Desde enero de 2019 y en virtud del Consenso Fiscal suscripto el 13 de septiembre de 2018, que fue aprobado a través de la Ley N° 27.469, cada una de las provincias acordó definir la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de sus usuarios residenciales. Con esta decisión, la responsabilidad que tenía Nación de solventar el esquema de Tarifa social -a fin de que determinados usuarios paguen un precio más bajo por los servicios públicos- se trasladó a cada una de las jurisdicciones y fueron las provincias las que decidieron darle continuidad o no al esquema.

Tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal se decidió seguir con el esquema de subsidios que estaba vigente, heredado de lo que era la tarifa social nacional, y continuar subsidiando la tarifa de los usuarios. Frente a este escenario, en 2023 la Provincia devengó en concepto de Tarifa Social cerca de $18.000 millones de pesos. En diálogo con EconoJournal, el Subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, indicó que “para este año se estima que esta política de subsidios implicará una erogación de $53.600 millones, representando un incremento del 184% respecto de 2023”.

Esto es así porque desde la Provincia se estableció un nuevo régimen de Tarifa Social Eléctrica -aprobado a través de la Resolución 771/2024 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires – y con esto la cobertura de usuarios pasó de 1,7 millones de beneficiarios a tres millones, incluyendo a los usuarios N2 que no estaban dentro de la Tarifa Social.

¿Cómo funciona la Tarifa Social?

Si bien el gobierno nacional definió que el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) para los usuarios del Nivel 2 (bajos ingresos) – en el que se encuentran los beneficiarios de la Tarifa Social- sea más bajo en comparación con el de los consumidores del Nivel 1 (altos ingresos) y del Nivel 3 (ingresos medios), los usuarios alcanzados por Tarifa Social que consumen hasta 150 kWh/mes no abonan el PEST, que es uno de los tres componentes que se cargan en la factura de electricidad, junto con el Valor Agregado de Distribución (VAD)  y el margen de transporte.

En los hechos, la Tarifa Social implica dos bloques subsidiados de 150 kWh/mes (consumo base) para los usuarios. El primer bloque cuenta con un subsidio del 100% que es financiado por el gobierno provincial, es decir, la Tarifa Social subsidia el 100% sobre el PEST, ya su vez, tiene un descuento del 50% sobre el bloque de 150 KWh/mes excedentes.

Si los usuarios tienen un consumo que se ubica por encima de los 300 KWh/mes, deben abonar el precio estacional de Nivel 2 pleno, es decir, sin subsidio.

El esquema está destinado a usuarios residenciales con un ingreso neto inferior a dos jubilaciones mínimas, hogares con ingresos limitados a gastos de subsistencia.

También, a hogares donde cualquier integrante cuente con certificado de discapacidad o enfermedades crónicas y a hogares monoparentales, inmuebles no residenciales que sean utilizados como vivienda.

¿Cuál es el impacto que tiene para la provincia de Buenos Aires?

Lo que ocurre con este esquema de subsidios es que cuando se aplica un nuevo aumento en las tarifas eléctricas esto repercute de forma directa en la Provincia, puesto que el esquema de segmentación tarifaria que se comenzó a aplicar durante la gestión anterior se superpone con el de Tarifa Social. Esto es así debido a que cuando comenzó la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) se llevó a cabo un cruce de datos con los padrones provinciales y todos los usuarios que eran beneficiarios de la Tarifa Social quedaron nucleados en el Nivel 2, de bajos ingresos. Por lo que, cuando se aumentan las tarifas de los N2 a quien más afecta la suba es a la Provincia, que es la que debe solventar la Tarifa Social.

El impacto que tuvieron los últimos aumentos en las tarifas de electricidad aplicados por el gobierno nacional significó para la provincia de Buenos Aires un incremento del 80% en promedio para los N2; de un 14% para los N1 y de un 69% para los N3, teniendo en cuenta las facturas de un usuario residencial con un consumo de 150 kWh/mes incluyendo impuestos.

Las facturas de EDEA para los N2 que en marzo rondaban los $ 9.186 en junio se ubicaron en torno a los $14.675. Las facturas de EDEN que en marzo se estaban en los $ 11.597 en junio alcanzaron los $ 17.046.

A su vez, las boletas de EDES en marzo para los N2 representaban $ 12.990 y en junio $ 18.424. Mientras que las de EDELAP en marzo estaban en $ 8.133 y en junio en $ 13.965.

La decisión de la Provincia

Si bien desde 2019 la provincia de Buenos Aires financia el costo de la Tarifa Social eléctrica, Ghioni indicó que “al principio de su implementación una parte de un préstamo del Banco Mundial financió este esquema. Pero en la actualidad es financiado de manera íntegra con recursos de la Provincia”.

Además, el funcionario explicó que con el nuevo esquema de Tarifa Social “también se aplicará la asignación de una bonificación que consiste en un monto fijo mensual que se deducirá de los conceptos eléctricos facturados, antes de los impuestos”.

Con esto, el esquema pasará a aplicarse a todos los hogares con ingresos menores a los $870.000, pertenecientes al grupo N2 del padrón de segmentación nacional.

, Loana Tejero