La provincia de Córdoba licitó créditos por 8400 toneladas de CO2 en su primera subasta de carbono, la cual se llevó a cabo en el marco del programa de reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero.

La convocatoria inició con un precio base de $300 por tonelada y finalizó a un promedio de $549/t, con una máxima oferta de $800/t toneladas de dióxido de carbono. Mientras que el valor más bajo fue el inicial, para un comprador que adquirió 210 toneladas.  

Para ello se establecieron cuatro categorías distintas para los oferentes de carbono desplazados, es decir que permitimos entrar a la subasta: generadores distribuidores que dejaron de emitir por instalar paneles solares, biodigestores, usuarios que se conectaron al gas natural, eficiencia energética y aquellos usuarios que producen biodiésel para autoconsumo.

En tanto que la demanda, la demanda habilitada para esta oportunidad fue para las empresas contratistas que tenían una huella de carbono total de 14476 t.

Fabián López, ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, conversó con Energía Estratégica y explicó que “el precio promedio se le pagará, de forma uniforme, a todos los que aportaron los créditos, independientemente de la categoría”. 

“Y en esta subasta, quien compraba créditos, lo debía quemar. Es decir que no se lo podía guardar y debía compensar su huella de carbono, total o parcial, de manera obligatoria”, agregó.  

Por otro lado, desde el Ministerio acordaron con un comité de validación local gratuito, integrado por representantes de las universidades públicas y privadas, por los créditos por los que dejaron de emitir y la huella para quienes deseen compensar.

Además, se establecieron todo el proceso en un servicio blockchain que garantiza que no haya doble contabilidad, mantenga la confiabilidad, transparencia y trazabilidad de los créditos. Y de ese modo, se tokenizan de los créditos validados de forma no fungible (NFT), se lo vende a quien lo quiere comprar. 

López también explicó que, a raíz de esta experiencia, el gobierno cordobés montará un escalamiento hacia otros sectores de la provincia y, en particular, a la generación distribuida comunitaria.

“Queremos fortalecerla y que para quienes deseen invertir, tengan un ingreso por generación de energía y desplazamiento de gases de efecto invernadero, ya que alguien que colocaba un panel solar, sólo tenía a la factura eléctrica como única variable en la ecuación para el recupero de la inversión y no estaba la monetización por dejar de emitir toneladas de GEI”, aseguró. 

“Asimismo, cualquier generación renovable que inyecte energía a la red, necesariamente tiene emisiones de GEI evitadas, con lo cual tiene un crédito a favor que hay que monetizar y darle valor. Y que esto sea posible, es un muy buen camino”, amplió. 

Más demanda que oferta

El Ministerio de Servicios Públicos generó la demanda mediante un acuerdo con la delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción, para que a partir de enero 2023, todos los pliegos de licitación del Ministerio tendrán un puntaje adicional para aquellas empresas que hayan compensado todo o parte de su huella de carbono.

Y de igual manera, lanzó la Resolución 308/2022 que obliga a que todos los funcionarios públicos que hayan hecho uso del transporte aéreo para misiones oficiales, deban compensar su huella de carbono. Y con ello se generó la demanda, sea voluntaria o pseudo obligatoria. 

Por ende, entre todas las categorías de oferentes previamente mencionadas, se reclutaron 63 protagonistas que aportaron 26958 toneladas de CO2 evitado y, por el lado de la demanda acudieron un total de 128 actores dispuestos a comprar estos créditos de carbono para compensar su huella, por un total de 36493 toneladas de CO2 equivalentes. 

Pero como en esta subasta se debió poner un límite para realizarla, se espera que éste sea el primer paso y el modelo de la convocatoria se pueda replicar en futuros llamados del mercado de carbono.