A través del Decreto 718/24, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei ordenó la prórroga por un año de las cuatro concesiones hidroeléctricas del Comahue —Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados— y, al mismo tiempo, confirmó que, a más tardar en seis meses, convocará a una licitación internacional para readjudicar la titularidad de las represas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, cuyo contrato de concesión original expiró en el segundo semestre del año pasado.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había adelantado la decisión a directivos de las empresas que están a cargo de la operación de las centrales eléctricas —AES, Aconcagua Energy, Central Puerto y Enel— en una reunión realizado el viernes 2 de agosto. En ese encuentro, el funcionario adelantó a los representantes privados que la administración nacional está negociando con los mandatarios de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, la posibilidad de que las provincias desistan de cobrar un canon sobre el agua que utilizar las represas para generar energía a cambio de que Nación impulse una mejora en el régimen de regalías que perciben las gobernaciones patagónica, según indicaron a EconoJournal fuentes privados.
Las regalías regalías hidroeléctricas están fijadas por Ley en un 12% de la energía generada, pero en los últimos 20 años, ese monto se redujo significativamente por el avance de la intervención del Estado nacional sobre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Como la Secretaría de Energía pasó a determinar de forma discrecional —a través de un esquema de ‘costo plus’—cuánto cobran las empresas que controlan las represas del Comahue, la cuenta para calcular las regalías provinciales se distorsionó. En términos resumidos, así como los cuatro concesionarios sufrieron una fuerte merma de sus ingresos provenientes de la operación de sus activos hidroeléctricos, la recaudación de las arcas provinciales también se retrajo.
Una imagen panorámica de la represa Chocón.
Por eso, en la segunda mitad de 2023, en la antesala de que empezaran a vencer las concesiones de las centrales hidroeléctricas (las de Chocón, Alicurá y Cerros Colorados expiraron el 11 de agosto del año pasado), tanto Neuquén como Río Negro empezaron a impulsar proyectos legislativos para establecer el cobro de un canon sobre el uso del agua en las represas. La avanzada de las provincias nunca tuvo el visto bueno de Nación, que ahora abrió una mesa de negociación para que los gobernadores desistan de la percepción del canon a cambio de que el Estado nacional impulse una mejora en los ingresos que perciben las provincias en materia de regalías.
Según comentaron a este medio las fuentes consultadas, una de las ideas sobre las que se trabaja es que Neuquén y Río Negro puedan empezar a cobrar las regalías en especie —es decir, en forma de energía— para luego venderla por su cuenta a agentes del mercado (industrias, generadoras o distribuidoras eléctricas), obviamente a un precio más caro. Para eso, las provincias deberían recurrir a empresas comercializadoras —en algunos casos ya existen empresas públicas que podrían jugar ese rol— para poder firmar contratos en el MEM.
Consultado por este medio, el ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, dijo que aún no se acordó con Nación ningún aspecto del pago de regalías ni del canon y dijo que el asunto “está en conversaciones”.
“(El decreto) no es todo lo claro que hubiésemos pretendido desde la provincia. Ahora esperamos el trabajo en conjunto para determinar los pagos adicionales ya sea por canon o por regalías”, sostuvo. Es probable que este martes se concrete una reunión entre funcionarios del gobierno nacional y los mandatarios patagónicos para avanzar sobre esta agenda.
Contrato PPA
De fondo, lo que debe definir en los próximos seis meses el gobierno de Javier Milei es qué negocio les ofrecerá a los inversores interesados en participar de la relicitación de las represas hidroeléctricas. Desde hace años, la remuneración que reciben las empresas que generan electricidad en esas centrales se calcula de la siguiente manera: el Estado releva la estructura de costos de operación y mantenimiento de las represas y luego autoriza un pequeño margen de rentabilidad. Muy lejos de los parámetros de oferta y demanda que funcionan en un mercado libre como el que defiende el gobierno libertario. En los últimos años el monto de esa remuneración estuvo fijada en pesos, por lo que la inflación licuó el valor del negocio por la aceleración de la inflación y de la nominalidad de la economía.
El punto, hacia adelante, es qué tipo de negocio se les ofrecerá a los empresas eléctricas para intentar elevar el atractivo de la licitación. Desde que asumió, Rodríguez Chirillo estuvo convencido de poder avanzar rápidamente hacia una liberalización del mercado eléctrico. Incluso llegó a redactar una extensa regulación del reforma del sector que discutió el pasado 9 de julio con el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, pero el titular del Palacio de Hacienda frenó la publicación de la norma por el daño potencial que acarrearía su implementación. Sencillamente porque aún no están dadas la condiciones para avanzar con una apertura irrestricta del mercado.
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.
La percepción mayoritaria entre los directivos consultados por este medio es que seis meses no es tiempo suficiente para concretar la tan mentada liberalización del MEM que persigue el secretario de Energía. A raíz de eso, lo más probable, si el gobierno quiere cumplir con los plazos dispuestos por el Decreto 718/24, es que deba apelar a algún esquema de contractualización a largo plazo para asegurarle a los privados en moneda dura cuánto cobrarán durante una nueva concesión de los activos.
No está definido, en el seno del gobierno, con qué tipo de contractualización se debería avanzar. Durante la gestión del ex ministro de Economía, Sergio Massa, se evaluó reconcesionar las represas por medio de contratos de Operación y Mantenimiento (O&M) firmados con el Estado nacional. Pero si la intención es que el sector público se retire del negocio para facilitar un mercado entre privados, una posibilidad es ofrecer un contrato de venta de energía (PPA, por sus siglas en inglés) entre los nuevos concesionarias y empresas distribuidoras de electricidad, siempre y cuando se pueda transicionar hacia un mercado libre de electricidad.
«Chirillo no nos dio mayores precisiones. Sería bueno que consulte a las empresas acerca de cómo ordenar hacia adelante el segmento de generación hidroeléctrica. Hace años que venimos estudiando y pensando alternativas. Pero aún no nos han consultado y no soy muy optimista de que lo hagan», señaló una de las fuentes consultadas.
Decreto
Las cuatro compañías mencionadas están a cargo de las centrales hidroeléctricas ubicadas en los ríos Neuquén y Limay desde 1993 cuando el gobierno de Carlos Menem las adudicó por un plazo de 30 años. Una vez vencido ese período —que llegó a su fin el año pasado—, el Estado nacional debía definir si tomaba el control de los mismos o avanzaba hacia una nueva concesión, algo que fue definido ayer en mediante Decreto 718.
Según lo que establece, la nueva prórroga tendrá una duración de un año, salvo que las represas se readjudiquen antes de ese plazo. En esa dirección, el artículo 6 de la norma llama a Concurso Público Nacional e Internacional “competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las sociedades Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, Chocón Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina sociedad anónima y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA.
Por otro lado, ordena a Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) transferir las acciones a la Secretaría de Energía, en conformidad con lo establecido en el capítulo de Privatizaciones de la Ley Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los Argentinos.
En cuanto al plazo de prórroga, establece que en caso de no adherir los concesionarios mencionados están obligados a continuar con la generación de energía eléctrica por un plazo no inferior a 45 días hábiles.
El Decreto 718 prácticamente no hace mención de las provincias de Neuquén y Río Negro, dueñas del recurso hídrico desde la Constitución de 1994. El hecho fue cuestionado por sectores políticos provinciales que desde hace dos años pedían que se tenga en cuenta a los gobiernos locales en la administración del agua.
Solo se menciona que las concesionarias que continúen operando deberán “abonar el esquema de regalías para las provincias de Río Negro y del Neuquén que se acuerde entre la Secretaría de Energía, siempre respetando la proporcionalidad de los ingresos reconocidos”.
El mes pasado, Neuquén había aprobado la Ley 3442 que faculta a la provincia a cobrar un canon por el uso del agua para la generación eléctrica. El mismo texto, sostiene que el canon puede reducirse en tanto se incremente el monto de las regalías. Río Negro también aprobó una ley similar.
Desde la empresa AES Argentina, subsidiaria de la multinacional AES Corporation, afirmaron que “creemos que la decisión de que sean las empresas privadas, con probada experiencia en la operación de este tipo de activos tan importantes, las que operen estas centrales en el futuro, es un paso en la dirección correcta”.
Al mismo tiempo aseguraron que “vamos a seguir operando la central de manera profesional, tal como lo hicimos los últimos 30 años, hasta que el gobierno pueda concretar la licitación de la nueva concesión”.
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, Laura Hevia y Nicolás Gandini
