Por Santiago Magrone

Las empresas transportadoras de energía eléctrica nucleadas en la ATEERA puntualizaron su desacuerdo con los cuestionamientos formulados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad   respecto de la Revisión Tarifaria Integral realizada en el año 2016, al tiempo que solicitaron al ENRE un incremento del monto que perciben por dicho servicio que al menos les garantice “cubrir los costos de operación y mantenimiento y el pago de los impuestos que rigen para el sector”.

En la Audiencia Pública realizada por el Ente Regulador para considerar las “tarifas de transición” en el rubro, en el marco de la Ley de Emergencia económica y social vigente desde diciembre de 2019, la Asociación empresaria de transportadores de electricidad dejó en claro que “no comparte el  informe del ENRE y resalta la validez y legalidad de la RTI de 2016”, que es duramente cuestionada por las actuales autoridades del Organismo Regulador luego de auditar lo realizado en materia tarifaria durante el gobierno de Cambiemos.

En la apertura del encuentro, la interventora Soledad Manin, refirió que las tarifas de suministro de electricidad aumentaron 3.200 % entre 2015 y 2019, y que en toda la cadena del servicio las empresas registraron fuerte ingresos, mientras se produjo “un relajamiento en los parámetros de calidad e inversiones”.

Manin señaló que “ahora el objetivo es garantizar el funcionamiento de este servicio público sin cargar a los usuarios con tarifas exorbitantes”. Ratificó un proceso de transición de dos años hacia una nueva RTI, y sostuvo que la energía es un recurso y un servicio “que tiene que acompañar al crecimiento de la economía”.

Por su parte, al exponer en la Audiencia,  ATEERA puntualizó que “atentos a la emergencia estas empresas deciden postergar su rentabilidad hasta que se defina una nueva RTI”, objetivo que espera se concrete en 2022.

Poco antes, Transener (que tiene por accionistas a la estatal IEASA y a Pampa Energía al 50 % cada una) solicitó en la Audiencia un incremento de 33 % para 2021 y 29% para 2022 en compensación por la variación de costos operativos, el pago de la masa salarial y el equipamiento que requiere mantener la calidad del servicio, mientras se avanza con la nueva RTI.

“La empresa sólo distribuyó dividendos en dos de los últimos 18 años”,  refirió el representante de la compañía que opera una red de extra alta y alta tensión de casi 15 mil kilómetros y 58 estaciones transformadoras.

 Desde estas empresas se consignó “el bajo impacto que tiene el costo de este componente en la estructura tarifaria del sector”. “19 pesos por cada 1.000”, graficaron. Pero desde el gobierno observan la cuestión tarifaria como un todo en el cual deben considerarse que porción de posible incremento irá a la factura y cual será a solventar vía subsidio estatal.

 Otros participantes no empresarios, legisladores y representantes de entidades de consumidores, plantearon su “oposición a cualquier aumento de estas tarifas”, argumentando “el aumento que registraron durante el gobierno anterior,  mientras cayeron los ingresos de los asalariados, todo agravado luego por la Pandemia” (del Coronavirus).

A su turno, los representantes de las distribuidoras (ADEERA),  de las generadoras (AGEERA), y de la seminueva Cámara Eólica Argentina,  sostuvieron que las transportadoras “deben contar con ingresos suficientes y adecuados, calculados según la Ley Marco 24.065”, para poder preservar el servicio a su cargo.

“Transportadoras y distribuidoras han sido muy afectadas por el congelamiento de las tarifas” (que data de abril de 2019), señalaron, pocas horas antes de otra audiencia pública convocada por el ENRE para analizar las tarifas de transición para Edenor y Edesur..

 La ATEERA nuclea a las transportadoras  en alta tensión Transener, Trasnoa, Trasnea, Transpa, Transcomahue, Districuyo, Transba, Yacylec y Litsa, entre las mas importantes, operan una red de 32 mil kilómetros de extensión y más de 700 estaciones transformadoras (Sistema Argentino de Interconexión) para vincular las usinas generadoras de todo tipo de fuente con las distribuidoras lta domiciliarias de electricidad en todo el país.

 Esta Asociación posee el 20% del control de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Las distribuidoras en  ADEERA, las generadoras de AGEERA y los Grandes Usuarios en   AGUEERA  tienen 20% cada una en CAMMESA, y la Secretaría de Energía el 20% restante. Este esquema fue ideado en 1992, cuando se privatizó el servicio público de electricidad.

Algunos especialistas (IESO)  hicieron hincapié en que “Transener es controlada en su faz técnica por Cammesa, lo cual es al menos una contradicción ética” , por lo cual consideraron que “el gerenciamiento  de esta  compañía administradora debería pasar al Estado nacional”.