El miércoles a última hora el Senado dio sanción por unanimidad al proyecto de Ley que Promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad (Boletín 14.731-08).
Desde la industria de las renovables ahora esperan que el Gobierno nacional promulgue el proyecto y que el 2023 inicie con los decretos reglamentarios que plasmen su articulado.
“Este es un proyecto fundamental para continuar avanzando con nuestras metas de hacer más verde nuestra matriz energética”, destacó el ministro de Energía, Diego Pardow, durante la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado.
En una entrevista –ver– con Energía Estratégica, Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), planteó este proyecto servirá para impulsar los objetivos de transición energética que tiene Chile, especialmente el reemplazo de 5 GW de las centrales a carbón.
“Se requerirán aproximadamente 22,5 GW de almacenamiento y renovables que van a demandar 30 mil millones de dólares sólo para el segmento de generación; de eso hay por lo menos 1,6 a 2 GW de sistemas de almacenamiento al 2030”, resumió Rojas.
Por su parte, Pardow recordó que esta ley también permitirá mitigar el problema que están atravesando algunas empresas generadoras en Chile.
“Es de público conocimiento que hay empresas de energías renovables que están experimentado problemas de ingreso debido al vertimiento de energía que hay en el norte de país y esto es energía que no se está consiguiendo inyectar al Sistema Interconecta Central, si no que se está botando literalmente”, advirtió la máxima autoridad de la cartera de Energía.
Y destacó: “La idea de este proyecto de almacenamiento es remunerar adecuadamente este servicio y que permita acumular la energía renovable e inyectarla en horas oscuras”.
Otro de los objetivos que tiene este proyecto es promover la electromovilidad. Por esta razón, se busca rebajar transitoriamente por 8 años el costo de los permisos de circulación de los vehículos eléctricos para equipararlo con el de vehículos de combustión interna, los cuales son en promedio un 65% más barato. En los primeros dos años existirá una eximición total, la cual irá disminuyendo gradualmente hasta el octavo año.
