada en materia de energía. Estamos expectantes y trabajando con las cooperativas y las distribuidoras”.

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Francia y República Checa acordaron cooperar en la financiación de proyectos conjuntos de energía nuclear, se informó oficialmente.

La noticia surgió tras una rueda de prensa conjunta del ministro de Industria y Comercio checo, Jozef Síkela, y de la ministra de Transición Energética gala, Agnes Pannier-Runacher.

“La República Checa cooperará con Francia en la financiación de proyectos conjuntos en el ámbito de la energía nuclear. Así lo prevé el acuerdo firmado el martes entre la Agencia de Tecnología de la República Checa y la Agencia Nacional de la Investigación de Francia”, señala la nota.

Ambos países también tienen previsto favorecer la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo de la energía nuclear en la Unión Europea, informó la Radio checa, citada por la agencia de noticias Sputnik.

Francia es el mayor productor europeo de energía nuclear y también toma parte activa en este ámbito en Chequia, como también se denomina a la ex Checoslovaquia.

A partir de este año, la empresa francesa Framatome suministra combustible a la central nuclear checa de Temelin, ubicada en el suroeste del país.

Además, la compañía francesa EDF es uno de los principales competidores para construir una unidad de energía en la central nuclear checa de Dukovany.

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Los componentes de los aerogeneradores del nuevo parque eólico de YPF Luz, el cuarto de la empresa nacional, comenzaron a arribar esta semana a la localidad cordobesa de General Levalle.

El transporte se realizará hasta mediados de mayo próximo, con nuevos arribos todas las semanas, mediante camiones especializados de gran porte que marcha a una velocidad reducida.

Esta logística no implica cortes de ruta o accesos, y se realiza con todos los permisos correspondientes para circular, otorgados por Vialidad Nacional y/o Vialidad Provincial.

A fines de febrero, se podrá ver el montaje del primer aerogenerador del Parque Eólico General Levalle, que tendrá una altura total de 204 metros, equivalente a la altura de tres obeliscos.

Entre las principales características de los aerogeneradores que están llegando a General Levalle, se destacan su potencia máxima (6,2 MW), el largo de las palas (79,35 m), el área de barrido (20.612 m²) y la altura de buje (pieza de unión entre las palas y el eje principal, 125 m).

El parque contará con 25 aerogeneradores y tendrá una capacidad instalada de 155 MW, equivalente al consumo de más de 190.000 hogares y reducirá 350.000 toneladas de CO2 por año.

Estará dividido en dos etapas de construcción: el Parque Eólico General Levalle I, de 62 MW con 10 aerogeneradores; y el Parque Eólico General Levalle II, de 93MW, con 15 aerogeneradores.

Luego del ingreso de los componentes, se iniciará el montaje de las turbinas, que tomará aproximadamente seis meses de trabajo; y la última etapa consistirá en la fase de configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

Creada en 2013, YPF Luz es una empresa generadora de energía eléctrica con una capacidad instalada de 3,2GW que abastece al mercado mayorista y a las industrias argentinas.

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La Marina iraní informó este jueves que incautó un barco petrolero en el golfo de Omán a raíz de “un fallo de la justicia”, en un nuevo episodio que dificulta el comercio marítimo en las costas de la península arábiga, signada por los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen en el mar Rojo.

“La Marina de la República Islámica de Irán incautó un petrolero estadounidense en aguas del mar de Omán conforme a una decisión de la justicia”, indicó la agencia de noticias oficial IRNA.

Previamente, la agencia de seguridad marítima británica (Ukmto) y la compañía de seguridad marítima privada Ambrey habían anunciado que varios hombres armados “en uniforme militar” habían abordado un petrolero en el golfo de Omán.

“Cuatro o cinco personas no autorizadas” subieron a bordo de un barco que navegaba frente a las costas de la ciudad omaní de Sohar, en el norte del sultanato, indicó Ukmto. Los individuos llevaban “uniforme militar negro” y máscaras del mismo color, precisó.

Según Ambrey, el incidente se produjo alrededor de las 7.30 (0.30 de Argentina) a bordo del “St Nikolas”, un petrolero con bandera de las Islas Marshall, país insular ubicado en el océano Pacífico, que a continuación puso rumbo al condado de Bandar-e Jask, ubicado en la costa sur de Irán.

Empire Navigation, el grupo griego que opera el “St Nikolas”, afirmó en un comunicado que “perdió contacto” con el barco y con los 19 miembros de la tripulación, compuesta por 18 filipinos y un griego, según recogió la agencia de noticias AFP.

El barco había cargado en Basora, Irak, “cerca de 145.000 toneladas de crudo destinado a Aliaga (Turquía) a través del canal de Suez”, indicó.

La embarcación, que antes se llamaba Suez Rajan, estuvo involucrada el año pasado en una acción del gobierno estadounidense, que se incautó del petróleo iraní que estaba siendo transportado en violación de las sanciones establecidas por Washington contra el país persa.

“Este buque robó petróleo de Irán por orden de Estados Unidos y lo transportó a costas estadounidenses”, declaró la Marina iraní en un comunicado, difundido por los medios estatales y que reprodujo The New York Times.

Ambrey aclaró que “Irán ya ha actuado antes contra quienes acusa de cooperar con Estados Unidos”.

El golfo de Omán es transitado por buques que parten desde allí y atraviesan el estrecho de Ormuz, que conecta con el golfo Pérsico y por el que pasa cerca de una quinta parte de todo el comercio de petróleo del mundo.

El golfo de Omán fue escenario de varios incidentes y de ataques en los últimos años, en muchos de los cuales estuvo implicado Irán.

El transporte marítimo en esa región se vio sacudido recientemente por los ataques de los rebeldes yemeníes hutíes en la otra costa de la península arábiga, en el mar Rojo, en lo que definen como una muestra de “apoyo” a los palestinos de la Franja de Gaza, escenario del conflicto entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel.

El miércoles, los ejércitos de Reino Unido y Estados Unidos informaron que derribaron 18 drones y tres misiles lanzados por los hutíes -aliados de Irán- en el mar Rojo, en el “mayor ataque” de los rebeldes hasta la fecha, según el gobierno británico.

En paralelo, cada vez más navíos de todo el mundo evitan el canal de Suez debido a la proliferación de los ataques hutíes, una decisión que representa un golpe para Egipto en momentos que enfrenta su peor crisis económica.

Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que el volumen transportado por el canal cayó 35% la semana pasada, comparado con el mismo período de 2023.

Al mismo tiempo, el volumen transitado por el cabo de Buena Esperanza, por la costa sudafricana, subió 67%.

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El secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Gastón Arias, consideró que el nuevo cuadro tarifario del servicio del gas “es inviable e irracional” y planteó que en algunos casos “afectaría el total de los ingresos de los usuarios”.

En un comunicado, el organismo indicó que, tras participar de la audiencia pública realizada por el Gobierno nacional para analizar el aumento del gas, Arias consideró que “es inverosímil que una persona pague por lo menos cinco veces más el gas”.

“Son cifras astronómicas y sin precedentes, ya que afectaría en algunos casos el total de los ingresos de las y los usuarios”, agregó el funcionario al rechazar los aumentos previstos.

“Va a ser un escenario explosivo en los próximos dos o tres meses porque el impacto será fenomenal en los bolsillos de las y los ciudadanos”, vaticinó Arias.

En esa línea, también cuestionó que las audiencias públicas no tengan carácter vinculante. Por último, aseguró que “la Defensoría va a tomar todas las medidas necesarias para proteger y cuidar a las y los bonaerenses”.

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El Gobierno de Cuba anunció que aumentará más de 500% los precios de los combustibles a partir del 1 de febrero próximo, como parte de un conjunto de medidas destinadas a tratar de reducir el déficit fiscal.

El precio del litro de nafta común se incrementará de 25 pesos cubanos (20 centavos de dólar) a 132 pesos (1,10 dólares), precisó el ministro de Finanzas, Vladimir Regueiro, en una transmisión de la televisión estatal.

Asimismo, la nafta especial pasará de costar 30 pesos cubanos (25 centavos de dólar) a 156 pesos (1,30 dólares), lo que significa un alza de 520%.

Las autoridades también dispusieron que los turistas extranjeros comiencen a pagar el combustible en divisas, según la agencia de noticias AFP.

El aumento de los precios “tiene como objetivo comprar combustible, poder aprovisionarnos para seguir comprando” y “lograr un suministro estable”, afirmó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, en el mismo programa.

Por otra parte, las autoridades anunciaron que a partir del 1 de marzo se incrementará en 25% la tarifa del suministro de electricidad para los mayores consumidores.

También avisaron que se aumentará el precio del gas licuado, aunque sin precisar la magnitud, con el objeto de “eliminar el subsidio” estatal, según la agencia cubana Prensa Latina.

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La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) se declaró en “estado de alerta” y advirtió que “la derogación de la Ley del Azúcar y los cambios en la de Biocombustibles” propuestos en la ley ómnibus del Gobierno “implican un grave riesgo de subsistencia de la actividad y la pérdida de una inmensa cantidad de fuentes de trabajo”.

La FOTIA alertó en un comunicado sobre “la amenaza que representa para la totalidad de la actividad -la más importante del Noroeste Argentino (NOA)- los contenidos relacionados con el sector incluidos en el proyecto de ley ómnibus presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación”.

“En línea con lo planteado por los industriales del Centro Azucarero Argentino (CAA), la FOTIA rechazó la derogación de la ley del azúcar N°25.715 y las modificaciones que se proponen en el proyecto del Ejecutivo a la Ley de Biocombustibles N°27.640, porque generan un grave riesgo de subsistencia a la principal actividad productiva del Noroeste Argentino y la pérdida de una inmensa cantidad de fuentes de trabajo”, indicó el gremio.

Recordó que “la gravedad del caso ya fue planteada al Gobierno nacional por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en tanto el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, atendió las preocupaciones de los ingenios y cañeros de su provincia con quienes acordó una agenda de trabajo para buscar alternativas en defensa de la producción local”.

La FOTIA puntualizó que “la actividad sucroalcoholera dentro de la Argentina representa un empleo directo de aproximadamente 58.000 personas e indirectamente brinda trabajo a más de 140.000 trabajadores”.

Alertó que “sabiendo que el mercado internacional sufre severas fluctuaciones” y que el del azúcar es “uno de los más regulados en el mundo por subsidios, restricciones y protecciones de muchos países”, la derogación de la ley 25.715 y la apertura del mercado interno “colocará al sector en una situación de desprotección absoluta” ante la posibilidad de ingreso de azúcar del exterior, lo cual “afectaría la producción local y el trabajo de muchas familias argentinas”.

Sobre la modificación de la Ley de Biocombustibles, la FOTIA dijo que “se contrapone a la posibilidad de que los empleadores realicen inversiones y mejoras en la producción de bioetanol de caña de azúcar y proporcionen nuevas fuentes de empleos, ya que esto limita la seguridad jurídica que marcaría una estabilidad en el tiempo”.

Si el proyecto prospera -alertó- “se podrá importar libremente alcohol, se podrá disminuir el porcentaje de mezcla (de bioetanol) con las naftas y directamente generará una desocupación de efectos insospechados”.

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El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, calificó este miércoles como “nefasto” al Gobierno del presidente Javier Milei; rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus enviadas por el Ejecutivo al Parlamento y ratificó su adhesión al paro nacional y a la movilización hacia el Congreso el 24 de enero.

“Es preciso ese día hacerle sentir a este Gobierno nefasto, a las multinacionales y a los estudios de abogados cómplices de la ejecución de esta política que los derechos de los trabajadores son y serán innegociables”, sostuvo el sindicalista en un comunicado.

El dirigente sostuvo que las medidas enviadas por el Gobierno al Congreso “ponen en juego y arriesgan varias conquistas de los trabajadores y sus organizaciones”, por lo que convocó a todas las seccionales nacionales mineras a participar en la protesta.

Laplace agregó que el 24 de este mes los mineros irán nuevamente a la lucha por “un movimiento obrero unido y por el respeto a los hombres y mujeres que dieron su vida por obtener estas conquistas históricas”, por lo que “es necesario participar más que nunca”.

El dirigente sostuvo que las medidas enviadas por el Gobierno al Congreso “ponen en juego y arriesgan varias conquistas de los trabajadores y sus organizaciones”, por lo que convocó a todas las seccionales nacionales mineras a participar en la protesta.

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La producción de carbonato y otro minerales de litio creció en noviembre 68,4% respecto a igual mes el año pasado, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo incluyó este dato en el informe sobre el Índice de Producción Minera.

De manera general, el sector minero reflejó en noviembre un avance del 7,1% interanual, tras alcanzar un alza del 0,6% respecto a octubre y un acumulado del 9,6% en los once primeros meses de 2023.

Esta suba del nivel general también contó con un incremento del 9,5% en la explotación de petróleo crudo; 8,8% en Plata y Oro; y del 63,7% en la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos. Por el contrario, la extracción de minerales preciosos bajó 21,6%; y la de rocas ornamentales -5,6%.

Un dato llamativo lo dio la extracción de arena, que para la construcción presentó una baja del 7,7%, en línea con el menor nivel de actividad del sector, mientras que la que se extrae para fracking petrolero se incrementó 32,8%.

De hecho, los servicios de apoyo para la extracción del petróleo crudo y gas natural aumentaron 12,3% interanual en noviembre, informó el Indec.

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El Gobierno británico anunció este jueves un ambicioso plan de expansión de la energía nuclear que constituye la mayor iniciativa de este tipo en los últimos 70 años, con lo que no dependerá -y probablemente muchos otros países europeos tampoco- de la energía que provee Rusia, según una fuente oficial.

La medida está destinada a crear empleos, reducir las facturas y fortalecer la seguridad energética nacional luego del sacudón que provocó la guerra en Ucrania, que hizo subir los precios de la energía con el consecuente perjuicio para los hogares británicos y del resto de Europa.

La guerra desencadenó la peor crisis energética global desde la década de 1970 y los precios de la energía aumentaron en muchas partes del mundo al tiempo que los países disminuían o suspendían la compra de combustibles fósiles procedentes de Rusia.

Según el plan del Gobierno británico, el Reino Unido incrementará ahora su generación nuclear hasta en cuatro veces, alcanzando los 24 gigavatios (GW) para 2050.

Esto representará suficiente energía para satisfacer una cuarta parte de las necesidades eléctricas del país.

“La energía nuclear es el antídoto perfecto para los desafíos energéticos que enfrenta Gran Bretaña: es ecológica, más barata a largo plazo y garantizará la seguridad energética del Reino Unido a largo plazo”, afirmó el primer ministro Rishi Sunak.

El programa incluye la exploración de una nueva central eléctrica a gran escala, comparable a las de Sizewell en Suffolk o Hinkley en Somerset. Además, el Gobierno invertirá hasta 300 millones de libras esterlinas en la producción británica de combustible nuclear avanzado, conocido como Haleu, que actualmente sólo se produce comercialmente en Rusia.

“Estamos haciendo la mayor inversión en energía nuclear nacional en 70 años”, afirmó la Secretaria de Estado de Seguridad Energética y Net Zero, Claire Coutinho.

“Nuestro plan de 300 millones para producir combustible nuclear avanzado en el Reino Unido abastecerá plantas nucleares en el país y en el extranjero, debilitando aún más el control del Kremlin sobre los mercados energéticos mundiales”, añadió la funcionaria.

Este ambicioso plan también contempla la construcción de pequeños reactores modulares (SMR), que podrían transformar la forma en que se construyen las centrales eléctricas al hacer que la construcción sea más rápida y menos costosa.

Los esfuerzos para duplicar la fuerza laboral nuclear civil y de defensa en los próximos 20 años generarán aproximadamente 80.000 empleos calificados adicionales en todo el Reino Unido.

“Al satisfacer una cuarta parte de nuestra demanda de electricidad con energía nuclear, fortaleceremos nuestra independencia energética, reduciremos las facturas y respaldaremos el empleo en todo el Reino Unido”, agregó el ministro de Asuntos Nucleares, Andrew Bowie.

El Gobierno también lanzó dos consultas públicas para discutir la ubicación de futuras centrales nucleares y el apoyo al sector. Además, Great British Nuclear (GBN) impulsará las ambiciones nucleares del país, incluyendo el concurso SMR.

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El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvieron una reunión con ejecutivos de YPF SA y la empresa Petronas para discutir un proyecto de inversión de 180 millones de dólares en Gas Natural Licuado (GNL).

La inversión se centra en la ingeniería del proyecto GNL, que tiene como objetivo duplicar la producción actual de gas en Argentina.

Este proyecto es crucial para el desarrollo energético del país y se espera que genere un impacto significativo en la economía argentina, incluyendo la creación de empleos y el desarrollo de productos de exportación.

La primera fase del plan comenzará en 2027, con la previsión de inversiones adicionales hasta 2031 que alcanzarían los 50.000 millones de dólares en total, incluyendo GNL, nuevos pozos en Vaca Muerta e infraestructura.

Además, se espera que el proyecto genere aproximadamente 16.000 millones de dólares anuales en exportaciones de gas una vez completado.

En la reunión, también se discutió la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enfocada en brindar seguridad jurídica para este tipo de inversiones.

Participaron en el encuentro altos directivos de Petronas, una de las principales compañías del sector hidrocarburífero a nivel mundial, y se destacó la colaboración entre YPF y Petronas para optimizar las inversiones y captar oportunidades de mercado.

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La compañía YPF emitió Obligaciones Negociables por US$ 800 millones garantizadas por sus exportaciones, según informó la empresa.

El nuevo bono tiene un plazo de siete  años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.

“Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos”, indicó la empresa en un parte de prensa.

Además, se destacó que de esta forma, YPF volvió a emitir una ON luego de cuatro años y medio.

En la operación la compañía recibió ofertas por US$ 1,800 millones, más del doble de lo que finalmente emitió.  

La Compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.

Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó con miembros de la comisión directiva e integrantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) el impacto que tendría en el sector la aprobación de la Ley ómnibus que impulsa el Gobierno Nacional.

En un comunicado se indicó que del encuentro participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el vicepresidente primero de Centrales de la Costa Atlántica S.A., Diego Rozengard.

Por Cepreb estuvieron presentes el vocal Carlos Paredes; el revisor de cuentas de la entidad, Daniel Mónaco; y los representantes Juan Manuel Ritacco, Marcelo Michelini, César Cárdenas y María Camila Barbagelata.

“La Ley ómnibus tendría consecuencias absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel, cuya particularidad es que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia”, sostuvo el ministro Rodríguez.

El funcionario bonaerense consideró que “este proyecto del Gobierno nacional viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor”.

Desde el Gobierno bonaerense advirtieron que la sanción del proyecto de ley podría impactar sobre 11 plantas bonaerenses productoras de biodiesel que están distribuidas en los partidos de Bahía Blanca, Junín, Saladillo, Daireaux, Ramallo y Pilar.

Se trata de un entramado pyme que surgió a partir de la sanción en 2006 de la Ley 26.093 de biocombustibles, la cual estableció cupos, precios y cantidad de cortes con el objetivo de promover la actividad y la industrialización en el interior del país.

Ghioni detalló que durante el encuentro “se analizó la situación crítica en la que entraría el sector a partir de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional”.

“Estas pymes quedarían directamente afuera, ya que sería imposible que pudieran competir con las grandes exportadoras que concentran la mayor parte del mercado”, agregó el dirigente pyme.

Por su parte, Ritacco indicó que “la aprobación de la Ley Ómnibus significaría el cierre de las pymes del sector y la pérdida del trabajo de muchos bonaerenses: mientras que la legislación actual promueve el desarrollo en el interior del país, esta iniciativa busca quitarle volumen de producción a las pymes para entregárselo a los grandes productores”.

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Llegó la noticia que el Gobierno no esperaba. La jueza Loretta Preska confirmó el 10 de enero como fecha para que la Argentina presente garantías y de esta manera evite embargos durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF.

Con esta decisión, y como no se han presentado avales, desde hoy, jueves 11 de enero, los demandantes,  podrán comenzar con los pedidos de embargos de activos ubicados en los EEUU y en el resto del mundo. Los demandantes son los fondos Burford Capital y Eton Park.

El Estado argentino fue obligado a pagar una indemnización de US$16.100 millones en septiembre pasado por la sentencia en contra por el juicio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, y tenía plazo hasta ayer para presentar avales de garantía y evitar embargos durante el proceso de apelación. 

De esta forma, como los avales no han sido presentados y con este fallo el aplazamiento de la fecha negado, el Estado argentino corre el riesgo de recibir embargos en sus bienes y activos, como ya le ha ocurrido tiempo atrás en el juicio con los fondos buitres tras la salida de la convertibilidad. 

En esa oportunidad, retuvieron 77 días en Ghana a la Fragata Libertad y para que no retengan el Tango 01, el avión presidencial, muchos vuelos se hicieron en aviones privados cuando las autoridades viajaban al exterior.  

El CEO de  Latin Advisors y especialista en el caso, Sebastian Maril, comentó en su cuenta de X parte del fallo de la jueza donde responde a parte de las razones que invocaba el país para lograr un nuevo aplazamiento de la fecha. “La Jueza Preska le está diciendo al Gobierno argentino que se simpatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le “recomienda” que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF.”, sostuvo.

Ahora el Estado argentino, que es representado en la causa por  el estudio Sullivan & Cromwell, tiene la posibilidad de continuar con el proceso de apelación del fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para ello deberá presentar el 22 de febrero el escrito con los argumentos por los cuales los jueces de segunda instancia deberían darle lugar y revisar la sentencia de Preska.

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La jueza de Nueva York Loretta Preska debe definir este miércoles si extiende el plazo de suspensión provisional de la ejecución de la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar una indemnización de US$16.100 millones por la expropiación de YPF.

La magistrada pidió al Estado que deposite el 26% de las acciones de la petrolera como garantía, caso contrario, los 
activos argentinos en Estados Unidos podrían ser embargados.

Es que la Argentina perdió en primera instancia el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que se concretó en 2012; la demanda fue impulsada por los fondos buitre Burford Capital y Eton Park.

Preska le había concedido al Gobierno argentino una extensión del plazo para evitar embargos hasta este miércoles, pero los fondos metieron presión en los últimos días para que se cumpla la sentencia.

Dixit de abogado Burford y Eton Park

“A pesar de las declaraciones bienvenidas y optimistas del nuevo presidente de la Argentina, los abogados del Estado 
argentino han dejado en claro que la República no cooperará ni siquiera en cosas básicas (como aceptar la notificación de acciones para reconocer la sentencia en el extranjero) y, por lo tanto, los demandantes siguen convencidos de la probable necesidad de hacer cumplir la sentencia a través del arduo y lento proceso de embargar bienes no inmunes“, sostuvo el abogado Randy Mastro, que representa a Burford y Eton Park.

La respuesta argentina fue inmediata: el abogado defensor, Robert Giuffra, aseguró que “los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente”.

Por ese motivo, dijo que cualquier acción sería “allanar el camino para el uso indebido y acosador de procedimientos de 
embargo sin respaldo de la ley y uso despilfarrador de recursos judiciales”.

“Incluso si la actual suspensión de la ejecución expira el 10 de enero, no es ‘razonable’ que los procedimientos de embargo y ejecución comiencen sólo cuatro meses después de la sentencia de este Tribunal. Muchos otros tribunales han considerado ‘razonables’ plazos mucho más largos incluso sin muchos de los factores convincentes presentes aquí”, añadió.

Posición argentina frente a la jueza Loretta Preska

Giuffra resaltó también que la administración de Javier Milei “está abordando circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de los servicios de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y una inflación que ahora se acerca al 200%. La administración ha puesto en marcha medidas fiscales y monetarias muy significativas para intentar poner la economía de la Argentina en un nuevo rumbo, y está en medio de conversaciones con el FMI con respecto al ajuste de su programa económico”.

Al dictar su sentencia, Preska determinó que la Argentina violó el estatuto de YPF al estatizarla parcialmente (el Estado controla el 51% de la petrolera) con lo cual perjudicó a los accionistas minoritarios. 

Por otra parte, el 22 de febrero, la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de 
Nueva York un escrito  para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de la jueza neoyorkina.

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La empresa YPF S.A., con el fin de reducir deuda a corto plazo, realizó una oferta tentadora para comprar “obligaciones negociables”, un tipo de instrumento financiero que emiten los privados, comprometiéndose a cancelar esa deuda en un plazo pactado, con intereses incluidos.

El vencimiento de la Oferta de compra tiene una tasa del 8,75% equivalentes a la emisión de $1billón de bonos garantizados al 2031. “Las expectativas del mercado son razonables ya que YPFDAR 26 con una estructura similar tuvo un excelente desempeño”, destacó Adcap Grupo Financiero

La fecha límite de la oferta es hasta el 5 de febrero de 2024, pero para tener derecho a recibir la Contraprestación correspondiente más los Intereses, se deberán presentar las Obligaciones Negociables hasta el 19 de enero de 2024 a las 17 horas en la ciudad de Nueva York (19 horas de Buenos Aires), siempre y cuando dicha fecha y hora, no sea susceptible de prorroga en relación con la Oferta de Compra.

“Las expectativas del mercado son razonables ya que YPFDAR 26 con una estructura similar tuvo un excelente desempeño”, destacó Adcap Grupo Financiero

El año pasado, los bonos en dólares de YPF generaron una ganancia del 30%, reconociéndose como una de las mejores deudas corporativas de Latinoamérica, según datos de Bloomberg. Además, los bonos con vencimiento en abril cotizan en alrededor de 99,5 centavos por dólar.

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El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, señaló este miércoles que al tomar las riendas de la gestión en su área se encontró con “un sistema energético que está desinvertido, desfinanciado y es ineficiente con alto riesgo de desabastecimiento”.

“Esta situación de déficit, desfinanciamiento y desinversión nos da un cuadro muy preocupante en el sector eléctrico. El sistema no es autosuficiente, y eso no logramos conseguirlo hace mucho tiempo”, indicó.

En ese sentido, el funcionario advirtió que la situación del sector energético es “alarmante”, y puso como ejemplo que “la balanza comercial de los últimos diez años dio una pérdida acumulada de 30.000 millones de dólares”.

“La situación preocupante del sector energético requiere de medidas muy importantes, que a veces se tomarán mediante decretos y resoluciones”, alertó. 

Según manifestó, el objetivo de su gestión es “recuperar confianza en la inversión introduciendo reglas claras y simples para mercados abiertos”, y destacó que el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” es clave en esa dirección.

Al participar de la segunda jornada de debate de la llamada “ley ómnibus” (ya había concurrido el martes) en la Cámara de Diputados, Rodríguez Chirillo subrayó la necesidad de crear un régimen de iniciativa privada para hacer gasoductos y estaciones de GNL.

También hizo hincapié en la necesidad de “construir un sendero de precios para recuperar costos y dar señales para la inversión, incentivar inversiones con estabilidad fiscal y aggiornar los tratados de protección de inversiones”. “Necesitamos inversión nacional y extranjera para lograr ser un país exportador”, expresó.

Sobre el sector eléctrico, Rodríguez Chirillo advirtió que “al no haber inversión en generación, la potencia disponible está muy cerca de la demanda máxima, con lo cual los riesgos de corte son muy altos”.

Además, informó que la tarifa que pagan los usuarios de energía cubre únicamente el 40% del costo de suministro, lo cual lleva a que el Estado financie con recursos propios el sistema con 7.200 millones de dólares en 2023.

“Los cuadros tarifarios, al estar congelados desde 2020 (tuvieron luego ajustes parciales), han fomentado el crecimiento de la demanda porque cuando la energía está barata se gasta más de lo que se necesita”, señaló.

También Rodríguez Chirillo destacó que la intención del Gobierno es que los usuarios puedan elegir libremente a qué empresa de electricidad contratan, “de un modo parecido a como sucede en la telefonía móvil, donde cada cuál elige su prestador del servicio”.

En materia de hidrocarburos, explicó que el Gobierno impulsa un cambia de paradigma vinculado a “reconocer el derecho de las empresas a la libre comercialización al exterior de petróleo y gas, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía, que solamente podrá hacerlo en caso de sobreprecio en el abastecimiento local”.

“La propuesta es que el Estado libere el precio y el biodiesel aumente el corte obligatorio de 7 a 10%, para ir creciendo hasta el 15% en el 2026. Eso nos va a alinear con Brasil. En Bioetanol se mantiene el 12 y se aumenta al 18% en tres años para seguir un sendero hasta el 27%”, precisó el secretario de Energía.

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El nuevo interventor del Enargas, Carlos Casares, ordenó una investigación interna tras hallar dos servidores informáticos de alta potencia instalados en la sala de sistemas de la sede del organismo que no estaban declarados en el inventario, con lo cual se supone eran usados para fines ajenos a los del Enargas.

Se supone que los mismos eran utilizados para minar criptomonedas y por ello se inició la investigación interna.  Por ello la investigación apunta a Ramiro Pigliapoco, quién hasta fines de diciembre fue titular del área de Tecnología de Comunicación e Información del Enargas.

Según se constató, las computadoras no estaban incluidas en el inventario del ente regulador ni tampoco brindaban ningún tipo de servicio asociado al contralor de la actividad gasífera.

“Esta intervención tomó conocimiento de la existencia en el ámbito de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación de la presencia de dos equipos no inventariados, que prima facie no guardan relación con las funciones del organismo y que habrían sido utilizados para intereses ajenos a la competencia del Enargas”, detalla Casares en la resolución 6/2024 que tiene fecha del 6 de enero.

A su vez, el ente dispuso la creación de una comisión investigadora, a cargo de Claudio De la Fuente, un directivo histórico del área de Recursos Humanos, y de Silvana Onorati, coordinadora del Asuntos Legales del organismo. Pero, un día antes de su oficialización, Pigliapoco presentó su renuncia, lo que evitó que se lo indague en profundidad para saber cómo dos servidores de alta tecnología llegaron a estar instalados dentro del organismo.

Según destaca el sitio Econojournal, la sospecha sobre el ex gerente de Tecnología surge porque era uno de los pocos que tenía autorización para ingresar a la sala, cuyo acceso requiere una validación mediante huella digital en la puerta de entrada.

Los investigadores deberán determinar, en primer lugar, quién es el propietario de los equipos y luego probar que los servidores eran destinados al minado de criptomonedas. Para ello, se requerirá la pericia de expertos informáticos que deberán auditarlos en detalle. También deberá constatarse si el consumo energético del edificio aumentó considerablemente, como variable a tener en cuenta.

Si el avance de la investigación arroja pruebas concluyentes, las nuevas autoridades del Enargas llevarán el pedido a la Justicia.

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La Secretaría de Energía implementará un nuevo esquema de subsidios al gas y la electricidad residenciales con un concepto de “canasta básica energética”, según indicó Eduardo Rodríguez Chirillo titular del sector.

Este enfoque busca focalizar los subsidios en hogares en “situación de vulnerabilidad”, con el fin de cubrir la brecha entre los ingresos familiares y el costo de una canasta básica energética. 

En consecuencia, también se establecerá un índice para la actualización mensual de tarifas en transporte y distribución. La actual segmentación tarifaria será completamente reemplazada, priorizando la restricción de subsidios para reducir el déficit fiscal.

Además, se prevé un traslado gradual del componente precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de transporte (PIST) desde febrero, junto con un índice mensual de actualización en las tarifas de transporte y distribución del gas.

Este enfoque se destacó en la audiencia pública que se estuvo desarrollando en el Enargas, donde se delinearon los principales lineamientos de la política tarifaria del gobierno.

La clave será otorgar subsidios exclusivamente a los sectores más vulnerables, estableciendo límites en los volúmenes subsidiados, según la zona geográfica de residencia. El secretario de Energía, Chirillo, lo describió como un “subsidio a las situaciones de vulnerabilidad”.

Nuevo Esquema

El nuevo esquema consiste en reemplazar la actual segmentación tarifaria a partir del primero de abril. La clasificación por ingresos, que actualmente se distingue entre usuarios de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, basada en la Canasta Básica Total (CBT), será sustituida por una perspectiva centrada en una “Canasta Básica Energética” que abarcará gas y electricidad.

Esta canasta se determinará en MMm3 o kWh por mes, considerando diferentes tipos de consumos entre las diversas zonas del país. Con este indicio, el subsidio se aplicará al diferencial entre los ingresos del grupo conviviente y la canasta básica energética. Es decir, el Estado otorgará subsidios cuando el costo de esta canasta supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo. 

En esta situación, también se establecerá un índice para la actualización mensual de tarifas en transporte y distribución.

Esquema implementado por el Gobierno de Alberto Fernández

La administración a cargo del presidente Javier Milei sostiene que la segmentación tarifaria implementada por el gobierno anterior presentó deficiencias que obstaculizaron una reducción significativa de los subsidios energéticos.

Los usuarios de los tres niveles continuaron recibiendo subsidios generalizados debido a que los precios en los mercados mayoristas no cubrían la totalidad de los costos. 

Por otro lado, La Secretaría de Energía señaló, una superposición entre los beneficiarios de planes sociales y estos subsidios, en su mayoría categorizados Nivel 2.

En 2023, el Estado Nacional destinó el equivalente de 1,5% del PBI a subsidios energéticos, representando la mitad del déficit fiscal, datos relevados por el Ministerio de Economía.

Rodriguez Chirillo anunció, asimismo un progresivo traslado del precio al “Punto de Ingreso al Sistema de Transporte de gas” (PIST) a la tarifa final. El PIST constituye uno de los tres elementos en las facturas de gas, representando el precio del gas de boca de pozo al ser inyectado en el sistema troncal de transporte de gas.

Energía explicó que actualmente los hogares pagan un 17% del valor del PIST en diciembre. Este desfase se corregirá mediante tres actualizaciones del 33% programadas para febrero, marzo y abril.

A su vez, Carlos Casares nuevo interventor del Enargas, confirmó la intención del Gobierno de establecer un índice para la actualización mensual de las tarifas de las empresas transportistas y distribuidoras de gas, aunque aún no dio indicios de los precisos.

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La asociación Consumidores Libres advirtió que el aumento en las tarifas de gas que propusieron las empresas es “incompatible con la situación de emergencia social” que atraviesa el país.

“El aumento tarifario, que oscila entre el 300% y 700%, resulta incompatible con la situación de emergencia social en la que nos encontramos”, sostuvo la entidad, que participó de la audiencia pública  convocada por el Gobierno para tratar el régimen tarifario transitorio del servicio público de gas que se aplicará desde febrero.

“La audiencia pública no puede cumplir su cometido puesto que se carece de la información necesaria para abordar la cuestión. Sólo se cuenta con información suministrada por las empresas interesadas en los aumentos sin ningún análisis ni convalidación del Enargas”, alertó Ariel Caplan, apoderado de la organización, que estuvo presente en esa audiencia.

Según el letrado, “tampoco se pudo ver el proyecto de adecuación tarifaria transitoria elaborado por la autoridad 
pertinente, que se encuentra elaborado y oculto, ni se ha determinado ni sometido a debate el valor del gas en boca de pozo (PIST) durante el período de aplicación de esta adecuación”.

En este contexto, Consumidores Libres presentó un documento en rechazo a las medidas propuestas de distribuidoras y 
transportistas, con -entre otros- los siguientes puntos: 

— Oposición a la aplicación de aumentos mensuales y automáticos de tarifas por aplicación de índices de actualización solicitados por las empresas por resultar incompatibles con los ingresos de los usuarios que no están sujetos a actualización mensual.

— Exigir que se determine y realicen audiencias públicas para determinar el valor del gas en boca de pozo y su ulterior 
incidencia en las tarifas.

— Se fije una tarifa social para los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad.

— Solicitar que los aumentos sean paulatinos y proporcionales a los ingresos de los usuarios, tratándose en forma diferenciada y más favorable a las tarifas residenciales.

— Solicitar que los aumentos se realicen exclusivamente sobre los cargos variables, sin incrementar los fijos.

— Se exija la renuncia de las empresas prestatarias a cualquier reclamo al Estado por la aplicación del régimen tarifario 
transitorio considerado en la audiencia pública.

— Se garantice un adecuado nivel de servicio y se resguarde la salud y seguridad de los usuarios. 

— La eliminación inmediata de la carga impositiva sobre las tarifas de los usuarios residenciales de menores recursos y la disminución paulatina del resto de los usuarios residenciales.

— Se consideren los ingresos y utilidades de las subsidiarias de las prestadoras a los efectos de analizar la ecuación económico financiera de los contratos, cuando las subsidiarias fueron conformadas con los ingresos y recursos de las licenciatarias, como es el caso de Metroenergía en relación a Metrogas. 

— Oposición a que se considere al “gas natural no contabilizado” (pérdidas de gas en su transporte y distribución) como un costo para la determinación de la tarifa, tal como lo solicitan las prestadoras, por ser un riesgo empresario asociado a la eficiencia del operador.

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El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, admitió que el Gobierno podría reducir la duración de las emergencias que propone en la ley ómnibus que presentó el presidente Javier Milei.

Según el funcionario, entre las modificaciones que aceptaría el Poder Ejecutivo estaría la de bajar el período de las emergencias económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.

“(La emergencia) tiene un plazo determinado y nos están sugiriendo que se acorte, algo que podríamos aceptar”, admitió Chirillo.

La Ley de Bases establece en su artículo 3 la declaración de las emergencias “hasta el 31 de diciembre de 2025″, con la posibilidad de prorrogarlas por dos años más, a consideración del Poder Ejecutivo.

La oposición fue muy crítica de ese punto y pidió que también se ponga una cláusula para que sea el Congreso el que autorice si hay prórroga o no.

A la vez, Chirillo rechazó las críticas de la oposición y aseguró que el Gobierno “no pretende que se cierre el Congreso”, al hablar en la primera jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara baja.

La ley ómnibus propone que el plazo de emergencia “podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años”.

“Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí establecidas y por el plazo arriba dispuesto”, establece la norma presentada por el Gobierno.

Y agrega: “Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa. Los términos del presente capítulo de la ley y demás artículos concordantes, se aplicarán a todas aquellas disposiciones que se dicten posteriormente y hagan referencia expresa a la emergencia pública que se declara”.

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El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió este lunes a la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y a representantes de los gobiernos de Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy para analizar la situación en torno a las economías regionales, principalmente lo referido a los biocombustibles, tanto biodiesel como bioetanol.

Junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, Fernando Vilella, al secretario de Interior, Lisandro Catalán, y al subsecretario de Combustibles e Hidrocarburos, Luis de Ridder; Francos indicó que durante el encuentro se pudieron “clarificar algunos temas que se habían comprendido mal del proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ con relación al corte de bioetanol y de biodiesel, que tienen un fuerte impacto en la actividad de pequeñas y medianas empresas en cada distrito”.

“Clarificamos que el porcentaje de corte de biocombustibles establecido en el proyecto Ley es un piso que no va a reducirse y acordamos seguir conversando y analizando estos temas, que tienen impacto en las economías regionales de cada provincia”, concluyó el titular de la cartera de Interior.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el salón de los escudos de Casa Rosada, también participó Mariela Beljansky, subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

En el caso de Santa Fe, acompañaron a la vicegobernadora el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la secretaria Energía, Verónica Geese; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Juan Rodil.

Por parte de Córdoba, estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; el secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur.

Y en representación de Tucumán, estuvieron presentes el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.

Por parte de Entre Ríos, participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata; mientras que, de Jujuy, participó el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez.

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El Foro Bonaerense de Servicios Públicos manifestó este lunes que si prosperan los pedidos de actualización de costos y el traslado a las tarifas propuestos por las empresas distribuidoras de gas, los sectores de ingresos medios tendrán un incremento en las boletas del 300%; los de bajos ingresos, del 180%; y la clase alta, del 150%.

En un informe al que accedió Télam, el Foro indicó que los usuarios residenciales del servicio del gas en la provincia de Buenos Aires alcanzan un total de 4.119.113, de los cuales 1.522.988 son usuarios de ingresos altos (N1) y pagan la tarifa plena sin subsidios. Otros 1.628.028 tienen ingresos bajos (N2) y mantienen el 70% de subsidios; y 968.097 están identificados como personas con ingresos medios (N3) y mantienen el 40% de los subsidios y el resto lo abonan al precio que cueste el metro cúbico de gas (se mide por consumo promedio).

Precisaron que las entidades de bien público y los clubes de barrio tienen una bonificación en el precio del gas del 75% y se apuntó que en 2023 se estableció una bonificación de los precios del gas natural para los usuarios y usuarias de Servicio General “P” que estén inscriptos o se inscriban en el Registro de Empresas MiPyMES.

De la misma manera, hoy la tarifa social se aplica a los hogares residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica y consiste en la bonificación sobre un bloque de consumo subsidiado al 100%. En la provincia de Buenos Aires, 539.781 hogares tienen tarifa social.

El Foro Bonaerense de Servicios Públicos indicó que el proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo “apunta a poder ‘crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios’, por lo que si esta iniciativa prospera, ya no sería obligatorio que el Congreso revisara el origen y el destino de los fondos para subsidios energéticos”.

“Sin esta regulación, si se modificaran y/o se quitaran los beneficios existentes para los usuarios residenciales y las entidades de bien público, el impacto del incremento en las boletas sería pleno“, se subrayó.

El Foro está compuesto por organizaciones sindicales, de defensa de los usuarios y consumidores, especializadas en la materia energética y sanitaria, organizaciones no gubernamentales en general, especialistas, académicos y autoridades gubernamentales.

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El Gobierno presentó hoy un escrito ante la Juez Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pidiendo que no se reconociera el 10 de enero como fecha para presentar garantías y, de esta manera, evitar embargos.

Mañana martes por la tarde, la magistrada neoyorquina deberá confirmar su orden que establece el 10 de enero como fecha, o de lo contrario acceder al pedido argentino y postergar los pedidos de embargo hasta que “los demandantes hayan identificado activos para embargar”.

Lo hizo a través del estudio, Sullivan & Cromwell LLP, firma que representa a la Argentina en el caso YPF en los Estados Unidos.

La presentación establece que “mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en los Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”.

En diciembre, ya con Javier Milei como presidente, Preska  accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme para el fallo que obliga a la República a pagar 16.100 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012.

En enero el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que “la Argentina está en una situación muy complicada” respecto del juicio por la expropiación de YPF.

“La Argentina está decidida a respetar todos los contratos y todos los fallos judiciales de cualquier índole”, dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Señaló que “son montos que exceden a lo que uno puede suponer como un traspié menor; entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento, con tal vez el exabrupto de Axel Kicillof, ha desembocado en este gran desastre que es este fallo”.

Según trascendió, la situación de la Argentina por el juicio YPF se habría colado por primera vez en la agenda de las reuniones de los funcionarios del FMI con el Gobierno argentino que se desarrollaron durante el fin de semana en Buenos Aires. 

La jueza Preska fue quien días atrás dio a conocer las identidades de las personalidades que aparecen en el listado de famosos que visitaban las isla de Jeffrey Epstein, quien fue acusado de tráfico sexual.

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Las tarifas para usuarios residenciales de gas en todo el país se duplicarían desde el mes que viene si prosperara la solicitud de readecuación de los montos que presentaron las compañías distribuidoras y transportadoras.

Solicitaron aumentos de hasta 704% en las tarifas, con distinto impacto según la categoría de usuarios y su zona de residencia, y con ajustes mensuales en base a un indicador que elabora el INDEC.

Esas empresas participaron de la audiencia pública que organizó este lunes -de manera virtual- el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

En ese marco, la distribuidora Metrogas, que fue representada por Sebastián Mazzuccheli, consideró necesario impulsar una “actualización tarifaria razonable, periódica y acorde a lo establecido a la licencia”.

También propuso que las tarifas se ajusten con periodicidad mensual, en base al Índice de Precios Internos al por Mayor-Nivel General (IPIM) publicado por el INDEC, y que se aplique un cargo fijo mensual para todas las categorías. 

Así, reclamó un aumento de 438% a 704% para usuarios residenciales de acuerdo con el segmento que correspondan, con un impacto del 30% en la factura final.  

Con ese ajuste, explicó que en el caso de un usuario residencial de Nivel 1 (R1) el incremento sería de $2.819 promedio por mes, de Nivel 2 $3.019 y de Nivel 3 $2.967.

Por su parte, las distribuidoras Naturgy y Gasnor, representadas por Marcela Córdoba, solicitaron una adecuación tarifaria de 413% promedio, que se aplicará al margen de distribución, con actualización posterior a través del IPIM.

Así, la directiva indicó que la incidencia de ese ajuste en la tarifa final usuario residencial de Naturgy Nivel 1, será de $5.416 por mes en distribución, con la tarifa final en $11.124.

En el caso de Gasnor, para el usuario residencial Nivel 1 será $3.823 por mes, con tarifa final $8.076.  Según dijo, esa propuesta “representaría solo el 2% del salario promedio medido por el RIPTE”.

En tanto, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, a través de su directivo Alejandro Pérez, solicitó una recomposición tarifaria “en función de los atrasos” que llega a 421% en Pampeana y 543% en Sur.

De este modo, el usuario de mayor consumo en Pampeana paga hoy $6.662, y con la recomposición pasaría a pagar $12.383; en el caso de Sur, hoy paga $4.164 y pasaría a abonar $7.430.

“La recomposición implica un aumento para el 65% de los usuarios de Pampeana menor a $4.500, y para el 76% de los de Sur, el aumento es menor a $3.500 por mes”, detalló el ejecutivo.

También enumeró los efectos del atraso tarifario: readecuación de inversiones, afectación de la cadena de pagos e inexistencia de la rentabilidad prevista por el marco regulatorio.

A su turno, María Morra, de Distribuidora Gas del Centro y Distribuidora Cuyana, solicitó una suba de 449% en el área de concesión de la primera de esas compañías, y del 325% en la segunda, que representaría un impacto promedio final de 190% para ambas distribuidoras.

La directiva explicó que la factura promedio actual de los usuarios residenciales de las dos empresas está en alrededor de $4.500 mensuales, “cifra que representa solo el 1,1% de la Canasta Básica que mide el INDEC”, aseguró.

En ese sentido, comentó que el impacto final en las facturas de Centro será, en promedio, de $5.000, mientras que en Cuyana, de  $6.000.

Néstor Molinari, de Litoral Gas, detalló que, para esa distribuidora, es necesario que la factura promedio mensual para un usuario de Nivel 1 pase de los $5.834 en la actualidad, a $10.876 desde el mes que viene, con una adecuación de $3.584 por mes más impuestos.

“Facturas más previsibles permitirán minimizar el impacto en el presupuesto familiar en meses de mayor consumo”, consideró el empresario.

En cuanto al transporte, Transportadora de Gas del Norte (TGN) -a través de Guillermo Cánovas- solicitó un ajuste de 523,5%.  Según el directivo, el impacto de ese porcentaje en la factura de un consumidor residencial promedio de Tucumán, que hoy paga $2.857 por mes, será de $650, lo que representa un aumento de 23%.

Un usuario residencial Nivel 1 de la Ciudad de Buenos Aires que paga $4208 por mes, tendrá un incremento de $2.077 en concepto de transporte, con un incremento del 49%, según el cálculo de esta empresa.

Para Cánovas, existe una “necesidad impostergable de aprobar un régimen tarifario de transición” ya que, explicó, “desde abril de 2018 a diciembre de 2023, nuestros costos se multiplicaron por 29 y las tarifas por 5. La inflación no reflejada en tarifas en ese período fue del 523%. Esto significa que los ingresos reales de TGN e redujeron a un sexto producto del atraso tarifario”.

“Ese retraso tarifario llevó a la empresa a cumular una pérdida operativa de $7.868 millones entre enero y septiembre de 2023”, puntualizó.

En tanto, Transportadora de Gas del Sur (TGS), que fue representada en la audiencia por Rubén de Muría, solicitó un ajuste de 567,3% que, según dijo, es “igual al porcentaje de retraso tarifario desde marzo de 2019 a diciembre de 2023”.

El directivo detalló que la categoría R1 paga en promedio $132 promedio por mes en concepto de transporte y, con la readecuación tarifaria, pasaría a pagar $878.

También consideró necesaria la determinación del la actualización mensual de las tarifas de transporte y distribución por medio del IPIM.

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“Sacarle plata a los usuarios para ponérsela en los bolsillos de los dueños de las empresas de gas y electricidad no resuelve ninguno de los problemas del país. No estamos para poner palos en la rueda al Gobierno nacional, pero este no es el camino“, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa que brindó en la cartera que conduce, en La Plata.

“La gente no podrá afrontarlo porque con el aumento de la nafta, los remedios, los alquileres y la canasta básica se pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores y de la clase media”, continuó Gabriel Katopodis en su exposición. Y explicó que “hoy es la primera audiencia para el incremento de las tarifas de gas y a fin de mes serán las vinculadas a la energía eléctrica. Los pedidos son abusivos, van entre el 350% y el 700%”.

“Cualquier boleta de gas o luz que se proponga incrementar el 500% es confiscatoria y va a golpear un bolsillo que ya está bastante golpeado. También rechazamos el pedido de hacer una actualización mensual de las tarifas. Sería un incremento gatillo, que es indexatorio y no se corresponde con la situación del salario”, describió el ministro.

Para el titular de la cartera de infraestructura “están repitiendo una película que ya vimos en 2016 con el macrismo, cuando se aumentaron tarifas y los servicios no mejoraron su calidad”, por lo que pidió: “queremos entender cuál es plan de inversión y la estructura de costos de las empresas, dónde va la plata de la gente”.

En ese marco, Katopodis analizó que “este no es el camino, esto ataca el corazón de los trabajadores y la clase media” y evaluó que “los aumentos deben ser graduales y progresivos, las tarifas deben ser justas y accesibles“.

Por otro lado, propuso una diferenciación con respecto al sector donde se apuntan los aumentos. Puntualmente sobre las pymes, afirmó que necesitan “tener un tratamiento especial”, pidió que se mantenga un “sistema de segmentación que permite adecuar la tarifa a los ingresos de manera proporcional” y dijo que el gobierno “aumenta prepagas, alquileres y tarifas, mientras bajan las jubilaciones y salarios de trabajadores”.

“Con este tarifazo se está repartiendo mal la crisis de la Argentina. El contexto es complejo: hay caída del salario, del consumo, aumentaron los bienes y servicios, y eso golpea a la clase media y a los trabajadores”, concluyó.

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En el marco de la Audiencia Pública por el aumento del gas, el gobierno nacional adelantó que los cuadros tarifarios del servicio de gas natural serán definidos a partir de abril por una “nueva conceptualización” de los subsidios que, para asegurar su “correcta asignación” serán determinados en base a una Canasta Básica Energética que cubra las necesidades de los usuarios, “con distintos tipos de consumo en las zonas del país”.

El anuncio fue formulado esta mañana por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la apertura de la Audiencia Pública 104 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en el que se analiza, entre otros puntos, las nuevas tarifas del servicio.

En su exposición, Rodríguez Chirillo indicó que se procederá a una “nueva conceptualización” de los subsidios, con un “traslado gradual” del precio del PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) para la “readecuación progresiva” de esas transferencias estatales. Sostuvo que se propende a “garantizar el consumo básico energético a todos los usuarios” y que la actual segmentación tarifaria se mantendrá en el primer trimestre, con un “nuevo esquema” que comenzará a implementarse a partir de abril.

El cambio principal será la adopción de una Canasta Básica Energética, en lugar del criterio actual de utilizar el equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La nueva canasta – aún no especificada- apuntará a “determinar los ingresos del grupo conviviente” y que “cubra necesidades básicas de las personas con distintos tipos de consumo en las zonas del país”.

Previo a la intervención del secretario de Energía hizo uso de la palabra el presidente de la audiencia e interventor del Enargas, Carlos Casares, quien remarcó la importancia de dar “señales claras y precisas para un consumo eficiente y racional y un servicio de calidad que acompañe el crecimiento de la demanda y la economía argentina”.

Asimismo, alertó sobre la urgencia de dar definiciones sobre el Gasoducto Norte, debido a que a partir de agosto de este año “el acuerdo de YPFB (de Bolivia) con Enarsa se convierte en provisión interrumpible, pudiendo llegar a ser cero”. Esa situación, indicó, “coloca en situación de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica al noroeste y centro del país”.

La audiencia continúa este viernes con las exposiciones de las empresas del sector, representantes de consumidores, diputados nacionales y funcionarios nacionales.

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La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) apoyó hoy las modificaciones a la Ley de Biocombustibles estipuladas en la denominada “Ley Ómnibus”, enviada por el Gobierno al Congreso, que incluyen la eliminación del establecimiento de precios y cupos de abastecimiento por parte del Estado nacional, y habilita la importación del producto.

“Esta apertura seguramente se traducirá en mejoras en calidad de producto, nuevos desarrollos de biocombustibles avanzados y otras aplicaciones, con las consecuentes inversiones en el sector que generarán más y mejores opciones para el consumidor”, indicó Carbio en un comunicado.

Para el presidente de Carbio, Luis Zubizarreta, “es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre”.

“Esa situación merma la competitividad de nuestra economía y es pagada por todos los habitantes de nuestro país; el proyecto de ley actual soluciona esta inequidad, le dará al consumidor un biocombustible de calidad y a precios razonables, promoviendo una industria competitiva y sustentable”, concluyó.

La nueva normativa permite a las grandes empresas productoras-exportadoras de biocombustibles comercializar en el mercado interno, abastecido mayormente por pymes; posibilita negociaciones privadas para establecer precios y autoriza a las petroleras a importar biocombustibles.

Por eso el Gobierno de Santa Fe cuestionó hoy la parte del proyecto presentado por el Ejecutivo nacional, al asegurar que “va a contramano de lo que se está haciendo en el mundo”, y acusó al “lobby petrolero” de impulsar las medidas que “perjudican” al sector de energías limpias.

“Esta medida perjudica claramente a Santa Fe versus provincias petroleras, y sentimos que nos quieren meter la mano en los bolsillos”, dijo el ministro de Producción santafesino, Gustavo Puccini, quien agregó: “Creo que hay una fuerte presión del lobby de la industria petrolera, y eso nos perjudica de frente”.

El funcionario dijo a Radio Dos de Rosario que el proyecto de ley “parece que va a contramano de lo que se está haciendo en el mundo”, y mencionó a Brasil, que “va en un rumbo de un corte mucho mayor para este año en biocombustible”.

El funcionario dijo que el próximo lunes mantendrá junto con colegas de las provincias de Córdoba y Entre Ríos -distritos productores de biocombustibles- un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien los recibirá junto con los secretarios de Agricultura, Fernando Vilella, y Energía, Eduardo Chirillo.

Al enterarse de las modificaciones realizadas en el proyecto por el Gobierno, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) señalaron que “los cambios que allí se plantean implican directamente mandar a la quiebra a las empresas pymes productoras de biodiesel destinado al corte obligatorio para ser mezclado con diésel de origen fósil”.

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Un total de 124 expositores están registrados en la audiencia pública virtual que discutirá los ajustes “mensuales” a las tarifas del servicio de gas natural que comenzarán a aplicarse a partir de febrero o marzo, según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, comenzará a las 9 y contará con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108, ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

Si todos los inscriptos hacen uso de la palabra y emplean el tiempo disponible asignado, la audiencia podría prolongarse al menos un día más, ya que serían necesarias por lo menos 19 horas de exposición continua.

En base al cronograma del evento, el primer expositor asignado será el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; a quien seguirá Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.

Hace un par de semanas, en declaraciones televisivas, el ministro Caputo adelantó la decisión de encarar a la brevedad el proceso de audiencias públicas para abordar el tema tarifario y de subsidios, por lo que entendió que recién “para febrero o marzo” se podrían poner en marcha los nuevos números.

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La Compañía Nacional de Petróleo (NOC) de Libia anunció hoy la suspensión de la producción en un importante yacimiento petrolífero del suroeste del país debido a un movimiento de protesta que bloquea la actividad en ese lugar y provoca la reducción de la cuarta parte de sus bombeos.

“La NOC declaró el estado de fuerza mayor en el yacimiento de al-Charara a partir del domingo 7 de enero de 2024, debido al cierre del yacimiento por parte de los manifestantes”, dijo la compañía en un comunicado, según indicó la agencia France Press..

Al-Charara, situado a unos 900 kilómetros al sur de Trípoli, produce normalmente 315.000 barriles diarios, de una producción nacional de más de 1,2 millones de barriles diarios, frente a los 1,5 o 1,6 millones que producía antes de la revolución de 2011.

El “estado de fuerza mayor” se invoca en circunstancias excepcionales y permite eximir de responsabilidad a la NOC en caso de incumplimiento de los contratos de entrega de petróleo.

La NOC no precisó las demandas de los manifestantes. “Este cierre provocó la interrupción del suministro de petróleo desde el yacimiento a la terminal de Zawiya, ubicada más al norte”, lamentó la NOC, y afirmó que “prosiguen las negociaciones” con vistas a reanudar la producción “lo antes posible”.

Al-Charara es, también, la principal abastecedora de la refinería de Zaouia (oeste), que a su vez suministra combustible al mercado local.

Al-Charara está gestionado por Akakus, una empresa conjunta entre la NOC, la española Repsol, la francesa Total, la austriaca OMV y la noruega Statoil.

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Diferentes cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas se presentaron a la justicia para reclamarle al gobierno de la provincia de Chubut prevenir el daño sociambiental que pudiera ocasionar la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur en el Golfo San Matías y denunciar el “ilegítimo avance” del conducto que transportará hasta allí el combustible.

El colectivo conformado por 16 organizaciones socioambientales, económicas y culturales accionó judicialmente ante lo que consideran “el ilegítimo avance del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta, atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías” que se extiende también sobre la costa chubutense, a 30 kilómetros de Península de Valdés “afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas”.

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias que la terminal portuaria representa para la región.

“Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés, un área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por Unesco en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial”, dijeron en un comunicado.

La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero y quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn a cargo de María Laura Eroles.

A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de evaluación de impacto ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.

“El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros”, dijeron.

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (Capenval), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

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Azerbaiyán nombró hoy a su ministro de Ecología y Recursos Naturales, Mujtar Babayev, exalto responsable de la compañía petrolera Socar, como presidente de la 29ª conferencia sobre el cambio climático que se celebrará en noviembre en su capital, Bakú, en la costa del Mar Caspio.

Esta será la segunda vez, y consecutiva, que la cita más importante sobre el clima anual es presidida por un veterano de la industria petrolera, después de la COP28 de Dubái en diciembre pasado.

“Su Excelencia Mujtar Babayev fue nombrado presidente designado” de la COP29, informó a la agencia de noticias AFP Rashad Allahverdiyev, portavoz del Ministerio de Ecología azerbaiyano en un correo electrónico.

Babayev trabajó de 1994 a 2003 en el Departamento de Relaciones Económicas Exteriores de Socar (State Oil Company of Azerbaijan Republic), la compañía petrolera y gasística nacional del país, antes de cambiar al Departamento de Marketing y Operaciones Económicas.

De 2007 a 2010 fue vicepresidente encargado de la ecología de la compañía petrolera y gasística, y desde 2019 es ministro de Ecología y Recursos Naturales.

El año pasado, los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la COP28, eligieron a Sultán Al Jaber, director de la compañía nacional Adnoc, para presidir la conferencia de la ONU, que concluyó en Dubái con un histórico llamado a efectuar una “transición” de las energías fósiles.

Las conferencias sobre el clima de la ONU son en una de las mayores citas diplomáticas anuales a nivel planetario, más allá de la Asamblea General de la ONU, que se celebra en septiembre en Nueva York.

En diciembre fueron más de 80.000 los delegados oficiales en Dubái, un récord.

En los dos primeros días de la COP28 acudieron decenas de jefes de Estado y de gobierno a Dubái para una cumbre del clima.

La presidencia de las COP asume oficialmente el día en que empieza la cita, es decir, en unos once meses.

Pero las complejas negociaciones climáticas, que implican a casi 200 países, exigen una alta coordinación entre la presidencia saliente y los anfitriones de la siguiente cita.

Después de la cita de Bakú le tocará a Brasil ocupar la presidencia de la COP30, que se celebrará en la ciudad norteña de Belén a finales de 2025.

“Trabajaremos con las presidencias de la COP29 y la COP30, así como con la ONU Clima, para concretar el éxito histórico y transformador de la COP28 y mantener el objetivo de 1,5 °C al alcance”, escribió la presidencia de la COP28 en un mensaje en la red social X.

El objetivo oficial de la comunidad internacional es intentar que la temperatura media del planeta no aumente más allá de 1,5º C de aquí a mediados de siglo.

El Gobierno de Azerbaiyán también designó al viceministro de Asuntos Exteriores, Yalchin Rafiyev, como negociador jefe para la COP29.

Las COP se organizan cada año en una zona diferente, y los países anfitriones son designados por consenso por los países de la zona.

En 2023, los países asiáticos designaron a los Emiratos Árabes Unidos, y este año, después de meses de bloqueo, finalmente Azerbaiyán fue designado por los países de Europa del Este, que incluyen a Rusia.

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Ambientalistas de Bahía Blanca calificaron como “muy grave” y “un desastre” el derrame de petróleo ocurrido hace una semana en el estuario local, por parte de una empresa Oiltanking Ebytem que opera en Puerto Rosales, y alertaron sobre los daños que ocasiona en el ecosistema.

“No creo que lo puedan remediar en un 100 por ciento, ese va a ser el problema y habrá que evaluar una vez que terminen los trabajos de remediación para ver los daños”, señaló este jueves Juan Temporelli, integrante de la Asociación Ambientalista del Sur, una ONG fundada en 1998 con el objetivo de proteger, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente.

En ese contexto sostuvo a la agencia de noticias Télam que “esto no tendría que ocurrir, contaminación hay en todos los ámbitos industriales, pero esto es un accidente, entonces las empresas tienen que contemplar que no pasen estas cosas, que es muy grave”.

En ese contexto calificó “como un desastre” al derrame ocurrido por la empresa Oiltanking Ebytem y que “es algo que no tendría que haber ocurrido”

Temporelli agregó que “estas cosas no tienen que volver a suceder y el petróleo lamentablemente va a seguir existiendo por varios años más, no es algo que se pueda sacar de servicio”.

Por su parte, la profesora y educadora ambiental Patricia González señaló que “volcaron petróleo en una reserva natural, no importa la remediación, el daño no se repara, ya está hecho”.

“Todo lo que hagan a partir de ahora va a seguir afectando, porque hay que sacar el petróleo, pero no tiene vuelta atrás, ya está dañado el estuario”, sostuvo en declaraciones a Radio Universidad de Bahía Blanca.

Para la docente, “le quitaron la oxigenación al plancton, ahogaron la vegetación y seguramente afectaron a la fauna marina”.

González dijo que la mancha de petróleo “se pudo ver porque sucedió en marea alta porque si hubiera sido en marea baja las posibilidades hubieran sido diferentes”.

El miércoles, la empresa informó en un comunicado que “se remediaron más de 2.500 metros cuadrados de superficie y se retiraron más de 700 kilos de residuos mayormente en juncos y otras plantas manchadas”.

La Municipalidad de Bahía Blanca, en tanto, anunció que denunciará penalmente a la compañía petrolera por los daños ocasionados.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre, en horas de la tarde, y se activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (Planacion) mediante un aviso a personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con asiento en Bahía Blanca.

El derrame se produjo, según la explicación de la empresa, durante el amarre del Buque Cabo Sounión y aclaró que sin haber iniciado operaciones (el buque no tenía sus mangueras de bombeo conectadas), se detectó una oleosidad.

“Esto motivó la suspensión del amarre, previo barrido de la línea marítima y posterior inspección de las instalaciones”, agregó la compañía en el comunicado.

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El Gobierno de Santa Fe cuestionó hoy la parte del proyecto de ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso referida a biocombustibles porque “va a contramano de lo que se está haciendo en el mundo”, y acusó al “lobby petrolero” de impulsar las medidas que “perjudican” al sector de energías limpias.

“Esta medida perjudica claramente a Santa Fe versus provincias petroleras, y sentimos que nos quieren meter la mano en los bolsillos”, dijo el ministro de Producción santafesino, Gustavo Puccini.

El funcionario dijo que el proyecto de ley “de biocombustible parece que va a contramano de lo que se está haciendo en el mundo”, y mencionó a Brasil que “va en un rumbo de un corte mucho mayor para este año en biocombustible”.

El Gobierno santafesino cuestionó algunos aspectos de la ley en relación con la producción de biocombustibles, que tiene 18 plantas en esta provincia y emplea a 6.500 personas.

Puntualmente, la cartera productiva apunta a cuestiones impositivas, a la ausencia de un porcentaje de corte de biocombustible y a la posibilidad de que petroleras extranjeras ingresen a ese negocio de las energías renovables.

“Están gravando al biocombustible del mismo modo que un combustible fósil, creo que esto va a contramano de la tendencia mundial”, dijo Puccini.

“Y después nos preocupa permitirles a petroleras extranjeras que puedan introducirse en este mercado, lo cual entendemos que destruiría la producción del país, no sólo de Santa Fe”, añadió en declaraciones a “Radio Dos” de la ciudad de Rosario.

El ministro también cuestionó que el proyecto de ley “no establece un corte de biodiesel” para este año. Comparó esa medida con Brasil, que estableció un corte del 14% de combustibles limpios para este año y de un punto más para 2025.

“Creemos que tenemos que ir a una política de convergencia con Brasil”, dijo Puccini, quien planteó la necesidad de “un plan de crecimiento, donde demos certeza a esta producción”.

El funcionario dijo que el próximo lunes mantendrá junto con colegas de las provincias de Córdoba y Entre Ríos –los distritos productores de biocombustible- un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien los recibirá junto con el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, y el de Energía, Eduardo Chirillo.

Puccini valoró “la escucha de todos nuestros planteos” por parte del Gobierno, “no sólo en el tema biodiesel sino también en el pisingallo y el algodón, que son dos economías regionales”.

A la vez, contó que envió una nota a todos los legisladores nacionales por Santa Fe para “tener una posición unánime que defienda a la provincia frente a lo que nos perjudica y favorecería a provincias petroleras”.

En esa línea, apuntó contra la industria petrolera como motor de los cambios legislativos.

“Creo que hay una fuerte presión del lobby de la industria petrolera, y eso a nosotros nos perjudica de frente”, cerró el ministro provincial.

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Sustituir petróleo, carbón y gas por energías limpias podría tener un impacto mayor del que se creía en la salud global dado que la contaminación por combustibles fósiles es responsable de 5,1 millones de muertes cada año, según un estudio liderado por el Instituto alemán Max Planck que difundió la agencia española de noticias científicas SINC.

La contaminación atmosférica es uno de los cuatro principales factores de riesgo de enfermedad y mortalidad a escala mundial, junto con la hipertensión, el tabaquismo y las dietas malsanas, de acuerdo a esos reportes.

En 2019, último año del que existen cifras globales, la contaminación del aire exterior y doméstico causó alrededor del 12% de todas las muertes del planeta, según las directrices de la OMS sobre la calidad del aire.

Ahora, una nueva investigación de científicos europeos y estadounidenses discriminó estos decesos según el origen y el impacto de todas las fuentes de contaminación del aire (naturales: el polvo del desierto, los incendios espontáneos y las erupciones volcánicas; o antropogénicas, las causadas por la acción humana) y determinó que la contaminación atmosférica conjunta por partículas finas (PM2,5) y ozono (O3) -dos de los principales contaminantes- es responsable de unos 8,3 millones de muertes al año a escala mundial.

De acuerdo con el estudio, publicado por The BMJ (British Medical Journal), de esas más de 8 millones de muertes anuales, 5,1 millones -dos terceras partes del total- estarían provocadas por el uso del petróleo, el carbón y el gas natural en la industria, la generación de energía y el transporte.

Se trata de una cifra mayor de la estimada en trabajos previos y, según concluyen los investigadores, podría evitarse mediante la sustitución progresiva de las energías fósiles por fuentes limpias y renovables, como se acordó de forma no vinculante durante la 28ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP28), celebrada en diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Para hacer su estimación, los autores idearon un nuevo modelo estadístico cruzando información sobre la carga de enfermedad y mortalidad del estudio Global Burden of Disease de 2019 con datos sobre la distribución de partículas finas y población procedentes de satélites de la NASA.

Este nuevo modelo “tiene implicaciones para los países de renta alta (dependientes en gran medida de la energía fósil) y para los de renta baja y media, en los que el uso de combustibles fósiles está aumentando”, señalaron en el estudio.

“En el sur, este y sudeste de Asia vive el 55 % de la población mundial y se registra el 70 % de la mortalidad relacionada con la contaminación atmosférica”, agregaron y advirtieron que es un importante factor de riesgo para la salud en todo el mundo, incluyendo aquellos países con los mejores índices.

“Aunque la calidad del aire ha mejorado en algunas regiones, como Norteamérica, Europa y Asia Oriental, las poblaciones que envejecen son más susceptibles al riesgo derivado de una exposición prolongada”, indicaron en un editorial que acompaña al estudio de la revista Heli Lehtomäki, del Instituto Finlandés de Salud y Bienestar, y Otto Hänninen, del Instituto Noruego de Salud Pública.

Además de muertes, recalcan los editorialistas, la contaminación del aire produce o agrava patologías como la cardiopatía isquémica, el ictus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión arterial o enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson.

“La mejora de la calidad del aire reduciría la carga de varias enfermedades importantes, lo que se traduciría en vidas más sanas y largas, menos pacientes que requieran ingreso hospitalario y otros tratamientos”, añadieron los expertos.

La calidad del aire está muy relacionada con el clima del planeta porque, además de una fuente importante de partículas contaminantes y ozono, los combustibles fósiles son el principal motor del cambio climático, que también daña la salud humana y los ecosistemas en muy diversas formas. Ese impacto no se ha evaluado con esta última investigación -centrada en el de la polución ambiental-, lo que sugiere que eliminarlos supondría beneficios aún mayores para la salud global, como destacan sus autores.

“Dado el objetivo de neutralidad climática para 2050 fijado en el Acuerdo de París, la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía limpias y renovables tendría enormes beneficios colaterales para la salud pública y el clima”, insistieron los especialistas.

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El cierre de año trajo ruido en Sierra de los Padres, uno de los puntos geográficos icónicos de General Pueyrredon. ¿El motivo? La llegada de un Parque Eólico a la zona.

Al igual que ocurrió en su momento con la exploración off-shore, las autoridades ambientales -en este caso de Provincia- abrieron la instancia de participación pública para evaluar el impacto ambiental del proyecto. La iniciativa consta de 23 aerogeneradores distribuidos en un lote de 2376 hectáreas ubicadas al noroeste. La llegada del emprendimiento energético, novedoso para la comuna, generó reacciones tanto en vecinos como en los productores agropecuarios.

El posible arribo del parque abre interrogantes. Por un lado se trata de un modo de producción de energía limpia, clave en el proceso de transición energética. No obstante, desde la comunidad aseveran que generará contaminación visual y que podría afectar a la biodiversidad del lugar.

Si la Provincia pone un freno a este proyecto, la misma suerte podría correr para el ambicioso proyecto para la instalación del primer parque eólico en Balcarce. Se trata de un proyecto de 126 MW diseñado para montarse sobre 2.300 hectáreas ubicadas en el sector del paraje La Brava. La empresa que está llevando a cabo el desarrollo es Akuo Energy. Según consignaron las fuentes, el proyecto que está en desarrollo sería montarlo en fases sucesivas. 

Cabe señalar que si bien la zona cuenta con un gran potencial de recurso eólico, el problema es que las líneas de transmisión están saturadas. Desde la compañía francesa comentaron que en principio el desarrollo del parque está orientado a abastecer el mercado privado, pero no descartan avanzar sobre otra vía.

Fuente: diariolavanguardia.com

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El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) cerró la lista de expositores interesados en participar de la audiencia pública virtual que se llevará a cabo el próximo lunes 8 de enero, en la que se escucharán las propuestas de la distribuidoras y transportadoras a fin de actualizar, con una frecuencia mensual, las tarifas del servicio en todo el país.

El plazo para la inscripción de los interesados en exponer en la audiencia pública 104 venció ayer a la medianoche y ahora el organismo se encuentra en el proceso de evaluación, teniendo en cuenta que sólo se admitirá un orador por persona jurídica (empresa prestataria, cámara, municipio o asociación de consumidores, entre otros).

La convocatoria a la audiencia se formalizó a través de la resolución 704 del 14 de diciembre de 2023 y se publicó al día siguiente en un suplemento especial del Boletín Oficial, en línea con la decisión del Gobierno de reducir los subsidios a los servicios energéticos y determinar un esquema de actualización tarifaria.

La audiencia comenzará a las 9 de manera virtual, no será vinculante y en ella se abordarán siete puntos especificados en el artículo 1° de la resolución.

Esos puntos son la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural; la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución; y la determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes.

También se considerarán el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por último, la reversión del Gasoducto Norte.

La nota destacada del temario fue la inclusión del punto que establece que los ajustes tarifarios se harán con una periodicidad mensual.

Al respecto, las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS) ya presentaron sus propuestas de adecuación tarifaria, que pueden consultarse en el apartado “Material de consulta” de la página web del Enargas.

La decisión busca atacar uno de los focos que explicaron el déficit público durante los últimos años, cuyo impacto en las cuentas del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó morigerar con la implementación de una segmentación de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios.

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La empresa Energía Argentina realizó hoy la apertura de sobres con las ofertas económicas del tercer renglón de la reversión del Gasoducto Norte, obra que permitirá transportar el gas de Vaca Muerta hacia las provincias del norte argentino.

Se trata de la Licitación Pública GPNK Nº 02/2023 “Ingeniería de detalle, suministros y construcción (EPC) del proyecto: Reversión del Gasoducto Norte – Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.

Este tercer renglón está compuesto por la construcción de 50 de los 122 kilómetros del gasoducto de integración Federal Tío Pujio-La Carlota, que tiene un diámetro de 36 pulgadas, detalló Energía Argentina en un comunicado.

Las ofertas admitidas técnicamente fueron la de BTU y la de Techint-Sacde.

BTU presentó una oferta por $ 71.141.339.861 más IVA (impuesto al valor agregado) y una nota de descuento del 10,22%, resultando un total de $ 63.870.694.927,93 más IVA; en tanto Techint-Sacde ofreció $ 69.999.398.273,53 más IVA y una nota de descuento por 10,49%, cuyo resultante total es de $ 62.656.461.394,64 más IVA.

Estuvieron presentes en el acto de apertura de sobres el presidente y vicepresidente de Energía Argentina, Juan Carlos Doncel Jones y Rigoberto Mejía Aravena, respectivamente; el integrante del directorio de la misma compañía, Alberto Devoto; y el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares; así como representantes de las compañías oferentes.

La reversión del Gasoducto Norte es una obra complementaria al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y permite transportar el gas de Vaca Muerta a las industrias de Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Córdoba, así como la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio.

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El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo hoy que se respetarán todos los contratos y fallos judiciales en el proceso del juicio por la expropiación de YPF, y que “la Argentina está en una situación muy complicada” frente a la sentencia que obliga a pagar 16.100 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital.

“La Argentina está decidida a respetar todos los contratos y todos los fallos judiciales de cualquier índole”, dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Señaló que “son montos que exceden a lo que uno puede suponer como un traspié menor; entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento, con tal vez el exabrupto de Axel Kicillof, ha desembocado en este gran desastre que es este fallo”.

“Lo de la tasa llamada ‘tasa Kicillof’ que fue la que el presidente de la Nación (Javier Milei) menciona en una entrevista con (el periodista Luis) Majul, fue simplemente eso, explicar que la Argentina está en una situación muy complicada, que no hay plata”, afirmó.

Dijo que “cuando esos 16 mil millones de dólares los pensás en términos per cápita, son 340 dólares por habitante en un país donde la mitad de su gente es pobre, ese es el nivel de impericia que han tenido con el caso YPF”.

“Todavía está en proceso de análisis y cuando el Gobierno tome una determinación final la vamos a estar comunicando”, concluyó Adorni.

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Una empresa petrolera que opera en Puerto Rosales, en el el distrito bonaerense de Punta Alta, próximo a Bahía Blanca, informó hoy que “se remediaron más de 2.500 metros cuadrados de superficie y se retiraron más de 700 kilos de residuos mayormente en juncos y otras plantas manchadas” tras un derrame que ocurrió el pasado 27 de diciembre en la ría local.

Se trata de la empresa Oiltanking Ebytem, que detalló los avances del plan de remediación del derrame, luego de haber sido aprobado por el Ministerio de Ambiente bonaerense el 29 de diciembre.

En ese contexto, se indicó que tras una autorización para ingresar al área afectada a partir del 30 de diciembre “se han desarrollado tareas todos los días y en todos los horarios compatibles con el régimen de mareas”.

“Al momento se encontraron tres áreas de costa impactadas, en las que los equipos están trabajando desde hace cuatro días”, sostuvo la empresa en un comunicado dado a conocer hoy.

Según se indicó, “ya se remediaron más de 2500 metros cuadrados de superficie, y se retiraron más de 700 kilos de residuos, constituidos mayormente por juncos y otras plantas manchadas”.

Asimismo, la firma aclaró que “se encuentra trabajando en áreas de acceso complejo y presencia de vegetación” y que “por ese motivo hasta el día de la fecha sólo se autorizaron tareas manuales de corte, embolsado y posterior disposición de los juncos o plantas afectadas”.

“Hoy se recibió la autorización para usar métodos mecánicos de corte, por lo que se espera aumentar la velocidad de las tareas”, sostuvo al señalar que “se duplicará el grupo de trabajo en las próximas horas”.

“Además, se incluyó un equipo con personal de respuesta a emergencias, personal propio y del puerto para revisar zonas con posible impacto ambiental, informadas por autoridades y otros miembros de la comunidad”, sostuvo la firma.

También se señaló que “Oiltanking contrató el servicio de tres expertos internacionales de remediación pertenecientes a la Oil Spill Response Limited, cooperativa especializada en eventos con derrame de producto, de alta reputación en el mercado global”, que estarán presente en la zona y trabajando en el incidente.

Por su parte, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció que se hará una presentación penal ante la justicia por “la importante afectación en sectores ambientalmente vulnerables de la Reserva Natural provincia Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde”

“Como es sabido, para todos menos para el gerente de Oiltanking Ebytem S.A. Terminal Marítima Puerto Rosales, nuestro humedal costero es una unidad ecosistémica única con aguas y una biodiversidad compartidas por diversos partidos, entre ellos el de Bahía, cuyo interés represento”, agregó el jefe comunal en su cuenta de la red social X .

El hecho ocurrió el 27 de diciembre, en horas de la tarde, y se activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (Planacion) mediante un aviso a personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con asiento en Bahía Blanca.

En ese sentido, la empresa Oiltanking señaló que “ocurrió, tal como se informara a Prefectura Naval, durante el amarre del Buque Cabo Sounión y este sin haber iniciado operaciones (el buque no tenía sus mangueras de bombeo conectadas), se detectara una oleosidad”.

“Esto motivó la suspensión del amarre, previo barrido de la línea marítima y posterior inspección de las instalaciones”, agregó la compañía en el comunicado.

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La Municipalidad de Bahía Blanca denunciará a una empresa, que opera en Puerto Rosales, cercano a la localidad de Punta Alta, tras un derrame de petróleo que ocurrió el pasado 27 de diciembre en la ría local.

Así lo indicó esta noche el intendente Federico Susbielles al señalar que “he instruido a la asesoría letrada del municipio a realizar una presentación penal en la justicia federal ante la importante afectación en sectores ambientalmente vulnerables de la Reserva Natural Provincia Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde”

“Como es sabido, para todos menos para el gerente de Oiltanking Ebytem S.A. Terminal Marítima Puerto Rosales, nuestro humedal costero es una unidad ecosistémica única con aguas y una biodiversidad compartidas por diversos partidos, entre ellos el de Bahía, cuyo interés represento”, agregó Susbielles en su cuenta de la red social X .

El intendente sostuvo que “la posible activación tardía del Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (PLANACON) y la falta de diligencia de la compañía que agravaron los riesgos y el daño efectivo, deben ser mensuradas por la justicia, más allá de los organismos intervinientes”.

Según se indicó el hecho ocurrió el 27 de diciembre, en horas de la tarde, cuando se activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (PLANACON) mediante aviso a Prefectura Naval Argentina (PNA), con asiento en Bahía Blanca.

En ese sentido, la empresa Oiltanking señaló que “esto ocurrió luego de que, tal como se informara a Prefectura Naval, durante el amarre del Buque Cabo Sounión y este sin haber iniciado operaciones (el buque no tenía sus mangueras de bombeo conectadas), se detectara una oleosidad”.

“Esto motivó la suspensión del amarre, previo barrido de la línea marítima y posterior inspección de las instalaciones”, agregó la compañía, mediante un comunicado.

También la empresa señaló que “sin perjuicio de la investigación se realizaron trabajos de contención y control de la oleosidad por medio de barreras y booms absorbentes a cargo de la empresa contratista CINTRA”.

Además, sostuvo que luego de diversas autorizaciones comenzaron las “tareas de remediación y limpieza del sector del canal del embudo y adyacencias, afectadas parcialmente por presencia de petróleo”.

Sobre el evento registrado, la empresa agregó que lleva a cabo “investigación de causa raíz”, a fin de detectar en qué parte del proceso de amarre se pudo dar lugar a un error.

Por su parte, el director de la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo (Erfam), Pablo Petracci, explicó a Télam que el pasado sábado se realizó un sobrevuelo junto al personal de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires en el que encontraron otra mancha de petróleo.

“Se trata de un derrame de varios de cientos de metros de más de un kilómetro en la zona del canal La Borde, con lo cual se le labró una cuarta infracción a la empresa Oiltanking”.

Por su parte, el Enfarm publicó en su cuenta de Instagram un video de un conocido pescador artesanal de la zona mostrando el derrame y agregó que la petrolera “no activó el Planacon para contener a tiempo el derrame evitando impactos ambientales graves a nuestro estuario”.

“Hay personal trabajando en el lugar y en las próximas horas llegarán especialistas de los Países Bajos, contratados por la aseguradora de la empresa, para realizar una evaluación de la situación y sumarse al equipo local”, detalló Petracci.

“Al momento se presentaron cuatro infracciones por parte del Control y Fiscalización de Industrias, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y por el Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires”, concluyó.

OilTanking integra el Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (Planacon), siendo la PNA la Autoridad Nacional y administradora del mismo.

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El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) fijó los nuevos valores de las obleas habilitantes para vehículos propulsados a Gas Natural Vehicular (GNV) o Comprimido (GNC) con vencimientos en 2024 y 2025, así como las cédulas Mercosur, con porcentajes de incrementos del 100% y el 16,28%, respectivamente.

La medida fue dispuesta mediante la resolución 730/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, que ajusta los precios fijados el año pasado, en función de las proyecciones de recaudación contempladas en el proyecto de ley de Presupuesto 2024, que finalmente fue descartado, ya que se resolvió prorrogar del de 2023.

De esta forma, las obleas habilitantes de vehículos con GNV pasa de $ 435 a $ 807, en tanto las cédulas Mercosur se incrementan de $ 215 a $ 250.

El Enargas fundamentó los nuevos valores en que el proyecto de Presupuesto 2024 “asignó como recurso por la venta de Obleas y Cédulas de GNV para el Ejercicio 2024, la suma de $2.283.500.000”.

“Dicho monto surge de la proyección de venta de 2.050.000 obleas a $ 870 c/u y de 2.000.000 cédulas a $ 250 la unidad, informada oportunamente a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, al momento de la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2024”, agregó.

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El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó hoy que el último aumento de las petroleras sobre el precio de los combustibles significa “un problema muy grave” para todo el sector.

En diálogo esta mañana con Télam Radio, Rosato sostuvo que el último aumento del 27 % que aplicaron las petroleras sobre los combustibles “sumado a un total que hace el 76 por ciento en un mes”, significa para todo el sector productivo “un problema muy grave”.

En esa línea, argumentó que se trata de “una distorsión que se genera en los precios debido a estos aumentos consecutivos”, y alertó que “sin ninguna duda, va a afectar al comercio, a la industria, a los trabajadores y donde más se ve, en forma inmediatamente reflejado, es en las góndolas”.

Por otro lado, consideró que la decisión de aumentar los combustibles generará “variables de precios que es muy difícil de comprender”, además de “especulación” y todo lo que conllevan “estos aumentos permanentes que estamos teniendo”.

“Creemos que esto hay que hacerlo en forma parcial, consensuada y donde tiene que haber un techo para los aumentos, dado que se va a afectar sustancialmente al sector productivo”, agregó el titular de IPA.

En contexto, esta madrugada, las compañías petroleras aplicaron un aumento de alrededor del 27%, que se suma a los incrementos de 30% del pasado 8 de diciembre y de 37% dispuesto el último 13 de diciembre.

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El economista y director de la consultora Energía y Economía, Nicolás Arceo, consideró que la liberalización de los precios de los combustibles y la paridad entre los precios internos y de exportación “garantiza mayores niveles de inversión”, al tiempo que se mostró contrario a una privatización de YPF.

“El Gobierno pegó un giro copernicano en términos de política de precios de combustibles respecto de lo que veníamos viendo en las últimas décadas. El objetivo es llegar a un ‘export parity’ (paridad entre precios internos y de exportación) relativamente rápido, que, en definitiva, garantiza mayores niveles de inversión”, comentó Arceo en diálogo con Radio con Vos.

Para llegar a esa paridad -comentó- falta aún un “20% más o menos de incremento a lo largo de los próximos meses”, más allá de la inflación acumulada.

El analista, quién fue vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF entre 2012 y 2015, y subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía en 2012 en el gobierno de Cristina Kirchner, comparó la política de precios entre Argentina y Brasil, y señaló que el enfoque de liberalización escogido por el Gobierno es “correcto”.

“A fines de los noventa producíamos lo mismo que Brasil. Argentina, con la caída del régimen de convertibilidad, decidió una política de precios internos de los combustibles mucho más bajos que los vigentes en el mercado internacional, siempre desacoplados. Brasil, en cambio, decidió mantener una estructura de precios internos relacionada con los precios internacionales”, recordó.

Estas políticas divergentes -indicó- llevaron a que Brasil hoy produzca 3.300.000 barriles diarios de petróleo y Argentina poco más de 650.000.

“Con un precio del crudo en el mercado local relativamente alineado con el mercado internacional, Brasil traccionó niveles significativos de inversión extranjera directa. Si un petrolero tiene US$ 100 millones y los tiene que invertir ¿Elegiría Brasil o Guyana donde ofrecen el barril a US$ 80 o Argentina donde lo ofrecen a US$ 50? Es clara la decisión de inversión”, sostuvo el economista.

Arceo señaló que Argentina “tiene los recursos” a partir de Vaca Muerta, y que “podría estar produciendo por encima del millón o millón y medio de barriles diarios relativamente rápido.

Recordó que los precios venían con un “atraso muy significativo” y, en ese sentido, afirmó que en octubre Argentina “tenía los precios de combustibles más bajos de los últimos 20 años en términos reales”, un marco que llevó a “dos crisis de abastecimiento en 18 meses” y un “aumento muy significativo del comercio transfronterizo”.

“En ese contexto era esperable un aumento de precios significativo en los últimos 30, 45 días, que es lo que se verificó. Hay una decisión del Gobierno de ir al ´export parity´ relativamente rápido y claramente va a tener un impacto fuerte en el Índice de Precios al Consumidor”, agregó.

Para Arceo, el impacto se dará, especialmente, “en la porción de la población más rica”, aunque también golpeará a los sectores populares a través del transporte.

“Ahí va a ser central la política de subsidio de boletos que hará el Gobierno”, enfatizó.

Finalmente, un tema a resolver para el Gobierno –señaló Arceo- serán los impuestos internos a los combustibles, cuya aplicación fue congelada y que, según precisó, implica 0,4% a 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en términos de recaudación.

En ese sentido, opinó que la decisión del Gobierno “es primero llevar el crudo local a un valor de paridad de exportación y, en una segunda etapa, recomponer el impuesto trasladándolo al surtidor”.

Finalmente, Arceo cuestionó la intención de convertir a YPF en una compañía sujeta a privatización a través del proyecto de ley “ómnibus” enviado al Congreso.

“No tiene explicación. Se va a valorizar la producción petrolera en la Argentina y YPF se va a expandir. Va a valer muchísimo más dentro de cinco o diez años”, concluyó el especialista.

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a dos audiencias públicas para analizar las propuestas de las concesionarias del servicio de distribución del Área Metropolitana de Buenos Aires para “obtener una adecuación transitoria en la tarifa” y, en el mismo sentido, escuchar las posturas de las empresas encargadas del servicio de transporte de energía eléctrica en todo el país.

Las convocatorias se formalizaron por medio de las resoluciones 2/2023 y 3/2023, ambas publicadas hoy en el Boletín Oficial, en atención a “la evolución que tuvieron los índices de precios” y “garantizar la sostenibilidad del servicio público” de distribución y de transporte “con los estándares de calidad requeridos”.

La primera de las audiencias será el viernes 26 de enero a las 8:30 y en ella se escucharán las propuestas de readecuación tarifaria de Edenor y Edesur, en tanto el lunes 29, a la misma hora, se evaluarán las propuestas de las transportistas Transener, Transba, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Ambas audiencias se realizarán en modalidad virtual y su desarrollo se trasmitirá en simultáneo a través de una plataforma de streaming, que será informada en la página web https://www.argentina.gob.ar/enre dos horas antes del inicio de las exposiciones.

Los interesados en exponer en las audiencias deberán inscribirse en la misma página entre la hora cero del lunes 8 de enero y las 23:59 del martes 23, mientras que quienes quieran consultar los expedientes podrán hacerlo a partir del lunes 8 en el apartado “Documentación oficial”.

En ese mismo apartado se publicarán los respectivos órdenes de exposición: el miércoles 24 el de la audiencia para las distribuidoras del AMBA y el sábado 27 para las transportadoras.

Se admite un solo representante por persona jurídica y la duración máxima de su exposición será de 10 minutos, el doble que el habilitado para las personas físicas.

Las audiencias se llevarán a cabo en un contexto marcado por la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de reducir los subsidios, que en el caso de la energía – electricidad y gas- representan casi las dos terceras partes de las transferencias del Estado nacional a sectores económicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que ese proceso de eliminación de subsidios se concretará de manera gradual a lo largo de tres años, a razón de recortes equivalentes al 0,5% del PBI anual en el caso de la energía y del 0,2% en el del transporte público.

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El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, afirmó hoy que el Gobierno nacional apunta a “llevar el precio de los combustibles a la paridad de importación”, es decir a lo que cuesta a nivel internacional.

Así lo manifestó al referirse al incremento de cerca de 27% que comenzó a regir desde esta medianoche en las mayorías de las compañías, incluidas Axion, Shell y Puma, a excepción de YPF.

“Ya se había anunciado que iba a haber un incremento de importancia pero no sabíamos la fecha ni el porcentaje, con lo cual nos llamó la atención que fuera un porcentaje bastante alto”, expresó esta mañana Castellanos en declaraciones a radio La Red.

En este sentido, remarcó que el sector estaba esperando que se recuperara el atraso que tiene el precio de los combustibles, porque sus costos siguen a la inflación y sus ingresos al precio.

“Pero esto ya ocurrió en diciembre y con el último aumento de ese mes desapareció ese atraso que había en el precio, y ahora apareció este otro aumento que tendrá que ver con algunas de las variables que manejan las refinerías, como tipo de cambio, valor del crudo”, añadió Castellanos.

Seguidamente, el empresario señaló: “Por lo que hemos escuchado, la idea es llevar el precio de los combustibles a la paridad de importación”. “Es lo que cuesta el combustible a nivel internacional; estaríamos encaminándonos hacia eso”, ahondó.

Consultado sobre el precio que podría tomar el combustible, graficó que podría ser “1,80 o 1,70 de dólar, como está en España”, lo cual consideró “una locura” porque en Argentina se traduciría en “$ 1.200 o $ 1.300 la nafta súper”.

Asimismo, sostuvo que “relacionar el precio de la nafta con el dólar parece tirado de los pelos porque cada país tiene su carga impositiva, costos de elaboración y algunos tienen que importar todo”.

Tras afirmar que no le encuentra sentido a ese cálculo, afirmó que “el costo razonable sería el costo de elaboración del producto más la rentabilidad lógica de las refinerías”. También recordó que “en 2023, los combustibles subieron 260%”.

Por último, mencionó que “hay otro tema que no se habló mucho, que es el componente impositivo de los combustibles”.

Al respecto, explicó que “los impuestos que gravan los combustibles por Ley se tienen que ajustar cada tres meses, según el costo de vida, y eso no ocurre hace dos años, y en algún momento va a haber que recuperar ese valor de los impuestos”.

La fecha para ello “sería el 1 de febrero, a no ser que se prorrogue nuevamente, y el impacto sobre el precio de venta va a ser también de 25% o 28%”, anticipó.

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Las compañías petroleras aplicaron hoy un aumento de los combustibles de alrededor del 27%, que se suma a los incrementos de 30% y 37% dispuestos el mes pasado.

Los aumentos fueron ordenados por la mayoría de las firmas en horas de la madrugada incluidas Axion, Shell y Puma, en tanto YPF se sumó por la mañana con un incremento promedio del 26% en todo el país.

En la mayoría de las estaciones de servicio se pudieron observar filas de vehículos con conductores que en muchos casos se enteraban del aumento en el mismo momento del expendio de combustible.

En promedio, los nuevos precios en Ciudad de Buenos Aires pasaron a ser de $ 702 para la nafta súper, $ 868 para la nafta premium, diésel común a $ 750 y diésel euro o premium a $ 944, según informaron fuentes del sector.

El mes pasado la nafta tuvo dos aumentos: uno de hasta el 30% el pasado 8 de diciembre, y otro de entre 30% y 37% el 13 de diciembre, tras la devaluación en la cotización del dólar oficial.

El aumento de hoy se da días después de que la Secretaría de Energía autorizara el pasado jueves aumentos de 34,44% para el precio de adquisición del biodiesel, 33,65% para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, y 28,45% para el elaborado en base a maíz.

El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, adelantó anoche, en diálogo con el canal C5N, que habría un incremento de entre el 25% y el 27%. “A medianoche aumentan los combustibles. Por lo que vemos, según los informes de las empresas, estaría en el orden del 27%”, señaló.

El titular de la cámara empresarial afirmó que los costos dependen de la cotización del tipo de cambio y el valor del petróleo. No obstante, también señaló que la política gubernamental influye pues indicó que la “pauta actual es la libertad de precios”.

“Se debe apuntar a una fluctuación libre, sin el control indirecto que hoy ejerce el gobierno en el mercado a través de YPF”, afirmó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en una entrevista al portal especializado Surtidores antes de la asunción del presidente Javier Milei.

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El 2023 finalizó como el año más productivo para Vaca Muerta en términos de cantidad de punciones en el área productiva. 

Más allá de ciertos problemas con los repuestos de los equipos equipos y las limitaciones de las importaciones en buena parte del año, se alcanzaron 14.747 etapas de fracturas en el año, un 17,7% por encima de 2022. un récord hasta el momento. 

Fuentes del sector afirman que para 2024 se proyectan alcanzar las 18 mil etapas, un crecimiento superior al 22%.

Sin embargo, en lo que respecta a diciembre cerró con una caída en las punciones al totalizar 1150, un 11,6% menos que las 1302 realizadas en noviembre. 

No obstante era algo esperado, dado que YPF contó con un equipo de fractura menos durante todo el mes y a esto hay que sumarle los feriados de diciembre que también afectaron la actividad.

La novedad en el informe que elabora para la Fundación Contactos Energéticos, Luciano Fucello, se da en la aparición de 25 etapas que se realizaron en los dos primeros pozos de la formación en Mendoza.

Según se desprende del informe del country manager de la empresa NCS Multistage, los pozos fueron explotados por 7 empresas y como todo el año e históricamente, YPF mantuvo el liderazgo en cantidad de perforaciones con 396 etapas realizadas.

En segundo lugar se ubicó Total Energies con 171 punciones, dejando a Tecpetrol en el tercer escalón del podio al completar 165 etapas.

Pan American Energy (PAE) con 162 perforaciones quedó cuarta y compartieron  la quinta posición Shell y Pampa Energía, con 92 punciones realizadas cada una. En séptimo lugar y con 72 etapas de fractura cerró Capex.

La importancia de conocer la cantidad de etapas de fractura es que son el termómetro de la actividad de los yacimientos no convencionales y la métrica comercial se da en términos de etapas de fractura, y no en cantidad de pozos o equipos de perforación activos, como lo es en yacimientos convencionales. El estudio reconoce que hay una relación directa entre las etapas de fractura realizada y la producción que se obtendrá en los siguientes meses.

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El ingeniero Carlos Casares, ex subsecretario de Hidrocarburos en la época de Mauricio Macri, fue confirmado como el nuevo interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en una resolución de Energía. 

La designación de Casares es clave ya que el lunes próximo 8 de enero se realizará la Audiencia Pública donde se revisarán todas las tarifas energéticas en el marco de la Emergencia Pública. 

Convocada por el Enargas transportistas y distribuidoras debatirán los nuevos cuadros tarifarios mientras que productoras y público pueden presenciarlas, previo una inscripción en la página, aunque no forman parte de la audiencia. 

El temario a tratar en el Audiencia Pública N° 104/24 será: el Marco Regulatorio de la Industria del gas, Resolución Enargas N° I-4089/16, Le de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de Emergencia Pública, (Ley N° 27.541), Revisión de Tarifas Integral (DNU N° 1020/20), Prórroga de Plazos de Tarifas Integral (DNU N° 815/22), Emergencia del Sector Energético Nacional (DNU N° 55/23) y la resolución del Enargas N° 704/23.

El ente dependiente de la Secretaría de Energía actualmente a cargo de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, es el encargado de regular los servicios públicos de transporte y distribución del gas natural.  

La Audiencia Pública se realizará mediante la plataforma digital de videoconferencias y será transmitida en vivo por el canal de Youtube del mismo ente o por su página web (https://www.enargas.gob.ar/home.php).

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La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que lidera a nivel nacional Héctor Laplace, y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) convinieron una mejora salarial en paritarias del 26 por ciento para el personal de la rama extractiva.

El gremio informó en un documento que el aumento salarial se aplicará sobre el haber básico y que el acuerdo fue firmado luego de “varias reuniones entre las partes”.

Laplace y la representante patronal, Alejandra Cardona, rubricaron finalmente el acuerdo salarial para esa rama de la actividad minera, por lo que a partir de ahora se modificarán los ingresos básicos del convenio calculados sobre los sueldos vigentes a noviembre.

El incremento salarial del 26 por ciento se aplicará sobre los salarios de diciembre último, en tanto Laplace aseguró que la AOMA continuará trabajando “a favor del pueblo minero para aportar al mantenimiento de la calidad de vida frente a la inflación y la devaluación”.

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca autorizó la comercialización de la levadura Saccharomyce cerevisiae cepas GICC03486 (GPY10009) y GICC03506 (GPY10023), ambas con capacidad mejorada para la producción de bioetanol a partir de la fermentación de granos.

La decisión se oficializó mediante la Resolución 3/2023 firmada por el secretario de Agricultura, Fernando Vilellea, y publicada este martes en el Boletín Oficial, concretándose así un “viejo anhelo de la industria” ya que “mejora la productividad” de bioetanol, hasta un “3% más”, confiaron desde la Cámara de Bioetanol de Maíz a Télam.

En el documento oficial se detalla que tras un análisis realizado tanto por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como por el Comité Técnico Asesor ad honorem sobre uso de Organismos Genéticamente Modificados, “no se encontraron objeciones científicas desde el punto de vista de la aptitud alimentaria humana y animal”.

“La levadura Saccharomyces cerevisiae portadora del evento GICC03506 es tan segura y no menos nutritiva que las variedades comerciales convencionales, incluyendo cualquier cruzamiento con estas, con lo cual resulta apto para consumo humano y animal”, subraya la resolución.

Así, Agricultura autorizó la “comercialización de la levadura Saccharomyce cerevisiae cepas GICC03486 (GPY10009) y GICC03506 (GPY10023), ambas con capacidad mejorada para la producción de bioetanol a partir de la fermentación de granos, solicitada por la firma Danisco Argentina S.A.”.

La compañía en cuestión “deberá suministrar en forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre las levaduras Saccharomyces cerevisiae cepa GICC03486 (GPY10009) y Saccharomyces cerevisiae cepa GICC03506 (GPY10023) cuya comercialización por la presente medida se autoriza, que pudiera afectar o invalidar las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización”.

Asimismo, se advierte que “la presente medida quedará sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información científico-técnica que invalide las conclusiones en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización”.

El director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz de Argentina, Patrick Adam, consideró esta resolución como una “muy buena noticia” porque “mejora la productividad”.

“Con la misma cantidad de maíz podemos producir un 3% más de bioetanol usando enzimas de organismo modificado genéticamente (GMO, por sus siglas en inglés)”, añadió Adam, y subrayó: “Esto nos va a ubicar en niveles de producción por tonelada de maíz comparable con los mejores países del mundo, además de permitirnos ahorros energéticos por unidad producida”.

Por último, expresó que “este es un viejo anhelo de la industria que se hace realidad”, al tiempo que destacó que “esto demuestra que cuando hay decisión política y conocimiento técnico, las cuestiones pueden resolverse con celeridad y eficiencia”, en referencia a la gestión de Vilella.

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El 88,5% del total de energía generada en el país durante el año provino de fuentes renovables, según un registro elaborado por la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).

La energía eólica estuvo al tope en el ranking de generación, con un 39,6%, seguida por la hidráulica, con el 28,1%. Bastante más atrás quedaron la biomasa, con el 9,3%, la térmica, con el 7,8% y la solar, con el 3,7%.

Del relevamiento, publicado por Montevideo Portal, se desprende que el 11,5% restante tiene que ver con la energía importada desde países vecinos, siendo el proveedor mayoritario Brasil, con el 11,3%, mientras Argentina aportó el 0,2%.

El total generado fue de 10.700,4 gigavatios por hora (GWh), mientras que importó de Argentina y Brasil un total de 1.389,4 GWh. En tanto, exportó 230,9 GWh en total, de los cuales 213,6 fueron para Argentina, lo que equivale al 92,5%; y 17,3 a Brasil, lo que supone un 7,5%.

Uruguay destaca en este rubro a nivel internacional

Vale destacar que Uruguay es el mejor país de la región en generación eléctrica a partir de energías renovables, ubicándose en el puesto 14 del ranking a nivel mundial, según datos del Ministerio de Industria y Energía (MIEM).

Incluso, el país ya debutó en el comercio de energía renovable entre privados, luego del primer acuerdo suscripto entre las empresas Coca-Cola Femsa y Atlántica Sustainable Infrastructure.

Por eso no sorprende que Uruguay sea valorado a nivel internacional en este aspecto. Incluso, desde Estados Unidos consideraron que es “un modelo para muchos otros países de la región”, al tiempo que en luego de la visita del presidente Luis Lacalle Pou a China, el gobierno que encabeza Xi Jinping manifestó su interés en promover el desarrollo de energías verdes.

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Por Ignacio Ortiz para Télam

Las mayores perspectivas del desarrollo de Vaca Muerta para 2024 estarán enfocadas en la ventana del petróleo y en el incremento de esas exportaciones que le permita aprovechar la demanda global de crudo, los precios internacionales altos y la infraestructura en desarrollo.

El año para la formación neuquina cierra con el dato, el último disponible a noviembre, de un nuevo récord de producción al alcanzar los 368.616 barriles de petróleo por día (bbl/d), con un incremento interanual de 21,5%, registrando el mayor volumen en la historia de producción de la provincia.

El impulso del no convencional también alcanzó a la producción registrada en todo el país que se ubicó por encima de los 670.000 barriles de crudo diarios, con un incremento del 9% interanual, lo que representa que el 55% del total producido a nivel nacional provino de Vaca Muerta.

Para el titular de la consultora Economía & Energía, Nicolás Arceo, “en un contexto macroeconómico claramente adverso, y donde la política pública en materia energética no mostró una dirección definida, se logró una expansión significativa de la producción de petróleo y el sostenimiento de la producción de gas natural”.

La producción de petróleo convencional se redujo un 21% entre los primeros diez meses de 2019 e idéntico período de 2023, en tanto, la producción de shale oil se incrementó un 242%.

“El aumento de la producción permitió más que duplicar las exportaciones de crudo, que pasaron de 65 kbbl/d en los primeros nueve meses de 2019 a 125 kbbl/d en idéntico período del presente año”, detalló Arceo, lo que “exhibe una potencialidad que permite vislumbrar un cambio estructural del sector en la próxima década”.

En ese sentido, para el economista, la recomposición del precio del crudo al liberarse el precio de los combustibles y dejar atrás los valores del denominado barril criollo en el mercado local será “un factor fundamental para profundizar y acelerar el desarrollo del sector a lo largo de los próximos años”.  

Pero con un mercado doméstico completamente abastecido en sus necesidades de crudo para refinación, estimado en unos 530.000 barriles diarios, todo el excedente que se logre producir a futuro tendrá destino exportador, tal como vino ocurriendo en los últimos meses.

En los primeros diez meses de 2023 Argentina exportó hidrocarburos por US$ 3.788 millones, un 166% más que en idéntico período de 2019, en un mercado en el que fue determinante el aumento en la exportación de crudo, que explicó el 83% del crecimiento del valor exportado.

Para el titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, “Vaca Muerta da soluciones al país y a la macroeconomía, da trabajo y aporta más del 50% de la energía que se consume. Hoy estamos viendo la punta del iceberg de lo que podría ser bajo un esquema como el que se avizora que apunta a un régimen netamente exportador”.

De consolidarse ese paradigma exportador, se podrá “ver un nuevo auge de Vaca Muerta, sobre todo en petróleo y le puede aportar no sólo rentabilidad a  las empresa sino significativos ingresos al país, aunque queda la incógnita sobre cómo se va a asegurar el abastecimiento del mercado interno”.

La incertidumbre se plantea a partir de la voluntad del Gobierno de “prohibirse la intervención en las exportaciones de energéticos para pasar a un esquema en que las compañías puedan exportar libremente, aunque sin ese reaseguro que por normativa de 1967 prioriza la venta de crudo a los refinadores antes de poder pedir una exportación a autorizar por la Secretaría de Energía”.

Las perspectivas de incremento exportador en el caso del petróleo se apoyan en la proyección de mayor capacidad de transporte con obras que se encuentran en ejecución y proyectadas.

Es el caso de la muy reciente inauguración del Oleoducto Vaca Muerta Norte, que YPF llevó adelante este año con una inversión de US$ 250 millones, lo que permitió incrementar en 40.000 barriles la capacidad de transporte de petróleo de una quincena de áreas en Vaca Muerta hasta la estación Puesto Hernández, cabecera del Oleoducto Trasandino (Otasa) rehabilitado luego de 17 años.

De la misma manera, Oleoductos del Valle (Oldelval) avanza en el proyecto Duplicar+, una serie de obras de ampliación de transporte de crudo desde la Cuenca Neuquina hacia Puerto Rosales, en inmediaciones de Bahía Blanca, desde donde se embarca el crudo al exterior.

La empresa conformada por las principales operadoras de Vaca Muerta que financian la inversión de unos US$ 1.200 millones, inauguró su primera etapa a comienzos de octubre al sumar unos 20.000 barriles diarios, y proyecta una serie de hitos de ampliación que llevará a más que duplicar la evacuación en 2025, hasta 540.000 barriles.

Es que en tanto no se concreten las obras de infraestructura clave para incrementar la capacidad de transporte de gas natural, las compañías profundizarán su perfil exportador de crudo, tal como este año comenzó a hacer YPF al sumar al grupo de empresas como Shell, Vista, Pan American Energy, Pluspetrol o sus socias ExxonMobil y Chevron.

En el mismo sentido se encamina, a partir de 2024, otro gigante local como Tecpetrol que anunció el inicio del desarrollo de sus áreas Puesto Parada y Los Toldos 2, con los que proyecta alcanzar los 100.000 barriles diarios en promedio hacia el 2027, aprovechando las condiciones de precio que impone el mercado mundial, el frente exportador y el conocimiento previo acumulado en gas.

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El Ministerio de Energía de Ecuador anunció la reanudación de las operaciones de un campo petrolero ubicado en la reserva amazónica Yasuní, que permanecía bloqueado por protestas indígenas para reclamar por obras ofrecidas por la empresa.

“El proceso de reinicio de perforación tomará tres días; sin embargo, los pozos serán prendidos hoy mismo” en el Campo Ishpingo, en la provincia nororiental de Orellana, informó la cartera en un boletín citado por la agencia de noticias AFP.

El miércoles, la firma estatal Petroecuador había evacuado a funcionarios y contratistas que estaban en dicho campo, que junto con Tiputini y Tambococha forma parte del Bloque 43-ITT, ubicado dentro de la reserva natural amazónica del Yasuní. 

Según la cartera, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, “lideró con éxito” una mesa de negociaciones en la que participaron el Gobierno, autoridades locales y líderes de la comunidad indígena amazónica de Kawymeno, de la etnia waorani, en la cual se acordó el fin de las protestas que paralizaron la actividad.

Las autoridades ecuatorianas reafirmaron su compromiso de atender las peticiones de la comunidad que “lamentablemente no fueron cumplidas en administraciones anteriores por falta de voluntad política”, según Arrobo.

“Asumimos la responsabilidad de corregir estas omisiones y asegurar que cada comunidad reciba la atención y los recursos que merece. Estamos comprometidos a ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de cada ciudadano”, agregó la responsable del Ministerio de Energía.

Las protestas de los pobladores de la comunidad Kawymeno comenzaron el 25 de diciembre y ocasionaron “la reducción de unos 17.000 barriles de petróleo por día” desde el último miércoles, según Petroecuador.

Con el fin del bloqueo, fue levantada la declaratoria de fuerza mayor en dicho campo, emitida ayer por la estatal petrolera. 

En un referendo efectuado en agosto pasado, los ecuatorianos decidieron la suspensión de las actividades petroleras de este bloque, para lo cual el Gobierno debe desmantelar la infraestructura.

Sin embargo, el Ejecutivo dijo en ese momento que tenía “algunas consideraciones” que hacer antes de acatar el fallo, dado que la Constitución dice que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva son los habitantes de la zona, los cuales en este caso habían dicho “no a la consulta” y manifestaron su deseo que “continúe la actividad”.

Antes de conocerse los resultados del referendo, el Gobierno no había objetado que la decisión la tomen los ciudadanos de todo el país.

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El precio del barril de petróleo cerró 2023 con una caída de 11% en Nueva York, en un año marcado por los recortes a la producción de los países exportadores y una caída en la demanda mundial, en medio de conflictos geopolíticos que amenazaron el normal suministro de crudo.

El precio de la variedad WTI cerró en US$ 71,5 mientras que el tipo Brent concluyó en US$ 77, ambos con una baja del 11% durante el año, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).

Las preocupaciones geopolíticas, los recortes de producción y las subas de tasas de interés de los bancos centrales para frenar la inflación provocaron fuertes fluctuaciones en los precios en 2023.

Los precios del petróleo han cerrado el ejercicio 2023 con una pérdida de valor de 11% debido a la producción récord de crudo en países externos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las tensiones geopolíticas, los recortes de producción de los grandes productores y las medidas de los bancos centrales para controlar la inflación.

Ahora, los operadores están preocupados por los datos de producción de crudo en países como Brasil, Guyana o los Estados Unidos, que la semana pasada produjo alrededor de 13 millones de barriles diarios, informó la Agencia de Informaciones de la Energía (EIA).

Por su parte, la OPEP y sus aliados se comprometió en noviembre a recortar la producción del oro negro en 2,2 millones de barriles diarios en el primer trimestre de 2024, pero algunos analistas no confían en que su política logre equilibrar el mercado.

Los recortes de producción del cartel han resultado insuficientes para apuntalar los precios, que han caído casi 20% desde los máximos del año.

Actualmente, la OPEP+ ha cortado su producción en unos seis millones de barriles diarios, lo que representa alrededor del 6% de la oferta mundial.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2024 la oferta de petróleo crecería notablemente, sobre todo en Estados Unidos, frente a una reducción de la demanda a la mitad.

Por otro lado, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio , como la tensión entre Irán y los Estados Unidos o los ataques de los rebeldes houtíes de Yemen a buques cargueros en el mar Rojo- también influyeron en los movimientos de los precios del crudo.

Los contratos de futuros de gas natural para entrega en enero cerraron en 2,50 dólares por millón de BTU, lo cual representó una caída de 43,70% respecto de fin de 2022, debido fundamentalmente, a un clima no tan extremo en el hemisferio norte.

Finalmente, el oro culminó el año en 2.075 dólares por onza, lo que significó una alza de 13,4% durante el año.

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La Ley Ómnibus enviada el miércoles por el Poder Ejecutivo al Congreso incluye modificaciones que pueden afectar los precios y abastecimiento de combustible, como la derogación del artículo 1 de la ley 26.741 que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos. Además, a través de la modificación de la Ley de Hidrocarburos, elimina el “barril criollo”.

La eliminación del barril criollo borra la posibilidad de desacoplar los precios internacionales de los combustibles con el del mercado interno, lo que puede implicar una suba de las naftas en los surtidores.

En su artículo 306, la Ley Ómnibus deroga el artículo 1 de la Ley 26.741, el cual declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

Por otro lado, en su artículo 258 reemplaza el artículo 6 de la Ley 17.319, conocida como de hidrocarburos. En la modificación establece que los permisionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan, podrán comercializar sus derivados libremente, y establece que el Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en ninguna etapa de la producción. Además, dice que las empresas estatales podrán vender a “precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, a las correspondientes paridades de exportación o importación”. También ratifica la libertad de exportación y elimina la obligatoriedad de priorizar las necesidades internas.

La ley de hidrocarburos establecía las condiciones para lo que se conoció como barril criollo, que plantea la separación del precio internacional del petróleo del que se maneje en el mercado interno. En ese contexto, en la pandemia y ante la caída del consumo, el Gobierno presentó el decreto 488/2020 que establecía el precio que debía pagarse por el barril en el mercado interno. El precio se desprendía del promedio de la cotización de dos tipos de barriles o del que determinara l autoridad de aplicación.

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La petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y otras 40 empresas públicas, fueron declaradas “sujetas a privatización” en el proyecto de Ley Ómnibus enviado el miércoles por el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación.

De acuerdo con el texto de la iniciativa denominada ´Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos´, la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en “la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales”.

La propuesta también apunta a “generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, según los fundamentos de la iniciativa.

Puntualmente, en el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara “sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal”.

De esta manera, se faculta “al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dado a conocer la semana pasada fue el puntapié inicial para avanzar en esta línea.

En el DNU, que comenzará a regir en los próximos días y que es objeto de varios amparos judiciales en su contra, se establece la modificación del “status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades”, según consigna en sus considerandos.

La venta de las empresas del Estado es una idea que Javier Milei tiene desde antes de asumir la presidencia de la Nación.

En reiteradas ocasiones, durante la campaña electoral, deslizó la posibilidad de desprenderse de patrimonio público y calificó a las empresas estatales como “generadoras de déficit”.

Las empresas públicas sujetas a privatización son la Administración General de Puertos; Aerolíneas Argentinas; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de Moneda; y Contenidos Públicos.

También figuran Corredores Viales; Correo Oficial de la República Argentina; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Dioxitek; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Educ.AR; Energía Argentina (Enarsa); Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.

A las que se suman la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín”; Intercargo; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Radio y Televisión Argentina; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Talleres Navales Dársena Norte; Télam; Belgrano Cargas y Logística; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.

Incluye también a Nucleoeléctrica Argentina; Vehículo Espacial Nueva Generación; Operadora Ferroviaria; Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Pellegrini; y las 4 empresas descentralizadas del Grupo Banco Nación.

El texto presentado hoy también deroga el artículo 35 de la Ley N° 24.804, que establecía que “Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación”.

Además, sustituye el artículo 37 de esa misma Ley por el siguiente: “A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. El cambio en este caso es el reemplazo de Estado Nacional por Poder Ejecutivo nacional.

La Ley 24.804 legisla sobre las funciones del Estado en la actividad nuclear.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo el jueves que los detalles del nuevo esquema de tarifas y quita de subsidios se conocerá en enero próximo, y aseguró que “el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo”.

“A partir de enero va a estar el nuevo esquema de tarifas; por un lado lo que anunció el ministro Luis Caputo en su momento, que es esto de eliminar subsidios en torno al tercio por año; y además este esquema de ir progresivamente quitando el subsidio a la oferta y tendiendo a que se transforme en subsidio a la demanda”, dijo Adorni esta mañana en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Al respecto, sostuvo que “el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo pero lo que no queremos es que el que no necesite el subsidio, como puedo ser yo, no veo que alguien deba pagarme a mi el subsidio por viajar en colectivo, porque yo puedo pagar la tarifa completa”.

“En enero vamos a conocer los detalles, en el medio debe haber audiencias públicas, hay un proceso que vamos a respetar”, concluyó Adorni.

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El precio del barril de petróleo cayó hoy alrededor de 2% tras las fuertes subas de los días anteriores, luego de que los inversores dejaran de lado las tensiones geopolíticas en el Mar Rojo y centraran su atención en los débiles datos de la demanda mundial y otros aspectos técnicos.

El barril de la variedad WTI cayó 2,1% y se negoció en 74 dólares, mientras que el tipo Brent bajó 1,9% y se pactó en 79,50 dólares, según cifras consignadas en el New York Mercantil Exchange (Nymex).

Los inversores focalizaron los problemas de la demanda mundial de crudo al considerar que la falta de reacción de la economía china y el alto abastecimiento de las refinerías de Occidente no presagian una toma de posiciones sobre los futuros.

Al mismo tiempo, un inusual invierno boreal muy suave hizo que la demanda de combustibles para calefacción disminuya de manera significativa.

En relación con la tensión geopolítica con las guerrillas houtíes de Yemen, hay señales que todo tiende a apaciguarse.

La naviera danesa Maersk, uno de los mayores carrier del mundo, dijo que programó decenas de buques portacontenedores para viajar a través del canal de Suez y el mar Rojo en las próximas semanas, después de la interrupción por los ataques de los houtíes, respaldados por Irán.

También la naviera francesa CMA dijo que en breve reanudaría la travesía de sus buques, a través de esa vía marítima.

De todas formas, los inversores están atentos al conflicto entre Israel y la guerrilla de Hamas en la Franja de Gaza y descuentan que el enfrentamiento adquiere un desarrollo más prolongado que el previsto inicialmente y que es factible una ampliación de la zona de operaciones militares.

Benny Gantz, ministro sin cartera y una de las figuras más importantes del Gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu, ha amenazado hoy con una invasión israelí del sur del Líbano si el gobierno de ese país, no toma medidas contra el grupo guerrillero chiíta Hezbollah.

“La situación en nuestra frontera norte exige un cambio. El tiempo para una solución diplomática se agota y si el Gobierno libanés no actúa para evitar los bombardeos contra nuestros residentes en el norte y para alejar a Hezbollah de la frontera, nuestras fuerzas lo harán”, enfatizó Gantz.

Los contratos de futuros de gas natural para entrega en enero subieron hoy 2,7% y cerraron en 2,62 dólares por millón de BTU. Finalmente, el oro subió 1% y se pactó en 2.090 dólares por onza.

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La canciller Diana Mondino ratificó hoy el compromiso de la Argentina con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el marco de una reunión que mantuvo con el director general del organismo multilateral, el argentino Rafael Mariano Grossi.

Durante la reunión, ambas autoridades intercambiaron puntos de vista sobre la agenda del OIEA y sus principales iniciativas, así como sobre el contexto internacional y el papel de Argentina en el escenario nuclear mundial.

“Se destacó especialmente la amplia cooperación entre nuestro país y el OIEA y el gran potencial de la misma de cara al futuro”, precisó un comunicado de Cancillería.

Mondino y Grossi coincidieron además en destacar el rol de la tecnología y la energía nuclear para alcanzar el desarrollo sostenible y, en ese contexto, resaltaron el aporte actual y potencial del programa nuclear argentino, que cuenta con más de 70 años de trayectoria y registra exportaciones de tecnología nuclear a países de los cinco continentes.

En el encuentro, el funcionario de OIEA se refirió a su próxima visita a la Antártida para el lanzamiento oficial de la Iniciativa “NUTEC Plásticos”, en colaboración con el Programa Antártico Argentino.

La implementación de esta iniciativa implica capacitaciones de recursos humanos y donación de equipos, que permitirán evaluar con mayor exactitud la contaminación marina debida a los microplásticos, así como su eventual tratamiento y reutilización.

Será la primera vez que OIEA realiza una actividad en la Antártida.

Asimismo, Grossi destacó el programa “Rayos de Esperanza”, para el fortalecimiento del acceso a la medicina nuclear.

De igual modo, se repasaron los principales proyectos argentinos en materia de aplicaciones y energía nuclear, en particular los reactores de investigación multipropósito RA-10 y el pequeño y modular CAREM.

Por último, Mondino destacó el apoyo de la Argentina al Organismo, y felicitó a Grossi por su reciente reelección al frente del mismo para el período 2023-2027.

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Familias, constructores, fabricantes de electrodomésticos y administraciones municipales se preparan para hacer frente a la política de recorte de subsidios que el gobierno nacional anunció que encarará en los próximos tres años, con una serie de estrategias que apuntan a reducir el consumo.

El incremento de las tarifas -contracara de la reducción de subsidios- aparece en el primer lugar de las preocupaciones, pero no es el único elemento de la lista, a la que debe agregarse la necesidad de cumplir con los requisitos ambientales acordados ante las Naciones Unidas en cuanto a menores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), además del ahorro de recursos energéticos.

Paula Altavilla, presidenta del Argentina Green Building Council (AGBC) y del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), aclaró que sólo la mitad del ahorro de energía deriva del uso de fuentes renovables y que la otra mitad corresponde a diferentes acciones de eficiencia energética, es decir a medidas de ahorro que no impliquen un deterioro en las condiciones de vida.

Ante esa nueva realidad, Federico García Zúñiga, consultor técnico de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima), advirtió que “no hay que empezar con el final” y en vez de comenzar con la instalación de artefactos y luminarias de última generación, debe garantizarse desde el principio una correcta aislación térmica “para que el calor no ingrese a la vivienda o que no se escape la climatización interior”.

“El camino es claro -expresó en declaraciones a la agencia de noticias Télam– : Vemos en una primera etapa cómo protegernos o garantizar la entrada del sol y del viento cuando esto es posible, acto seguido aislamos térmicamente la envolvente – techos, muros y pisos- con materiales de aislación térmica eficiente como la lana de vidrio, el poliestireno expandido y el poliuretano para reducir la demanda de energía”.

Sólo a partir de entonces, planteó, debe definirse “las últimas etapas con el dimensionado de los equipos de climatización y el eventual uso de energías alternativas”.

Por su parte, Salvador Gil, del Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), coincidió en la importancia de la aislación térmica en las construcciones, y puso de relieve los ahorros que representan los cambios de equipos antiguos de refrigeración y calefacción por nuevos modelos con regulación de temperatura.

Asimismo, en un trabajo que realizó con Leila Iannelli, indicó que los ventiladores (de pie o de techo) y los climatizadores evaporativos son “buenas opciones” de reemplazo de los equipos de aire acondicionado, de una potencia “entre 10 y 15 veces menor” que estos artefactos, con el consiguiente ahorro en el consumo.

Gil y Ianelli subrayaron que el aumento de la demanda de energía es de 340 Mw por cada grado centígrado por encima de los 23°C, “equivalente a encender una central eléctrica como Atucha I”.

Como medidas complementarias, recomendaron la colocación de burletes (o cambiar los que ya estén deteriorados) en puertas y ventanas para evitar las infiltraciones de aire y aprovechar la radiación del sol de acuerdo con la época del año, abriendo las cortinas que den al norte durante el día en invierno y cerrarlas en verano.

Muchas de estas recomendaciones están condicionadas tanto a las características de construcción de la vivienda (en lo que la tendencia a construir edificios sin persianas es un factor en contra) como a su orientación geográfica.

Pero además de las recomendaciones a familias y usuarios particulares sobre qué puede hacerse, ya existen en la Argentina experiencias municipales de ahorro y eficiencia energética llevadas a cabo en diferentes localidades del interior.

Al respecto, Ricardo Bertolino, director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (Ramcc), destacó que en Rosario “sólo con capacitación al personal, sin ninguna inversión adicional, se redujo un 10% el consumo de electricidad en los edificios municipales”.

“Venimos capacitando a todos los municipios en eficiencia energética”, remarcó a Télam, para aclarar que la Red abarca en la actualidad a 280 intendencias en las que viven cerca de 20 millones de personas y recientemente se incorporaron siete municipalidades más.

Bertolino puso de relieve que el 18 de diciembre se inauguraron dos obras financiadas por la Agencia Francesa de Desarrollo en las localidades de Soldini (Santa Fe) y Camilo Aldao (Córdoba), con cambios en los techos de edificios comunales que permitieron que “el consumo de energía pase a ser muy inferior”.

Respecto de la localidad cordobesa, ubicada en el departamento de Marcos Juárez, resaltó el trabajo que se viene realizando hace cuatro años en materia de eficiencia energética, con una reducción del 30% en el consumo y con la instalación de paneles solares que le posibilita al municipio “tener cubierto el 98% de la energía que consume”.

Los próximos pasos en materia de aislación térmica de edificios municipales serán en San Carlos Sud (Santa Fe) y San Miguel (Buenos Aires), aunque las obras abarcan otras iniciativas como la instalación de granjas solares en Godoy Cruz (Mendoza), domótica (casas inteligentes) en Posadas y paneles solares en Corrientes.

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Por Marcelo Bátiz para Télam.

Los subsidios que el Estado nacional otorgó al sector energético en los últimos dieciséis años ascendieron a casi US$ 150.000 millones y tuvieron una alta incidencia en el resultado fiscal, al punto de representar el 72,7% del déficit primario acumulado desde 2012.

Los datos forman parte de diferentes informes oficiales y privados y fueron determinantes para que el Gobierno decidiera avanzar con un plan de reducción progresiva de esas transferencias -junto con las destinadas al transporte público de pasajeros- que en un período de tres años implicaría un recorte al gasto equivalente a 2 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con lo señalado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Télam consultó a referentes de diferentes áreas para que analizaran tanto el impacto como la conveniencia o no de llevar adelante ese proceso de reducción de los subsidios energéticos, teniendo en cuenta que su correlato podría ser un incremento en las tarifas al que tendrán que hacer frente millones de usuarios de los servicios de energía eléctrica y gas natural en la mayor parte del país.

“Estamos en un momento en el que hay que dejar bien explícitos los costos de estos servicios, siempre considerando que hay sectores que no los van a poder pagar y deben ser protegidos”, sostuvo el director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (Ramcc), Ricardo Bertolino.

De todos modos, advirtió que por las asimetrías con las que fueron asignados los subsidios “en el Interior los costos de los servicios son diferentes a los que se pagan en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), por lo que en las provincias no vamos a tener una diferencia tan grande y está bueno que sea una decisión federal”.

Con una mirada integral, el consultor técnico de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima), Federico García Zúñiga, estimó que “la reducción de subsidios debería ir en paralelo con un programa a escala nacional, para fomentar el ahorro y la eficiencia energética”, con el propósito de atenuar el impacto en los usuarios de los aumentos tarifarios, pero también para mejorar la balanza sectorial del país.

En ese sentido, abogó por el cumplimiento de “programas como el Etiquetado de Viviendas y la aplicación efectiva y sistemática de normativas vigentes de acondicionamiento térmico en provincias y municipios”, para avanzar tanto en materia de aislación de techos, muros y pisos (la “envolvente” de las viviendas) como con el diseño bioclimático.

“El eventual uso de energías alternativas como la solar o la eólica servirán finalmente para complementar el mínimo consumo resultante de esa correcta aislación térmica eficiente”, completó.

Salvador Gil, del Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), se manifestó a favor de la actualización de tarifas por entender que “genera incentivos para mejorar la eficiencia de las viviendas, sus artefactos y el desarrollo de energías renovables”.

“Con subsidios a las energías convencionales, no sólo se retrasa el desarrollo tecnológico e industrial, sino que se promueve la emisión de gases de efecto invernadero”, explicó desde una perspectiva que suma razones de sustentabilidad y eficiencia energética a las preocupaciones de índole fiscal.

Remarcó que “los subsidios en los últimos 15 años costaron más de US$ 200.000 millones, equivalentes a dos Planes Marshall a valores presentes”, pero que, a diferencia del salvataje a los países europeos en la posguerra, con las transferencias “no quedó nada, más que muchas emisiones”.

“Seguramente todas las medidas tienen su costo, pero no creo que el camino de la sostenibilidad sea más costoso que el que acabamos de recorrer”, reflexionó Gil.

La referencia a los US$ 200.000 millones incluye a los subsidios al Transporte: según un estudio del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, entre 2008 y 2023 hubo subsidios a la energía por US$ 148.162 millones y al transporte público por US$ 65.887 millones, lo que hace un total de US$ 214.049 millones, a razón de US$ 13.378 millones por año, equivalentes a 2,5 puntos del PBI.

En cuanto al peso que los subsidios energéticos tuvieron en el déficit primario entre 2012 y los primeros once meses de 2023, del cruce de informes de la Secretaría de Hacienda y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) se desprende que representaron en promedio el 72,7% del total, es decir que tres de cada cuatro pesos del déficit primario fueron causados por las transferencias al sector.

En cinco años, el gasto en subsidios energéticos fue incluso mayor a todo el déficit primario, con el caso extremo de 2012, cuando fueron trece veces superiores.

Los subsidios a sectores económicos -principalmente la energía y el transporte- comenzaron a aplicarse en forma masiva a partir de 2002, en un contexto marcado por la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos luego de la caída del régimen de Convertibilidad, a efectos de compensarlas por la brecha entre las tarifas y los costos de explotación.

En los casi 22 años transcurridos se aplicaron diferentes políticas que desembocaron en un presente en el que las tarifas tienen una cobertura de costos que alcanza al 77% en el caso del gas, 47% en el de la energía eléctrica y 11% en el del autotransporte de pasajeros, según los últimos datos relevados en los monitores específicos elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

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La compañía de energías renovables MSU Green Energy anunció que desde el parque solar que construye en la provincia de Chaco proveerá de energía a la firma argentina Air Liquide, productora de gases industriales y medicinales, por un plazo de 10 años para avanzar en su proceso de descarbonización.

La energía limpia será abastecida por parte de la compañía desde el parque solar Pampa del Infierno, que actualmente está en construcción en la provincia de Chaco.

El parque cuenta con una potencia instalada de 125 megawatt (MW) en una superficie de 320 hectáreas y “se convertirá en el tercer parque solar más importante de la Argentina”, indicaron en un comunicado.

La operación de suministro se concretó mediante un contrato de largo plazo acordado entre privados en el marco del Mercado a Término de Energías Renovables (Mater), el que en los últimos años es responsable de la mayoría de los desarrollos del sector para atender la demanda corporativa de enrgías verdes.

“Estamos avanzando en la transición energética de nuestro país de la mano de acuerdos de cooperación con empresas de gran valor para la matriz productiva de nuestro país”, destacó Manuel Santos Uribelarrea, Fundador y CEO del Grupo MSU.

“Gracias a alianzas como estas, compañías como Air Liquide pueden avanzar en su proceso de descarbonización y de adopción de energías renovables en Argentina”, completó.

Para finalizar, la compañía aseguró que apuestan a “la transformación energética de la Argentina y está desarrollando un plan a largo plazo en el que planea la instalación de 8 parques solares y una inversión de 350 millones de dólares destinados a la generación de 400 MW de energía verde”.

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La empresa Holcim Argentina anunció hoy que alcanzó a cubrir el 75% de la energía que consume con fuente de origen renovable y que cerrará 2023 con una inversión superior a los US$ 15 millones en su plan de sustentabilidad para alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono al 2030.

Luego de conformar un equipo de Descarbonización tendiente a disminuir la huella de carbono y a potenciar el incremento de energías renovables en sus operaciones, Holcim trazó un plan de inversión en mejoras en el proceso productivo, mitigación de impactos ambientales y recursos naturales.

En cuanto a economía circular, su empresa Geocycle, orientada a soluciones circulares para la gestión de residuos, en abril se invirtió US$ 1,5 millones para la construcción y puesta en marcha de la primera estación de clasificación y recuperación de plásticos post consumo de la empresa a nivel global.

Además, se invirtieron US$ 7 millones en ampliar su planta de separación de residuos sólidos urbanos en “Piedras Blancas”, permitiendo evitar la emisión de 25.000 toneladas de emisiones netas de CO2 por año, equivalente al impacto positivo de un bosque de 11 mil hectáreas.

En cuanto a energías renovables, Holcim en Argentina acaba de firmar un acuerdo con 360 Energy, para aumentar la provisión de energías renovables a todas las plantas productivas.

Con esta nueva inversión, sumada a los contratos anteriores, Holcim logró que el 75% del consumo de energía sea de fuentes renovables, evitando la emisión de más de 68.550 t de CO2 por año.

Para mantener los altos estándares de protección del medio ambiente, ya se realizaron tareas de mantenimiento y actualización ubicadas en Córdoba, Jujuy, Mendoza y Campana por un monto superior a U$S1 millón y quedan tareas por concluirse por US$ 4,9 millones.

Otro de los focos sobre los que trabajo es en la reducción del consumo de agua en todas sus operaciones. Por esto es que se ha modernizado la tecnología para el control y monitoreo del consumo en las plantas, lo que permitió durante el 2023 una reducción del consumo de agua en un 6%.

“Nuestra estrategia de negocios está enfocada en descarbonizar la construcción, acelerar el crecimiento sustentable, incrementando la diversificación de nuestro portfolio de productos sostenibles para la construcción y el medio ambiente”, detalló el CEO de Holcim en Argentina, Christian Dedeu.

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El grupo energético argentino Aconcagua Energía informó la adquisición de los negocios de generación eléctrica de Inkia Energy en el país, lo que le permite incorporar a su cartera los negocios de generación eléctrica y comercialización de gas y energías renovables.

En una comunicación al mercado, Aconcagua Energía precisó que la operación consiste en la compra de la totalidad del paquete accionario de Orazul Argentina, que involucra a Orazul Energy Generating S.A. y Orazul Energy International y Southern Cone SRL.

Con esta adquisición estratégica, Aconcagua Energía incorpora a su porfolio las operaciones de Generación de Energía Hidroeléctrica, Energía Térmica y proyectos de Generación de Energía Eólica y suma a su cartera el negocio de Comercialización de Gas y Energías Renovables.

Las unidades de negocios y proyectos que se incorporan incluyen la Central Hidroeléctrica Cerros Colorados – Planicie Banderita (479 MW), y la Central Térmica Alto Valle (97 MW).

También incorpora las participaciones en la Central Térmica Manuel Belgrano, en la Central Térmica San Martín y en la Central Térmica Vuelta de Obligado (46 MW) y el proyecto eólico Coronel Dorrego (60 MW).

“De esta manera, Aconcagua Energia consolida un portafolio de 832 MW de potencia desglosado en Hidráulica (479 MW), Térmica (178 MW), Solar (115 MW) y Eólica (60 MW)”, señaló la compañía, que a su vez indicó que se erige en “un nuevo actor relevante en el segmento eléctrico, con la meta de incrementar sus negocios para alcanzar 1 GW (1.000 MW) de potencia en los próximos años”.

Con la adquisición, la compañía suma también a “102 colaboradores claves quienes aportaran toda su experiencia y conocimientos para llevar adelante nuestras operaciones integradas”.

“La adquisición de estos negocios se encuentra alineada con nuestra visión de convertirnos en un grupo energético carbono neutral”, señaló el presidente y CEO de Aconcagua Energía Renovable SA, Javier Basso.

Por su parte el Presidente & CEO del grupo Aconcagua Energía, Diego Trabucco, manifestó su satisfacción por los logros del último año “gracias al compromiso y profesionalismo” de un personal que permitió consolidar “un rápido crecimiento” y alcanzar “importantes resultados en el Upstream, Midstream, Servicios Petroleros y Gas y Energía”.

La transacción acordada se rige por los términos de un acuerdo “As is” (como es, en inglés), que en el derecho estadounidense implica “en la condición existente, sin modificación”, según el cual Aconcagua pagará a Inkia US$ de 9,2 millones por las acciones y negocios que el grupo energético tiene en Argentina.

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La Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) solicitó al gobernador Maximiliano Pullaro su intervención “atento al riesgo” que representa para “toda la industria pyme de biocombustibles, no solo de nuestra provincia sino de todo el país”, el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Mediante una carta enviada al gobernador por su titular, Juan Ignacio Facciano, Casfer indicó que “la aprobación del proyecto de Ley constituiría el certificado de defunción de toda la industria pyme de biocombustibles”.

“Conociendo su posición en materia de desarrollo industrial y apoyo a las bioenergías, es que solicitamos una audiencia para poder expresar con mayor profundidad los conceptos de esta nota, los riesgos y avasallamientos de derechos que este proyecto genera para nuestra industria”, indica el texto.

Además, propone “trazar juntos una estrategia de defensa de los puestos de trabajo y de la industria pyme de los biocombustibles, todo ello, atento las consecuencias negativas que el mismo generará, en caso de aprobarse, en todo el entramado de nuestras economías regionales”.

Además, Casfer ratificó ante Pullaro su “firme compromiso al desarrollo de las economías regionales y a la diversificación de la matriz energética a partir de combustibles de origen nacional y renovable”.

En ese sentido, la nota sostiene que el sector asegura “el abastecimiento energético con menor concentración económica y mayor independencia a factores externos, constituyendo así, los biocombustibles, un pilar fundamental para el desarrollo económico, regional, sostenible y sustentable, y propiciando el cuidado del ambiente y la salud”.

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La producción en el sector químico y petroquímico creció 7% en octubre respecto al mismo mes de 2022, al tiempo que registró un alza de 2% interanual, informó hoy la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP).

En su informe mensual, la entidad precisó que esta mejora se debe a “las paradas programadas de planta durante octubre de 2022”, que impactó positivamente en los productos finales termoplásticos.

Por su parte, las ventas en el mercado local crecieron 11% respecto a octubre de 2022, debido al aumento de precios con respecto a dicho período.

Asimismo, se observó una caída de 3% respecto a septiembre 2023 con descensos en ventas de los productos básicos orgánicos y finales agroquímicos, con menores precios de venta en relación al mes anterior. El acumulado del año se mantiene a la baja, con un valor negativo de 10%.

En lo que respecta a las exportaciones, durante octubre 2023 las ventas al exterior cayeron 9% en la comparación intermensual y marcaron descensos de 8% interanual y 27% en el acumulado del año.

Durante octubre, la balanza comercial medida en dólares de los productos del sector fue 54% mayor a la del mismo mes del año anterior, con variación negativa de 40% en las importaciones y 14% en las exportaciones.

Por último, la capacidad instalada del sector durante octubre tuvo un uso promedio de 59% para los productos básicos e intermedios y 92% para los productos petroquímicos.

Las ventas totales del sector en general llegaron a US$ 455 millones, acumulando un total de US$ 4.231 millones pasados los diez meses del año.

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La Secretaría de Energía dispuso aumentos para los precios de adquisición de biodiesel para su mezcla con el gasoil, y del bioetanol para el corte de naftas, en un rango que va de 28,45% al 34,44%.

Los incrementos se dispusieron a través de las resoluciones 3/2023 y 4/2023, ambas publicadas hoy en el Boletín Oficial, cuatro semanas después de la difusión de las subas aplicadas en las resoluciones 963 y 964.

En la primera de las resoluciones, el precio de adquisición de biodiesel pasa de $ 686.986 a $ 923.590 por tonelada, para las operaciones a llevarse a cabo a partir hoy “y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace”, lo que representa un incremento del 34,44%.

En la resolución 4 se fijó, también a partir de hoy, un precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar de $ 465,840 por litro, con un alza del 33,65% respecto del valor vigente, mientras que para el elaborado en base a maíz el precio quedará en $ 463,911 por litro, con una suba del 28,45%.

La autorización de los nuevos aumentos se tomó “dado el contexto macroeconómico actual”, y para atender “la incidencia que posee la modificación de los precios relativos en la estructura de costos”, según se explicó en los considerandos.

El 29 de noviembre se habían formalizado incrementos del 32,11% para el biodiesel, de 12,43% para el bioetanol elaborado en base a caña de azúcar y del 19,20% para el de maíz.

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El Ministerio de Ambiente del Gobierno de la provincia de Buenos Aires proyecta la instalación de un parque eólico con 23 aerogeneradores en la localidad de Sierra de los Padres, ubicado en el partido de General Pueyrredon, distrito que tiene como ciudad de cabecera a Mar del Plata.

El gobierno provincial lanzó desde el 16 de diciembre hasta el próximo 24 de enero una instancia de participación pública para evaluar el impacto ambiental de la iniciativa.

El objetivo es determinar “los posibles efectos positivos y negativos sobre el ambiente y proponer las medidas de mitigación y prevención correspondientes”, teniendo en cuenta el sistema natural (físico y biológico) y socioeconómico del área, además de las actividades del proyecto que podrán afectarlo.

También se busca elaborar “medidas de mitigación y protección ambiental”, y las recomendaciones más apropiadas para la preservación del medio receptor.

El proyecto es impulsado por la firma Central Puerto SA, dedicada a la generación de energías renovables. Se contempla la instalación de 23 aerogeneradores con una potencia total de 161 MW (megavatios); caminos internos para la conexión de los mismos; tendido de líneas subterráneas de 33 kv (kilovoltios) para la vinculación eléctrica entre los dispositivos; la construcción de una Estación Transformadora (ET); y una línea de alta tensión (LAT) de 132 kV que se conectará con la LAT Vivoratá – Mar del Plata.

El sitio seleccionado para la instalación del parque eólico se inserta dentro del ámbito rural, en un predio de aproximadamente 2.376 hectáreas, localizado a 7 kilómetros al noroeste de la localidad de Sierra de los Padres, más precisamente en Sierra La Peregrina. En este espacio hoy se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas.

“El proyecto responde a la necesidad de contar con nuevas alternativas de generar energía en la región, que no afecten el medio ambiente y desplacen el uso de los recursos no renovables”, se argumenta en la convocatoria a la evaluación de impacto ambiental.

La propuesta se suma al parque eólico proyectado en Colonia Barragán, a 32 kilómetros de Mar del Plata, donde podrían instalarse unos 24 aerogeneradores. Hoy se encuentra en etapa de evaluación de impacto ambiental.

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Este miércoles se conoció que el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata resolvió no darle recorrido y rechazar la medida cautelar que se había presentado por parte de la Fundación Greenpeace Argentina para frenar los trabajos de exploración petrolera offshore que se realizan a unos 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. De todas formas, realizó un pedido de informes sobre la exploración sísmica y sus posibles efectos.

El Juzgado Federal N° 2, de la Secretaría Civil y Comercial N° 1 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago J. Martín, y en virtud de la repercusión pública que posee la temática en cuestión, comunica que en el día de la fecha en la causa “Fundación Greenpeace Argentina y otro”, (Expte. nro. 105/2022) se resolvió rechazar el pedido de medida cautelar efectuado por los accionantes relativa a la suspensión de las actividades autorizadas por la Res. 19/2022 (Proyecto “Perforación de un pozo exploratorio, denominado “Argerich-1”, Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN 100”).

Asimismo, el magistrado requirió informes vinculados al Proyecto “Argerich-1” referido, y al proyecto de exploración sísmica frente a las costas de Mar del Plata originariamente cuestionado en dicho expediente.

En relación a los riesgos ambientales, el juez Santiago Martín hizo saber al Estado nacional que en la evacuación de dichos informes deberá referirse especialmente al cumplimiento por parte de la Argentina del deber de información derivado del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, así como del Convenio de Cooperación sobre Preparación y Respuesta a Incidentes de Contaminación del Medio Marino por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas, respecto de la República Oriental del Uruguay.

Respecto al cambio climático, el magistrado resolvió que el Estado Nacional deberá proveer toda la información con que cuente referida a las metas comprometidas por el Estado Argentino en relación a las emisiones de Gas Efecto Invernadero (GEI), sobre la compatibilidad de éstas con los proyectos de exploración y explotación petrolera cuestionados en autos, y sobre el tratamiento que se le dio a este punto a lo largo del proceso administrativo que culminara con la Declaración de Impacto Ambiental por parte de las autoridades competentes.

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El gobierno de España, a cargo del primer ministro Pedro Sánchez, extendió la bonificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos, gas y energía, así como las reducciones en los boletos del transporte público, como parte de un paquete de medidas que supondrá rebajas en impuestos y beneficios fiscales por más de 2.500 millones de euros durante todo 2024.

La decisión, tomada tras el Consejo de Ministros y formalizada mediante un Real Decreto-ley, busca morigerar el aumento en el costo de vida que impacta España –al igual que Europa- desde 2021, y que recrudeció posteriormente por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sánchez anunció hoy en una conferencia de prensa que se extenderá hasta junio de 2024 la reducción del 4% al 0% del IVA en determinados alimentos básicos, como pan, harina, leche, quesos, legumbres, verduras y huevos; y del 10% al 5% en aceite y pasta.

Del mismo modo, el impuesto a las ganancias extraordinarias de bancos y firmas energéticas se prolongará un año más, aunque, en el caso de la energía, el tributo será modificado para permitir deducciones en inversiones estratégicas, tras pedidos del sector.

Las bonificaciones del IVA y de otros impuestos en las tarifas de energía y gas –implementadas tras el salto en los precios en 2022- se mantendrán, pero serán gradualmente removidos en los próximos meses.

La decisión responde a la caída de los precios: el megavatio hora (MWh) bajó de 168 euros en 2022 a 90 euros en el mercado mayorista al día de hoy.

El paquete de medidas también extiende hasta 2025 la prohibición de desalojar personas en situación de vulnerabilidad y de suspenderles los suministros básicos.

También incluye la prórroga para todo 2024 de la gratuidad de los trenes metropolitanos y de media distancia para usuarios habituales, y descuentos del 50% en el transporte público de jurisdicción autonómica.

Más allá del gasto que supondrán estos beneficios, Sánchez destacó que los mismos permitirán “mitigar el impacto de la invasión rusa en Ucrania”, y aclaró que el paquete estará en línea con la “consolidación fiscal”.

“El Gobierno de España mantiene su compromiso de lograr un déficit público del 3% del PBI durante el año 2024 y tenemos también marcada una reducción de la deuda pública al 106% (del PBI)”, subrayó el mandatario.

Las medidas implementadas junto con la suba de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) y la baja de los valores internacionales de diversos commodities, permitieron que la inflación baje de un pico de 10,7% en julio del año pasado a situarse en 3,3% en noviembre último.

Según las proyecciones del BCE, la inflación en España, Francia e Italia alcanzaría o incluso estaría por debajo de la meta del 2% anual para 2025.

Sánchez destacó que tanto la economía como los precios presentaron mejoras en 2023, y que las medidas gubernamentales implicaron un ahorro de más de 25.000 millones de euros tanto para la ciudadanía como para las empresas.

En la misma conferencia de prensa, Sánchez señaló que las jubilaciones aumentarán 3,8% en 2024, en línea con la inflación, y anticipó que este viernes dará a conocer a la persona que sustituirá a la ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, quién fue nombrada como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y asumirá dicho cargo el 1 de enero, la primera mujer y persona de nacionalidad española que despeñará dicha tarea desde su fundación en 1958.

Uno de los nombres que suenan para ser el nuevo titular de la cartera económica es el actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, según la agencia Europa Press.

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Rusia ha reconducido casi por completo sus exportaciones de petróleo hacia China e India, con unos ingresos comparables al nivel de 2021, anunció hoy su viceprimer ministro de Energía, Alexander Novak.

Rusia, objeto de un gran número de sanciones occidentales por su ofensiva en Ucrania, especialmente sobre sus hidrocarburos, vende actualmente entre 45% y 50% de su petróleo a China y 40% a India, afirmó Novak.

“Si antes abastecíamos a Europa con entre 40 y 45% del volumen total de exportaciones de petróleo y productos petrolíferos, esperamos que esta cifra no supere el 4-5% para finales de año”, explicó Novak en una entrevista con el canal de televisión ruso Rossiya 24.

Pese a las restricciones de Occidente, que quiere limitar el precio de venta del petróleo ruso, Novak celebró que “el complejo energético y petrolero ruso se haya desarrollado con éxito en 2023”, informó la agencia de noticias AFP.

“Mucha gente quiere comprar petróleo y productos petroleros rusos. Se trata de países de Latinoamérica, países africanos y otros países de la región Asia-Pacífico”, afirmó.

Los ingresos de Rusia por petróleo y gas ascenderán este año a casi 9 billones de rublos (unos 98.000 millones de dólares), lo que supone “aproximadamente el nivel de 2021”, antes de las sanciones, indicó.

La industria de los hidrocarburos representa el 27% del PBI de Rusia, y su venta en el extranjero supone cerca del 57% de las exportaciones totales del país, añadió Novak.

A fines de noviembre, Rusia decidió, junto con los demás países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), entre ellos Arabia Saudita, intensificar su reducción de la producción de petróleo para impulsar los precios.

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La empresa Energía Argentina (Enarsa) realizó hoy la apertura de sobres con las ofertas económicas del segundo renglón de la reversión del Gasoducto Norte, obra que permitirá transportar el gas de Vaca Muerta hacia las provincias del norte argentino.

Se trata de la Licitación Pública GPNK Nº 02/2023 “Ingeniería de detalle, suministros y construcción (EPC) del proyecto: Reversión del Gasoducto Norte – Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.

Este segundo renglón, de los tres en que se divide el proyecto, está compuesto por la construcción de 50 kilómetros del gasoducto de integración Federal Tío Pujio-La Carlota, que tiene un diámetro de 36 pulgadas, precisó Energía Argentina en un comunicado. Las ofertas admitidas técnicamente fueron las de las empresas BTU y Techint-Sacde.

BTU presentó una oferta por $ 72.106.171.590,33 más IVA (impuesto al valor agregado), mientras que Techint-Sacde ofreció $ 59.500.622.938,88 más IVA y una nota de descuento equivalente al 4,11%, cuyo resultante total es de $ 57.055.147.336,09 más IVA.

Estuvieron presentes en el acto de apertura de sobres el presidente de Energía Argentina, Juan Carlos Doncel Jones;, y el vicepresidente, Rigoberto Mejía Aravena, así como representantes de las compañías oferentes.

La reversión del Gasoducto Norte es una obra complementaria al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y permite transportar el gas de Vaca Muerta a las industrias de Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Córdoba, así como la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio.

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La acción de Burford Capital se disparaba un 11% esta mañana en el arranque de la bolsa neoyorquina, después de que el presidente argentino, Javier Milei, sugiriera que el Gobierno está evaluando un bono perpetuo para pagar el fallo judicial relacionado con la renacionalización de la petrolera YPF en 2012.

Un bono perpetuo es un tipo de inversión en el que el emisor paga intereses a los inversores de manera indefinida, sin tener una fecha de vencimiento específica. En los bonos perpetuos, el emisor paga un cupón para siempre, y no tienen que pagar al vencimiento.

También se le suelen llamar bonos perpetuos a los que tienen un vencimiento muy largo, como 100 años, y este tipo de bono ya fue emitido una vez en la Argentina, precisamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando se desempeñó como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri.

Previamente, las acciones de Burford habían escalado un 15% el 8 de septiembre último, tras conocerse una decisión judicial contra Argentina que precisó los daños e intereses en los reclamos de Petersen y Eton Park contra el país, donde Burford compró los derechos de litigio y se llevará una participación mayoritaria del resultado del juicio.

En dicha sentencia se condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, según se desprende de la fórmula que avaló la jueza a cargo del distrito sur de Manhattan, Loretta Preska.

En rigor, la sentencia que condenó a la Argentina se conoció antes, en marzo último, cuando las acciones de Burford se dispararon un 53%, más precisamente el 31 de marzo, después de que Preska aceptara las mociones de los demandantes contra Argentina.

“Aquí tenemos un problema porque no tenemos el dinero, no tenemos $16 mil millones, esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar”, dijo Milei anoche en una entrevista televisiva con La Nación.

“Lo que vamos a hacer, es una idea en la que estamos trabajando, es crear el impuesto (Axel) Kicillof, es decir pagar este fondo con un bono perpetuo”, agregó el mandatario argentino en referencia al entonces ministro de Economía que gestionó la estatización de YPF, y actual gobernador bonaerense.

En el fondo, en términos netos, Burford tendrá derecho a alrededor del 35% de los ingresos generados en el caso Petersen, y alrededor del 73% de los ingresos generados en el caso Eton Park, según precisó la compañía.

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Las empresas distribuidoras y transportadoras de gas presentaron al gobierno de Javier Milei un nuevo esquema tarifario que contempla aumentos que superan el 350% a partir de febrero de 2024. La propuesta fue formalizada por 15 compañías del sector ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en el marco del proceso de audiencia pública programada para el 8 de enero, donde se definirá la actualización.

La convocatoria establecía que las empresas debían presentar “cuadros tarifarios de transición” antes del 22 de diciembre donde se reflejaran las estimaciones sobre el costo del gas, transporte, distribución e impuestos.

En ese contexto, para el caso del AMBA, Metrogas y Naturgy pidieron aumentos del 376,52% y 437%, respectivamente. Metrogas, además, pidió un mecanismo automático de actualización basado en el índice de inflación mayorista publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En caso de concretarse, la tarifa mínima de Metrogas a partir de febrero sería de $4.318 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.335 en Gran Buenos Aires. En el caso de los usuarios de mayor consumo, pagarían $19.333 en la Ciudad y $19.357 en el Gran Buenos Aires. En el caso de los usuarios de Naturgy, las tarifas oscilarían entre los $4.555 y $20.809, dependiendo del nivel de consumo.

En el interior del país, las empresas también proponen incrementos significativos: Redengas (Entre Ríos) pide un aumento del 481%; Camuzzi Gas Pampeana, del 421%; Gasnor (Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán) entre el 438% y el 704%; Ecogas (Córdoba, La Rioja y Catamarca), del 126%. Mientras que las transportadoras TGS y TGN solcitaron alzas del 567% y 573%, respectivamente. 

La posibilidad de que el pedido de las empresas se concrete genera un escenario de preocupación en torno a la sostenibilidad de los costos para los consumidores y las implicaciones económicas a nivel nacional.

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El presidente Javier Milei anunció que impulsará un impuesto que lleve el nombre del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para afrontar el pago del juicio perdido por la expropiación de YPF. Semanas atrás la Argentina fue condenada por la Justicia estadounidense, por lo que deberá abonar US$16.000 millones al fondo Buford Capital. Para cancelar esa obligación, el mandatario habló de crear la “tasa Kicillof”.

Aunque sostuvo que el Gobierno tiene voluntad de pago de la deuda, el mandatario remarcó que “la plata no la tenemos”. En ese sentido propuso la creación de un nuevo impuesto “para pagar el desaguisado de un amateur” (en referencia a Kicillof), de modo que “los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo”.

Se trata de un impuesto que creará el Gobierno para afrontar la deuda de US$16.000 millones que arrastra la Argentina por el juicio de expropiación de YPF, llevada adelante en 2012 en el gobierno de Cristina Kirchner y cuando el actual gobernador era ministro de Economía.

La propuesta del presidente se da luego de que la justicia de EEUU rechazó el pedido de la Argentina de una prórroga en los plazos para pagar la garantía -mientras apela el fallo adverso- y evitar embargos por el juicio por la expropiación de la petrolera estatal YPF, en 2012.

La fecha límite para depositar acciones es el miércoles 10 de enero. En caso de no presentarlas, Buford Capital podría comenzar el pedido de embargos contra la República a partir del 11 de enero.

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El Océano está lleno de cables submarinos que cruzan diferentes continentes. Se estima, de hecho, que hay más de 400 cables bajo la superficie del mar que recorren, en total, 1,3 millones de kilómetros de la superficie del planeta. Pero Viking Link es diferente al resto por un motivo: se trata del cable eléctrico más largo del mundo, con una longitud de 765 km, y está destinado a conectar las redes eléctricas de Reino Unido y de Dinamarca.

Según publica Hipertextual, Viking Link es diferente al resto de cables submarinos, porque, a diferencia de otros que recorren el océano, como puede ser MAREA, con 6.000 km, o Grace Hopper, un cable de Google que recorre más de 6.000 kilómetros de océano entre Nueva York, Reino Unido y Bilbao, no está destinado a las telecomunicaciones, sino a generar electricidad. Es decir, no es un cable de fibra óptica, sino de alto voltaje.

El objetivo del cable eléctrico Viking Link, fabricado en cobre, acero, papel y plástico, es aprovechar la energía eólica que se genera en Dinamarca para llevar la electricidad a Reino Unido y más concretamente a 1,4 millones de viviendas británicas. Por el momento, trabaja en potencias de 800 MW, pero se espera que, para 2025, momento en el que el cable funcionará a pleno rendimiento, alcance los 1.500 MW.

Así funciona Viking Link, el cable eléctrico más largo del mundo

El cable eléctrico submarino bautizado como Viking Link es obra de la National Grid británica y Energinet, una compañía danesa que suministra electricidad. Su instalación ha sido posible gracias a una inversión de unos 2 millones de euros, y han sido necesarias más de 3 millones de horas de trabajo; aproximadamente 6 años. El cable conecta la localidad Bicker Fen, en Lincolnshire (Reino Unido) hasta Jutlandia, en Dinamarca, y pasa por un lecho marino muy profundo, lo que ha dificultado las tareas de instalación.

La instalación está distribuida de la siguiente manera. Por un lado, hay un cable de aproximadamente 620 Km que recorren Gran Bretaña y Dinamarca, que cruzan aguas holandesas y alemanas y que está enterrado en el fondo del mar. El lugar de llegada de estos cables es Boygrfit, East Lindsey, donde se conectan a otro par de cables de alta tensión subterráneos que viajan por tierra hasta una estación convertidora en North Ing Drove.

Después, la estación convierte la electricidad de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA), y esta viaja, a través de otros sistemas de cables, hasta la subestación de National Grid ubicada en Bicker Fen, Lincolnshire.

En el caso de Dinamarca, los cables están conectados a otro par de cables de corriente continua que viajan por tierra, hasta una subestación llamada Revsing y parten desde una estación convertidora que, tal y como su propio nombre indica, convierte la energía entre corriente continúa y corriente alterna.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española abrió un expediente sancionador contra Repsol por presuntas prácticas anticompetitivas, constitutivas de un “abuso de posición de dominio” en el mercado de la distribución mayorista de combustibles para automoción en España, anunció hoy el organismo.

La CNMC circunscribe la investigación a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Repsol Directo, Repsol Customer Centric, Solred, Campsa Estaciones de Servicio y Repsol, como grupo que está presente en toda la cadena de valor del proceso de producción y comercialización de combustibles para la automoción, según la agencia de noticias Europa Press.

El organismo consideró que Repsol habría aprovechado su dominio en el mercado mayorista español de hidrocarburos para ofrecer -entre marzo y diciembre de 2022- descuentos adicionales en combustibles a los usuarios de sus estaciones de servicio a través de aplicaciones o de tarjetas de fidelización y pago, e incrementar el precio que terceros competidores -estaciones de servicio independientes- pagan a la firma por adquirir el combustible en el mercado mayorista.

Así, el CNMC estimó que dada la posición de Repsol en el mercado mayorista, estas conductas habrían supuesto una estrategia “exclusionaria” frente a terceros competidores.

El organismo sumó que estas conductas habrían tenido la capacidad de erosionar los márgenes comerciales de dichos competidores y limitar la competencia en la distribución minorista.

En su comunicado, la CNMC advirtió que estas conductas podrían constituir una posible vulneración del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

No obstante, la apertura de esta investigación no prejuzga su resultado final, a la par que se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Energía, inició el proceso para la licitación de la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) que reforzará el abastecimiento de energía y evitará las restricciones de demanda en las distintas localidades de los municipios 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Pehuajó, 25 de Mayo, Mercedes y Luján. De este modo, la Línea de Alta Tension favorecerá a más de 370.000 vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires.

Esta obra resolverá una necesidad histórica de la region: el incremento de demanda energética, que afecta la calidad del servicio y satura el sistema de transporte eléctrico de la región.

Además de la Línea de Alta Tensión que beneficia directamente a las localidades comprendidas entre 9 de Julio y 25 de mayo, esta obra repotenciará la Estación Transformadora (ET) de Mercedes que recibirá en los próximos días los transformadores que se liberaron en 9 de julio. De esta manera el beneficio en la calidad del servicio es por partida doble, no solo en la zona de Nueve de Julio, sino también en las localidades del corredor eléctrico comprendido entre Mercedes y Bragado.

La firma del convenio se realizó en la Subsecretaría de Energía a cargo de Gastón Ghioni, y participaron el presidente del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA), Fernando Pini, el Presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, Matias Germán Losinno, y la Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN S.A.).

Cabe destacar que el financiamiento de la obra se realiza en su totalidad con lo recaudado en el agregado tarifario (AT) de las facturas del servicio eléctrico en la Provincia de Buenos Aires, valor que está destinado a la realización de obras que mejoren la calidad del servicio.

Para llevar adelante esta obra la Cooperativa Mariano Moreno ubicada en el municipio de 9 de Julio, requirió a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (TRANSBA S.A) la solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y ya cuenta con el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) dependiente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

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La exsecretaria de Energía, Flavia Royon, fue confirmada al frente de la Secretaría de Minería, área que seguirá dependiendo del Ministerio de Economía.

El Decreto 91/2023, publicado en el Boletín Oficial y con firma del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, designa a Royon, quien reemplazará en el cargo a María Fernanda Ávila como parte de la transición de autoridades.

Royon se desempeñó como secretaria de Minería y Energía de la provincia de Salta y había asumido la cartera energética en agosto de 2022, cuando Sergio Massa fue nombrado como ministro de Economía.

Del mismo modo, entre 2019 y 2021 fue directora ejecutiva de Financiamiento y Promoción de las Inversiones de Salta. Además del nombramiento de Royon, los decretos 90/2023, 92/2023, y 93/2023 formalizaron otras designaciones en la administración nacional.

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El Gobierno dio el visto bueno para que la petrolera estatal de Noruega Equinor comience la exploración de crudo en tres áreas de la costa de Río Grande, la ciudad más poblada de la provincia de Tierra del Fuego. La compañía podrá, de esta manera, realizar las operaciones sísmicas, el primer paso para la posterior extracción de petróleo, según fue informado por el Gobierno a través del Boletín Oficial.

Tras prestar su “conformidad” con los requisitos solicitados a Equinor, entre ellos el estudio de impacto ambiental, Guillermo Francos como ministro del Interior -cartera que absorbió al exministerio de Ambiente- firmó el aval para que se realice la operación sísmica, que hace dos años despertó un gran revuelvo cuando la petrolera noruega intentó hacerlo en la costa de Mar del Plata.

La Resolución 224/2023 publicada este miércioles en el Boletín Oficial aprueba la exploración sísmica en los bloques AUS105, AUS106 y MLO121, tras la redacción del Informe Técnico de Revisión Final, por parte de las direcciones nacionales de Evaluación Ambiental y de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis del Riesgo Ambiental.

El proyecto de Equinor en Tierra del Fuego, dividido en tres áreas, será administrado en un 100% por la empresa y se realizará a 30 kilómetros de la costa de Río Grande. El tamaño del área de relevamiento total es de 7810 km², según había informado la empresa estatal noruega, una de las gigantes de la industria energética a nivel mundial.

“Se espera que las operaciones duren alrededor de 150 días y se desarrollarán ininterrumpidamente las 24 horas del día si las condiciones meteorológicas lo permiten”, establece en su página web la compañía sobre esta exploración en el sur del país.

Los bloques AUS105 y AUS106 poseen una superficie aproximada de 2129,88 y 2160,01 km2 respectivamente, mientras que el bloque MLO 121 posee una superficie de 4283,96 km2.Todos ellos se localizan dentro de las 200 millas marinas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Equinor, fundada en 1972 y dirigida por Anders Opedal también tiene participación en otras cinco áreas petroleras en la Argentina. Tres corresponden a las exploraciones que despertaron rechazos en Mar del Plata, ubicadas a 307 kilómetros dos de ellas y 443 kilómetros la restante. En una Equinor es operador solitario, en otra comparte la mitad con YPF y en la restante se suma Shell a las compañías estatales de la Argentina y Noruega para dividirse el área en tres tercios.

Las otras dos zonas a explorar son una en Buenos Aires y otra en el sur. La de Buenos Aires se encuentra antes de Mar del Plata, más cerca de la altura de los partidos de La Costa, mientras que la otra zona está a metros de estas tres áreas en el sur que el Gobierno avaló este miércoles a través del Boletín Oficial.

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El Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que publicó este jueves el gobierno de Javier Milei derogó en el sector de la energía cuatro decretos, una ley, 20 artículos de otra y habilitó a la secretaría de Energía de la Nación no sólo a modificar el actual esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas natural, sino también a cambiar la forma en la que se los determina.

De acuerdo al texto de la norma, el Artículo 77 fija que se faculta a la Secretaría de Energía de la Nación a “redeterminar la estructura de subsidios vigentes a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial de” energía eléctrica y de gas natural”.

Esto es un punto que el gobierno ya había anticipado que realizaría, con el fin de achicar los gastos del Estado en hasta un 0,7% de PBI, al sumar en esa cuenta los subsidios al transporte público.

Pero el DNU incorporó además que “dicho beneficio deberá considerar principalmente un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente, en forma individual o conjunta para la energía eléctrica y el gas natural, a ser establecido por la reglamentación. A los efectos de calcular el costo de los consumos básicos, se considerarán las tarifas vigentes en cada punto de suministro. A los efectos de implementar la segmentación de la asignación de subsidios a los usuarios y las usuarias de servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red”.

Además se fijó en el DNU que “la referida Secretaría de Energía tendrá facultades para definir los mecanismos específicos que materialicen la asignación y efectiva percepción de los subsidios por parte de los usuarios, determinando los roles y tareas que desempeñarán de manera obligatoria los distintos actores públicos, empresas concesionarias, y otro actores o agentes que integren los sistemas del servicio público de que se trate, en su carácter de responsables primarios».

Este cambio va en línea con las declaraciones que desde el equipo de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo realizaron en torno a que los subsidios lleguen directamente a los usuarios que más los necesiten y no a franjas generales de usuarios.

A cuánto se irán las tarifas de luz y gas

El ministro de Economía Luis Caputo dio a conocer la semana pasada los lineamientos del primer paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei y, tal como se preveía, incluyó un inmediato desarme del esquema de subsidios sobre las tarifas energéticas.

Aunque todavía se desconoce la estrategia que el nuevo gobierno presentará en la audiencia pública para eliminar los subsidios, algunos estudios comenzaron a adelantar el impacto que su eliminación tendrá en las facturas finales que pagan los consumidores.

Así, por ejemplo, un informe de la consultora Economía & Energía, sobre la base del promedio de las facturas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reveló a cuánto llegarían los aumentos para cada categoría de acuerdo a los parámetros macroeconómicos proyectados por el Gobierno.

En ese sentido, el informe señala que las tarifas de energía podrían aumentar en algunos casos más de un 300% de modo de lograr el recorte de subsidios del 0,5% del PBI que anunció el ministro Caputo

Cómo impacta en las facturas

En el caso de la electricidad, la categoría de altos ingresos (N1) sufriría un ajuste del 125% para pasar de una factura promedio de 10.467 pesos a unos 23.569 pesos. Los N2 de bajos ingresos, por su parte, tendrían una suba del 129% y así, de los 3.970 pesos que abonan en la actualidad en promedio se irían a 9.082 pesos.

En tanto, el segmento de ingresos medios N3 sería el más perjudicado al alinearse con los N1 y tener un recorte total de subsidios.

De este modo, de una factura promedio de 5.518 pesos mensual pasarían a pagar una de 23.569 pesos, un alza del 327% que incluso puede ser mayor para las subcategorías que consumen menos como los R1, R2 y R3.

En tanto en el caso del gas natural, la tarifa de los N1 subiría un 204% para irse de los 4.558 pesos actuales a 13.867 pesos.

El aumento de los N2 sería de 168% producto del salto de los 1.822 pesos que afrontan en este momento en promedio a unos 4.885 pesos.

Nuevamente, los ingresos medios N3 serían los más golpeados con un alza del 336% si es que su factura aumenta de 3.179 pesos a 13.867 pesos como prevé el informe de Economía & Energía.

“Si bien los costos de la energía eléctrica y gas natural en 2024 verificarían una reducción respecto del año previo, la depreciación del tipo de cambio y la disminución de los subsidios a los usuarios de ingresos medios y bajos requerirán de sensibles aumentos de tarifas a fin de lograr una significativa disminución de los subsidios energéticos durante 2024”, indica el estudio.

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El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 de Javier Milei derogó dos leyes mineras, seis energéticas. La norma también habilita la privatización de las empresas públicas o el desprendimiento de la participación del Estado nacional en sociedades anónimas, que en el caso de la energía y minería, podrían ser Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT); Dioxitek S.A. (productora de polvo de dióxido de uranio para centrales nucleares); YPF S.A.; Y-TEC; Energía Argentina S.A. (ex Integración Energética Argentina IEASA); y Nucleoeléctrica Argentina S.A., entre otras.

El decreto señaló que “es necesario modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades, y que “este cambio tendrá el extraordinario beneficio de mejorar la transparencia y el gobierno corporativo de esas empresas, al tiempo que tendrá la virtud de facilitar la transferencia de las acciones a sus empleados, en los casos en que se quiera avanzar en este sentido”.

Según replicó Ámbito, el DNU de Milei derogó la normativa que impedía la privatización de las empresas públicas y fijó la necesidad de transformar todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

En el Capítulo IX del DNU sobre los servicios esenciales reglamentados en la Ley N° 25.877 del régimen laboral, que incluye la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica, establece que en caso de conflictos colectivos en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio.

La minería se incluyó en las actividades o servicios de importancia trascendental, que en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%.

Minería

Según el documento bautizado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, el Título VII referido a la minería tiene solo dos artículos: el artículo 169 que deroga la Ley N° 24.523, que fue sancionada en 1995 y establecía el Sistema nacional de comercio minero, y el artículo 170, que deroga la Ley N° 24.695, que creó en septiembre de 1996 el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos, que funcionaba bajo dependencia de la Secretaría de Minería de la Nación.

En los considerandos del DNU justificó la derogación al sostener que “la minería es otra área con gran potencial en el país y que se encuentra notablemente subdesarrollada”.

El Sistema Nacional de Comercio Minero estaba integrado por la base de datos de comercio minero, los centros de información y consulta, los agentes de información y los usuarios. El objeto era aportar información sobre la oferta y la demanda interna y externa de los productos y subproductos mineros.

En tanto el Banco de Información Minera tenía por objetivos relevar y procesar toda información sobre equipamiento y recursos humanos del sector minero, estructurar la red de información pública y editar al menos una vez cada tres años la información contenida en el sistema.

Energía

El Título VIII sobre Energía deja sin efecto cuatro decretos, una ley completa y 22 artículos del Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica, incluida en la Ley N° 27.424.

En los considerandos el DNU aseguró que el sector energético es central para la reversión de la situación de crisis que atraviesa el país; que la situación de emergencia también requiere la supresión de costos fiscales de baja productividad, y que resulta imperioso una simplificación en la Ley 27.424 de energía distribuida, eliminando la ayuda estatal y la estructura de control.

ARTÍCULO 171.- Derógase el Decreto N° 1.060/00, que establecía plazos máximos de duración para los contratos de abastecimiento exclusivo de combustibles, cualquiera sea la modalidad comercial o jurídica empleada, que se celebren entre compañías petroleras y/o proveedoras de combustibles, y quienes explotan estaciones de servicio.

También el Decreto N° 1.060/00 fijaba el porcentaje de participación de las compañías petroleras y/o proveedoras de combustibles como propietarias y/u operadoras del total de la red de estaciones de servicio que comercializan las marcas que sean de su propiedad.

ARTÍCULO 172.- Derógase el Decreto N° 1491/02, que disponía cambios en los contratos de exportación por Potencia Firme y Energía Eléctrica Asociada y los Acuerdos de Comercialización de Generación relacionados con determinadas exportaciones.

ARTÍCULO 173.- Derógase el Decreto N° 634/03, que establecía ampliaciones de transporte de energía eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal y la redeterminación de canon o precio correspondiente a la parte faltante de ejecución de la ampliación.

ARTÍCULO 174.- Derógase la Ley N° 25.822, que puso en marcha en 2003 del “PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO” con los fondos “SALEX” generados por los “Excedentes por Restricciones a la Capacidad de Transporte”.

ARTÍCULO 175.- Derógase el Decreto N° 311/06, que otorgaba préstamos reintegrables del Tesoro Nacional al fondo unificado, creado por el artículo 37 de la Ley 24.065, destinados al pago de las obligaciones exigibles a dicho fondo para el cumplimiento de sus funciones específicas y al sostenimiento sin distorsiones del sistema de estabilización de precios en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

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Hay novedades en el juicio por la expropiación de YPF. La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de la Argentina para presentar la garantía. De esta manera, el Gobierno tiene tiempo de pagar hasta el 10 de enero. En caso contrario, comenzará a correr los pedidos de embargo.

La jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar US$16.000 millones, le había dado tiempo al país hasta el 10 de enero para concretar el depósito de acciones de la petrolera por el monto total de la sentencia.

Esta semana, los abogados del país solicitaron la suspensión o la extensión por otros 90 días de esa obligación. “Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, decía el escrito, que asegura que ese monto representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.

En el escrito presentado ante la justicia de Nueva York, los representantes de la República remarcaron que el gobierno de Javier Milei recién empieza su mandato y si bien nombró a Rodolfo Barra como el Procurador General del Tesoro, todavía falta la designación de quién será el encargado de llevar adelante los litigios internacionales contra el país.

“Circunstancias excepcionales justifican retrasar hasta el 22 de febrero -y no el 23 de enero- el plazo para los argumentos de la apelación” ante el tribunal neoyorquino, indica el escrito elevado ante la jueza de primera instancia.

Tras remarcar que el fallo por la expropiación de YPF es el litigio más caro que enfrenta el país, resalta la necesidad de la gestión de Javier Milei conocer los detalles de la demanda, del proceso de apelación y las alternativas que se le presentan, con lo que no podrá cumplir con el plazo de fines de enero para presentar sus primeros argumentos.

Sin embargo, la magistrada denegó el pedido: “El 26 de octubre la demandada República Argentina solicitó, de conformidad con la Norma Federal de Procedimiento Civil, suspender la ejecución de la sentencia definitiva pendiente de $16.1 mil millones y apelarla sin fianza o imponer una sentencia provisional. Ahora la República vuelve a escribir para decir que no puede cumplir con los plazos ampliados que solicitó. Pero esta vez la República busca una renuncia total a las condiciones de estadía o una prórroga adicional de 90 días. Por múltiples razones se desestima la moción”.

“Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, sentenció Preska.

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La producción de petróleo alcanzó en noviembre en Neuquén los 368.616 barriles de petróleo por día (bbl/d) y la de gas natural los 82,22 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), con un crecimiento interanual del 21,55% y el 5,35%, respectivamente, informó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales provincial.

A través de un comunicado, el Gobierno neuquino detalló que, en la producción acumulada de petróleo entre enero y noviembre de 2023, la variación positiva interanual fue de 21,1%, mientras que en el caso del gas llegó a 3,07%.

De esa manera, noviembre extiende el período de buenos rendimientos en el sector hidrocarburífero neuquino, registrando el mayor volumen en la historia de producción de la provincia.

Según la cartera energética neuquina, el incremento de producción de petróleo en octubre se debe principalmente al aumento en la producción de las áreas de Vaca Muerta: Lindero Atravesado (+4.157 bbl/d), Aguada del Chañar (+4.016 bbl/d), Cruz de Lorena (+2.607 bbl/d) y Bandurria Sur (+2.335 bbl/d).

En cuanto al gas, el incremento de octubre se debe, mayoritariamente, al aumento en la producción de las áreas Rincón del Mangrullo (+3,18 MMm³/d), El Mangrullo (+0,99 MMm³/d), Aguada Pichana Este (+0,42 MMm³/d) y Fortín de Piedra (+0,26 MMm³/d).

Con respecto a la injerencia de los no convencionales sobre el total de la producción, en el caso del petróleo fue de 92,8% y, en materia de gas, la producción no convencional fue de 87,73% del total.

La provincia de Neuquén ha otorgado hasta la fecha 47 concesiones de explotación no convencional, lo que permitió el crecimiento exponencial de producción de hidrocarburos.

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El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se reunió hoy con directivos de la empresa de litio Posco Argentina S.A.U., liderados por el jefe de la oficina local, Soon-hak Park, quien le confirmó al mandatario la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la provincia y de Salta, lo que permitirá la construcción de una planta con una inversión de 800 millones de dólares.

Desde la gobernación explicaron que “durante el encuentro, se confirmó la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la empresa por parte de Catamarca y Salta, permitiendo así el avance de la fase de construcción de la planta de producción, ubicada en la zona de cooperación biprovincial (Catamarca-Salta) en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra”.

De esta manera, Posco Argentina podrá iniciar con la construcción de la planta que demandará una inversión de 800 millones de dólares. Según las proyecciones del proyecto minero, se prevé el inicio de la fase de producción para el 2025, con un tiempo estimado de vida útil de 25 años.

En el corto plazo, la empresa tiene prevista una capacidad de producción de 20.000 toneladas anuales, lo que convertirá a Posco Argentina en una de las primeras empresas en producir Hidróxido de Litio en la República Argentina.

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La demanda de energía eléctrica en el país disminuyó 2,5% en noviembre respecto del mismo mes de 2022, informó hoy la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

“Noviembre presentó un descenso en la demanda de la energía eléctrica de 2,5% al alcanzar los 11.040,7 GWh, con temperaturas inferiores a las registradas el año anterior”, precisó la entidad.

En la comparación con octubre (10.453,9 GWh), el mes pasado mostró un crecimiento del 5,6%, agregó la Fundación.

Fundelec destacó que la demanda residencial el mes pasado tuvo una baja del 3% respecto al mismo mes del año pasado, la comercial cayó 0,7% y la industrial registró un descenso del 3,7%.

Con estas variaciones, la demanda residencial pasó a representar el 44% del total, la comercial el 29% y la industrial el 27% restante.

Por otro lado, se registró una potencia máxima de 24.791 MW el martes 28 de noviembre a las 15:40, lejos del récord de 29.105 MW del 13 de marzo de este año.

En cuanto al consumo por provincia o empresa, hubo 15 descensos interanuales, entre los que se destacaron Chubut (-11%), Santa Fe (-9%), Neuquén (-9%), EDEN (-6%), Entre Ríos (-5%), San Juan (-4%), San Luis (-4%), La Pampa (-4%) y Córdoba (-4%), entre otros.

Por su parte, 12 provincias y/o empresas presentaron ascensos en el consumo, en un listado liderado por Formosa (30%) y seguido por Chaco (17%), Jujuy (11%), Salta (8%), Corrientes (5%) y Misiones (4%), entre otros.

En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que demandaron un 31% del consumo del país y totalizaron un ascenso conjunto de 3,4%, los registros de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) indican que Edenor tuvo una suba de 9,4%, mientras que en Edesur la demanda cayó un 3,8%.

Fundelec destacó que en noviembre la generación hidráulica tuvo “una variación positiva del 3,4%” con un aporte del 32,63% de la demanda total.

“Producto de las fuertes lluvias, ocurridas durante el mes, se observa un aumento en los caudales de las principales cuencas del Comahue, al igual que el río Uruguay y Paraná, comparado con el mismo mes del año anterior, incluso en algunas cuencas se presentaron valores mayores a los esperados”, indicó.

Por su parte, la generación térmica tuvo un aporte de producción de 42,20% de los requerimientos, las centrales nucleares proveyeron un 7,50%, y las generadoras de fuentes alternativas un 17,62% del total, en tanto la importación representó el 0,04% de la demanda.

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