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Javier Milei y Mauricio Macri reconocieron la cooperación para el recambio de nombres al frente de la Secretaría de Energía de Argentina, que días atrás implicó la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo y el ingreso de María del Carmen Tettamanti.

“Nos han pedido colaboración en términos de reforzar el equipo de Energía. Pero todavía no hablé con la Fundación Pensar, que es la que está trabajando”, declaró públicamente quien gobernó el país entre 2015 y 2019. 

“Trabajamos regularmente con Macri y tenemos un diálogo muy profundo”, sentenció el actual presidente de la Nación al ser consultado sobre los dichos del ex-mandatario durante la salida de un coloquio organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). 

Cabe recordar que Macri fue uno de los políticos de mayor peso que respaldó al líder de La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña electoral, principalmente desde el momento que Patricia Bullrich (candidata de Juntos por el Cambio y actual ministra de Seguridad de la Nación) no ingresó al balotaje, en el cual Milei resultó ganador.

Mientras que por el lado de la flamante secretaria de Energía trabajó durante el segundo semestre del 2023 como responsable de gas de la Mesa de Energía de la Fundación Pensar, el think tank que elabora estrategias electorales y políticas públicas para Propuesta Republicana (PRO), liderado por Macri. 

Es decir que María del Carmen Tettamanti reportaba directamente a Emilio Apud, ex-titular de la cartera energética nacional entre abril y marzo de 2001 y quien también fue asesor energético de Bullrich durante las elecciones presidenciales que se realizaron el año pasado.

A partir de ese asesoramiento surgió la propuesta para “reordenar la economía y potenciar la producción de Argentina”, que incluyó una serie de reformas para la industria energética y retomar el impulso que tuvieron las renovables hasta 2019, en los que se adjudicaron más de 190 proyectos por 5133 MW de potencia.

Además, Tettamanti tiene 60 años, ha sido una persona de consulta del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y posee una vasta carrera de más de tres décadas en el sector, esencialmente en distribución de gas natural, con pasos en  Camuzzi Gas Pampeana, Total Austral, Albanesi y Metrogas.

Sumado a que es licenciada en Economía recibida en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con un máster en la Universidad del UCEMA, y distintos cursos en economía ambiental y energías renovables. 

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Guatemala fue el escenario del XXI Encuentro de Reguladores Energéticos. Este evento organizado por la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) se llevó a cabo en Antigua Guatemala, del 14 al 18 de octubre del 2024.

Por el país anfitrión participaron autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), quienes se refirieron a sus avances no sólo regulatorios en torno a energías renovables y almacenamiento energético sino además en relación a la licitación PEG-5, la convocatoria de largo plazo que promete la mayor contratación de potencia y energía de la historia de Guatemala.

«Hablamos ahí de que estamos a las puertas de una licitación y que, tal como está nuestro cronograma, nosotros vamos a liberar los términos de referencia a finales de este mes»,  declaró Luis Romeo Ortiz Peláez, presidente de la CNEE.

Y, en conversación con Energía Estratégica, anticipó: «Dentro de esas bases de la licitación estamos tratando de dar mensajes claros, de tal manera que los inversionistas puedan hacer un balance en la medida correcta de los riesgos que puedan ellos asumir o absorber».

No sería la primera licitación de la que participa este organismo regulador del sector eléctrico. De hecho, su comisionado presidente consideró que todos los procesos precedentes han tenido buenos resultados:

«Cuando miramos la historia de nuestras licitaciones casi que me atrevería a decir que todas han sido exitosas, cada una con sus propias particularidades, ¿verdad?, pero han sido exitosas», valoró Luis Ortiz, contemplando no sólo las convocatorias vinculadas al Plan de Expansión de Generación desde la PEG-1 y la PEG-4, sino además la edición previa del 2008.

Ahora bien, durante el XXI Encuentro de Reguladores Energéticos desde la CNEE pudieron no sólo compartir la experiencia local sino también tomar en consideración algunas lecciones aprendidas de otros mercados como el chileno y costarricense, que les permitirán anticiparse ya no sólo a cuestiones técnicas a tener en cuenta en próximas propuestas de Términos de Referencia para licitaciones, sino también a sentar las bases para nuevas regulaciones y normativas para tecnologías que puedan acompañar la transición energética de los distintos mercados.

«Un abordaje interesantísimo fue sobre el hidrógeno verde. Pudimos ver las experiencias de Chile, sobre todo, que es tal vez uno de los países que tienen más avanzado el tema en la región. Realizaron una presentación de qué es lo que han alcanzado en proyectos y cuál es el tipo de regulación que tienen».

«Los biocombustibles ha sido otro tema que se ha tratado bastante. Unas presentaciones de Costa Rica estuvieron destinadas a cómo ellos han ido promulgando algunas leyes tratando de provocar más el crecimiento de los biocombustibles para acompañar su transición energética», amplió el presidente de la CNEE, entre las temáticas más importantes que se versaron en el evento de reguladores.

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La Asociación Brasileña de Energía Eólica y Nuevas Tecnologías (ABEEólica) espera que el proyecto de ley de eólica offshore avance en el Congreso luego de las elecciones municipales que se están llevando adelante en el país (hasta el 27 de octubre). 

Elbia Gannoum, directora ejecutiva del gremio, señaló que la agenda legislativa relacionada con la transición energética podría acelerarse una vez finalizados los comicios, permitiendo que Brasil avance en la implementación de esta tecnología.

“La agenda del Congreso está siendo destrabada desde las aprobaciones de los proyectos de ley de hidrógeno. Luego vino una lista de proyectos importantes para que Brasil pueda realmente posicionarse como líder en la transición energética; siendo aquel de eólica offshore el próximo en la lista”, indicó durante un evento. 

Dicha iniciativa es considerada crucial porque regula el suministro y concesión de áreas para la exploración de energía eléctrica renovable offshore, por lo que el avance de proyectos eólicos marinos parecería estar cada vez más cerca. 

Con ello, el Poder Ejecutivo podrá asignar áreas sujetas a la instalación de equipos de generación; aunque las mismas no podrán estar en campos petroleros, rutas de navegación marítima o áreas protegidas por la legislación ambiental. 

En aquellas zonas cercanas a bloques petroleros, los operadores tendrán preferencia para obtener la subvención, debiendo ser escuchada previamente y demostrar si existe incompatibilidad entre las actividades (electricidad con exploración petrolera).

A ello se debe agregar que los sectores a los que se concederá la explotación de energía eléctrica offshore podrán ser objeto de cesión para otras actividades, siempre y cuando exista compatibilidad  y se cumplan los requisitos y condiciones técnicas y ambientales, como por ejemplo la exploración minera submarina.

Para que el proyecto de ley avance, el senador Weverton Rocha debe presentar el informe respectivo para que su tratamiento en la Cámara (y posible aprobación) sea antes de fin de año. Hecho que abriría las puertas a las bases para la primera subasta de cesión de uso del mar para proyectos renovables. 

“Ya que existen avances en las discusiones, creo que es posible considerar al 2025 como el año para realizar la primera licitación eólica offshore. Una vez con la cesión en mano, los empresarios trabajarán para obtener la licencia y necesitará alrededor de tres años para ello”, aseguró Gannoum. 

“Es decir que, en el mejor de los casos, la tendrán para el 2028 y luego empezará la construcción de los parques, que podrían estar en funcionamiento en 2030-2031, donde tendremos otro Brasil, otra estructura de demanda de energía guiado por una política industrial y enfocado en la descarbonización de la economía”, concluyó. 

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Trinasolar, proveedor líder mundial de soluciones integrales de energía fotovoltaica inteligente, participó activamente, a través de Trina Storage, en Energy Storage Summit Latin America 2024. Es la tercera vez que el evento mundial de almacenamiento energético llega a la región latinoamericana, eligiendo Chile como su destino, dado su liderazgo en materia de almacenamiento en los últimos años.

La cumbre reunió a expertos de la industria, y se consolidó como el espacio ideal para debatir el futuro del almacenamiento de energía en el escenario de transición energética que experimenta la región, con el país a la cabeza gracias a sus 1,3 GW de proyectos operativos y 6,4 GW en desarrollo.

Durante la cumbre, la unidad de negocio especializada en BESS presentó sus soluciones innovadoras de almacenamiento de energía, recibiendo una respuesta muy positiva por parte de los asistentes.

«Hubo un gran interés en conocer nuestros productos, especialmente nuestras celdas de litio de fabricación propia y Elementa 2, nuestro contenedor validado técnicamente por la reconocida empresa noruega DNV, gracias a su gran viabilidad financiera, fiabilidad, rendimiento y exitoso despliegue global», comentó Vicente Walker, Gerente de Desarrollo de Negocios de Trina Storage de Latinoamérica y el Caribe. «Chile está preparado para un crecimiento acelerado en este sector, y en Trinasolar estamos preparados para apoyar ese proceso con un equipo de más de 25 personas especializadas en BESS a nivel regional.»

Vicente Walker además participó en un debate sobre el proyecto de ley de transición energética que ha planteado el gobierno y las instituciones eléctricas del país.

“Sin almacenamiento. no hay transición. Es por ello que desde Trina Storage nos hemos establecido con un sólido equipo en Chile, el cual, junto a nuestro producto, están prestos a demostrar que los sistemas BESS son la respuesta más eficiente, escalable y madura tecnológicamente para resolver las distintas vallas que presenta este creciente desafío que es la transición energética nacional”, señaló el gerente.

Luciano Silva, Gerente de Ingeniería de Trina Storage, quien realizó una presentación sobre las capacidades técnicas, humanas y de infraestructura de la compañía en Chile y la región, añadió: «Nuestro objetivo es ofrecer soluciones verdaderamente completas. Para aquello la compañía ha decidido entrar en almacenamiento con integración vertical en la fabricación, es decir fabricando baterías desde celda a contenedor de manera propietaria, así como integración horizontal en cuanto a sus capacidades de integración, entrega y mantenimiento de plantas BESS de gran escala. Por eso, en la Cumbre, pusimos especial énfasis en proyectarnos como actores claves en el apoyo de nuevos proyectos desde etapas tempranas hasta la operación y mantenimiento del activo”.

La empresa aprovechó la ocasión para destacar sus ventajas competitivas en el mercado, su rol en el futuro hacía la descarbonización y las potenciales soluciones a los problemas de vertimiento energético actuales, a través a los múltiples beneficios de las baterías en los proyectos de generación.

La participación de Trina Storage en la cumbre reafirma su compromiso con la región LAC y su objetivo de impulsar un futuro energético más limpio y sostenible a través de soluciones de almacenamiento integrales, innovadoras y eficientes.

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La Asociación Guatemalteca de Energías Renovables (AGER) publicó una actualización de su «Estrategia para la transición energética de Guatemala», un informe en el que plantea un horizonte posible en este mercado para adicionar 3,700 MW de capacidad renovable entre el 2024-2040 (ver).

Sin embargo, alcanzar ese objetivo no será sencillo. El documento subraya la importancia de una expansión significativa de la red de transmisión para garantizar que esta nueva capacidad renovable pueda ser efectivamente integrada. Además, se exhorta a simplificar el proceso de trámites administrativos para desarrollar nuevos proyectos, que ralentiza el avance de la energía renovable.

Para lograrlo, el informe señala que la cooperación entre las distintas instituciones del sector eléctrico, el apoyo gubernamental y la implementación de políticas claras serán esenciales para superar estos obstáculos.

Así mismo, observa que las licitaciones de largo plazo continuarán siendo un motor crucial para la transición energética en Guatemala y, con los mecanismos adecuados, el país estaría bien posicionado para liderar la región en la adopción de energías limpias.

Las licitaciones, clave para el éxito de la transición

Las licitaciones de largo plazo han demostrado ser una herramienta vital para la transición energética en Guatemala. Desde la implementación de la Política Energética en 2008, el país ha experimentado un éxito notable en la adjudicación de contratos a través de este mecanismo. Entre 2010 y 2013, se llevaron a cabo tres licitaciones abiertas que resultaron en la construcción de 86 nuevas plantas de generación, de las cuales más del 80% utilizan fuentes renovables. Este proceso no solo ha diversificado la matriz energética, sino que también ha reducido las tarifas eléctricas hasta en un 45% y ha estabilizado los precios de la energía.

El reciente proceso de licitación PEG-4-2022 reafirmó el interés de los inversores en el sector energético guatemalteco, recibiendo ofertas que superaron ampliamente la demanda inicialmente proyectada. Este tipo de licitaciones promueve la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos, lo que contribuye a satisfacer la creciente demanda de electricidad del país y a avanzar en la transición hacia fuentes más limpias.

Estrategias para fomentar la participación de energías renovables

Para asegurar una mayor incorporación de energías renovables en futuras licitaciones, AGER propone la implementación de varios mecanismos clave. Uno de los más importantes es la priorización de las fuentes renovables en las bases de licitación, estableciendo metas claras para que un alto porcentaje de la energía contratada provenga de estas fuentes. Además, separar las licitaciones por tecnologías, como solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, permitiría una evaluación más detallada de las ofertas y una asignación más precisa de los proyectos.

Otra estrategia efectiva sería la utilización de un formato de adjudicación a sobre cerrado, mecanismo que ya se ha empleado con éxito en licitaciones previas, promoviendo la transparencia y la competencia justa entre los oferentes. AGER también sugiere permitir la participación de plantas renovables que ya están en operación, lo que permitiría incorporar energía limpia al sistema de manera más rápida.

Un componente cada vez más relevante es la inclusión de sistemas de almacenamiento en las licitaciones. La reciente modificación normativa del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) hace necesario considerar estos sistemas para mejorar la flexibilidad y eficiencia del sistema eléctrico, maximizando así el uso de energías renovables.

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Sergio del Campo, presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), advirtió sobre el momento delicado que enfrenta el sector, en medio de todas las discusiones en torno al proyecto de ley que, entre otros puntos, propone que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) financien los subsidios a las cuentas eléctricas. 

“Sin duda, el sector eléctrico está atravesando hoy una de las crisis más importantes de su historia, lo cual es una paradoja, considerando la buena noticia de una alta velocidad de penetración de las energías renovables y el aumento considerable de la competencia en nuestra matriz eléctrica. Y de esto nos debemos hacer cargo”, sostuvo durante la cena anual de ACERA.

Entre los los principales puntos a los que hizo alusión a la falta de inversión en transmisión, la diferencia entre precio de inyección y de retiro que inviabilizan los contratos de suministro y el aumento paulatino de los vertimientos de energías renovables, que ya superan los niveles del 2023. 

“A septiembre de este año hemos desaprovechado más de 3,3 TWh de energía limpia y eficiente que no llegó a los consumidores del país. Esta energía podría haber abastecido a cerca de 1,8 millones de familias de nuestro país. Esta verdadera catástrofe, imperceptible, pero no por ello menos grave, nos debe movilizar con sentido de urgencia a todos los agentes del sector. El regulador para estimular la materialización de obras de transmisión de forma más oportuna. El Coordinador, para incluir en sus procesos nuevas tecnologías que permitan optimizar la operación del sistema”, manifestó.

“Por otro lado, la falta de flexibilidad del parque generador y el aumento del costo de los combustibles está generando un incremento en los costos sistémicos. Es necesario avanzar en un mercado de SSCC más competitivo y eficiente, que permita incentivar a nuevos prestadores a participar en él”, añadió. 

Además, en el plano de la actual discusión de alza de tarifas y subsidios, fue firme en señalar que ACERA comparte la preocupación por encontrar mecanismos de ayuda para las familias más vulnerables del país para enfrentar el alza de tarifas eléctricas originada por el congelamiento de tarifas realizado en las Leyes PEC 1 y 2. 

No obstante, remarcó la importancia de buscar soluciones que no destruyan la confianza de los inversionistas y de la banca internacional en el compromiso de Chile con las energías renovables. 

“Soluciones que no vayan en esta línea, como es lo que está ocurriendo con el Proyecto de Ley de Subsidios, son políticas que han demostrado su efecto contraproducente en numerosas ocasiones y diversos países en el pasado reciente, que podrían causar daños muy profundos, los cuales tarde o temprano llegan al cliente final, a través de mayores precios de energía para el país”, subrayó.

Cambios en el SEA

El sector energético sigue siendo un pilar fundamental para la economía chilena, con 170 proyectos energéticos en evaluación ambiental que suman una inversión de USD 38.000 millones, aunque a veces resulte “excesiva” la burocracia y los retrasos en la obtención de permisos. 

Por lo que desde el gremio instaron al gobierno a agilizar los trámites de evaluación ambiental y promover reformas que integren los permisos sectoriales mixtos en un solo proceso, como por ejemplo mediante un sistema sistema alternativo de evaluación ambiental para aquellos proyectos cuyo objetivo sea la generación de energías renovables y los sistemas de transmisión que viabilizan la inyección de estas energías limpias. 

“Entendemos que nuestro rol sí es ineludible, cuando las dificultades atraviesan todo el sector eléctrico y, para colaborar en su solución, requerimos interactuar con las autoridades de gobierno como también con el parlamento. Hemos sido protagonistas de la transformación de nuestro sector y queremos seguir siéndolo en base a una discusión diversa, desde las distintas vocaciones que coexisten en nuestra asociación, técnicamente fundada, sobre la base de criterios de libre competencia y certeza jurídica”, insistió. 

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La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay lanzó una nueva convocatoria para el financiamiento de proyectos de investigación aplicada en temas de hidrógeno verde y tecnologías relacionadas. 

Se trata del segundo llamado a través de un acuerdo de cooperación entre la propia ANII, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de Uruguay y el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania, con el objetivo de fortalecer la cooperación científica en el desarrollo de dicho vector energético, sus derivados e implementaciones. 

Los proyectos que se postulen deberán abordar al menos una de las líneas de investigación definidas, entre las que se encuentran la producción de hidrógeno verde ya sea mediante electrólisis, biomasa o energía solar, y la integración de energías renovables en procesos de producción de H2. 

También se priorizan investigaciones sobre transporte, almacenamiento y análisis del ciclo de vida del hidrógeno, así como procesos Power-to-X, que permiten la conversión de energía renovable en combustibles o productos químicos, utilizando CO2.

La convocatoria está dirigida a investigadores de organizaciones públicas o privadas en Uruguay, incluyendo empresas que realicen actividades de investigación y desarrollo, aunque excluye a las que operan bajo zonas francas o regímenes especiales, considerando que cada investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos nacionales, y deberá dedicar al menos 10 horas semanales al mismo. 

La convocatoria financiará dos iniciativas de hasta 24 meses de duración, con una subvención del 100% del costo total del proyecto por un monto máximo de USD 100.000 por cada uno de ellos para la contraparte uruguaya; mientras que los costos de la contraparte alemana serán financiados por el BMBF.

Además, los emprendimientos seleccionados deberán iniciar sus actividades en julio de 2025 y los rubros financiables incluyen personal técnico, equipamiento de laboratorio, protección de la propiedad intelectual, viajes y estadías del equipo uruguayo, entre otros.

Y cabe recordar que, hace más de un año, Uruguay confirmó al H24U como primer proyecto piloto de H2V, a través del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde, con el acceso a USD 10.000.000 no reembolsables, a otorgar en un periodo de 10 años, para desarrollar el emprendimiento vinculado al transporte pesado y la inyección de dicho vector a la red en el futuro. 

¿Cómo participar en el proceso?

Los proyectos se podrán postular hasta el 19 de diciembre del corriente año mediante un formulario en línea en la plataforma de ANII, adjuntando la carta de aval de la contraparte alemana y cumpliendo con todos los requisitos formales. 

La evaluación de las ofertas estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento (CES) de ANII, con homologación de Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), y para ello se considerarán criterios como la originalidad de la propuesta, su relevancia y aplicabilidad, los antecedentes del equipo de investigación y la viabilidad del proyecto. 

En tanto que la selección final será decidida en una reunión conjunta entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, tomando en cuenta la calidad de las propuestas de ambas partes.

Los desembolsos se realizarán de acuerdo con un cronograma financiero, mientras que el seguimiento técnico se llevará a cabo a través de informes semestrales. Aunque cabe aclarar que se retendrá el 10% del subsidio hasta la presentación del informe final y la aprobación de la auditoría correspondiente.

Los resultados de los proyectos deberán ser publicados en el repositorio de acceso abierto REDI de ANII y las obras derivadas de los proyectos también se depositarán en repositorios públicos, respetando la normativa de propiedad intelectual vigente en Uruguay.

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Con la suscripción del Consenso de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la COP28 en Dubai, la nueva hoja de ruta para lograr la ambición del Acuerdo de París determinaba que la inversión anual en capacidad renovable tendría que triplicarse, desde el último récord de USD 570 mil millones en 2023 a USD 1,5 billones cada año entre 2024 y 2030.

Haciéndose eco de esto, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) publicó este mes de octubre el informe Delivering on the UAE Consensus: Tracking progress toward tripling renewing energy capacity and doubling energy efficient by 2030 (Cumpliendo con el consenso de los EAU: Seguimiento del progreso hacia triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la eficiencia energética al 2030). 

El informe menciona que Centroamérica y el Caribe avanzó en la instalación de 900 MW proyectos de energías renovables en 2023, lo que representa un crecimiento del 5.4% con respecto al 2022. 

Si bien estas serían buenas noticias, IRENA advierte que para alcanzar el objetivo de triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial para 2030, se necesita una tasa de crecimiento anual promedio del 16.4% y hasta el momento se alcanzó un 14%. Es decir que esta y otras regiones deberían aumentar sus esfuerzos en el próximo lustro.

En el panorama internacional Centroamérica y el Caribe representó apenas el 0.5% de la capacidad global de energías renovables a finales de 2023. No obstante, la urgencia de medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático, así como su resiliencia energética, se vuelven cada vez más fundamentales en zonas azotadas por distintos fenómenos naturales. 

Aunque de los países que conforman esta región sólo diez superan el millón de habitantes, lo que explicaría una baja demanda y por ende baja oferta energética respecto a otros, el informe advierte que en CA&C recién el 38.7% de la capacidad eléctrica de la región proviene de fuentes renovables.

Los volcanes, los vientos de las costas y el sol que irradia constante en esta región dan cuenta de algunos de los recursos más valiosos por esas latitudes para aprovechar su potencial para la generación de energías renovables. 

¿Qué hacer para acelerar la transición hacia fuentes renovables? El informe menciona una serie de acciones posibles de implementar por los distintos países para lograr las metas globales:

Aumento de la ambición en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC):

Duplicar los objetivos de energía renovable: Los compromisos asumidos en la próxima ronda de NDC deben más que duplicar los objetivos existentes. Las NDC actuales apuntan a un aumento de la capacidad de energía renovable a solo 5,4 TW para 2030, mientras que el objetivo de triplicación exige 11,2 TW.
Alineación con los planes energéticos nacionales: Los objetivos de energía renovable en las NDC deben estar alineados con los establecidos en los planes energéticos y la legislación nacionales para garantizar la coherencia y la eficacia.
Objetivos medibles, específicos y procesables: Cuanto más medibles, específicos y procesables sean los objetivos de las energías renovables, más probable será que impulsen la implementación.
Planes de implementación concretos: Para que los proyectos se financien y construyan, se necesitan entornos normativos y políticos estables, incentivos de mercado, cadenas de suministro resilientes, acceso a la financiación, diseño del mercado energético y normas de autorización y regulación de apoyo.

Incentivos de mercado:

Priorizar la equidad: Las políticas fiscales deben priorizar la equidad en la transición energética; por ejemplo, invirtiendo los ingresos de los impuestos sobre la producción de energía de combustibles fósiles y los mecanismos de fijación de precios del carbono en infraestructuras facilitadoras; programas de eficiencia energética para hogares de bajos ingresos; o complementando el acceso a la electricidad limpia para las poblaciones de bajos ingresos a través de planes de financiación verde.
Créditos fiscales: Se deben considerar los créditos fiscales, los gravámenes y/o las exenciones de los derechos de importación/exportación de los materiales y componentes clave de la cadena de suministro de energía renovable.
Esquemas de contratación: Los sistemas de contratación deben proporcionar señales de precios adecuadas para la inversión y equilibrar la mitigación del riesgo de precios/costes a largo plazo con la creación de valor socioeconómico.

Reformas del mercado eléctrico:

Mecanismos de contratación: Establecer mecanismos específicos de contratación para asegurar la generación y los servicios auxiliares necesarios, a bajo coste, dado que los acuerdos actuales del mercado son cada vez más «inadecuados para el servicio».
Flexibilidad del sistema: Los responsables políticos y los reguladores deben actuar ahora para garantizar que las estructuras y normas del mercado eléctrico creen un entorno propicio para una mayor flexibilidad del sistema, proporcionada por las tecnologías de almacenamiento (embalses de agua, baterías, etc.), los generadores despachables, la gestión de la demanda y las medidas de respuesta de la demanda.

Simplificación de la tramitación de permisos:

Reducir los retrasos: Reducir las demoras en la tramitación de permisos causadas por las engorrosas barreras administrativas, garantizando al mismo tiempo que las preocupaciones legítimas de la comunidad sobre los impactos de los proyectos (económicos, sociales, medioambientales) se aborden adecuadamente; por ejemplo, creando una autoridad centralizada para supervisar la tramitación de permisos, agilizar los procesos y resolver rápidamente las disputas.
Plazos máximos: Establecer y hacer cumplir plazos máximos para que los solicitantes y las autoridades completen las fases de autorización de los proyectos de energía renovable, con tiempo adicional discrecional en circunstancias excepcionales para proyectos más complejos.
Asignar más recursos: Asignar mayores recursos a las autoridades de autorización, incluidos los recursos humanos y la inversión en la digitalización del proceso de autorización, así como en bases de datos de código abierto, como los títulos de propiedad, los datos cartográficos y los registros históricos de litigios.
Agilizar la repotenciación: Agilizar los procesos para los promotores que repotencian activos en emplazamientos existentes y proporcionar flexibilidad para ajustar el enfoque infraestructural, tecnológico o social propuesto para los proyectos sin tener que volver a solicitar nuevos permisos.

Consideraciones medioambientales y sociales:

Evaluaciones de impacto: Integrar las evaluaciones de impacto ambiental y social tanto en la toma de decisiones estratégicas (políticas, planes, programas) como en el proceso de autorización de los proyectos de energías renovables.
Salvaguardias de los bancos multilaterales de desarrollo: Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) deben garantizar que las salvaguardias ambientales y sociales sean componentes integrales de los proyectos que financian.
Consultas con las comunidades: Los proyectos de energías renovables deben implicar consultas significativas con las comunidades en su diseño e implementación.

Cadenas de suministro resilientes:

Diversificación regional: Las cadenas de suministro regionalmente diversificadas son esenciales para apoyar la aceleración del despliegue de las energías renovables, minimizando los problemas de oferta y demanda de los equipos clave en las industrias eólica, solar y otras energías renovables; mitigando las interrupciones de la cadena de suministro y la volatilidad de los precios; y apoyando una mayor creación de valor local.
Prácticas de contratación responsables: Se necesitan procesos de contratación socialmente responsables para la energía renovable, complementados por sistemas de garantía de la sostenibilidad de la cadena de suministro18 y la integración del sector de las energías renovables en las políticas de desarrollo industrial y social.
Economía circular: Se necesitan leyes y reglamentos para impulsar prácticas más sostenibles e incentivar las asociaciones público-privadas y la inversión para fomentar la reutilización de los materiales y un enfoque de economía circular para el desarrollo de proyectos.

Desarrollo de habilidades y capacitación:

Planificación a largo plazo: Se requiere un enfoque multinivel, que comprenda una planificación sólida, estable y a largo plazo de las energías renovables, y una estrecha coordinación entre la industria, el gobierno, los representantes de los trabajadores y las instituciones educativas y de formación, para satisfacer las necesidades de cualificación de la transición energética.
Inversión en fondos de formación: Las políticas educativas deben priorizar la inversión en fondos de formación dedicados a la transición; así como el desarrollo de normas profesionales y de cualificación y marcos de cualificación para áreas clave que permitan a los proveedores de educación y formación impartir cursos de alta calidad que satisfagan las necesidades nacionales de cualificación.

Financiación y colaboración internacional:

Impuestos a los combustibles fósiles: Los ingresos de los impuestos a los combustibles fósiles, los fondos filantrópicos, los mecanismos de fijación de precios del carbono y la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles (en algunos casos) pueden utilizarse para iniciativas que apoyen una transición energética justa e inclusiva en los países en desarrollo, como el apoyo específico a los hogares de bajos ingresos y la provisión de acceso a la energía.
Evaluación del impacto: El impacto positivo potencial de los proyectos en el acceso a la energía, la reducción de la pobreza y los resultados del desarrollo sostenible y el clima debe integrarse en su evaluación y financiación -más allá de los métodos utilizados por las agencias de crédito de riesgo tradicionales- para garantizar que las decisiones de inversión trasciendan la bancabilidad y proporcionen los mayores beneficios socioeconómicos.
Colaboración internacional: La colaboración internacional será crucial para canalizar las subvenciones y los fondos en condiciones concesionarias que no supongan una mayor presión para los presupuestos fiscales de los países ya endeudados, y para ayudar a alcanzar los objetivos climáticos, de desarrollo socioeconómico e industrialización.

Es fundamental recordar que el informe destaca la urgencia de la acción. Cuanto más se retrasen los cambios en las políticas, mayor será el desafío. La oportunidad está ahí, pero se necesitan esfuerzos concertados a nivel mundial para superar las barreras estructurales y sistémicas que impiden el progreso.

La entrada Centroamérica y el Caribe va a la mitad en la carrera por la transición energética se publicó primero en Energía Estratégica.

El gobierno de Paraguay ya publicó el Decreto Nº 2553/24, por el cual se actualiza la Política Energética Nacional con vistas al 2050 y que tendrá más de 300 objetivos a implementar a corto, mediano y largo plazo. 

Tal como adelantó Energía Estratégica días atrás (ver nota), entre los objetivos principales se destacan la consolidación de una matriz más diversificada, el fomento a las renovables, reducción del consumo de hidrocarburos y el aumento de la inserción de energía eléctrica. 

Además, la actualización busca introducir la utilización de combustibles derivados del hidrógeno, implementar medidas de eficiencia energética, avanzar en la integración energética regional y fortalecer el marco institucional y las empresas estatales del sector.

La particularidad es que el Poder Ejecutivo finalmente ya detalló cuáles son esas metas en las que incluyó la importancia de contar con el sector privado en la generación renovable, como también trazó un eje en infraestructura con objetivos cuantificables en lo referido a ERNC y el almacenamiento en baterías..

El marco para la construcción y el seguimiento a la incorporación de generación eléctrica prevé que la participación fotovoltaica sea de, al menos, 100 MW hacia el año 2025 y su aumento sea de forma paulatina hasta lograr los 500 MW al 2030 y 2000 MW para 2050. 

Mientras que las pequeñas centrales hidroeléctricas también tendrían un papel relevante con, mínimamente, 50 MW en operación al cierre de la corriente década y 500 MW en funcionamiento al 2040. 

Por el lado de los bancos de baterías, la actualización de la Política Energética Nacional estima que se alcancen 1104 GWh anuales en operación al 2030, ampliándose hasta alrededor de 5.520 GWh anuales para el año 2040.

El financiamiento de estos proyectos será un factor clave en la implementación de la política energética. Y por lo tanto, Paraguay buscará beneficiar a cinco proyectos renovables para 2028, con un incremento gradual que llevará el total a 20 proyectos en 2050. 

Adicionalmente, en 2024 se elaborará una base metodológica para el cálculo de costos y tarifas, y se creará una unidad de análisis y promoción de modelos de negocio para el subsector de fuentes alternativas.

Finalmente, en cuanto a la planificación, se prevé la publicación de una nueva versión del Atlas de los recursos hídricos, eólicos y solares en 2025, así como la realización de un inventario de energía geotérmica para 2035. Estas acciones permitirán a Paraguay contar con información precisa y actualizada para la toma de decisiones e inversiones en el sector energético, alineándose con sus metas de sostenibilidad a largo plazo.

¿Qué papel tendrá la generación distribuida y el autoabastecimiento?

El documento firmado el presidente, Santiago Peña, pronostica una suba escalonada de este tipo de alternativas renovables llevadas adelante por el sector privado, ya sea como sistemas aislados o para el Sistema Interconectado Nacional:

10 MW al 2025
50 MW al 2030
200 MW al 2040.

Además, plantea la implementación de proyectos de captadores solares para el calentamiento de agua en el sector público, abarcando todos los grandes hospitales del área metropolitana para el año 2035 y su extensión a las clínicas de todo el país hacia el 2045. 

La entrada 2 GW solares al 2050: El principal objetivo renovable de la nueva Política Energética Nacional de Paraguay se publicó primero en Energía Estratégica.

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el proyecto de ley Ley de Transición Energética (oficialmente PdL que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transición energética que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad). 

El objetivo del proyecto es descongestionar las líneas de transmisión eléctrica, facilitando que las generadoras puedan operar, por lo que busca acelerar la infraestructura para evitar los constantes vertimientos de energías renovables que se producen en el país, que ya superan más de 3,3 TWh en lo que va del año. 

En ese marco, el debate está dado, principalmente, por contextualizar las reglas que definirán los ingresos tarifarios, la construcción de obras necesarias y urgentes de transmisión eléctrica, así como las normas relativas a ingresos tarifarios e integración vertical en la industria.

Los ajustes, entre otras medidas, considera acciones para impulsar el desarrollo de proyectos de transmisión eléctrica en todo el país, con un foco especial en la región de Ñuble, mediante un artículo transitorio que permitirá, durante cinco años, considerar un monto adicional de un 5% – por sobre el 10% que ya está considerado para el resto del país – para ejecutar obras de transmisión necesarias y urgentes para esa región. 

“Este proyecto de ley tiene una especial significancia para la región de Ñuble. Tenemos 1000 proyectos de empresas que se fueron a tratar de instalar a la región, pero que no pudieron hacerlo básicamente porque no hay disposición eléctrica, lo que genera pobreza y pérdida de talentos”, indicó el diputado Frank Sauerbaum Muñoz.

“El PdL tiene normas que facilitarán la construcción de una línea de transmisión que esperamos hace mucho tiempo, como por ejemplo la LT Charrúa – Chillán, que se licitó cinco veces y tuvo problemas para adjudicarse. Sabemos que no será inmediata la construcción, sino que se demorará algunos años más. Por lo tanto, la urgencia del proyecto es clave”, subrayó. 

Durante la sesión, también expuso el director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, quien remarcó la importancia de la iniciativa para la profundización del proceso de descarbonización y reducir las pérdidas de energías renovables y emparejar la calidad del servicio en todo el país. 

“Sin transmisión, que es deficiente en la actualidad, no lograremos cumplir las metas ambientales. Bajo cualquier escenario, necesitamos un sistema más grande y robusto”, manifestó. 

Incluso, destacó que hacia 2030 se requerirán 2000 MW adicionales de capacidad de transporte eléctrico y 1000 MW en sistemas de control de flujos, lo que equivaldría a un costo de USD 900.000.000; como también de 12 a 14 GW de capacidad para el año 2040 a fin de aprovechar la generación renovable. 

“Tenemos alrededor de 28 obras de transmisión desiertas totalmente y el 87% de lo que se está construyendo tiene atrasos porque hay problemas con los constructores. Pero con el proyecto de ley se solucionarán estas dos problemáticas”, indicó. 

Además, planteó una serie de complementos a tratar a partir de la discusión en lo particular del PdL ante superposición de las licitaciones de 2022 a 2025, tal como hacerse cargo de los retrasos de las convocatorias y el reconocimiento de la transmisión como un servicio público. 

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El Gobierno dominicano, a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE), firmó un contrato de concesión definitiva con la empresa LCV Ecoener Solares Dominicana, S.R.L. para la construcción y operación del Parque Solar Fotovoltaico Payita 2, en Nagua, María Trinidad Sánchez.

El proyecto contará con una capacidad instalada de 49.98 megavatios nominales (MWn) y 60.04 megavatios pico (MWp), y se destaca por integrar un avanzado sistema de almacenamiento de energía.

Este sistema de almacenamiento tendrá una capacidad de 15 megavatios (MW) y 60 megavatios hora (MWh), lo que permitirá almacenar la energía generada por el parque durante las horas de mayor producción y suministrarla en momentos de mayor demanda o baja generación solar. Esta innovación mejorará significativamente la estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico en el país.

El director ejecutivo de la CNE, Edward Veras, resaltó la relevancia del sistema de almacenamiento como un avance clave para la seguridad energética del país. “Con este sistema, no solo optimizamos el uso de la energía solar, sino que también fortalecemos la resiliencia de la red eléctrica, contribuyendo a la transición hacia un modelo energético más sostenible en la República Dominicana”, afirmó Veras.

Por su parte, Carlos González, apoderado de la empresa LCV Ecoener Solares Dominicana, S.R.L., expresó el compromiso de la empresa con la innovación y la sostenibilidad en el sector energético.

El proyecto, que contribuirá a la diversificación de la matriz energética nacional, se alinea con las resoluciones de la CNE que promueven la adopción de sistemas de almacenamiento en proyectos de energías renovables. Esto refuerza el compromiso del gobierno dominicano con la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y el impulso a las fuentes de energía limpia.

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En un esfuerzo conjunto para acelerar la Transición Energética Justa y fortalecer la educación en el país, el Ministerio de Minas y Energía, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) y el Ministerio de Educación Nacional firmaron un convenio interadministrativo histórico.

Este acuerdo busca la implementación de las Comunidades Energéticas Educativas en instituciones públicas de 21 departamentos del país, beneficiando a miles de estudiantes, docentes y a la comunidad en general.

Con una inversión de más de 69 mil millones de pesos, de los cuales el FENOGE aportará $49.087 millones y el Ministerio de Educación $20.000 millones. El proyecto “EcoEscuelas: Un Futuro Brillante” tiene como objetivo la instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (SSFVI) en hasta 1.060 sedes educativas.

Estas soluciones energéticas no solo permitirán a las instituciones educativas generar hasta 2.427 MWh anuales de energía limpia en su primer año de operación, sino que también contribuirán a mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica y a promover una cultura de uso racional de la energía.

Las soluciones serán adjudicadas a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, gracias a un convenio firmado entre esta entidad y el FENOGE, con el fin de democratizar la contratación y hacerla más transparente y en línea con las mejores prácticas de contratación estatal.

“Este convenio marca un antes y un después en el camino hacia una Colombia más sostenible, no solo en términos de energía, sino también en la educación. Las Comunidades Energéticas no se limitan a la instalación de infraestructura; son espacios de transformación social y ambiental”, afirmó Ángela Álvarez, directora ejecutiva del FENOGE.

Beneficios para la población educativa

“EcoEscuelas: Un Futuro Brillante”, tiene un impacto que va mucho más allá de la generación de energía eléctrica. Las Comunidades Energéticas Educativas serán espacios de aprendizaje activo en torno a la sostenibilidad y la energía renovable.

Estudiantes, docentes y miembros de la comunidad recibirán capacitaciones que fomentarán el uso eficiente de la energía y la gestión sostenible de los recursos.

Este enfoque integral no solo mejorará las condiciones de enseñanza, sino que también empoderará a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos climáticos y energéticos de Colombia.

Además, este proyecto fomentará la creación de empleo local en las regiones más apartadas del país, reforzando las economías locales y contribuyendo a la cohesión social en zonas históricamente marginadas.

Con ello, se generarán oportunidades de desarrollo a través de la instalación y mantenimiento de los sistemas energéticos, así como la implementación de actividades educativas en torno al ambiente y las energías renovables.

Este esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y las comunidades refleja el compromiso por una Transición Energética Justa, que respeta las particularidades culturales y sociales de cada región, al tiempo que fortalece el tejido educativo del país.

Este convenio no solo nos acerca a un sistema energético más limpio, sino que también nos permite construir una Colombia más equitativa y consciente de los desafíos ambientales. Es un ejemplo de cómo la educación y la energía pueden ir de la mano para generar un impacto transformador para todo el país.

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Eduardo Rodríguez Chirillo dejó su cargo al frente de la Secretaría de Energía de Argentina y para su reemplazo ya suena María Tettamanti, una ex asesora de Patricia Bullrich (actual ministra de Seguridad de la Nación).

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, confirmó la salida del ahora ex-titular de la cartera energética “por motivos de salud” y porque “necesitará más tiempo para sí mismo”, como también que se quedara como asesor, para poder seguir contando con su colaboración. 

Hoy recibí la renuncia de @chirilloeduardo como Secretario de Energía.
Me dijo que dado los problemas que ha tenido de salud, y que si bien ahora se encuentra mucho mejor, va a necesitar más tiempo para sí mismo.
Junto con Daniel González le hemos pedido que se quedara como…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 17, 2024

Sin embargo, el fin de la gestión de Rodríguez Chirillo se da en medio de la crisis energética que podría afrontar el país en el próximo verano y tras varios meses de estar en la mira de un sector del Poder Ejecutivo al que no gustaban las decisiones en torno a las tarifas energéticas y la política que se estaba implementando hasta el momento.  Por lo que desde el sector apuntaron que directamente lo apartaron del cargo.

Incluso, ya hubo una serie de medidas para quitarle poder y acelerar las privatizaciones de las empresas públicas energéticas, como por ejemplo la designación de Daniel González como secretario de Coordinación de Energía y Minería, siendo mano derecha de Caputo y arribando para “manejar y ordenar algunos temas y desórdenes” de la Secretaría de Energía y la Sec. de Minería. 

Por lo que desde su llegada ya podía incidir en las medidas a futuro, considerando algunas internas en medio de la reforma del mercado eléctrico y los cambios regulatorios correspondientes que propone el gobierno.  

Rodríguez Chirillo también quedó fuera de la nómina del Comité Evaluador de Proyectos del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), creado el pasado martes 3 de septiembre a través de la Resolución 814/2024, a pesar de que fue uno de los impulsores de la Ley de Bases y que estuvo como el principal asesor energético de Javier Milei durante la campaña electoral. 

Y según pudo averiguar Energía Estratégica, uno de los puntos claves que determinó su salida de la Secretaría de Energía está vinculado con las fallas en las inscripciones de los subsidios energéticos, la suspensión de la convocatoria a la audiencia pública que tenía como objetivo definir los nuevos valores para las tarifas del transporte de energía eléctrica, y el aumento del gasto público en el sector. 

¿Quién será el reemplazo?

María Tettamanti es la persona que pica en punta para tomar las riendas de la cartera energética nacional, quien hasta hoy es gerenta general de NRG Energía SA, y que fue elegida por recomendación del expresidente Mauricio Macri.

Tettamanti posee una vasta trayectoria en el sector de distribución de gas natural, con pasos en  Camuzzi Gas Pampeana, Total Austral, Albanesi y Metrogas; sumado a que es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y tiene estudios de posgrado en UCEMA. 

Además, responsable de gas del equipo de energía durante la campaña electoral de Patricia Bullrich, que estuvo encabezado por el ex secretario de Energía y Minería de la Nación, Emilio Apud.

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El Ministerio de Energía de Chile modificó el proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico a 4,7 millones de usuarios que, entre otras medidas, propone que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) financien las subvenciones de las cuentas eléctricas y ayuden a la disminución de la tarifa de las pequeñas y medianas empresas. 

Tras críticas y advertencias por parte del sector energético del país sobre los riesgos y defaults financieros que tendrían los PMGD de concretarse ese cambio en las reglas de juego, el titular de la cartera energética nacional, Diego Pardow, dio a conocer que el Poder Ejecutivo introdujo cambios al cargo FET (Fondo de Estabilización de Tarifas), incorporó un mecanismo de compensación a PMGD a partir del 2028 en caso que se alargue ese cargo a fin de disminuir el impacto financiero y contempla un nuevo programa de créditos tributarios para PyMEs que adquieran paneles solares.

Entre esas modificaciones, se aclaró que se utilizará el cargo FET como un “crédito contra el sistema”, donde se contabilizarán aquellos menores montos no recibidos por concepto de compensación por precio estabilizado durante los años 2025 al 2027. 

Los PMGD podrán utilizar aquel monto pagado como crédito, para descontarlo de los montos a pagar a suministradores por concepto de compensación de precio estabilizado, hasta el fin del mecanismo de estabilización del art. 2° transitorio del Decreto Supremo N° 88/2019. Crédito que también podrá ser traspasado dentro de un holding/grupo empresarial para otros proyectos de energía PMGD.

Además, se redujo el monto del cargo FET entre los años 2025 y 2027, pasando de  $1,8 MWh a $1 (2025), $0,8 (2026) y $0,6 (2027), que se financia de la retención equivalente a las compensaciones por precio estabilizado que se pagan en conformidad al régimen transitorio del Decreto Supremo N° 88/2019. 

Es decir que la recaudación se reducirá en un 60%, de $450.000 millones a $200.000 millones, aunque sin afectar la cantidad de usuarios beneficiarios del subsidio, sino que continuarán siendo todas las familias pertenecientes al 40% inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH).

“El mecanismo de precio estabilizado por los próximos tres años funcionará con la forma de un subsidio cruzado, donde el sistema subvencione los ingresos de los medios de generación distribuida en un monto que oscila los USD 500.000.000 – 600.000.000”, aclaró Pardow durante la sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

“De ese monto, la expectativa de recaudación cambiará significativamente porque cuando se consideran otros beneficios sociales, la tasa de uso la hacen llegar al 100% y se hace de manera gradual. Por lo que consideramos una trayectoria razonablemente conservadora, pero más realista que la estaba en el informe financiero inicial”, agregó. 

Asimismo, el gobierno propone un inicio diferido del mecanismo asociado al cargo FET para los primeros doce meses de operación de un proyecto PMGD (hasta 9 MW), como también la exención de ese esfuerzo económico para aquellos Pequeños Medios de Generación Distribuida llevados adelante por firmas consideradas PyMEs.

Crédito para Pymes

Los nuevos puntos del proyecto de ley incluyen la creación de un programa de créditos tributarios para pequeñas y medianas empresas para la inversión e instalación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo. 

De aprobarse el proyecto, el programa tendría una vigencia de dos años y otorgará un 25% del valor de la inversión como crédito tributario (tope a definir), mientras que el 75% restante se reconoce como gasto vía depreciación instantánea. Aunque en caso de remanente de crédito tributario, las empresas tendrían derecho a la devolución del impuesto de primera categoría en el ejercicio correspondiente.

Próximos pasos

El miércoles 30 de octubre se votará en general el proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico. En tanto que el 11 de noviembre será el plazo máximo para aportar indicaciones y, finalmente, dos días más tarde (13/11) se votará en particular, según lo definido por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

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A través de las habilitaciones comerciales de los parques solares La Rioja I, La Rioja II y La  Rioja III, la compañía argentina 360Energy anunció la culminación del Complejo Solar La Rioja ubicado en la localidad de Nonogasta de esa provincia, convirtiéndose, en conjunto, en uno de los mayores parques solares del país cuya energía es destinada a contratos MATER, es decir dirigido a abastecer a industrias y empresas mediante contratos directos  de abastecimiento. 

Con una extensión de 299 hectáreas, el Complejo formado por tres parques solares contiguos posee una potencia instalada de 122 MWdc y una generación estimada de 300GWh/año, lo que equivale al consumo energético anual de más de 80.000 hogares de  una familia tipo en Argentina.  

Con la habilitación de este Complejo de energía eléctrica solar, se evitará la emisión de  aproximadamente 130.000 toneladas de CO₂e (dióxido de carbono) a la atmósfera,  reduciendo así la huella de carbono de empresas privadas que ya poseen un contrato de  de compra de energía solar con 360Energy como Stellantis, Acerbrag, Bridgestone, Holcim,  Rehau, Estisol, Transclor y Smurfit Westrock.  

Según la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA),1 durante el primer semestre del 2024, la generación de energía eléctrica a  partir de fuentes renovables en Argentina cubrió un 14.5% de la generación total de energía  eléctrica. 

El comienzo de operación del Complejo Solar 360Energy La Rioja se alinea a las  Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) argentinas, derivadas del Acuerdo  de París firmado en 2015. Otro hecho que vale destacar es su relación directa con la Ley de  Energías Renovables N° 27.191, la cual apunta a que el 20% de la matriz energética  nacional provenga de fuentes renovables para 2025.  

Con la finalización de esta obra, 360Energy fortalece su posicionamiento como un actor  protagonista en el sector de energía solar y de la transición energética del país, contando  además con proyectos en desarrollo en Argentina por más de 300MW y en el exterior por  más de 500MW. 

La construcción del Complejo Solar 360Energy La Rioja fue financiada a través de  Obligaciones Negociables emitidas por 360Energy entre el 2022 y 2024, a partir de las  cuales la empresa colocó exitosamente $100MM USD.  

La inversión total requerida para el desarrollo del proyecto, junto con la ampliación de ET  Nonogasta Solar, fue de más de $97MM USD, ocupó a más de 500 personas de forma  directa e indirecta, la mayoría de la provincia de La Rioja, y trabajó junto a más de 60 proveedores de la región. 

Características técnicas del proyecto:  

3.588 filas de seguidores solares Arctech. 
+190.000 paneles bifaciales de 625 Wp Astroenergy y TrinaSolar. 
463 inversores Huawei. 
19 centros de transformación. 
Conexión al SADI a través de la ET Nonogasta Solar 132kV.

Al respecto el CEO para Sudamérica de la compañía, Federico Sbarbi Osuna, expresó: «Nos enorgullece anunciar la puesta en marcha de este ambicioso proyecto que engloba a  los parques solares 360Energy La Rioja I, II y III. Con la habilitación otorgada por CAMMESA,  hemos consolidado uno de los complejos solares más importantes de Argentina destinado  al abastecimiento energético de empresas privadas. Este éxito refleja el arduo trabajo, la  dedicación y el compromiso continuo de todo el equipo de 360Energy, quienes día a día  impulsan nuestra misión de proveer energías limpias y sostenibles».

Recientemente el Grupo automotriz Stellantis – fruto de la fusión de los grupos PSA y FCA – adquirió el 49,5% del paquete accionario de 360Energy Solar S.A. Actualmente las compañías se encuentran trabajando conjuntamente en el desarrollo y construcción de  proyectos solares para abastecer plantas industriales de Stellantis en Argentina, Brasil  México, España e Italia. 

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En la sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL A.G.), representada por su presidenta Bárbara Barbieri y el director ejecutivo, Darío Morales, expuso su posición frente al Proyecto de Ley que amplía la cobertura del
subsidio eléctrico, tal como lo contempla el artículo sexto transitorio de la Ley N° 21.667, y que impacta de manera significativa al mercado de generación y los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

Preocupación por la Propuesta del Ministerio de Energía

ACESOL ha expresado de forma reiterada su preocupación y oposición a la propuesta del Ministerio de Energía de reducir los ingresos de los PMGD para financiar la expansión del subsidio eléctrico. La asociación advierte que esta medida podría provocar serios daños a las inversiones en energías renovables no convencionales (ERNC) y sistemas de almacenamiento. Más preocupante aún, no resuelve de manera efectiva el problema del alza de las tarifas eléctricas que afecta a las familias chilenas.

Darío Morales, director ejecutivo de ACESOL, afirmó que «el ministro presentó de manera conceptual un paquete de indicaciones que siguen la misma lógica de autocontención que hemos criticado desde el comienzo. Las nuevas medidas propuestas, específicamente las del pilar PMGD, seguirán afectando significativamente la viabilidad financiera de las empresas y a la credibilidad de nuestro país como destino de inversiones en energías renovables. Hasta el momento, no vemos como esto pueda acotar el impacto negativo del PdL sobre el segmento.»

Adicionalmente, indicó que se ha planteado en diversas instancias que en la mesa técnica de tarifas se llegaron a acuerdos, cuando en realidad lo que sucedió es que solo se expusieron posturas que no se vieron reflejadas luego en el texto del proyecto de ley. De hecho, la mesa aún no ha evacuado un informe final.

Finalmente, dice que la discusión sobre los PMGD se ha hecho sobre la base de conceptos que están derechamente errados, como que existiría una eventual sobre renta y que se trata de un subsidio. A este respecto Darío Morales afirmó “en la medida que tenemos discusiones sobre conceptos que están errados, será difícil tener una conversación constructiva que permita resolver el problema de fondo, que es, como ayudamos a las familias más vulnerables a hacer frente de manera definitiva al alza de las cuentas de la energía”.

Generación Distribuida: Parte de la Solución

Durante la sesión, ACESOL manifestó que el mecanismo de precio estabilizado es parte de una política pública que ha sido mantenida y perfeccionada en los últimos cinco gobiernos, y que tuvo como objetivo reducir una barrera de mercado para promover la instalación de centrales de generación cerca de los centros de consumo. Como ejemplo de los beneficios sistémicos, ACESOL presentó los resultados preliminares de un estudio encargado al Centro de Energía de la Universidad de Chile que indica que durante el 2023, la inyección de los PMGD redujo los costos de operación en 268 millones de dólares, evitó la emisión de 2 millones de toneladas de CO2, equivalente que representa un costo social de 91 millones de dólares, que evitó 11,6 millones de dólares en pérdidas de transmisión y redujo los costos marginales entre 12 y 17 USD/MWh.

Además, ACESOL mostró información sobre el impacto positivo que han tenido los PMGDs en la generación de empleo, principalmente en las regiones centro sur del país y de cómo estos podrían verse afectados de mantenerse el PdL en su forma actual, incluso con las indicaciones descritas por el Ministerio de Energía.

Propuesta de ACESOL

ACESOL también presentó una serie de medidas concretas destinadas a resolver el problema de fondo. Estas incluyen un subsidio directo a la inversión en autoconsumo y generación residencial para viviendas sociales, la reducción temporal del IVA durante tres años para proyectos de autoconsumo, y la transformación del programa Casa Solar a un modelo tipo voucher. También propone hacer más eficiente el uso de los recursos públicos en programas de distintos ministerios, impulsar el Proyecto de Ley que promueve las energías renovables no convencionales (ERNC), y reducir barreras para el autoconsumo en propiedades conjuntas. Además, sugiere descontar los costos anuales de contratos ESCO de los impuestos a pagar y facilitar fondos de garantía o inversión, a través de CORFO, para financiar proyectos verdes de autoconsumo.

Compromiso de ACESOL

Finalmente, ACESOL reitera su compromiso de colaborar activamente con las autoridades, aportando su experiencia y conocimiento para el desarrollo de políticas públicas que promuevan un sistema eléctrico más justo, eficiente y sustentable para todos los chilenos.

La entrada ACESOL da a conocer sus propuestas ante la medida que impacta el mercado de generación y PMGDs se publicó primero en Energía Estratégica.

La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) llevará a cabo la octava cumbre anual «SESA SUMMIT 2024», del 18 al 20 de noviembre de 2024 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan.

Reserve su entrada hoy y acceda a precios preferenciales. El descuento early bird permanecerá vigente hasta mañana viernes 18 de octubre.

Forme parte de esta cumbre en la que profesionales del sector fotovoltaico y baterías se reunirán para conocer las últimas innovaciones tecnológicas disponibles para este mercado y debatir sobre los pasos a seguir para lograr la resiliencia energética de Puerto Rico.

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Ya confirmaron su asistencia grandes personalidades del sector público local y federal como Edison Avilés-Deliz, presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico y Maximiliano J. Trujillo, director Estatal para Puerto Rico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Además, desde el sector privado se sumarán Juan Saca, CEO y presidente de LUMA Energy; Mary Powell, CEO de Sunrun; Nellie Gorbea, CEO y presidente de Puerto Rico Green Energy Trust; Emilie Oxel O’Leary, CEO y propietaria de Green Clean Solar; entre otros.

Estos referentes expondrán en el salón de conferencias sobre temas de gran relevancia como oportunidades de financiación federal, nuevas políticas que impulsan la energía solar, modelos de negocio con virtual power plants y mucho más.

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El vestíbulo del Centro de Convenciones también será un punto de encuentro en el que los asistentes podrán conocer los productos que prometen las mayores eficiencias para nuevos proyectos en el archipiélago puertorriqueño. Pero aquello no sería todo.

Allí, los espacios de networking facilitarán el contacto directo entre los referentes de las principales empresas fabricantes, distribuidores e instaladores del rubro, siendo el escenario ideal para explorar sinergias y nuevos negocios.

Esta iniciativa de SESA llega en un momento en el que Puerto Rico marca el hito de 900 MW de capacidad instalada solar distribuida y 2 GWh de almacenamiento energético distribuido. Y los instaladores locales van por más.

“Con sobre 130,000 clientes solarizados -más de 900MW de energía distribuida- Puerto Rico hoy se distingue como la jurisdicción con mayor número de instalaciones solares per cápita en todos los Estados Unidos. En esta nuestra 8va Cumbre, la industria entera se une para discutir cómo superar estos logros, y seguir expandiendo nuestro importantísimo sector de energía solar y almacenamiento.

Seguir creando oportunidades empresariales, nuevos negocios y buenos empleos mientras aumentamos la resiliencia individual y colectiva de hogares e industrias mediante energía solar y baterías, es nuestro objetivo central. Y todo lo hacemos desde el lugar perfecto, en el modernísimo Centro de Convenciones de San Juan, capital de la Isla del Encanto. ¡Les esperamos!”, expresó Javier Rúa-Jovet, director de políticas públicas de la Asociación de Almacenamiento de Energía y Solar de Puerto Rico (SESA).

No se pierda la oportunidad de asistir a la octava cumbre de SESA. Reserve hoy su entrada early bird.

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Genneia ha alcanzado un nuevo hito en la emisión de instrumentos de finanzas sostenibles. La compañía colocó su 15° Obligación Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a US$ 48.3 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de US$ 30 millones. La colocación atrajo ofertas por más de US$ 58.9 millones, lo que permitirá alocar los fondos en futuros proyectos solares. Este éxito refuerza la confianza del mercado en la solidez crediticia y el compromiso ambiental de la compañía.

La Obligación Negociable (ON) dólar hard (MEP) Clase XLVII, emitida por un monto de US$ 48.3 millones, ofrece un cupón fijo del 6,00%, con intereses pagaderos semestrales y vencimiento en octubre 2028. Fue emitida a un precio de 100%. Este nuevo instrumento cuenta con una calificación AA.ar de Moody’s Local, quien destaca la sólida posición competitiva en el mercado de energía renovables de la compañía, destacando la flexibilidad financiera, altos márgenes de rentabilidad y una estable generación de flujo de fondos. Por otro lado, la nueva ON se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo su decimoquinto instrumento con etiquetado verde en el panel.  

Esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Cocos Capital S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Petrini Valores S.A., Invertironline S.A.U., Banco Supervielle S.A. y PP Inversiones S.A. actúan como Colocadores.

Genneia continúa afianzando su liderazgo en finanzas sostenibles en el mercado local e internacional, habiendo emitido Obligaciones Negociables por más de US$850 millones de dólares en los mercados de capitales local e internacional. Asimismo, la compañía superó 1 GW de capacidad instalada renovable a principios de 2024, hito destacado que consolida su liderazgo en el sector y que refuerza su compromiso con las buenas prácticas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. 

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Durante este año, Enel Colombia ha realizado la entrega de los Certificados Internacionales de Energía Renovable I-REC (Renewable Energy Certificates) a más de 150 empresas del país, constatando que el uso de la energía en sus operaciones en 2023 provino de fuentes 100% renovables, desde las centrales de generación hídricas de la Compañía.

Cafam, Crepes & Waffles, Lafayette, la Embajada de Estados Unidos, Casa Luker, Nestlé, RCN Radio, y las universidades La Sabana, Javeriana, y Sergio Arboleda, son algunas de las que han recibido estos reconocimientos. 

Durante el 2023, Enel certificó 1.343 GWh de energía limpia a sus clientes del mercado no regulado en Colombia, que se constituyen en aportantes directos para mitigar los efectos del cambio climático y contribuir con la reducción de la huella de carbono, al representar el equivalente a alrededor de 232 mil toneladas de CO2 en compensación de emisiones.

“Desde Enel Colombia le apostamos a acelerar el uso de energías limpias en las empresas e industrias del país con el objetivo de seguir promoviendo la transición energética y el desarrollo sostenible.

Con mucha satisfacción entregamos los certificados I-REC a nuestros socios comerciales, que se han venido sumando para construir un futuro más verde”, expresó Dario Miceli, Gerente de Energy and Commodity Management para Enel Colombia y Centroamérica.

Los I-REC son respaldados por un sistema global de certificación de energías limpias liderado por The International REC Standard. 

Estos validan que el origen de la energía utilizada en los procesos de producción proviene de fuentes 100% renovables (Cada certificado REC equivale a 1 MWh de energía eléctrica, proveniente de fuentes renovables), lo que además de beneficiar al ambiente, permite dar un valor agregado al producto o servicio proporcionado ante el consumidor final.

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En el marco de la primera versión del fondo comunitario Creciendo Juntos de Pacific Hydro y, con el propósito de impulsar proyectos comunitarios innovadores para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las distintas organizaciones sociales y comunidades indígenas de la localidad de Los Loros en la Región de Atacama, presentaron un total de 14 iniciativas ante la comisión evaluadora, de las cuales 11 fueron adjudicadas.

Para esta edición, el jurado estuvo compuesto por la seremi de Energía de Atacama Yenny Valenzuela, Neyel Marín representante de PTI Energía Atacama, Catalina Guerrero, directora de Dideco de la Municipalidad de Tierra Amarilla, Nicole Hawas, analista de relaciones comunitarias del Ministerio de Energía, Jonathan Cortes y Jaime Giovanetti; representantes de Pacific Hydro.

“Como Gobierno estamos muy contentos de ver cómo los proyectos de energía crean valor junto a las comunidades en las que se instalan, para nosotros este impacto social positivo es tan importante como su impacto económico y medioambiental. Cómo Ministerio de Energía siempre estaremos felices de apoyar este tipo de instancias”, comentó Yenny Valenzuela, seremi de Energía de Atacama.

Al respecto, el gerente ejecutivo de Recursos Humanos, Relaciones Comunitarias y Asuntos Corporativos de Pacific Hydro, Juan Pablo Villanueva dijo: “Estamos muy contentos de ver cómo esta iniciativa, en su primera edición en la región de Atacama, moviliza a los líderes y comunidad a trabajar colaborativamente por generar un cambio e impactar positivamente en su localidad. Para nosotros, el programa Creciendo Juntos es un elemento central que nos permite la vinculación y el entendimiento de la realidad de cada organización permitiéndonos trabajar en forma empática y cercana junto a las comunidades”.

El fondo ofrece a la comunidad la oportunidad de activar y motivar a los integrantes de sus organizaciones, con el objetivo de promover una dinámica de colaboración y asociatividad, presentando iniciativas de inversión social. En esta primera versión, se presentaron proyectos en dos categorías principales: eficiencia y acceso a energía o agua, y una variedad de otras áreas, como cultura, turismo, deporte y recreación, emprendimiento comunitario, educación y capacitación, infraestructura e implementación comunitaria, y medio ambiente.

Es importante destacar que el fondo concursable Creciendo Juntos de Pacific Hydro ha permitido dar vida a más de 300 sueños comunitarios y se ha consolidado como una importante instancia de diálogo y colaboración permanente en los territorios en los que la Compañía está presente, desde hace 18 años.

“Agradecemos a los vecinos y vecinas que participaron activamente en esta primera versión del fondo en la Región de Atacama, demostrando su compromiso y energía en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos. ¡Juntos, seguimos construyendo un futuro más sostenible y próspero para Los Loros!”, concluyó Villanueva.

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Future Energy Summit (FES) regresa a Bogotá los días 29 y 30 de octubre, consolidándose como el encuentro más importante que congrega a los stakeholders más relevantes del sector de las energías renovables. El evento, que tendrá lugar en el JW Marriott Hotel Bogotá, reunirá a más de 500 profesionales, líderes empresariales y expertos para discutir las tendencias clave y las oportunidades de crecimiento en la transición energética de Colombia y la región.

Con un aforo casi completo, el encuentro es clave para conocer las últimas tendencias del mercado y vincularse con los principales actores del sector. Las últimas entradas pueden adquirirse a través de este enlace.

Innovación y oportunidades en FES Colombia

La agenda en FES Colombia abordará los temas más relevantes concernientes a las energías renovables, desde cómo se están integrando las fuentes eólica y solar fotovoltaica, el rol del almacenamiento, las políticas energéticas y las últimas tendencias tecnológicas. Con un enfoque en los desafíos y oportunidades actuales del sector, el evento también proporcionará espacios exclusivos para networking, permitiendo la conexión entre empresas, instituciones y líderes del sector.

Entre los speakers recientemente confirmados destacan Gonzalo Betancur, gerente de Energía en Ecopetrol, quien representará la visión de una de las compañías energéticas más importantes del país. También estará presente Katharina Grosso, gerente comercial y de Business Intelligence en Promigas, quien compartirá su experiencia en soluciones energéticas innovadoras, y Sandra Téllez, superintendente para Energía y Gas Combustible en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, abordando la regulación del sector en Colombia.

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Otros ejecutivos clave incluyen a María Juliana Tascón, country manager de Ecoener; Alejandro Ospina, country manager de Zelestra; Orlando Pinilla, director de Ingeniería y Construcción en AES Colombia; Felipe de Gamboa, country manager de EDP Renewables; Camilo Rincón, vicepresidente de ACOSOL; Roberto Cajamarca, director de Gestión del Conocimiento en ADELAT; Alejandra Hernández Saravia, presidenta ejecutiva de SER Colombia; y Enrique de Ramón, vicepresidente de Desarrollo de Negocios en AES Andes.

El futuro de FES: Conexiones y expansión en 2025

Este evento en Colombia es parte de la Gira FES, una serie de encuentros internacionales que se expanden año tras año. En 2025, FES ampliará su presencia en la región con la incorporación de Perú como nuevo destino. De esta manera, FES continúa consolidándose como una plataforma fundamental para la transición energética en Latinoamérica y Europa.

Con paradas en Argentina, el Caribe, México, España y otros destinos estratégicos, esta gira internacional ofrece un espacio exclusivo para que empresas y líderes del sector intercambien conocimientos, fortalezcan alianzas y participen en debates clave sobre el futuro de la energía limpia.

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