

Durante el último año, Bolivia empezó a sufrir, de manera cada vez más frecuente, problemas por la escasez de combustible. El Gobierno de Luis Arce había negado la existencia de una crisis, afirmando que el suministro era irregular como consecuencia de factores externos, o por la especulación o el exceso de demanda, pero una y otra vez relativizó el tema señalando que “la provisión estaba asegurada”.
Después de varios meses repitiendo estos argumentos, esta semana, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, y el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, admitieron finalmente, en una conferencia de prensa, que el problema real de la falta de combustible es que el país no tiene los dólares necesarios para las importaciones, razón por la cual no se puede cubrir la demanda local.
En ese contexto, el presidente Arce autorizó a la petrolera estatal a comprar dólares y activos virtuales para costear la importación de combustibles; además, dictó diez medidas para reducir el consumo local (incluyendo el dictado de clases virtuales, cambios de horarios para los funcionarios públicos y la priorización de distribución de combustibles entre el sector agropecuario).
En ese contexto, el presidente Arce autorizó a la petrolera estatal a comprar dólares y activos virtuales para costear la importación de combustibles; además, dictó diez medidas para reducir el consumo local (incluyendo el dictado de clases virtuales, cambios de horarios para los funcionarios públicos y la priorización de distribución de combustibles entre el sector agropecuario).
El 60 por ciento del transporte no estaría operando por falta de combustible, lo que afecta la distribución de alimentos y servicios esenciales. Por ese motivo, ciudadanos de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, protestaron el pasado jueves 13 de marzo llevando cacerolas vacías.
“Santa Cruz y Bolivia viven días de angustia, de zozobra, nuestras familias están demostrando que no hay qué echarle a la olla, no podemos ya mantener a nuestros hogares, a nuestras familias”, dijo a la agencia EFE el presidente de la Federación Departamental de Juntas de Vecinos de Santa Cruz, Omar Rivera. Y añadió: “La angustia es grande y el futuro es incierto, es por eso que salimos a las calles”.
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