El pasado primero de octubre la doctora Claudia Sheinbaum Pardo asumió el cargo de presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. “Tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros están seguras en el país”, expresó Sheinbaum, durante su primer mensaje como titular del poder ejecutivo. 

Aquel pronunciamiento fue bien recibido por la iniciativa privada. Entre ellos, Francisco Granados, director general de la Asociación de Comercializadores de Energía (ACE), aseguró que “este mensaje de nuestra presidenta empieza a tener mucha relevancia hacia el futuro que vamos a tener en este sector”.

Además, el directivo del ACE valoró como positivo que dentro de las primeras 100 acciones de gobierno, la presidenta haya considerado varias para el desarrollo del sector energético y en particular para el sector eléctrico. Sin embargo, subrayó la necesidad de que no haya cambios en materia legal y regulatoria. 

Durante su participación en un evento organizado por la Asociación Iberoamericana de Comercio de Energía (AICE), Francisco Granados recordó que el marco legal actual tiene sus raíces en la reforma constitucional de 2013 y se consolidó con la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica en 2014, junto con sus reglamentos y las bases del mercado eléctrico en 2015. Según el directivo, este marco permitió un gran desarrollo del sector, que podría continuar si no se modifica. 

“Bajo este esquema en México se han desarrollado alrededor de 89,000 MW y su correspondiente inversión. En los próximos 15 años, necesitaremos de 93,000 MW más; es decir, desarrollar casi otro sistema eléctrico como el que hoy tenemos en México”, explicó Granados.

El crecimiento sostenible del mercado eléctrico, que hoy cuenta con 48.2 millones de usuarios finales y 1,200 usuarios calificados o libres, depende del cumplimiento de las reglas existentes, según el representante de Comercializadores. 

Por ello, en lugar de explorar nuevas opciones, la prioridad para el sector debería ser la aplicación rigurosa de la normativa vigente. “Antes de empezar a revisar si tenemos que implementar nuevos modelos, lo que tenemos que hacer en México es que se cumplan las leyes, los reglamentos y las bases del mercado que en este momento ya existen”, sostuvo.

El director general de la ACE también dio a entender que la reforma promovida por la administración saliente no debiera darse a lugar y enfatizó las deficiencias regulatorias que se vivieron durante aquel sexenio, lo cual afectó la certeza jurídica y el desarrollo del sector eléctrico. Desde su experiencia en comercialización aseguró que a pesar de contar con manuales y mecanismos regulatorios, en algunos periodos no se respetaron los lineamientos establecidos. Esto, afirmó, se tradujo en una falta de confianza por parte de los actores del mercado.

Transparencia en el sector eléctrico 

El directivo compartió la esperanza de que con una nueva administración en el gobierno no sólo se vuelva a garantizar la certeza jurídica sino también la transparencia en el acceso a la información.

Granados señaló que un elemento clave para el desarrollo del mercado eléctrico es la publicación de indicadores y datos relevantes, los cuales han estado ausentes en los últimos años. 

De allí, hizo hincapié en la importancia de la vigilancia del mercado por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Monitor Independiente del Mercado, lamentándose de que el último reporte del Monitor se haya emitido en el año 2020.

Por eso, insistió: “Lo que estamos buscando es que se ejerza a cabalidad todo el marco legal y regulatorio ya establecido”.

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