Este lunes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó una alocución sobre las tarifas de energía eléctrica (ver transmisión) que abrió la polémica en el sector de energía.
Durante su discurso, lamentó que no pueda ser él quien regule el servicio público para reducir el precio de las tarifas y acusó a las empresas de energía de «especular» con su precio tornándolas cada vez más caras.
“Colombia es el único país de América Latina donde el costo de la energía no está regulado por el Estado. Las empresas pueden fijar el precio de la energía según el mercado, lo que les permite especular. (…) Tenemos que replantear esta fórmula y la regulación vigente para evitar que estas empresas establezcan precios que vayan en contra del bolsillo de los colombianos. Y en este gobierno lo hemos intentado, pero hemos encontrado obstáculos en el camino”, argumentó Petro.
En este marco, Carlos Alberto Zarruk Gómez, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía (CCENERGIA) le contestó al jefe de Estado a través de un comunicado.
«La legislación le asignó la función de regular las tarifas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una institución conformada por expertos con dedicación exclusiva, enfocados en el estudio y regulación de los aspectos fundamentales en la prestación del servicio de energía. En este sector, las decisiones económicas deben basarse en análisis muy sólidos y profundos dada la complejidad técnico-económica en las diferentes variables de la prestación del servicio. Por esta razón, sería un error grave pretender fijar las tarifas basados fundamentalmente en criterios políticos».
Sin bien reconoció que se deben tener en cuenta consideraciones de orden político y social para darle un tratamiento especial a la población de más bajos ingresos, como ocurre actualmente con los subsidios en el costo de la tarifa de energía, aseguró que fijar los precios con criterios exclusivamente políticos y sociales «podría llevar a una crisis de efectos impredecibles en el sector con consecuencias catastróficas» en la prestación de un servicio fundamental para todos los colombianos.
De lo contrario, según Zarruk , los gobiernos y las entidades regulatorias tienen como reto expedir normas basadas en criterios y análisis técnicos, que permitan favorecer a la población de menores ingresos y, al mismo tiempo, controlar la captura irregular de beneficios por parte de los actores con gran poder de mercado.
«Nombrar expertos comisionados que cumplan con los requisitos para ejercer estas funciones, cumplir los compromisos de transferencias de subsidios, trasladar los saldos de la opción tarifaria, intensificar la implementación de generación distribuida, gerenciar de manera adecuada los fondos de apoyo, impulsar los programas de eficiencia energética, entre otras, son acciones que entre todos podemos implementar para controlar los costos de la tarifa, sin estigmatizar a quienes han creído en el país, invirtiendo en el sector energético, generando empleo, pagando impuestos y llevando bienestar y desarrollo a los colombianos», destacó.
Además de la Cámara Colombiana de la Energía, diversos gremios como ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS.NATURGAS y SER COLOMBIA, también criticaron los dichos de Gustavo Petro al detectar ciertas inconsistencias en su discurso.
A través de un escrito, advirtieron que el costo de la energía sí está regulado y que las empresas no pueden controlar ni alterar los precios de la energía a su favor.
«La fórmula tarifaria esta diseñada por la CREG en cumplimiento de tas funciones otorgadas en el articulo 73 de la Ley 142 de 1994, justamente para asegurar que los usuarios puedan recibir el cobro de costos eficientes de energía, y evitar practicas discriminatorias, abusivas o restrictivas en el mercado frente a la participación de pocos agentes, en línea con el articulo 34 de la Ley 142 de 1994″, explican.
En efecto, ante la propuesta del presidente de modificar la fórmula tarifaria, los gremios afirmaron que cualquier cambio debe cumplir con los criterios definidos en la Ley, y debe llevarse a cabo mediante un proceso transparente que incluya consultas y análisis de impacto.
Por otro lado, con respecto a la diversificación de la matriz colombiana, las asociaciones señalaron que son aliados de la integración de energías renovables y de las comunidades energéticas, razón por la cual han apoyado todos los procesos del gobierno alineados a este propósito.
Sin embargo, alertaron: «Los tiempos excesivos de trámites para los proyectos eólicos y solares está dificultando su oportuna entrada, por lo cual el gobierno debe tomar acciones articuladas entre las diferentes entidades públicas para procurar y agilizar la puesta en marcha de estos proyectos. Las fuentes renovables, aunque beneficiosas, requieren una inversión significativa y planificación para integrar eficientemente en el sistema existente».
A modo de conclusión, las entidades invitaron a construir la regulación del servicio público de energía con información certera y soluciones efectivas con el liderazgo del Gobierno Nacional y con la participación plural y democrática de los grupos de interés.
Para ello, sugirieron la entrada de los proyectos de generación y de transmisión en desarrollo para procurar mayor oferta y mejores precios; materializar de manera urgente los aportes comprometidos por el Gobierno para reducir el cobro de la Opción Tarifaria; radicar cuanto antes el proyecto de ley que garantiza la apropiación de estos recursos para los usuarios más vulnerables y apropiar recursos del Presupuesto General de la Nación para mitigar el impacto de las pérdidas no técnicas (fraude) que viene pagando la Costa Caribe.
A su vez, el Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA), comparte la necesidad de revisar la fórmula tarifaria, pero hace un llamado a que ello se lleve a cabo de manera organizada, técnica y con oportunidad, sin vulnerar lo establecido en la ley.
«Se invita a que en el marco de la prioridad no queden sin revisarse a profundidad los aspectos técnicos de las fórmulas tarifarias, las señales de eficiencia y de confiabilidad en el corto, mediano y largo plazo para la atención de la demanda, como tampoco darse los espacios para la participación ciudadana, tanto de los usuarios como de los prestadores que han realizado inversiones de largo plazo en el sector», subrayó.
A su vez, de acuerdo a la comunicación de la entidad, no solo hace falta revisar la fórmula tarifaria, sino también fomentar un aumento en la oferta diversificada, desconcentrada y descentralizada de generación de energía que aumente la competencia en contratos y permita una mayor participación de generación en el despacho en bolsa.
También propone fomentar la eficiencia y competencia de componentes regulados de transmisión y distribución, ya que una de las barreras a la entrada de nueva generación ha sido los retrasos en la expansión de red e introducir señales de tarifas horarias, la consideración de generación distribuida, comunidades energéticas y otros aspectos que permitirán una mejor formación de precio, entre otras.
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