OPINION
Informe de la Fundación Encuentro
El gobierno argentino volvió a aumentar las tarifas de energía, que en algunos casos llevan acumulado casi un 600 % de incremento en lo que va del año, impactando directamente en la economía de todas las familias del país.
Bajo el lema de que los hogares deben pagar “lo que realmente cuesta la energía”, las autoridades justifican estas subas de tarifas sin asumir la responsabilidad sobre las decisiones de política pública que influyen en la factura final que pagan los usuarios.
Es imposible hablar de un “costo de la energía” en abstracto, puesto que ese costo está estrechamente vinculado con las políticas que decide o deja de implementar el Estado.
Es decir: la postura del gobierno de desentenderse del valor final de las tarifas es simplemente un pretexto para no asumir la responsabilidad que tiene como gestión.
La actual gestión energética ha adoptado una posición pasiva, dejando de lado oportunidades clave para reducir costos y mejorar la infraestructura de los servicios energéticos. En lugar de utilizar los recursos estratégicos y las condiciones favorables del mercado para aliviar el peso sobre los consumidores, el gobierno ha preferido trasladar sus ineficiencias a los usuarios finales.
A pesar de comenzar el año con precios de energía históricamente bajos en dólares, en julio de 2024, el costo de la generación aumentó a 95,5 USD por MWh (mayor al de julio de 2023, y superior al promedio que se ha pagado entre 2013 y 2023).
El peso del pago de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica en relación con los ingresos para las familias de menores ingresos pasó de ser del 3,9 % en noviembre de 2023 al 12,8 % en agosto de 2024.
Se pasó de un sistema que focalizaba subsidios en las familias de ingresos medios y bajos, a uno que subsidia a todos los hogares residenciales.
Con costos de generación crecientes, el gobierno no ha avisado a la fecha cómo va a continuar el camino de quita de subsidios para dar previsibilidad a las familias.
Así, la afirmación de que los usuarios deben pagar “lo que realmente cuesta la energía” se convierte en una falacia que una falta de visión y compromiso con las verdaderas necesidades del país.
Aumentos tarifarios: la falacia del costo real.
Cómo se Componen las Tarifas de Energía Eléctrica.
Las tarifas que pagan todas las familias en Argentina reflejan la sumatoria de cuatro componentes claves:
Generación. Es el precio con el que se paga la generación de energía y se encuentra regulado por la Secretaría de Energía de la Nación.
Transporte. Incluye los costos asociados al traslado de la energía desde los puntos de generación hasta los de consumo.
Distribución. Corresponde a las empresas que entregan la electricidad a los usuarios finales. Las tarifas de distribución están reguladas por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) en el caso de las empresas EDENOR y EDESUR. El resto de las distribuidoras se regula según la provincia en que se encuentre.
Impuestos. Incluyen cargas fiscales a nivel provincial y nacional.
Entonces, cuando una familia paga la tarifa, está pagando estos cuatro componentes. Los “subsidios a la energía eléctrica” se producen:
A nivel nacional, cuando lo que se paga por el componente “energía” no llega a cubrir lo que se debe pagar a las empresas generadoras de energía (que se representa en el “precio monómico”).
A nivel de cada jurisdicción cuando lo que se paga por la distribución (lo que se denomina “Valor Agregado de Distribución” o VAD) no cubre los costos de las empresas.
¿Qué significa que debemos pagar lo que sale la energía?
El discurso que el gobierno intenta consolidar afirma que se debe trasladar a las tarifas que pagan las familias el costo real de la energía. Sin embargo, esto esconde que el valor de esa energía no viene “dado” sino que está íntimamente relacionado con las decisiones de política que se tomen desde el mismo gobierno.
Hay dos posiciones que puede adoptar el Estado para reducir la cuenta de subsidios energéticos en las que las tarifas reflejen el costo “real” de la energía.
La primera es una posición pasiva, en la cual las autoridades optan por no involucrarse en la determinación del costo y sólo se concentran en trasladarlo, cualquiera sea el valor, a las tarifas de las familias.
La generación de energía en Argentina se estructura bajo el concepto de precio monómico, que integra los costos de producción, transporte y potencia en un solo precio.
Los generadores son remunerados por la energía que producen, y estos ingresos están condicionados por varios factores:
Costo de Energía Generada: Depende del tipo de insumo (gas, petróleo, renovables, etc.).
Costo de Transporte: Incluye la logística para mover la energía desde las plantas hasta los consumidores.
Costo de Potencia: Relacionado con la capacidad de las plantas de garantizar el suministro durante picos de demanda.
La variación entre las facturas de las familias a lo largo del país se explica por el VAD, y no por el valor de la generación que es igual para todo el país.
La segunda opción consiste en concentrarse desde la política energética en la “reducción de costos del sistema” y tomar decisiones de política pública para lograr que la energía cueste menos y, por lo tanto, que el traslado a los usuarios tenga un menor impacto.
Dicho simplemente: si producir y distribuir la energía cuesta menos, pagar el “costo real de la energía” para un usuario cuesta menos.
La posición “pasiva” de la Secretaría de Energía en 2024
La gestión actual de la Secretaría de Energía partió de una posición favorable al contar con precios relativamente bajos de generación de energía en comparación con administraciones anteriores.
En diciembre de 2023 y enero de 2024, gracias a las obras del Gasoducto “Presidente Néstor Kirchner” (GPNK) y a las lluvias que permitieron aumentar la generación hidroeléctrica, el MWh de la generación costó 20 USD menos que en 2023.
Sin embargo, la Secretaría evitó tomar decisiones que permitirían en el corto y mediano plazo asegurar precios más bajos en la generación de energía. A saber:
Retraso en las obras complementarias del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. A pesar de las previsiones climáticas, la Secretaría optó por retrasar la finalización de obras clave complementarias al gasoducto inaugurado en 2023. Esto limitó la capacidad de transportar gas de Vaca Muerta a diferentes regiones del país, obligando al gobierno a depender de insumos importados más costosos.
Decisión tardía de importar GNL. A pesar de contar con información desde enero, la Secretaría postergó la compra de GNL hasta último momento, lo que resultó en la necesidad de adquirir gas a precios elevados en el mercado internacional y puso, en mayo de 2024, en riesgo de desabastecimiento de gas a todo el país.
Esta falta de previsión incrementó los costos de generación y, por ende, las tarifas o subsidios necesarios para compensar estos costos.
Producto de dicha situación, el gobierno debió: cortar el gas a industrias y estaciones de servicio (GNC); Gastar mas de USD 500 millones para realizar subastas de combustibles líquidos para abastecer a las generadoras de electricidad; Salir a licitar de urgencia barcos de gas natural licuado (GNL), y Solicitar asistencia a Brasil para conseguir un barco de GNL adicional de refuerzo en Escobar.
El default a las generadoras de energía eléctrica.
A pesar de haber recibido precios históricamente bajos de generación eléctrica, el gobierno no previó el pago de esa generación, lo que culminó en una quita en el pago a la generación, abriendo un potencial pasivo litigioso.
Baja de la licitación de energía térmica.
En julio de este año, la Secretaría de Energía dio de baja una licitación finalizada en noviembre de 2023 que permitía reforzar la generación térmica en nodos críticos. A la par, se hizo pública la preocupación de fallas en la generación de energía en el verano.
Anuncio de privatizaciones.
En el marco de los anuncios de privatizaciones y concesiones al sector privado de energía, la Secretaría de Energía ha evitado pronunciarse sobre sus políticas de corto y mediano plazo para el sector. La preocupación por asegurar ganancias al sector privado choca de manera directa con las previsiones para la población.
Las medidas no tomadas han tenido un efecto claro:
A pesar de haber comenzado 2024 con un costo de generación bajo, a partir de julio de 2024 el costo ha sido superior al de 2023 y la proyección de la industria, conforme la información pública disponible muestra costos de generación proyectados más elevados hasta octubre de 2024.
En conclusión, a lo largo de 2024 podemos ver tanto: El efecto del GPNK en la reducción del costo de la energía; Y el efecto de la actitud pasiva de la Secretaría de Energía en el aumento de los costos de generación.
La Evolución de las Tarifas en 2024 e inconsistencias del discurso oficial.
Ahora bien, si el costo de la energía no está dado, ¿cómo se paga ese valor cuando el precio pagado por los usuarios no es suficiente para cubrir el costo de la generación?.
La Secretaría de Energía llevó adelante este proceso de dos maneras. Por un lado, trasladando el mayor costo a los usuarios finales y, por el otro, realizando por primera vez en la historia un default a las generadoras de electricidad. Es decir, en los primeros meses de gobierno, cuando la energía era la más barata de los últimos años medida en dólares, el gobierno optó por cortar la cadena de pago a las empresas generadoras.
¿Cómo puede ser que a la vez que subieron las tarifas, se les dejó de pagar a a las empresas?.
La respuesta es que los aumentos tarifarios han sido ineficientes e innecesarios, escondiendo bajo el lema de “pagar lo que sale la energía”, la mala gestión de la Secretaría de Energía. La población paga por la ineficiencia del gobierno.
En lo que va de 2024, las tarifas de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han experimentado aumentos desproporcionados, llegando casi al 600 % para algunos hogares.
En términos de cobro de tarifas, los hogares residenciales se dividen en: a) mayores ingresos o N1, b) ingresos medios o N3, y c) menores ingresos o N2.
Un largo camino por recorrer.
Aunque las tarifas han aumentado de manera significativa, aún queda un largo camino para alcanzar el costo pleno de la energía si los subsidios fueran eliminados. La falta de previsión y la gestión pasiva de la Secretaría de Energía han llevado a un escenario en el que los aumentos no se traducen en una reducción efectiva de subsidios, sino en un mayor peso financiero para las familias sin el beneficio de una cobertura completa de los costos.
Los aumentos tarifarios se han distribuido de manera desigual según el nivel de ingresos de los hogares. Las familias con ingresos más bajos (segmento N2) han visto a iguales niveles de consumo, incrementos acumulados de entre 334-598 %, mientras que las familias del segmento N3 han enfrentado aumentos de hasta el 615 %.
Este panorama muestra una disparidad preocupante: los sectores de menores ingresos, quienes más dependen de los subsidios, son los que proporcionalmente más han visto subir sus tarifas.
A pesar de este incremento significativo, es crucial señalar que estas subidas no se reflejan necesariamente en una reducción de los subsidios a la energía. Contrario a lo que podría esperarse, las tarifas crecientes no han logrado cerrar la brecha entre el costo real de la energía y el precio que pagan los usuarios finales.
El objetivo de que las familias paguen “lo que realmente cuesta la energía” está lejos de alcanzarse. A septiembre de 2024, la cobertura de los costos de la energía eléctrica no llega al 100 % en ningún segmento de usuarios finales, y mucho menos en los residenciales. En promedio, la cobertura del costo de abastecimiento de gas es del 55 % para los usuarios N1, mientras que los usuarios N2 y N3 pagan solo el 20 % y 25 % del costo, respectivamente.
Del mismo modo, la cobertura de costos eléctricos se ubica en el 86 % para los usuarios N1, y en 24 % y 38 % para los N2 y N3, respectivamente.
El futuro de la política de subsidios
En mayo de este año el gobierno nacional anunció un “Período de transición hacia subsidios energéticos focalizados”, que supuestamente debería finalizar el 30 de noviembre de 2024, con la posibilidad de prorrogarlo hasta seis meses adicionales.
Durante este período, el gobierno ha anunciado su intención de reestructurar los subsidios a la energía para asegurar que los “costos reales” se trasladen progresivamente a los usuarios limitando los subsidios a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, aunque el discurso oficial subraya la previsibilidad y gradualidad en la implementación, la realidad muestra una preocupante falta de claridad y consistencia en las acciones del gobierno.
A la fecha, con solo tres meses restantes para el término del Período de Transición, no se ha publicado información concreta sobre cuál será el régimen de subsidios a partir de diciembre de 2024 ni cómo las familias podrán afrontar los costos de la energía. Esta falta de previsibilidad es alarmante, especialmente considerando que la carga económica sobre los hogares ha aumentado de manera drástica durante el año.
Además, el gobierno decidió desacoplar los aumentos tarifarios de los aumentos en el salario, una relación que venía establecida en función del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Para hacerlo, argumentó que esos topes resultaban en subsidios crecientes que no podían ser sostenidos por el Tesoro Nacional. Sin embargo, este ajuste, lejos de traer claridad, deja a las familias en una posición incierta respecto a cuál será el impacto real en sus finanzas y qué medidas tendrán que tomar para enfrentar posibles incrementos tarifarios aun mayores.
De esta manera, como señalan los estudios del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (Instituto Interdisciplinario de Economía Política – UBA Conicet), hasta el 2024 “el peso máximo de los servicios públicos energéticos sobre el salario RIPTE se observa en junio de 2019 con una carga del 5,6 % sobre el salario promedio registrado”.
En agosto de 2024, “(…) tomando el ingreso mínimo de cada segmento de ingresos, la factura promedio de los servicios públicos de luz y gas en el AMBA tiene un peso de 1,8 % para los N 1, de 12,8 % para los N 2 y de 4,4 % para los N 3” con respecto al salario. La política del gobierno nacional afecta desproporcionadamente a los sectores de ingresos más bajos.
Con respecto al camino de subsidios a futuro, la Secretaría de Energía ha anunciado la implementación de un esquema que llamó “Canasta Básica Energética” (CBE), propuesto como la solución futura para focalizar los subsidios.
Sin embargo, aún no tiene una fecha clara de inicio ni un plan detallado de ejecución. Se anuncia una transición hacia un modelo “más justo y eficiente”, pero a 9 meses de su anuncio no se brinda información para que las familias puedan planificar su economía.
La falta de un sistema definido y operativo para el acceso a subsidios después del Período de Transición genera incertidumbre y contradice los principios de previsibilidad y gradualidad que el gobierno proclama.
Conclusión
A lo largo de 2024 las tarifas de energía eléctrica para algunas familias han experimentado aumentos de hasta un 600 %, sin que estos incrementos se traduzcan en una reducción efectiva de los subsidios ni en una cobertura completa de los costos de generación. Esto no solo contradice la narrativa oficial, sino que agrava la situación económica de los sectores más vulnerables.
La ausencia de un plan claro para el período post-transición y la falta de un cronograma detallado sobre la implementación del esquema de Canasta Básica Energética (CBE) generan una incertidumbre que impacta negativamente en la capacidad de las familias para planificar su economía.
En lugar de ofrecer la previsibilidad y gradualidad prometidas, el gobierno ha optado por medidas que, lejos de mejorar nuestro sistema energético, trasladan los costos de su ineficiencia a los usuarios finales.
Además, la decisión de desacoplar los aumentos tarifarios de los incrementos salariales mediante la eliminación del vínculo con el CVS muestra un claro desinterés por proteger el poder adquisitivo de los hogares. Esta postura no solo incrementa la carga financiera del pago de servicios esenciales sobre los consumidores, sino que también pone en riesgo la viabilidad del acceso a servicios básicos como la electricidad y el gas para muchas familias.
El gobierno se enfrenta a una encrucijada: continuar justificando los aumentos tarifarios bajo el pretexto de “pagar lo que cuesta la energía,” mientras las decisiones de política energética no reflejan un compromiso real con la reducción de costos, o implementar un cambio radical en la estrategia, enfocándose en la gestión de los recursos energéticos que priorice la eficiencia, la transparencia y la equidad.
Hasta ahora, las acciones tomadas sugieren que se ha optado por la primera opción.
